STC13970-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00605-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 14 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Hebert Barona Sarmiento contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2020-00199. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada porque, en su sentir, no le otorg\u00f3 el tr\u00e1mite legalmente previsto al asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que contra la orden de pago librada el 21 de octubre de 2020, dentro del compulsivo impetrado en su contra por Ofelia Romero Taborda en representaci\u00f3n de su hija -hoy mayor de edad-, su mandatario judicial interpuso, \u00abpor separado\u00bb, recurso de reposici\u00f3n aduciendo \u00abfalta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, y \u00ablas excepciones previas de falta de competencia e inepta demanda por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el auto del 7 de diciembre de 2020, mediante el cual \u00abno repone\u00bb el mandamiento de pago y en su lugar dispuso \u00abhacer entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que se encuentran en el juzgado y los que lleguen\u00bb, fue \u00abnotificado presuntamente\u00bb el 9 del mismo mes y a\u00f1o, pues \u00abno remiti\u00f3 al canal digital denunciado [correo electr\u00f3nico del abogado]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que procede la tutela porque el referido prove\u00eddo \u00abque resolvi\u00f3 un recurso de reposici\u00f3n (\u2026), no es susceptible de ning\u00fan recurso, y fue hasta el d\u00eda 10 de agosto de 2021 (\u2026) que el juzgado dio a conocer a la parte demandada su contenido\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado (i) \u00ababstenerse de seguir entregando dineros producto del embargo del salario y dem\u00e1s prestaciones sociales del se\u00f1or Omar Hebert Barona Sarmiento a la demandante\u00bb; (ii) \u00abresolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto (\u2026) contra el auto de mandamiento de pago por falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, y (iii) \u00abnotificar todas las providencias dictadas dentro del proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), al correo electr\u00f3nico (\u2026) del apoderado judicial [del ac\u00e1 accionante]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Novena de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 que \u00aben decisi\u00f3n dictada el 7 de diciembre de 2020 se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n [decidiendo] no reponer el auto de mandamiento de pago dictado el 21 de octubre de 2020, no conceder la medida cautelar pedida por la [actora] y ordenar la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a la demandante\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el d\u00eda de hoy septiembre 3 de 2021 se est\u00e1 dictando sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la cual se publicar\u00e1 por estado el lunes 6 de septiembre de 2021\u00bb, y \u00abque las providencias descritas se encuentran debidamente publicadas por estado y registradas en la plataforma Tyba a la cual tienen acceso y deben consultar los abogados\u00bb. <\/p>\n
2. Ofelia Romero Taborda, demandante en el proceso cuya actuaci\u00f3n censura el ac\u00e1 quejoso, se opuso a lo pretendido al se\u00f1alar que el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n pod\u00eda recurrirse en cuanto a \u00abpuntos no decididos [y] nuevos pero su contraparte no lo hizo; refut\u00f3 el reclamo sobre la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, aduciendo que esa actuaci\u00f3n se produjo \u00abpor estado el d\u00eda 9 de diciembre de 2020 y cargado en el sistema tyba el mismo d\u00eda\u00bb, y que ante ello, \u00abel apoderado demandado no puede subsanar su negligencia u omisi\u00f3n con falsos argumentos\u00bb. Acot\u00f3 en lo atinente a la entrega de dep\u00f3sitos, que no obstante corresponder a una decisi\u00f3n ajustada a lo previsto en la ley, dicha orden tampoco fue objeto de ataque. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por desatender el requisito de la subsidiariedad, pues al resolverse el recurso de reposici\u00f3n sobre las excepciones previas y no hacerlo frente \u00abla cr\u00edtica por la falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, dicha omisi\u00f3n no fue objeto de solicitud de adici\u00f3n. En lo tocante a la notificaci\u00f3n de las providencias, dijo que el reproche era infundado en tanto que la notificaci\u00f3n se hizo conforme al ordenamiento legal aplicable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para refutar que no le era posible pedir adici\u00f3n de una providencia que \u00abno existe\u00bb, pues \u00abel recurso de reposici\u00f3n por falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo no se ha resuelto\u00bb, y reitera que no proced\u00eda la orden de entregar dep\u00f3sitos sin que se hubiera ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues esto solamente ocurri\u00f3 durante el curso de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del solicitante porque al interior del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2020-00199: (i) no resolvi\u00f3 uno de los dos recursos de reposici\u00f3n impetrados contra el mandamiento de pago; (ii) orden\u00f3 la entrega de dep\u00f3sitos judiciales pese a que no se hab\u00eda definido de fondo la ejecuci\u00f3n; y, (iii) omiti\u00f3 \u00abnotificar\u00bb las providencias judiciales dictadas en el desarrollo del proceso, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de su apoderado judicial. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
As\u00ed, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
