STC13949-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13949-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03660-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Orozco Restrepo S. en C.S. contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes y terceros intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) frente a la sociedad aqu\u00ed actora. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita dejar sin efecto \u201cel auto de fecha 29 de julio de 2021\u201d, proferido por la corporaci\u00f3n convocada dentro del litigio materia de amparo, orden\u00e1ndosele \u201cvalorar la experticia realizada por el auxiliar de la justicia designado, Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira (\u2026), o nombra[r] un perito que reemplace la experticia practicada por el difunto Celestino Ayala Poveda\u201d. <\/p>\n
2. Son relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, instaur\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, demanda de expropiaci\u00f3n sobre una franja de terreno del predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088-2721, de propiedad de la sociedad Orozco Restrepo S. en C.S. \u2013 aqu\u00ed accionante -, a la cual anex\u00f3 un aval\u00fao comercial con fecha de 27 de junio de 2013, por valor de $ 439.843.786, elaborado por la Lonja Nacional de Ingenieros Avaluadores. <\/p>\n
2.2. Mediante auto del 27 de junio de 2014, se admiti\u00f3 ese asunto bajo los ritos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, disponi\u00e9ndose la entrega anticipada del inmueble, previa consignaci\u00f3n del 50% del aval\u00fao practicado para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
2.3. Una vez surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el 20 de octubre de 2016, se profiri\u00f3 sentencia por medio de la cual se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n de la porci\u00f3n del bien requerido para la obra p\u00fablica y, as\u00ed mismo, se orden\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 456 ib\u00eddem, con el fin de estimar la indemnizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
2.4 Con ocasi\u00f3n del referido fallo el juzgado cognoscente design\u00f3 como peritos a Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira de la lista de auxiliares de la justicia, y Celestino Ayala Poveda del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC, quienes, una vez posesionados presentaron sus respectivos dict\u00e1menes. <\/p>\n
2.5. El 21 de abril de 2021, se efectu\u00f3 el interrogatorio de cada uno de los profesionales que elaboraron los aval\u00faos aportados al proceso; sin embargo, no fue posible la comparecencia de Ayala Poveda dado su fallecimiento en enero del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2.6. Agotado lo anterior, el despacho de conocimiento decidi\u00f3 acoger como definitivo el aval\u00fao presentado por el perito Arismendy Mira, reconoci\u00e9ndose como indemnizaci\u00f3n a favor de Orozco Restrepo S. en C.S., la suma de $5.647.674.298, decisi\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por la all\u00ed demandante. <\/p>\n
2.7. Aduce la quejosa que el conocimiento de esa alzada le correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, quien, el 10 de mayo pasado, solicit\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Colombiana Autorreguladora de Avaluadores \u2013 ANAV -, y al Autorregulador Nacional de Avaluadores \u2013 ANA -, certificar si Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira se encontraba inscrito como avaluador ante el Registro Abierto de Avaluadores \u2013RAA -, para el mes de marzo de 2017. <\/p>\n
2.8. Asevera que las referidas entidades informaron que el mencionado profesional, para la fecha indicada, \u201cno se encontraba inscrito en ninguna especialidad del RAA\u201d, por tanto, el colegiado tutelado en auto de 12 de mayo de 2021, decret\u00f3 como prueba de oficio el nombramiento de la auxiliar Ibeth Casta\u00f1o Gonz\u00e1lez, perteneciente a la lista de peritos del IGAC, para que realice el aval\u00fao comercial de la franja de terreno expropiada. <\/p>\n
2.9. Afirma que presentada esta nueva experticia y agotado el tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n y contradicci\u00f3n de la misma, el tribunal en prove\u00eddo 29 de julio anterior, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para en su lugar, decretar el monto de la indemnizaci\u00f3n el valor de $601.839.082,27, tomando como base el aval\u00fao presentado por la Lonja Nacional de Ingenieros Avaluadores. <\/p>\n
