STC13968-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13968-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2020-00135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de marzo de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de tutela n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jorge Luis Turizo Villarreal le instaur\u00f3 a la Sala n\u00b0 3 de esa misma Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, confianza leg\u00edtima y respeto por el precedente jurisprudencial\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00abdejar sin efecto el AUTO DE FECHA PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) (\u2026) NOTIFICADO 13 DE AGOSTO DE 2019 y en consecuencia ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que emita nueva providencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De la evidencia allegada al plenario se constat\u00f3 que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la sentencia del Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito que acogi\u00f3 las pretensiones de Jorge Luis Turizo Villarreal en el juicio ordinario laboral que adelant\u00f3 en contra de Avianca con el fin de ser reintegrado a esa empresa y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la demandada (17 sep. 2018). <\/p>\n
Turizo Villareal interpuso \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra esa determinaci\u00f3n, negada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (STL15505-2018, 21 nov.), decisi\u00f3n que la Sala n\u00b0 3 de Decisi\u00f3n en Tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 (14 feb. 2019), quien, adem\u00e1s, envi\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional para su \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb (7 mar. 2019). <\/p>\n
El 19 de marzo de 2019 el gestor solicit\u00f3 la nulidad del anterior fallo, escrito \u00abenviado a dicha Corporaci\u00f3n para que haga parte de las diligencias\u00bb, pero la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 el asunto para revisi\u00f3n (10 abr. 2019) y lo devolvi\u00f3 \u00ab(\u2026) a la autoridad judicial competente, para que se resuelvan las solicitudes de nulidad allegadas a esa Corporaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, las que fueron despachadas desfavorablemente (1\u00b0 ag. 2021). <\/p>\n
En este tr\u00e1mite tutelar, el promotor sostuvo que se le vulner\u00f3 \u00abel debido proceso\u00bb por desconocerse el \u00abprecedente jurisprudencial que regula las nulidades en las acciones de tutela\u00bb, pues, en su criterio, no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela se interpuso por el defecto f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pues no valoraron todas las pruebas, tanto es as\u00ed, que las mismas fueron se\u00f1aladas de manera puntual en la acci\u00f3n de tutela y fueron pasadas por alto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que incluso ten\u00eda el fallo listo antes de que el expediente ingresara al despacho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala n\u00b0 3 de Decisi\u00f3n en Tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que \u00aben providencia ATP1233-2019, Rad. 102664, del 1\u00ba de agosto de 2019, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n incoada, al considerar que no se configuraba ninguna de las causales establecidas en el C\u00f3digo General del proceso para adoptar tal determinaci\u00f3n (\u2026). Lo anterior significa que la Sala, en los t\u00e9rminos que encontr\u00f3 procedentes, dio curso a la solicitud de nulidad del actor, la cual, precisamente, evalu\u00f3 conforme las normas establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso, no obstante, a que no lo fue concedida en los t\u00e9rminos pretendidos por el peticionario seg\u00fan se observa de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral resalt\u00f3 que \u00aben la providencia objetada, est\u00e1n consignadas las razones que llevaron a esta Corporaci\u00f3n a resolver el problema jur\u00eddico que defini\u00f3 al asunto. Lo anterior desprende una evidente intenci\u00f3n de crear, a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, una instancia adicional en la que se rexaminen los elementos de juicio obrantes en el expediente, y as\u00ed obtener la atenci\u00f3n de los argumentos desestimados por el juez natural, lo que no es viable pues la referida providencia decidi\u00f3 el conflicto con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley, y con fundamentos jur\u00eddicos que distan de ser arbitrarios. Dicho en breve, el sentido de la decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no implica una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de la misma, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed acontece, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n de Tutela n\u00b0 1 en Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, tras estimar que \u00ab(\u2026) la solicitud de nulidad no se hizo con sustento en alg\u00fan error que, de manera ostensible muestre la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso constitucional (CSJ STP7721\u20132019), sino que buscaba que se volvieran a analizar los aspectos que postul\u00f3 