STC13966-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13966-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01466-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Jaime Enrique Saade Cormane contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo CUI 08001318700120050008001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor, por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, en sus componentes de legalidad de la pena y favorabilidad\u00bb y a la \u00ablibertad individual\u00bb, para que, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia dictada por la Magistratura querellada (28 may. 2021) y, \u00abse proceda por la Corte bien a dictar la de reemplazo u ordenando al Tribunal que dentro del perentorio t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles proceda a proferir la que corresponda atendiendo las directrices que se le trazan por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en uno u otro caso redosificando legalmente la sanci\u00f3n y, consecuencialmente, procediendo a DECRETAR LA PRESCRIPCI\u00d3N DE LA PENA (\u2026), as\u00ed como a cancelar las \u00f3rdenes de captura que se hallen vigentes en [su] contra por cuenta de la presente actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como apoyo de sus rogativas expuso que el Juzgado Once Penal del Circuito Judicial de Barranquilla lo conden\u00f3 a 27 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal violento\u00bb y \u00abhomicidio simple\u00bb, en virtud de hechos en los que se tuvo como v\u00edctima a Nancy Mariana Mestre Vargas, ocurridos en Barranquilla el 1\u00ba de enero de 1994 (5 jul. 1996). <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de la misma sede neg\u00f3 la solicitud de \u00abredosificaci\u00f3n de la pena con aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, ejercicio que una vez finalizado\u00bb abrir\u00eda paso a la declaratoria de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb (16 oct. 2020), argumentando que \u00abel referente normativo a tener en cuenta como uno de los extremos para la prosperidad de aquella garant\u00eda fundamental es la conducta de Feminicidio (y agravado), no empece su naturaleza peyorativa, sin importar -adem\u00e1s- que su inclusi\u00f3n a la normatividad penal colombiana se hubiera producido a trav\u00e9s de la adici\u00f3n al C\u00f3digo Penal (art\u00edculo 104A) a trav\u00e9s de la Ley 1761 de 2015, esto es, promulgada 21 a\u00f1os despu\u00e9s de la ocurrencia de los hechos, la que \u201ccomporta una pena que va de los 500 a los 600 meses de prisi\u00f3n, lo que es igual a decir, que la pena va de los 41 A\u00d1OS y 8 MESES a los 50 A\u00d1OS de prisi\u00f3n\u201d, a diferencia de la ley preexistente al hecho que consagraba una pena de 25 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que la legislaci\u00f3n sustancial vigente para el momento de los hechos era el Decreto 100 de 1980, el cual regulaba punitivamente el \u00abhomicidio, art\u00edculo 323 (modificado por la Ley 40 de 1993) con prisi\u00f3n de 25 a 40 a\u00f1os\u00bb y \u00abel acceso carnal violento, art\u00edculo 298 con una pena de 2 a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el ad quem incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb, al actuar al margen del procedimiento establecido y desconoci\u00f3 el \u00abdebido proceso, cuando al redosificar la pena y dentro de la necesidad de dar paso a las normas reguladoras del concurso estim\u00f3 -y as\u00ed decidi\u00f3- que por el delito sexual el incremento deb\u00eda ser de 8 a\u00f1os, esto es, el m\u00ednimo de pena previsto por la original Ley 599 de 2000 y no los 2 a\u00f1os que tambi\u00e9n como m\u00ednimo reglaba el Decreto 100 de 1980, ley preexistente al acto imputado y aplicable ultractivamente por favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental de la \u00ablegalidad de la pena\u00bb, por \u00ab(i) La errada aplicaci\u00f3n del sistema de cuartos al redosificar la pena; (ii) el irrespeto por el m\u00ednimo fijado en la sentencia y, (iii) la violaci\u00f3n del tope legal de la pena no privativa de libertad\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal fustigado \u00abse inclin\u00f3 por acoger y hacer efectivo el sistema de cuartos -inaplicable respecto de delitos cometidos antes de su vigencia- no lo hizo animado porque hubiera establecido que resultaba m\u00e1s favorable que el anterior. Contrario sensu lo materializ\u00f3, pero en [su] perjuicio, adoptando un proceder sin que mediara favorabilidad\u00bb; operaci\u00f3n que condujo a que en lugar de los 13 a\u00f1os – (156) meses – fijados como punto de partida por la normatividad que en virtud de la aludida \u00abgarant\u00eda\u00bb deb\u00eda aplicarse, determin\u00f3 que se le impondr\u00eda el m\u00e1ximo contenido en el cuarto m\u00ednimo de 192 meses de prisi\u00f3n, lo que equivale a un incremento de \u00ab36 meses\u00bb, y, que adem\u00e1s, incurri\u00f3 en yerro al \u00abredosificar la pena\u00bb por el \u00abdelito sexual\u00bb, el cual, conforme a la ley vigente al momento de su comisi\u00f3n ten\u00eda previsto un m\u00ednimo de 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n, para, aplicar el m\u00ednimo de 8 a\u00f1os, concluyendo que, por el \u00abacceso carnal violento\u00bb, se le fijaba en el m\u00e1ximo del m\u00ednimo correspondiente a 117 meses de prisi\u00f3n, \u00abdesde luego que no pudiendo incrementar por el concurso esta cifra pues not\u00f3 que al hacerlo as\u00ed violar\u00eda -adem\u00e1s- la suma aritm\u00e9tica de penas; de ah\u00ed que el incremento \u201cs\u00f3lo\u201d fuese de 96 meses\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, a\u00f1adi\u00f3 que, acorde con la jurisprudencia, el concepto de \u00ablex tertia\u00bb, no ha sido proscrito por el legislador cuando dispone en norma rectora que \u00abla ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicar\u00e1 sin excepci\u00f3n, de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se refiri\u00f3 a lo consignado en la parte resolutiva de la providencia reprochada, donde el ad quem dispuso la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, por un t\u00e9rmino igual a la pena principal, olvidando que \u00abesa especie de sanci\u00f3n no puede ser superior a (veinte) 20 a\u00f1os, conforme el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Penal\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, asever\u00f3 que el Tribunal neg\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n de la pena\u00bb, invocando no s\u00f3lo los 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n, sino la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb del t\u00e9rmino prescriptivo al tenor del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Penal, aduciendo que su captura se hab\u00eda efectuado en Belo Horizonte (Brasil) el 28 de enero de 2020; proceder que reproch\u00f3, destacando que, de efectuarse debidamente la \u00abredosificaci\u00f3n punitiva\u00bb, hubiese operado la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, consolid\u00e1ndose jur\u00eddicamente el 29 de julio de 2017, \u00abcon lo cual tampoco tendr\u00eda cabida el forzado argumento de la interrupci\u00f3n del lapso prescriptivo\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Barranquilla defendi\u00f3 su proceder, en tanto efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n extensiva y sistem\u00e1tica de la sucesi\u00f3n de normas en el tiempo aplicables al caso. Respecto al principio de la \u00ablex tertia\u00bb, asegur\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el actor, no va en contra de los lineamientos legales \u00abpues ha sido la misma jurisprudencia de nuestro \u00f3rgano de cierre jurisdiccional, la que ha dado las luces para resolver casos dif\u00edciles como el aqu\u00ed planteado, guardando siempre cordura con los m\u00e1s altos valores propios del derecho penal\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad se opuso al amparo, en la medida que al sentenciado se le ofrecieron las \u00abgarant\u00edas constitucionales y legales para el ejercicio de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 la salvaguarda, tras advertir que la decisi\u00f3n confutada no revelaba los defectos reclamados por el precursor, \u00abmucho menos se avizora que se fundamente en una disposici\u00f3n inaplicable al caso ni que hayan sido ignoradas normas previstas para la resoluci\u00f3n de la especial coyuntura. Por el contrario, est\u00e1 soportada en precedentes emitidos por el \u00f3rgano de cierre en la especialidad penal en punto al tema en debate\u00bb. <\/p>\n
Basado en la jurisprudencia explic\u00f3 por qu\u00e9 la \u00abaplicaci\u00f3n de la lex tertia\u00bb, operaba en circunstancias muy particulares que \u00abrefieren la posibilidad de realizar esa mixtura cuando los preceptos confrontados remiten a institutos, subrogados o sanciones diferentes, y no en los casos en que se busca aplicar un beneficio concreto a partir de tomar en consideraci\u00f3n elementos disonantes de las diferentes normatividades en juego (CSJ SP2998-2014, Rad. 42623)\u00bb. Tambi\u00e9n, que el Estado Colombiano logr\u00f3 la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la pena, pues la detenci\u00f3n de Saade Cormane en Brasil ocurri\u00f3 por solicitud expresa de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
2.- El suplicante impugn\u00f3 insistiendo en las alegaciones esbozadas en el escrito introductor, agregando que el funcionario de primer grado desatendi\u00f3 sus propios precedentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite la revisi\u00f3n del plenario objetado pronto permite colegir que la resoluci\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla (28 may. 2021), mediante la cual revoc\u00f3 parcialmente la del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas, no fue el resultado de una deficiente motivaci\u00f3n o criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico como lo expresa el tutelante, contrario a ello, avizora la Sala que la misma, obedece, en l\u00ednea de principio, a una ajustada interpretaci\u00f3n de la normativa y jurisprudencia que rigen la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del haz probatorio, ce\u00f1ido a la realidad que fluye del dossier. <\/p>\n