2.10. En criterio de la peticionaria del amparo, la autoridad judicial querellada incurri\u00f3 en defecto procedimental y f\u00e1ctico, pues <\/p>\n
\u201ci) pretendi\u00f3 subsanar la falta de inscripci\u00f3n del perito Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira en el Registro Abierto de Avaluadores \u2013 RAA (\u2026), pero omiti\u00f3 realizar el nombramiento de otro perito, para subsanar la fuerza mayor y caso fortuito, que sobrevino con la muerte del perito del IGAC Celestino Ayala Poveda; ii) omiti\u00f3 realizar una adecuada valoraci\u00f3n de los medios probatorios puestos a su conocimiento, careciendo del apoyo probatorio suficiente, para el sustento de la decisi\u00f3n; iii) desconoci\u00f3 la experticia realizada por el auxiliar de la justicia designado, Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira, en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda pagarse (\u2026), [aun cuando] para la data de realizaci\u00f3n de la experticia, se encontraba dentro del plazo concedido en la norma art\u00edculos 6 y 23 de la Ley 1673 de 2013 para realizar su inscripci\u00f3n en el Registro Abierto de Avaluadores RAA, la cual efectu\u00f3 el d\u00eda 22 de Junio de 2017 y se le asign\u00f3 el n\u00famero de avaluador AVAL 15372346, y iv) fundament\u00f3 su decisi\u00f3n, en un peritaje exhibido en otro proceso, que no fue tenido como prueba en este proceso, y frente al cual ni la magistrada sustanciadora, ni la parte demandada, tuvieron conocimiento y mucho menos oportunidad de contradicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo el 12 de octubre de 2021, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida por esa corporaci\u00f3n dentro del comentado decurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u201cv\u00eda de hecho\u201d. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, de entrada se advierte que el reclamo propuesto por la accionante concerniente a la supuesta irregularidad del Tribunal confutado por no haber nombrado, en segunda instancia, un profesional avaluador en reemplazo del fallecido perito del IGAC Celestino Ayala Poveda, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la gestora omiti\u00f3 agotar tal alegaci\u00f3n, tempestiva y adecuadamente, ante el referido fallador, con el fin de obtener de aqu\u00e9l un pronunciamiento al respecto; empero, no lo hizo, evidenci\u00e1ndose que ese reparo lo trae novedosamente al presente tr\u00e1mite supralegal, por lo cual, frente al mismo, nada pudo considerar el sentenciador com\u00fan. <\/p>\n
De ese modo, en cuanto a tal aspecto, la queja actual se muestra improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que, muy a pesar de las alegaciones de la tutelante, significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la interesada desperdici\u00f3 \u201clas diferentes oportunidades procesales\u201d: <\/p>\n
\u201c(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Ahora, ha de destacarse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 29 de julio de 2021, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales modific\u00f3 el auto de 21 de abril pasado dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, toda vez que fue esa determinaci\u00f3n la que cerr\u00f3 el debate suscitado en dicho asunto. <\/p>\n
5. Pues bien, analizado el caso de marras, advierte esta Colegiatura que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la providencia aqu\u00ed censurada, la Corporaci\u00f3n convocada explic\u00f3 de manera razonable los motivos por los que accedi\u00f3 a variar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n acusada, en primer lugar, se\u00f1al\u00f3 la normatividad aplicable para efectos de determinar el valor comercial del terreno en procesos de expropiaci\u00f3n administrativa o judicial. Al respecto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe conformidad con el canon 399 del Estatuto Adjetivo el monto de resarcimiento se establecer\u00e1 de acuerdo con los dict\u00e1menes aportados por la expropiante, los expropiados o, si hay lugar a ello, el que se declare de oficio conforme al art\u00edculo 169 ib\u00eddem, los cuales deber\u00e1n acogerse a lo dispuesto en el art\u00edculo 21 del Decreto 1420 de 1998 sobre los par\u00e1metros que influyen en la determinaci\u00f3n del valor comercial (la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica, destinaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien, entre otros) y a las operaciones definidas en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC., teniendo en cuenta, adem\u00e1s, que tales valores deben ce\u00f1irse a los correspondientes para el momento de la compra, tal como lo dispone el art\u00edculo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1742 de 2014\u201d. <\/p>\n