dentro del tr\u00e1mite de tutela y que, en su criterio, no fueron abordados por la Sala accionada. Adicionalmente, lo correcto era que el accionante acudiera ante la Corte Constitucional para solicitar la selecci\u00f3n de la tutela para su eventual revisi\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, pero como se expuso en p\u00e1ginas precedentes, no lo hizo y por esa raz\u00f3n adicional la tutela tambi\u00e9n resulta improcedente. Finalmente, la providencia que se pretende atacar por esta v\u00eda no es arbitraria o caprichosa, ni est\u00e1 desprovista de sustento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el accionante con las mismas alegaciones inaugurales, agregando que \u00absi bien es cierto la providencia atacada se indica de la siguiente forma: AUTO DE FECHA PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) CON PONENCIA DEL MAGISTRADO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO NOTIFICADO 13 DE AGOSTO DEL 2019. Se debe aclarar que el auto antes mencionado jam\u00e1s fue notificado al suscrito JORGE LUIS TURIZO VILLARREAL, ni a la organizaci\u00f3n sindical, en el sistema, tiempo despu\u00e9s aparece la siguiente anotaci\u00f3n: Pero en ning\u00fan momento fue entregado telegrama alguno, es por ello que cuando se coloca notificado 13 de agosto del 2019 no es porque el accionante estuviera notificado sino porque es la anotaci\u00f3n que aparece en sistema, pero jam\u00e1s existi\u00f3 notificaci\u00f3n sino hasta que el suscrito logra conseguir el auto que hoy se ataca por medio de la presente acci\u00f3n de tutela, porque entre otras cosas el proceso tampoco jam\u00e1s ha apareci\u00f3 radicado en la Corte Constitucional, pues como muestro a continuaci\u00f3n n\u00f3tese que al colocar los apellidos no se registra resultado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del anhelo suplicado, y, por consiguiente, la convalidaci\u00f3n del pronunciamiento de primer grado, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Por regla general, la \u00abtutela contra tutela\u00bb es improcedente\u00bb, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera flagrante la \u00abgarant\u00eda al debido proceso\u00bb, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021). <\/p>\n
1.2.- En el sub lite se inobserv\u00f3, sin excusa valida, el \u00abrequisito de la inmediatez\u00bb que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que entre la fecha del auto que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad impetrada por el gestor (1\u00ba ag. 2019), su notificaci\u00f3n el d\u00eda 13 siguiente y la de radicaci\u00f3n del escrito superlativo (26 feb. 2020), transcurrieron seis (6) meses, trece (13) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para acudir a este excepcional sendero. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Colegiatura denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.3.- Ahora, si bien, en algunos casos se ha superado la ausencia de la exigencia temporal aludida, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo acaece cuando la demora en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el caso concreto no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas debido a que lo afirmado por el sedicente en la impugnaci\u00f3n, en el sentido, que \u00ab(\u2026) el auto antes mencionado jam\u00e1s fue notificado al suscrito JORGE LUIS TURIZO VILLARREAL (\u2026), a m\u00e1s de constituir un hecho nuevo sobre el que la Magistratura censurada y el a quo constitucional no tuvieron oportunidad de manifestarse, no tiene la virtualidad de conjurar su desidia en la interposici\u00f3n de esta especial v\u00eda, porque lo advertido es su comportamiento negligente para acudir a esta senda excepcional. <\/p>\n
Y es que, aunque el gestor arguye una \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb del prove\u00eddo aqu\u00ed criticado (1\u00b0 ag. 2021), era su deber estar al pendiente del \u00abtramite tutelar\u00bb puesto que no resulta admisible que habiendo radicado la \u00absolicitud de nulidad\u00bb, se desentendiera del mismo; adem\u00e1s, consultada la p\u00e1gina web de la Rama Judicial \u00abconsulta de procesos nacional unificada\u00bb, no refleja transgresi\u00f3n ius \u2013 fundamental porque, la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb de dicho auto se registr\u00f3 el 13 de agosto de 2019 como \u00abtelegramas 17864, 17865 se comunica decisi\u00f3n del 1 de agosto 2019 al accionante\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resulta di\u00e1fano que el impugnante pudo conocer la trazabilidad del litigo desde la admisi\u00f3n hasta su fallo, actuaciones que debidamente consignadas y enviadas por telegrama, medio id\u00f3neo para efectos del enteramiento de los actos relativos al juicio. <\/p>\n
Divulgaci\u00f3n que no vulnera ninguna garant\u00eda constitucional, pues de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, las actuaciones procesales se noticiar\u00e1n por el medio m\u00e1s expedito y eficaz que asegure su cumplimiento, de manera que es carga del promotor revisar constantemente el estado de la Litis. <\/p>\n
2.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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