STC13974-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13974-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2021-00169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 17 de septiembre de 2021, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada en el tr\u00e1mite de solicitud de certificaci\u00f3n en acciones populares. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El gestor, present\u00f3 el 30 de agosto de 2021, correo electr\u00f3nico dirigido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, en el cual solicit\u00f3 informe en que acciones populares del despacho interviene como coadyuvante. <\/p>\n
2.2. El Despacho acusado, ese mismo d\u00eda a las 2:38 p.m.2 le contest\u00f3 que deb\u00eda revisar los estados electr\u00f3nicos publicados en el micrositio del Juzgado en el portal web de la Rama judicial, donde podr\u00eda consultar por los radicados rese\u00f1ados la informaci\u00f3n requerida. De forma inmediata, a las 2:40 p.m.3, el actor -amparado en el art\u00edculo 23 Constitucional y la Ley 1755 de 2015-, exigi\u00f3 certificaci\u00f3n sobre en que acciones populares es coadyuvante. Tambi\u00e9n, pidi\u00f3 le informen radicado completo, fecha de solicitud, pretensiones y partes procesales. <\/p>\n
2.3. A su turno, el mismo juzgado de Cartago, resolvi\u00f3 el 8 de septiembre de ese mismo a\u00f1o4, requerir al actor para que acreditara el pago del arancel judicial para resolver su solicitud. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene a la \u00ab\u2026TUTELADA QUE ME BRINDE LA CERTIFICASION QUE SOLICITE Y ME GARANTICE ART 29 CN EN LAS ACCIONES POPULARES. SE ORDENE A LA TUTELADA QUE ME BRINDE CONSTANCIA DE TODAS LAS ACCIONES POPULARES DONDE SOY COADYUVANTE Y ASI GARANTIZAR ACCESO A LA ADMINISTARCION DE JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo regional del Valle del Cauca, luego de rese\u00f1ar la naturaleza jur\u00eddica, funciones y atribuciones de la Instituci\u00f3n, comunic\u00f3 que al verificar su base de datos no se pudo encontrar ninguna petici\u00f3n del actor relacionada con los hechos descritos en su acci\u00f3n constitucional. Por lo tanto, sostuvo que no puede emitir pronunciamiento frente a los supuestos de hecho, lo que evidencia la falta de transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados. <\/p>\n
2. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles, pidi\u00f3 que la queja constitucional fuera denegada respecto de esa entidad, toda vez que, no se infiere la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del quejoso. En cuanto al tema de fondo, estim\u00f3 que le corresponde al mismo peticionario contar con la informaci\u00f3n que requiere, al ser \u00e9l quien en cada acci\u00f3n popular solicita ser tenido como coadyuvante. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que dichas certificaciones \u00abno tiene cabida y, en todo caso, si se pensara en contrario, estimo que el cobro de las expensas, no resulta una exigencia desproporcionada\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Provincial de Cartago, se\u00f1al\u00f3 que debe tutelarse el derecho fundamental de petici\u00f3n y no al debido proceso, amparado en el art\u00edculo 4 de la Ley 1394 de 2010, por lo que estim\u00f3 que la solicitud de certificaci\u00f3n del actor no deber\u00eda tener costo alguno. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, concluy\u00f3 que de la redacci\u00f3n de la solicitud presentada por el actor, se infiere que \u00abla misma se trataba de una solicitud de car\u00e1cter general -aunque especifica en su prop\u00f3sito- y, no impon\u00eda resolverla en el marco de las acciones populares en las que \u00e9ste pidi\u00f3 su intervenci\u00f3n como coadyuvante.\u00bb, circunstancia que difiere que lo expresado en la acci\u00f3n constitucional, en la que accionante manifiesta que su solicitud la realiz\u00f3 dentro \u00abde acciones de linaje constitucional\u00bb. As\u00ed las cosas, frente a la solicitud efectivamente presentada, el despacho le dio respuesta en auto que fue notificado por estado electr\u00f3nico. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el servicio de justicia es gratuito, pero algunas actuaciones requieren ser gravadas como contribuciones parafiscales \u00abcon prop\u00f3sitos para nada deleznables, como lo es la inversi\u00f3n y sostenimiento de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional a-quo, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abDicha providencia no fue impugnada, pese a que contra \u00e9sta proced\u00eda el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, desde luego que todos los autos proferidos en acciones populares son susceptibles de impugnaci\u00f3n por esa v\u00eda, en armon\u00eda con el canon 318 del C.G.P, instrumento eficaz e id\u00f3neo para censurar las decisiones del juez y que el aqu\u00ed reclamante dej\u00f3 de utilizar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abcon relaci\u00f3n a la exigencia del arancel judicial en el marco de las acciones populares, la Corte Suprema de Justicia dijo recientemente que \u201c..si bien no es una exigencia contemplada en la Ley 472 de 1998, lo cierto es que los litigantes deben sufragar las expensas que causen la pr\u00e1ctica de las actuaciones que soliciten, entre ellas, aquella dirigida a obtener el desarchivo del expediente, conforme lo establece el Acuerdo PCSJA18-11176 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, luego, ninguna censura merece esa exigencia, puesto que el funcionario simplemente acat\u00f3 el acto administrativo aludido\u2026\u201d [Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC2554-2021 del 15 de marzo de 2021. Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2021-00024-01. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque]. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, limit\u00e1ndose a consignar en correo electr\u00f3nico lo siguiente: \u00ab(\u2026) apelo (\u2026) no se deben pedir pagos cuando LA LEY NO LOS IMPONE Y MAXIME EN ACCIONES CONSTITUCIONALES COMO LA ACCION POPULAR\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 8 de septiembre de 2021, con el cual se requiri\u00f3 al gestor para que acreditara el pago del arancel judicial, para proceder a su solicitud de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n de todas las acciones populares en las que figura como coadyuvante. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Sobre el particular, de acuerdo con lo verificado en el expediente del juicio debatido, se observa que la C\u00e9lula judicial cuestionada dio respuesta al requerimiento mediante auto del 8 de septiembre de 2021, en el cual, manifest\u00f3 que \u00abDe conformidad con las disposiciones establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y para el caso que nos ocupa la atenci\u00f3n conforme al ACUERDO No. PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018; se debe requerir al memorialista para que a efectos de resolver su solicitud, acredite el pago del ARANCEL JUDICIAL establecido en la ley a efectos de expedir la certificaci\u00f3n deprecada\u00bb.5 <\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n, el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. De lo narrado la Sala concluye que el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer y alegar a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es claro que desperdici\u00f3 la herramienta que tuvo a su alcance, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n, medio que era viable de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en armon\u00eda con el canon 318 del C.G.P. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que el gestor cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad -relacionadas con el auto que lo requiri\u00f3 para que acreditara el pago de arancel judicial a fin de que el despacho le expidiera la certificaci\u00f3n requerida-. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, la Corte ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en dos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, 03Demanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Ibidem <\/p>\n
3\u0002 Ibidem <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-2, Sin Rad. auto 1321 Requiere Pago de Arancel (5).pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 1, Sin Rad. auto 1321 Requiere Pago de Arancel (5).pdf <\/p>\n
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