En segundo lugar, se refiri\u00f3 a las normas que ense\u00f1an la manera de abordar el estudio de las experticias aportadas al proceso para que el fallador determine el monto de la indemnizaci\u00f3n a reconocer, exponiendo: <\/p>\n
\u201cEn trat\u00e1ndose del dictamen pericial, las pautas de su apreciaci\u00f3n est\u00e1n contenidas en el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo, las que se sustentan en que su evaluaci\u00f3n debe realizase de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, esto es, teniendo en cuenta \u201cla solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos\u201d y la idoneidad del experto. Ello conduce a que se excluya la discrecionalidad irracional, debiendo entonces el juez motivar si acoge este medio de prueba o lo desecha y explicar las razones que lo llevan a adoptar una u otra decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn palabras de la Corte Constitucional, \u201cla valoraci\u00f3n del dictamen pericial implica llevar a cabo un proceso de orden cr\u00edtico con el fin de obtener certeza respecto de los hechos y conclusiones sobre los cuales versa la experticia\u201d, para lo cual el funcionario debe entre otros, examinar \u201cla coherencia l\u00f3gica del dictamen, el car\u00e1cter absoluto o relativo que le da el perito a sus afirmaciones, la suficiencia de los motivos que sustentan cada conclusi\u00f3n y la firmeza, precisi\u00f3n y la calidad de los fundamentos\u201d Esto lo dijo la Corte en Sentencia T-269 de 2012\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 a los reparos de la apelante as\u00ed: <\/p>\n
\u201cDe los antecedentes f\u00e1cticos rese\u00f1ados, refulge claro que el disenso de la apelante se contrae al valor de la indemnizaci\u00f3n fijada por el funcionario de primer grado, ya que considera err\u00f3nea la adopci\u00f3n del dictamen rendido por el auxiliar de la justicia Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira en cuanto al valor del terreno, al respaldarse en un m\u00e9todo impertinente e inconducente como resulta ser el residual, a la par de que la experticia elaborada por el se\u00f1or Celestino Ayala Poveda (Q.E.P.D.) no pod\u00eda emplearse para definir la reparaci\u00f3n del lucro cesante, pues a m\u00e1s de fundarse en informaci\u00f3n ajena a los efectivos comprobantes de ingresos y egresos, junto con el libro de contabilidad del establecimiento de comercio, no fue objeto de contradicci\u00f3n en la medida que quien lo elabor\u00f3 no acudi\u00f3 a la audiencia a sustentarlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como acertadamente se\u00f1al\u00f3 la recurrente, la inasistencia de los peritos Duverney S\u00e1nchez Andrade y Celestino Ayala Poveda, bastaba para desestimar sus aval\u00faos, conforme el contenido del art\u00edculo 228 del Estatuto Procesal Civil; si bien la no comparecencia del se\u00f1or Celestino obedeci\u00f3 a una calamitosa situaci\u00f3n constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, aquella no habilitaba en modo alguno al Juzgador para definir con base en la tasaci\u00f3n por \u00e9l suscrita compensaciones de ning\u00fan tipo, pues ello adem\u00e1s de desconocer lo dispuesto por el compendio adjetivo en el precepto antes aludido e incluso la advertencia realizada por el mismo Funcionario en el auto que fij\u00f3 la fecha de audiencia, resulta una clara preterici\u00f3n de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa que el art\u00edculo 29 Constitucional contempla a favor de la parte contra quien se adujo la experticia, que no es otra distinta a la entidad demandante, a quien se le arrebat\u00f3 la posibilidad de controvertir las conclusiones en la oportunidad, que conforme el ordenamiento jur\u00eddico, era la procedente a ese prop\u00f3sito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otro lado, con base en las desavenencias planteadas por la ANI respecto a las conclusiones del perito Arismendy Mira, compete anticipar que no era aceptable que la c\u00e9lula judicial recurriera a \u00e9ste, de all\u00ed que no hay lugar a ahondar respecto a los m\u00e9todos de valoraci\u00f3n utilizados por aquel, debido a que la fuerza probatoria del