STC13957-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13957-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01992-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 29 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 la tutela de Mauricio Alejandro Morales Quiroz frente al Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad electoral convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que se present\u00f3 como candidato a la C\u00e1mara de Representantes por el departamento del Tolima a las elecciones del periodo 2018-2022 con el aval del partido \u00abOpci\u00f3n ciudadana\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en diciembre de 2018 el Consejo Nacional Electoral abri\u00f3 indagaci\u00f3n preliminar en su contra y de otros integrantes de la colectividad por el presunto incumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 25 de la ley 1475 de 2011, esto es, \u00abpor el no manejo por parte del candidato de los recursos de la campa\u00f1a a la C\u00e1mara de Representantes [\u2026] a trav\u00e9s de la cuenta \u00fanica bancaria para la administraci\u00f3n de los mismos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que present\u00f3 los respectivos descargos, alegando que \u00absu campa\u00f1a no excedi\u00f3 el monto de los 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el a\u00f1o 2018 (\u2026) [y] que se cumpli\u00f3 con la apertura de la cuenta bancaria [\u2026] de Bancolombia (\u2026)\u00bb; sin embargo, la corporaci\u00f3n accionada mediante resoluci\u00f3n 2171 de 2 julio de 2020 decidi\u00f3 sancionarlo con multa de \u00ab$13\u2019942.914., como consecuencia de la no administraci\u00f3n de los recursos en una cuenta \u00fanica bancaria en su calidad de excandidato a la c\u00e1mara de representantes\u00bb. Aunque interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, el Consejo Nacional Electoral el 10 de marzo de 2021 (resoluci\u00f3n 0905) mantuvo lo resuelto e indic\u00f3 que no proced\u00edan otros recursos \u00abde conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 8\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las decisiones rese\u00f1adas, pues sostuvo que el Consejo Nacional Electoral \u00aberr\u00f3 tanto en la interpretaci\u00f3n de la norma que utiliz\u00f3 como fundamento para sancionar [\u2026] como en la indicaci\u00f3n que no hay pruebas para investigar una presunta falsedad documental\u00bb, agreg\u00f3 que la disposici\u00f3n normativa aplicada \u00abno ordena que el candidato maneje los recurso de la campa\u00f1a [\u2026] no establece en ning\u00fan aparte que la administraci\u00f3n de los recursos de las campa\u00f1as sean responsabilidad de los candidatos a cargos o corporaciones de elecci\u00f3n popular y los gerentes de campa\u00f1a\u00bb, por el contrario, se\u00f1al\u00f3 que esa responsabilidad recae en los gerentes de campa\u00f1a pues a los candidatos les corresponde ocuparse lograr los votos para ser elegido al cargo al que aspira. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que el Consejo \u00abrebas\u00f3 sus facultades legales al equiparar la obligaci\u00f3n de los gerentes de campa\u00f1a y\/o los candidatos de presentar informes a su partido con la obligaci\u00f3n del gerente de campa\u00f1a de administrar los recursos que ingresan a ella\u00bb. Finalmente, recalc\u00f3 que, la corporaci\u00f3n acusada, \u00abdesconoci\u00f3 el debido proceso [\u2026] al basar la sanci\u00f3n impuesta en una norma que en nada se refiere a la conducta sancionada\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se deje sin valor ni efecto \u00ab(\u2026) la resoluci\u00f3n n\u00ba 2117 de fecha 2 de julio de 2020 mediante las cuales se sancion\u00f3 con multa de $13\u2019942.914., y resoluci\u00f3n n\u00ba 0905 de fecha 10 de marzo de 2021 mediante la que se resolvi\u00f3 el recurso interpuesto y se mantuvo la sanci\u00f3n impuesta (\u2026) ordenar al accionado Consejo Nacional Electoral \u2013 CNE \u2013 retirar la sanci\u00f3n impuesta al accionante Mauricio Alejandro Morales Quiroz\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El asesor jur\u00eddico del Consejo Nacional Electoral, solicit\u00f3 se deniegue la tutela por incumplir el requisito de la subsidiariedad, dado que las pretensiones que formula el gestor, \u00abpudieron a ver (sic) sido objeto de una revisi\u00f3n por parte de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo por desatenci\u00f3n el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto, el quejoso \u00ab(\u2026) ha tenido la posibilidad de plantear su queja utilizando los mecanismos de raigambre ordinario ante la jurisdicci\u00f3n competente, esto es, sirvi\u00e9ndose de los medios de control judicial dispuestos en el CPACA (Ley 1437 de 2011) para el fin ahora pretendido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito inicial, y refut\u00f3 los motivos que tuvo el tribunal a quo para negar el amparo por cuanto, la v\u00eda jur\u00eddica que propone para demandar las resoluciones que lo sancionaron \u00abno es lo suficientemente id\u00f3nea para otorgar un amparo integral o no es la adecuadamente expedita para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb. Agreg\u00f3 que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-058\/2016) se\u00f1ala que, la tutela debe examinarse de fondo si se advierte que los mecanismos de defensa disponibles \u00abno otorgan una protecci\u00f3n eficaz y completa\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este presupuesto, impone al interesado el deber de utilizar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance dentro del ordenamiento jur\u00eddico para obtener la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales, dado que el amparo no es una herramienta judicial que permita desplazar aqu\u00e9llos dado su car\u00e1cter eminentemente excepcional y residual; de ah\u00ed que, entonces, no pueda ser visto como un mecanismo adicional o paralelo a trav\u00e9s de la cual se pueda sustituir a las v\u00edas judiciales ordinarias, ni como un remedio al que se pueda acudir para corregir los errores en que pudieron incurrir las partes, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del descuido de \u00e9stas. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo invocado, pues se advierte que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo, esto es, la resoluci\u00f3n 2171 del 2 de julio de 2020 (y la resoluci\u00f3n 0905 del 10 de marzo de 2021) emitida por el Consejo Nacional Electoral a trav\u00e9s de la cual lo sancion\u00f3 pecuniariamente por vulneraci\u00f3n a las normas de financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as pol\u00edticas, cuyo control corresponde, al menos prima facie, a los jueces contenciosos administrativos, siempre y cuando el demandante cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
Lo anterior, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado su car\u00e1cter estrictamente subsidiario y residual, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no es el escenario id\u00f3neo para demandar las actuaciones administrativas \u2013 como las resoluciones aqu\u00ed atacadas del Consejo Nacional Electoral \u2013, puesto que para ello est\u00e1n previstas las acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; adicionalmente, no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que permitiera el amparo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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