STC13952-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13952-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03763-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y patrimonio, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en concreto, se ordene a los convocados \u201cmodular los efectos del fallo\u201d emitido en el asunto materia de resguardo, o \u201cdeclarar\u201d su cumplimiento, y, en consecuencia, disponer el \u201clevantamiento de la sanci\u00f3n\u201d proferida en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2020, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn ampar\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n de Mar\u00eda Delia Alzate Bernal, ordenando a la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, <\/p>\n
\u201cproced[er], en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, a dar respuesta de fondo a la petici\u00f3n formulada por la accionante, en el sentido de indicarle cuando se le pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n administrativa, y si no es posible fijar una fecha exacta y concreta, al menos indicarle una fecha probable, determinada\u201d. <\/p>\n
2.2. Ese fallo fue confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, quien, adicion\u00f3 dicha orden en el sentido de que la referida entidad <\/p>\n
\u201cno podr\u00e1 someter a la accionante a la aplicaci\u00f3n anual indefinida del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, pues (\u2026) ya se\u00f1al\u00f3 un plazo aproximado para su reconocimiento \u2013 primer semestre del 2021\u201d <\/p>\n
2.3. Al considerar que se hab\u00eda incumplido dicho mandato, la all\u00ed tutelante promovi\u00f3 incidente de desacato, resuelto el 29 de enero de 2021, imponi\u00e9ndosele a Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade – hoy quejoso -, en calidad de Director General Encargado de la mencionada entidad, multa de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
2.4. En auto de 25 de febrero siguiente, el Tribunal cuestionado, en sede de consulta, confirm\u00f3 el referido correctivo. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicit\u00f3, en varias oportunidades, al juzgado criticado \u201cla inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta\u201d, aduciendo la \u201cimposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia\u201d con relaci\u00f3n a \u201cindicar una fecha de pago de la indemnizaci\u00f3n\u201d, pedimentos denegados el 1\u00b0 y 21 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.6. En criterio del actor, las sedes judiciales acusadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, pues <\/p>\n
\u201ci) al momento de valorar (\u2026) la Resoluci\u00f3n que resolvi\u00f3 el reconocimiento a la medida indemnizatoria del actor de la acci\u00f3n constitucional de la referencia y el resultado del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, lo hicieron de manera arbitraria, irracional y caprichosa, [y] sin raz\u00f3n valedera da[n] por no probado el hecho del cumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relaci\u00f3n al debido proceso administrativo gestado en la Resoluci\u00f3n 01049 de 2019, respecto a c\u00f3mo es el procedimiento para la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa a las v\u00edctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las dem\u00e1s v\u00edctimas\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. El Tribunal confutado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u201clas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u201d, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u201cdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u201d. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u201cparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u201d. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. De entrada se advierte que la solicitud de resguardo elevada frente a las decisiones que zanjaron el incidente de desacato bajo estudio carece del prenotado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que el auto emitido por la corporaci\u00f3n convocada, en sede de consulta, mediante el cual confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta contra el aqu\u00ed actor data del 25 de febrero de 2021. <\/p>\n
Por tanto, entre dicha fecha y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, esto es el 11 de octubre pasado, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cReiterando que el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
4. Ahora, al margen de lo anterior s\u00ed se evidencia una irregularidad por parte del juzgado acusado que amerita conceder el presente auxilio, atendiendo los postulados jurisprudenciales antes mencionados. Veamos: <\/p>\n
4.1. No puede quedar desapercibido que en el tr\u00e1mite incidental aqu\u00ed cuestionado el ahora accionante solicit\u00f3 en varias oportunidades la \u201cinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u201d, petici\u00f3n que fue desatada, por \u00faltima vez, a trav\u00e9s de auto de 21 de septiembre de 2021, en donde el despacho criticado expuso: <\/p>\n
\u201cNuevamente allega la entidad accionada solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta considerando que la orden que fundament\u00f3 la apertura del incidente y la sanci\u00f3n es jur\u00eddicamente imposible de cumplir\u201d. <\/p>\n