dictamen se ve \u00edntegramente aniquilada ante la carencia de un requisito ineludible en experticias de este linaje\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, al recibo del expediente se decret\u00f3 prueba de oficio en esta instancia tendiente a que las entidades ordenadoras de la actividad valuatoria certificaran si para el momento en que elabor\u00f3 la tasaci\u00f3n, esto es, el mes de marzo de 2017, el se\u00f1or Mart\u00edn Ferley se encontraba inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores \u2013 RAA y en caso afirmativo en qu\u00e9 categor\u00edas, obteni\u00e9ndose como respuesta el memorial JUR-1163-2021 signado por el director jur\u00eddico del Autorregulador Nacional de Avaluadores -ANA dando cuenta que \u201c(\u2026) no se encontraba inscrito en ninguna especialidad del RAA para el mes de marzo del a\u00f1o 2017, teniendo en cuenta que su acceso al registro se efectu\u00f3 hasta el mes de junio de ese a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
\u201cAtendiendo a los hallazgos referidos, para la Sala es evidente la imposibilidad de imprimir valor al informe suscrito por el se\u00f1or Mart\u00edn Ferley Arismendy Mira, puesto que si bien se present\u00f3 a sustentarlo en la audiencia, la ausencia de inscripci\u00f3n al Registro al tiempo en que lo elabor\u00f3 (pues su registro solo acaeci\u00f3 en el mes de junio de 2017), le restaba idoneidad para justipreciar los aspectos atinentes al inmueble, permitiendo por el contrario predicar el posible ejercicio ilegal de la actividad valuatoria, de conformidad con los mandatos contenidos en los art\u00edculos 9 y 23 de la Ley 1673 del 19 de julio del 2013, respecto de la cual este Tribunal ha sido cuidadoso de verificar que se cumpla\u201d. <\/p>\n
\u201cPrecisamente, esa normativa impon\u00eda en cabeza del Juzgador la obligaci\u00f3n de comprobar con antelaci\u00f3n a la diligencia, la concurrencia de las condiciones elementales de aptitud del experto, en especial porque de los anexos al dictamen no se desprend\u00eda su inscripci\u00f3n en el pluricitado Registro, deber que se pas\u00f3 por alto en la instancia primigenia\u201d. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al aval\u00fao presentado por la perito designada en segunda instancia, dedujo: <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta la situaci\u00f3n presentada con los aval\u00faos allegados, esta Corporaci\u00f3n decret\u00f3 prueba de oficio consistente en la elaboraci\u00f3n de uno nuevo por parte de una profesional adscrita a la lista de auxiliares del IGAC (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDelanteramente se anuncia que tras escuchar la sustentaci\u00f3n realizada por la experta en esta audiencia, es necesario apartarse de los hallazgos en cuanto al valor otorgado al metro cuadrado del terreno y la procedencia del lucro cesante, dado que los m\u00e9todos y procedimientos utilizados a esos efectos ofrecen serias dudas, que estudiadas de cara a la naturaleza de los bienes que se sustrajeron de la franja, aunada a las actuaciones adjetivas de la demandada, no permiten acoger las cuant\u00edas asignadas en esos \u00edtems\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante, en lo que se cierne al precio dado a las mejoras y obras civiles tomadas por la ANI, as\u00ed como el inventario forestal, coincidi\u00f3 la experta con el dictamen del perito William Robledo, por lo que de ambos insumos se apoyar\u00e1 la Sala a efectos de establecer el monto final de la indemnizaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cLa metodolog\u00eda para la estimaci\u00f3n del valor del terreno informada por la se\u00f1ora Ibeth fue la de comparaci\u00f3n o tr\u00e1fico de mercado. Indic\u00f3 la especialista haber atendido a los mandatos incorporados en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resoluci\u00f3n 620 del 2008 del IGAC, as\u00ed mismo que realiz\u00f3 el estudio de los t\u00edtulos del bien inmueble de mayor extensi\u00f3n, sus caracter\u00edsticas, su delimitaci\u00f3n f\u00edsica a la par que la del sector donde se ubica; en el informe detall\u00f3 aspectos relativos al municipio, sus actividades predominantes, estratificaci\u00f3n econ\u00f3mica, las v\u00edas de acceso cuyas condiciones mejoraron con el proyecto de la Ruta del Sol, amueblamiento urbano, infraestructura de servicios p\u00fablicos del \u00e1rea, entre otros\u201d. <\/p>\n