En efecto, para definir el recurso de apelaci\u00f3n incoado por el precursor, parti\u00f3 de una leg\u00edtima ex\u00e9gesis del \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, y la \u00abley tertia\u00bb, precisando que, el primero, se concibe como una \u00abgarant\u00eda\u00bb otorgada por el Derecho Penal \u00abconsistente en la posibilidad de acoger, en un contexto de tr\u00e1nsito normativo, la aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica particular\u00bb; empero, aclar\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[E]n lo que tiene que ver en sus condiciones de posibilidad se ha aceptado mayoritariamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que este principio solo opera si las normas que se encuentran en tr\u00e1nsito regulan supuestos f\u00e1cticos an\u00e1logos y en segundo lugar, que la norma acogida por considerarse m\u00e1s benigna en sus efectos ya sea por retroactividad o ultractividad, se acoja en su totalidad, es decir, en lo favorable y lo desfavorable\u00bb. (subrayas de la Sala). <\/p>\n
Frente a la \u00ablex tertia\u00bb, se\u00f1al\u00f3 \u00absurge a partir de la fusi\u00f3n de lo m\u00e1s favorable de dos normas que regulan un supuesto f\u00e1ctico an\u00e1logo y se encuentran en tr\u00e1nsito legislativo\u00bb; pero, destac\u00f3 que el debate en la Corte Suprema respecto a la aplicaci\u00f3n de la misma, \u00abno ha tenido respuestas un\u00e1nimes\u00bb y, que las funciones pol\u00edticas no est\u00e1n atribuidas a un juez en el esquema de divisi\u00f3n de poderes, por tanto, \u00abla creaci\u00f3n de una tercera norma, combinando dos existentes, rebasa la intensi\u00f3n del legislador, \u00fanico legitimado para crea la ley\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 su disentimiento respecto a la decisi\u00f3n objeto de alzada, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab[S]e aparta la Sala de los argumentos expuestos por la Juez de Primera instancia quien err\u00f3neamente al estudiar el principio de favorabilidad no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis conforme a la ley posterior sino a una ley que fue proferida mucho tiempo despu\u00e9s y que no hace parte del tr\u00e1nsito legislativo del mismo punible, habida cuenta que el delito de feminicidio es un reato distinto y novedoso en nuestro C\u00f3digo Penal Colombiano. <\/p>\n
Es por ello, que este cuerpo Colegiado al denotar la indebida sustentaci\u00f3n de la Juzgadora, vislumbr\u00f3 inmediatamente un estudio equivocado del principio de legalidad en su arista \u2013principio de favorabilidad-. <\/p>\n
En esa medida, no surge dificultad alguna para concluir que de conformidad con el principio de legalidad, la norma llamada a regular el caso concreto frente al delito de homicidio y de acceso carnal violento, no es otra que la prevista en el C\u00f3digo Penal del a\u00f1o 2000 original, en atenci\u00f3n al principio de favorabilidad seg\u00fan el cual \u201cen materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u201d, y de conformidad con la jurisprudencia d esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual en los eventos en que se ha presentado sucesi\u00f3n de leyes en el tiempo, como aqu\u00ed ocurre, debe determinarse cu\u00e1l es la norma sustancial m\u00e1s favorable\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente con la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, luego de reflexionar sobre los art\u00edculos 89 y 90 del C\u00f3digo Penal y lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia (Rad. 59.733 17 abr. 2012), confront\u00e1ndolos con el material suasorio obrante en el expediente, coligi\u00f3 que en el caso de Saade Cormane hab\u00eda operado la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de la mencionada figura, el 28 de enero de 2020, data en la cual fue capturado en Brasil por la INTERPOL, por tanto, \u00abcomo la sentencia condenatoria cobr\u00f3 ejecutoria el 29 de julio de 1996, significa que para esa fecha llevaba evadido 23 a\u00f1os y 6 meses, pero como la redosificaci\u00f3n qued\u00f3 individualizada en 24 a\u00f1os, traduce que no ha operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, por lo tanto, debe cumplir la pena en una c\u00e1rcel que indique el INPEC\u00bb. Igualmente, impuso la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas en un tiempo igual a la pena principal, y pago de perjuicios equivalente a 1.500 SMLMV para la \u00e9poca de los hechos. <\/p>\n
3.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13966-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13966-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01466-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}