De igual modo, resulta imprescindible, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con el informe y piezas procesales allegadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, precisando: (i) de cara a las pretensiones de que se decida un recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, en relaci\u00f3n con los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, y que se abstenga de pagar los dep\u00f3sitos judiciales ubicados a orden del juzgado, no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad; y, (ii) frente a la supuesta indebida notificaci\u00f3n de los prove\u00eddos dictados en el pleito, no se produce afectaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1.1. El impedimento de procedibilidad en comento surge en este asunto en la modalidad de incuria, porque si el juzgado supuestamente omiti\u00f3 pronunciarse sobre el recurso que criticaba los \u00abrequisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, en particular que no se trataba de la primera copia de la escritura p\u00fablica contentiva de la tasaci\u00f3n de alimentos, sino de la segunda, tal situaci\u00f3n debi\u00f3 ponerla en conocimiento del despacho para que definiera el reparo antes de proseguir el tr\u00e1mite, pero no lo hizo. <\/p>\n
De igual modo, el accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n para cuestionar la entrega de dep\u00f3sitos judiciales a la actora, cuya orden estaba contenida en el referido auto del 7 de diciembre de 2020, sin que para tal proceder incurioso haya justificaci\u00f3n que permita flexibilizar la aplicaci\u00f3n de dicho requisito de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
3.1.2. En todo caso, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, ello, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, como al definirse una ejecuci\u00f3n, los jueces deben verificar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, mientras no se pronuncie de fondo el juez ordinario, a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del pleito sean tra\u00eddos a definici\u00f3n en sede constitucional, en tanto la competencia del fallador excepcional se restringe por la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Se predica de la queja por una supuesta falta de notificaci\u00f3n de los autos proferidos por el juzgado dentro del ejecutivo seguido en contra del querellante, porque, en su criterio, la publicidad de tales actuaciones no se hizo en legal forma ya que se omiti\u00f3 enviarle la comunicaci\u00f3n y anexos al correo electr\u00f3nico de su mandatario judicial. <\/p>\n
Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de que el ejecutado -pese a estar representado por abogado- no estuvo atento al desarrollo procesal, este impedimento surge en la medida en que no acredit\u00f3 que la autoridad judicial accionada, hubiera amenazado y menos vulnerado, prerrogativa fundamental alguna en relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n de las actuaciones proferidas en el juicio, en particular del auto fechado el 7 de diciembre de 2020, mediante el cual se resolvieron las excepciones previas. <\/p>\n
Ello, porque conforme lo acredit\u00f3 el accionado con los anexos incorporados al expediente, la notificaci\u00f3n de la providencia en menci\u00f3n se realiz\u00f3 por estado electr\u00f3nico \u00abNo. 149\u00bb del 9 de diciembre de 2020, atendiendo la normativa pertinente (art\u00edculos 295 del Estatuto Procesal General y 9\u00b0 del Decreto 806 de 2020), disposiciones que en momento alguno ordenan que la notificaci\u00f3n deba enviarse a los correos electr\u00f3nicos de las partes. <\/p>\n
Ciertamente, seg\u00fan el entendimiento que esta Corporaci\u00f3n deriva de las citadas normas legales, concordantes con las reglamentarias pertinentes, mientras la publicidad de tales actos se realice por los canales virtuales estatuidos para el efecto, los jueces no desconocen las garant\u00edas superiores de defensa y contradicci\u00f3n que entra\u00f1an el debido proceso. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala precis\u00f3 que en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, para posibilitar el impulso y acceso efectivo de los usuarios a los despachos judiciales se expidi\u00f3 el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, el cual: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto de las notificaciones dispuso en su art\u00edculo 9 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] Las notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal. De la misma forma podr\u00e1n surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u2026\u201d (subrayas por fuera del texto). <\/p>\n
N\u00f3tese, que la normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado, y adicionalmente, deber\u00e1 incluirse all\u00ed la resoluci\u00f3n susceptible de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb. Esto \u00faltimo, marca la diferencia con la misma figura instituida en el art\u00edculo 295 del C.G.P., pues bajo esta \u00faltima codificaci\u00f3n, no es necesario que el prove\u00eddo que se pretenda dar a conocer est\u00e9 anexado. <\/p>\n
Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a ello que librar la providencia emitida como mensaje de datos a la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb, o f\u00edsica mutar\u00eda en otra tipolog\u00eda de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, como es la personal, pues son los par\u00e1metros anunciados por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso y 8\u00b0 del Decreto en menci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477-00, reiterada en STC9383-2020, 30 oct. 2020, rad. 02669-00). Se subraya. <\/p>\n
Entonces, por cuanto en el asunto bajo examen la notificaci\u00f3n por estado se realiz\u00f3 sin desatender la normativa ni el precedente jurisprudencial aplicable, la tutela encaminada a criticar dicho enteramiento deviene improcedente, en la medida en que no genera afectaci\u00f3n de derechos iusfundamentales del querellante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone ratificar el fallo de primer grado que declar\u00f3 la improcedencia del auxilio, habida cuenta que desatiende los presupuestos gen\u00e9ricos de la subsidiariedad y de ausencia de afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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