\u201cCon relaci\u00f3n al valor fijado a la parcela, tras explicar el tipo de terreno en que se desarroll\u00f3 el proyecto vial por la demandante, as\u00ed como los par\u00e1metros que observ\u00f3 para asignarlo, entre otros su ubicaci\u00f3n sobre el margen izquierdo de la v\u00eda en el sentido Puerto Boyac\u00e1 \u2013 Puerto Berrio, uso, tipo de suelo etc., concluy\u00f3 la dificultad de usar el m\u00e9todo residual o de renta por no conocerse un proyecto desarrollable el en \u00e1rea afectada, encontrando pertinente la metodolog\u00eda de mercado o comparaci\u00f3n, pues seg\u00fan afirm\u00f3, en la zona existen diversos predios en proceso de venta y otros efectivamente enajenados, de los que seleccion\u00f3 3 que por sus particularidades, consider\u00f3, pueden contrastarse con el del objeto de an\u00e1lisis\u201d. <\/p>\n
\u201cEl precio promedio del metro cuadrado fue de $399.000, desviaci\u00f3n est\u00e1ndar de $12.341 y coeficiente de variaci\u00f3n del 3,09% despu\u00e9s de realizar el examen de los dineros ofertados y pagados por la enajenaci\u00f3n de bienes, a su juicio, asimilables por los factores descritos; resultado que sufri\u00f3 disminuci\u00f3n al llevarlo a la data de la oferta elevada por la ANI, con base en el IPC del 2013 y tambi\u00e9n tras descontarle la plusval\u00eda o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra, en concordancia con el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 61 de la Ley 388 de 1997, quedando finalmente en $244.950\u201d. <\/p>\n
\u201cRecu\u00e9rdese que el m\u00e9todo de mercado, busca establecer el valor del inmueble a trav\u00e9s del an\u00e1lisis, estudio e interpretaci\u00f3n de los ofrecimientos o transacciones llevadas a cabo sobre bienes similares que resulten comparables a aquel que es evaluado. Conforme la normativa que lo regula, de existir tales datos (de ofertas o transacciones) para la estimaci\u00f3n del valor medio a asignar es necesario calcular las medidas de tendencia central siendo la m\u00e1s usual la media aritm\u00e9tica cuyas f\u00f3rmulas tambi\u00e9n est\u00e1n contenidas en el referido acto administrativo y que realizada la respectiva operaci\u00f3n podr\u00e1 adoptarse su resultado como el m\u00e1s probable a asignarle al bien: \u201cCuando el coeficiente de variaci\u00f3n sea inferior: a m\u00e1s (+) \u00f3 a menos (-) 7,5% (\u2026)\u201d (Art\u00edculo 11 Resoluci\u00f3n 620 de 2008 IGAC)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, lo principal en la metodolog\u00eda antedicha deviene de que los bienes que se pretenden comparar sean homog\u00e9neos con el del aval\u00fao y que el muestreo utilizado arroje un coeficiente de variaci\u00f3n menor al 7,5%, situaciones que no fueron debidamente ilustradas por la profesional, como pasa a explicarse:\u201d <\/p>\n
\u201cLos inmuebles que acorde la tabla visible a folio 23 del informe, sirvieron de contraste para el aval\u00fao no ofrec\u00edan similitud en sus caracter\u00edsticas, ni en su ubicaci\u00f3n, destinaci\u00f3n econ\u00f3mica, entre otros factores, derivando de ello que no eran equiparables y por ende no deb\u00edan tomarse como referente para justipreciar el bien de la demandada, sino que lo advertido es que se trata de predios agrupados indiscriminadamente y destinados a otras actividades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La profesional se mostr\u00f3 contradictoria en sus afirmaciones, en el sentido que frente a las preguntas de la apoderada de la ANI se\u00f1al\u00f3 que con independencia de la destinaci\u00f3n que se le diera, el precio del terreno era el mismo en el \u00e1rea, siendo que en respuestas anteriores, incluso en el mismo peritazgo, hab\u00eda aseverado que tal aspecto deb\u00eda tomarse en cuenta de acuerdo al principio indemnizatorio de \u201cmayor y mejor uso\u201d del suelo, aspecto que conforme la normativa de aval\u00faos es ajeno a la metodolog\u00eda de mercado aplicada y propio de la t\u00e9cnica residual (Resoluci\u00f3n 620 de 2008, art\u00edculos 4 y 14) que adujo, era improcedente en este asunto\u201d. <\/p>\n
\u201cNo con menos preocupaci\u00f3n, se encuentra que la se\u00f1ora Ibeth Casta\u00f1o Gonz\u00e1lez, desempe\u00f1\u00e1ndose como avaluadora dentro de otro proceso judicial 2015-00046 donde acude la ANI como demandante, indic\u00f3 en conjunto con un perito del IGAC que el precio dado al metro cuadrado del predio contiguo al de la sociedad demandada en el a\u00f1o 2013 correspond\u00eda a $3.000 y que el mismo se pod\u00eda acoger por la ausencia de oposici\u00f3n del entonces propietario, habi\u00e9ndoseles encargado \u00fanicamente la actualizaci\u00f3n de ese valor al tiempo presente, pues finalmente era eso lo que aqu\u00ed se pretend\u00eda, que trajera el valor del predio que debiera tener en esa \u00e9poca a tiempo presente\u201d. <\/p>\n