\u201cEn dicha respuesta se indica: \u201cen fecha de 30 de julio de 2021, la Unidad aplic\u00f3 el M\u00e9todo de Priorizaci\u00f3n, del cual se concluy\u00f3 que no es procedente materializar la entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n ya reconocida al accionante\u201d. \u201cel M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n para el caso particular de la accionante, se aplicar\u00e1 nuevamente en el a\u00f1o 2022, y la Unidad para las V\u00edctimas le informar\u00e1 su resultado. Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa en el a\u00f1o 2022, ser\u00e1 citado(a) para efectos de materializar la entrega de los recursos econ\u00f3micos por concepto de la indemnizaci\u00f3n. Ahora bien, s\u00ed conforme a los resultados de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo no resulta viable el acceso a la medida de indemnizaci\u00f3n en 2022, la Unidad informar\u00e1 las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el M\u00e9todo para el a\u00f1o siguiente\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto debe tenerse en cuenta que, en el fallo de tutela del 09 de noviembre de 2020, se accedi\u00f3 al amparo solicitado y se orden\u00f3 a la UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N A LAS V\u00cdCTIMAS, que resolviera de fondo derecho de petici\u00f3n presentado el 05 de octubre de 2020, en el sentido de indicarle a la accionante cuando se le pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n administrativa y si no es posible fijar una fecha exacta y concreta, al menos indicarle una fecha probable y determinada\u201d. <\/p>\n
\u201cLa misma fue confirmada por el H. Tribunal Superior del Medell\u00edn el 05 de febrero del mismo a\u00f1o (sic), adicionando el prove\u00eddo en el sentido en que la entidad accionada, no podr\u00e1 someter a la accionante a la aplicaci\u00f3n anual indefinida del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, pues la entidad ya se\u00f1al\u00f3 un plazo aproximado para su reconocimiento \u2013 primer semestre 2021\u201d. <\/p>\n
\u201cCon base en lo anterior, y la prueba allegada por la entidad accionada, se evidencia que se contin\u00faa sometiendo a la se\u00f1ora Mar\u00eda Delia Alzate Bernal, al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, en directo desconocimiento de la orden contenida en el fallo de segunda instancia proferido por el H. Tribunal Superior de Medell\u00edn\u201d. <\/p>\n
4.2.- As\u00ed las cosas, vislumbra la Corte que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn incurri\u00f3 en un desafuero, en tanto que en procura de despachar la solicitud en comento se limit\u00f3 a se\u00f1alar, someramente, que la orden de tutela no se encontraba cumplida porque \u201cse contin\u00faa sometiendo a la se\u00f1ora Mar\u00eda Delia Alzate Bernal, al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n\u201d, sin atender ninguno de los argumentos expuestos por el aqu\u00ed actor referente a la \u201cimposibilidad jur\u00eddica\u201d de materializar la comentada orden constitucional, m\u00e1xime, cuando el incidentado indic\u00f3: \u201cla Unidad aplic\u00f3 el M\u00e9todo de Priorizaci\u00f3n, del cual se concluy\u00f3 que no es procedente materializar la entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n ya reconocida al accionante\u201d. <\/p>\n
Refulge palpable, la falta de motivaci\u00f3n indebida por cuenta del referido despacho judicial en el auto de 21 de septiembre de 2021, toda vez que omiti\u00f3 analizar a fondo el pluricitado pedimento y pas\u00f3 por alto los argumentos expuestos sobre la imposibilidad jur\u00eddica de cumplir con el memorado mandato tutelar por parte del incidentado. <\/p>\n
El desacierto precedentemente apuntado encuentra asidero en esta excepcional v\u00eda de auxilio, m\u00e1xime cuando desde la Corte Constitucional se tiene adoctrinado que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien una de las consecuencias derivadas de este tr\u00e1mite incidental es la imposici\u00f3n de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su aut\u00e9ntico prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino que \u00e9sta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a trav\u00e9s de una medida de reconvenci\u00f3n cuya (sic) objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acci\u00f3n impetrada y, con ella, la reivindicaci\u00f3n de los derechos quebrantados\u201d (Resaltado, fuera del original – CC SU-034\/18). <\/p>\n
\u201c(…) (1) (…) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) (…) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz (\u2026)\u201d (resaltado propio) (CSJ STC de 19 de diciembre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02945-00, criterio reiterado en sentencia de 15 de abril de 2020, exp. 2019-00473-02). <\/p>\n
5. No en vano, sobre el aut\u00e9ntico fundamentar de los jueces, la Sala ha precisado que \u201c(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u201d. (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
Mismo punto por el que el mayor \u00f3rgano guardi\u00e1n de la Carta Pol\u00edtica tambi\u00e9n tiene decantado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n (\u2026) es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas\u201d. <\/p>\n
\u201cLa comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u201d (se resalta) (CC T-214\/12). <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, la providencia de 21 de septiembre de 2021, deviene carente de motivaci\u00f3n, por cuanto con ella la c\u00e9lula judicial cuestionada omiti\u00f3 dirimir la alegaci\u00f3n tra\u00edda en el petitorio de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, tendiente a la presunta imposibilidad jur\u00eddica del cumplimiento del fallo de amparo emitido en el caso bajo estudio; todo lo cual supone una trasgresi\u00f3n en contra del gestor y corresponde enmendarla, tal como se dispondr\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el amparo al debido proceso de Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn que, en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de su notificaci\u00f3n, luego de dejar sin valor el auto de 21 de septiembre de 2021, dentro del incidente de desacato bajo estudio, as\u00ed como todas las actuaciones que de ello dependan, emita una providencia de reemplazo en la que resuelva nuevamente la solicitud de \u201cinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u201d, con apego en las motivaciones vertidas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 19 de diciembre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02945-00, criterio reiterado en sentencia de 15 de abril de 2020, exp. 2019-00473-02. <\/p>\n
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STC13952-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13952-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03763-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}