Finalmente, se refiri\u00f3 al aval\u00fao aportado por la parte demandante, el cual en su consideraci\u00f3n era el m\u00e1s adecuado para determinar el valor real de la franja de terreno a expropiar. Sobre ese t\u00f3pico, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se tiene que el perito William Robledo Giraldo para definir el precio del metro cuadrado de terreno, hizo uso del m\u00e9todo de comparaci\u00f3n, seg\u00fan lo anunci\u00f3 en la audiencia, anotando que al no haber predios contrastables en el sector, acudi\u00f3 a encuestas directas realizadas a personas conocedoras del tema inmobiliario, 4 avaluadores y 1 ge\u00f3loga, insumos que expresamente contempla el art\u00edculo 11 de la Resoluci\u00f3n 620 como posibles en esos casos: \u201c(\u2026) la encuesta solo se usar\u00e1 para comparar y en los eventos de no existir mercado\u201d. <\/p>\n
\u201cEn desarrollo del m\u00e9todo, se\u00f1al\u00f3 el avaluador que a los sujetos consultados se les mostr\u00f3 el predio, sus caracter\u00edsticas f\u00edsicas, los elementos considerados incidentes en el valor y a esas condiciones se les dio el tratamiento matem\u00e1tico estad\u00edstico definido en la normativa referida, constatando que la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar y el coeficiente de variaci\u00f3n estuvieran dentro de los l\u00edmites permitidos, alcanzando finalmente un valor unitario de $3.000 metro cuadrado; an\u00e1logamente relat\u00f3 haber empleado fuentes adicionales para arribar a su conclusi\u00f3n, como fue el estudio de zonas en poder de la Lonja antes del inicio del proyecto vial, el estudio de zonas geof\u00edsicas y geoecon\u00f3micas del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual manera consider\u00f3 importante tener en cuenta que dada la extensi\u00f3n superficiaria del predio de mayor extensi\u00f3n, la afectaci\u00f3n al segregar 21.0004,54 M2 era m\u00ednima, por no decir inexistente\u201d. <\/p>\n
\u201cRespecto a la destinaci\u00f3n atribuida a la franja, se\u00f1al\u00f3 que se calific\u00f3 de agropecuaria conforme la informaci\u00f3n de usos de suelo del predio en ese momento, que indicaba como principal agropecuario, tradicional, forestal y compatibles de vivienda de propietario, trabajadores, entre otros sin menci\u00f3n de los de hospedaje, paradores, restaurantes, servicios de carretera\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los documentos que se allegaron en punto de la destinaci\u00f3n del bien, permite sostener que el lote contaba con diferentes usos de suelo que no se excluyen entre s\u00ed, tal como resultan ser los comerciales y los de ganader\u00eda que aludi\u00f3 la experta Ibeth Casta\u00f1o Gonz\u00e1lez e incluso refiri\u00f3 el profesional Duverney S\u00e1nchez Andrade: \u201c6.6. Explotaci\u00f3n econ\u00f3mica actual. Al momento de la visita (4 de agosto de 2014) el predio se encuentra destinado a la labor de ganader\u00eda y a la labor comercial\u201d (Fol. 118 Cdno. 3). Y es que es plausible que en una heredad de la extensi\u00f3n superficiaria de la aqu\u00ed tratada, puedan desarrollarse diferentes actividades\u201d. <\/p>\n
\u201cAplicar dicho razonamiento al caso concreto, conduce a sostener con alto grado de acierto que en la franja expropiada se desplegaba la labor ganadera, esto, se itera, de acuerdo a la naturaleza de las mejoras que fueron sustra\u00eddas, que predominantemente constaron de corrales, cuarto de b\u00e1scula, callej\u00f3n para ganado, potreros, etc. De all\u00ed que la apreciaci\u00f3n que realiz\u00f3 el se\u00f1or William Robledo Giraldo no emerge contraevidente, e incluso al cuestion\u00e1rsele sobre el motivo de aquella, indic\u00f3: \u201cDel hotel solamente requer\u00edan las dos caba\u00f1as que est\u00e1n en cuesti\u00f3n (\u2026) avaluamos dos caba\u00f1as porque eran las que se requer\u00edan para efectos del proyecto\u201d. <\/p>\n
\u201cCon base en lo explicado, es dable entender la abismal diferencia otorgada al metro cuadrado, por el precitado perito y los dem\u00e1s restantes, dado que el primero atendi\u00f3 a las caracter\u00edsticas particulares de la franja a expropiar, mientras que los otros, sin tal consideraci\u00f3n, procedieron a inferir que en la totalidad del predio se ejecutaban oficios comerciales. Id\u00e9ntico razonamiento llev\u00f3 al Juez de la causa a adoptar la indemnizaci\u00f3n en la cuant\u00eda decretada, sin embargo, este no puede darse como cierto por las lucubraciones ya esgrimidas\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, se tiene que el aval\u00fao efectuado por el perito de la Lonja de Ingenieros Avaluadores, William Robledo Giraldo, resulta ser el que en cuanto al terreno, se ajusta a la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, am\u00e9n que el procedimiento utilizado fue met\u00f3dico, minucioso y sus fundamentos coherentes y sustentados, pues en este se vislumbra objetividad e idoneidad en el autor, sus conclusiones y razonamientos cumplieron con la exigencia t\u00e9cnica y cient\u00edfica que demanda la prueba, lo que no ocurri\u00f3 con el dictamen de la experta Ibeth Casta\u00f1o Gonz\u00e1lez, que adem\u00e1s de confuso, resulta incoherente con las actuales disposiciones en lo referente a la tasaci\u00f3n de la tierra\u201d. <\/p>\n
5.1. Como se aprecia de la anterior transcripci\u00f3n, no es acertado lo sostenido por el tutelante, en el sentido de que el tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en un dictamen que no fue allegado al proceso, y el no haber realizado una adecuada valoraci\u00f3n de los medios probatorios puestos a su conocimiento, por cuanto, contrario a tales afirmaciones, se evidencia que existi\u00f3 una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica para, en primer lugar, desestimar los aval\u00faos presentados por los auxiliares de la justicia designados de manera oficiosa y, en segundo, establecer la idoneidad de la experticia aportada por la parte demandante, la cual, en el criterio de dicha colegiatura, era la m\u00e1s adecuada para establecer el valor de la indemnizaci\u00f3n a reconocer en el caso bajo estudio <\/p>\n
En este tema, esta Sala ha tenido una postura muy clara y consolidada, por lo que resulta necesario citar el siguiente precedente in extenso, dada su pertinencia en relaci\u00f3n con el asunto que nos ocupa (STC9787-2019, 24 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2019-02168-00): <\/p>\n
\u201cLa postura de esta Corte, inclusive desde antes de que se promulgara el actual estatuto adjetivo, es que en este tipo de juicios, los jueces de instancia deben atender con mayor rigor lo atinente al reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n a cargo del erario, requiri\u00e9ndose para ello un aval\u00fao t\u00e9cnico que, en principio, correspond\u00eda al efectuado por la entidad encargada de elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, y que cuenta con las herramientas tecnol\u00f3gicas y de informaci\u00f3n suficientes sobre el inventario y las caracter\u00edsticas de los suelos. En ese sentido, al resolver una tutela que trataba un caso de similares contornos al presente, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en la se\u00f1alada actividad jurisdiccional se incurri\u00f3 en un proceder susceptible de protecci\u00f3n constitucional, pues los mencionados funcionarios soslayaron lo que en ese particular terreno prev\u00e9n las normas especiales que gobiernan el tr\u00e1mite especial establecido en el T\u00edtulo XXIV del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues por mandato de los art\u00edculos 20 del Decreto 2265 de 1969, 21 de la Ley 56 de 1981, 61 y 62 de la Ley 388 de 1997 y 25 del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, la etapa de concreci\u00f3n de la suma total a favor del demandado por raz\u00f3n de la expropiaci\u00f3n debe llevarse a cabo con la intervenci\u00f3n de especialistas calificados, espec\u00edficamente por peritos que hagan parte de la lista de expertos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, por lo que no era dable, como lo hizo el Juzgado y lo ratific\u00f3 el Tribunal, en sede de apelaci\u00f3n, agotar la etapa de \u201caval\u00fao\u201d del proceso de expropiaci\u00f3n, con fundamento en dict\u00e1menes que fueron confeccionados por otra clase de avaluadores o expertos\u201d (CSJ, STC, 20 ene. 2012, rad. 2011-02718-00, citada en STC9773-2014, 25 jul. 2014, rad. 00092-02)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En otro de los asuntos en los que esta Sala ha concedido el auxilio invocado por la entidad estatal, frente a una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba encaminados a la indemnizaci\u00f3n surgida en raz\u00f3n al proceso de expropiaci\u00f3n, recordando tambi\u00e9n la relevante protecci\u00f3n que ha de prodigarse a los recursos p\u00fablicos, dijo:\u201d <\/p>\n
\u201cAs\u00ed lo anterior, ante la deficiente valoraci\u00f3n probatoria que culmin\u00f3 en la aprobaci\u00f3n del referido aval\u00fao, habr\u00e1 de concederse la solicitud de amparo, pues como lo ha reiterado la Sala, \u201cen acatamiento al mandato contenido en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que consagra el deber del juez de apreciar las pruebas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, as\u00ed como de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba, todo juez debe pronunciarse, al momento de aprobar una prueba pericial, sobre la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos (art. 241 ib\u00eddem), sin que tal funci\u00f3n quede relevada porque las partes guarden silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado de dicha probanza, m\u00e1xime si, como sucedi\u00f3 en el caso cuestionado por v\u00eda constitucional, la parte demandante y ahora accionante en tutela ya hab\u00eda aportado con su demanda otra pericia en la que el valor del predio objeto de la expropiaci\u00f3n difiere en forma importante respecto al otro dictamen practicado\u201d (Sentencia de 13 de noviembre de 2008, exp. T-2008\u20131407-01, reiterada en sentencias de 29 de octubre de 2009, exp. T-2009-01406-01 y 20 de marzo de 2013, exp. T-2013-0105-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cPlanteamientos que cobran mayor relevancia, si en cuenta se tiene, que en el tr\u00e1mite se involucran recursos p\u00fablicos y por tanto, la valoraci\u00f3n probatoria no pod\u00eda asumirse con la se\u00f1alada ligereza; entendimiento que ha sido reiterado por esta Corporaci\u00f3n, que en fallo de 14 de septiembre de 2012 (exp. 2012\u20131411-01), acogi\u00f3 lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T \u2013 638 de 2011, en la cual se expuso:\u201d <\/p>\n
\u201cNo obstante lo anterior, dada la especial implicaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos que se encuentran en juego en el presente asunto y en otros an\u00e1logos, la Sala estima que si bien la parte actora deb\u00eda cumplir con ciertas cargas procesales que omiti\u00f3 en el decurso del tr\u00e1mite cuestionado, las cuales se anotaron en l\u00edneas precedentes, no lo es menos que las normas procesales de orden p\u00fablico imponen deberes al juez de la causa para esclarecer la verdad de los hechos, en nuestro caso, del valor comercial del bien expropiado seg\u00fan la metodolog\u00eda especial dise\u00f1ada para ello. Es que, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de las normas referidas a la carga de la prueba, los jueces deben apreciar, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, las omisiones o las deficiencias en la producci\u00f3n de la prueba, lo cual incluye a\u00fan la decretada de oficio. Ello les impone ser din\u00e1micos y proactivos en la averiguaci\u00f3n de la verdad que dibuja un asunto particular\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esa l\u00ednea de pensamiento, se colige, que era deber del juez de conocimiento hacer un examen cr\u00edtico, razonado y conjunto de las pruebas aportadas al proceso, pues a m\u00e1s de que la opini\u00f3n del auxiliar de la justicia no puede impon\u00e9rsele, la norma adjetiva obligaba una valoraci\u00f3n integral de las referidas experticias, m\u00e1xime, si en cuenta se tienen las abismales diferencias en las cifras aportadas, la condici\u00f3n del predio (\u2026) y el hecho no menos importante, de que el precio se pagar\u00e1 con recursos p\u00fablicos\u201d (CSJ STC, 18 jul. 2013, rad. 2013-00182, citada y reiterada en STC6037-2017, 3 may. 2017, rad. 00967-00 y STC1241-2019, 8 feb. 2019, rad. 00095-00) (se resalta). <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, la Sala encuentra que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, \u201cm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 las experticias allegadas al proceso, con miras a determinar el valor de la indemnizaci\u00f3n a reconocer por la expropiaci\u00f3n decretada, con lo cual esta Sala tambi\u00e9n ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
6. Lo anterior impone negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13949-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13949-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03660-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Orozco Restrepo S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}