STC13978-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13978-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 44001-22-14-000-2021-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 16 de septiembre de 2021, con el cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por Milder O\u00f1ate G\u00f3mez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito -hoy Primero Civil del Circuito de la misma municipalidad-, la Alcald\u00eda de Riohacha, las Notar\u00edas Primera y Segunda de la misma urbe, Director Seccional de Fiscal\u00edas de La Guajira, Agencia Nacional de Tierras, Superintendente de Notariado y Registro, Juan Segundo Libo Arellanes y Flor Josefina Rojas Bravo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza leg\u00edtima, buena fe y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riohacha -hoy Juzgado Primero Civil del Circuito-, adjudic\u00f3 en el a\u00f1o 1965 un lote de 71 hect\u00e1reas rurales. Tal providencia fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Riohacha. Y posteriormente, protocolizada en la Notar\u00eda \u00danica de Riohacha -hoy Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de esa ciudad-, bajo la Escritura P\u00fablica No. 608 del 1\u00ba de octubre de 1973. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, su padre Milder Antonio O\u00f1ate Guale, adquiri\u00f3 en octubre de 1980, el inmueble ubicado en la Calle 14C # 21-50, con ocasi\u00f3n de un negocio jur\u00eddico celebrado con Juan Segundo Lubo Arellanes. De tal predio, se construyeron dos apartamentos, de 186.921 y 379.029 mts. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, indic\u00f3 que surgi\u00f3 otra matr\u00edcula inmobiliaria1 del predio adquirido por su padre, en el a\u00f1o de 1989, la que tuvo como antecedente notarial la escritura p\u00fablica No. 608 del 1\u00ba de octubre de 1973. <\/p>\n
2.4. Coment\u00f3 que el F.M.I. vigente es el No. 210-14207, \u00abfeneciendo mas no mutando la matr\u00edcula de registro del circuito del Libro 1, Tomo II, Partida 661, folio 95, con fecha del 9 de septiembre de 1965 cuyo predio correspond\u00eda a la troncal del Caribe [\u2026] por lo que interpreta, existen dos matr\u00edculas diferentes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que \u00abpara ese a\u00f1o 2004, ya iban 1324 anotaciones, correspondiendo a la \u00faltima de ese a\u00f1o a la escritura No 811 del 28-12-2004 de la notaria segunda de esta ciudad en venta parcial de 270M2 a JUAN MANUEL PANTOJA DE LA VEGA por venta del se\u00f1or Lubo Arellanes\u00bb. A este \u00faltimo, indic\u00f3 haberle manifestado en el mes de diciembre de 2019, que formular\u00eda un proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de su posesi\u00f3n, al percatarse que no exist\u00eda cabida de sus 186.921 mts. <\/p>\n
2.6. En seguida, el se\u00f1or Arellanes solicit\u00f3 Licencia para la Divisi\u00f3n Urbana ante la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Riohacha, cuyo tr\u00e1mite culmin\u00f3 con Licencia No. 035 de 2020. <\/p>\n
2.7. An\u00e1logamente, mencion\u00f3 que, en su sentir, naci\u00f3 de forma irregular el F.M.I. No. 210-71421, en vista de que nunca se utiliz\u00f3 el C\u00f3digo Catastral No. 14207. Y, en su lugar, hizo uso de uno \u00abmuy diferente al registrado en la matricula inmobiliaria No 210-14207 de la Oficina de instrumentos P\u00fablicos de Riohacha, donde a pesar de ello aceptaron el registro inmobiliario con fecha de apertura del folio el 23-06- 2020\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por lo anterior, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela, al considerar que se han legalizado escrituras p\u00fablicas en los \u00faltimos 10 a\u00f1os en las notar\u00edas accionadas, sin paz y salvo del impuesto predial dentro del F.M.I. No. 14207. En consecuencia, adujo que existe un presunto fraude. Asimismo, sostuvo que la Licencia Urban\u00edstica No. 035 de 2020 no le fue notificada y, como tal, debe ser materia de investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, declarar la nulidad de la Licencia Urban\u00edstica No. 035 de 2020. Y, en su lugar, se invalide la apertura del F.M.I. No. 210-71421. Adem\u00e1s, inst\u00f3 declarar nula la escritura p\u00fablica No. 493 del 8 de junio de 2020, expedida por la Notar\u00eda Segunda de Riohacha. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Di\u00f3cesis de Riohacha, por conducto de su representante legal2, manifest\u00f3 que \u00abes titular del derecho de dominio del predio adquirido en nuestra condici\u00f3n de compradores de buena fe y el bien inmueble se encuentra debidamente registrado\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Ordenamiento Urban\u00edstico y Espacio P\u00fablico de Riohacha, se\u00f1al\u00f3 que \u00abMILDER JOS\u00c9 O\u00d1ATE G\u00d3MEZ en su calidad de accionante, en busca obtener el amparo de los derechos presuntamente vulnerados debi\u00f3 instaurar la acci\u00f3n de tutela cuando tuvo conocimiento de la consolidaci\u00f3n del hecho, acto u omisi\u00f3n que constituye la violaci\u00f3n o amenaza pues ese momento marca el punto de partida para analizar si la acci\u00f3n ha sido interpuesta oportunamente, por lo que una demora injustificada en ejercer la acci\u00f3n desvirt\u00faa el fin de la acci\u00f3n de tutela, torn\u00e1ndola improcedente\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de La Guajira, indic\u00f3 que \u00abno tiene motivos ni argumentos como elementos de juicio para pronunciarse respecto de la acci\u00f3n constitucional impetrada por el se\u00f1or MILDER O\u00d1ATE G\u00d3MEZ, en raz\u00f3n a las consideraciones antes mencionada\u00bb. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano Agust\u00edn Codazzi, enuncio que \u00abla acci\u00f3n de tutela debe ser desestimada comoquiera que el accionante cuenta con otros mecanismos y tampoco puede accederse a ella como mecanismo subsidiario pues los medios existentes son eficientes y no existe evidencia de la existencia de un perjuicio irremediable que no pueda ser tramitado a trav\u00e9s de los medios id\u00f3neos\u00bb. <\/p>\n
5. Juan Segundo Lubo Arellanes, coment\u00f3 que \u00abel accionante pretende cuestionar la venta que realic\u00e9 a favor de la se\u00f1ora FLOR JOSEFINA ROJAS BRAVO, para lo cual cuenta con otros medios de defensa judicial, sumado a ello, porque no se demuestra un perjuicio irremediable, dado que el actor no viv\u00eda en el predio que ahora pretende disputar\u00bb. As\u00ed, inst\u00f3 declarar el amparo improcedente. <\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Tierras, explic\u00f3 que \u00abla jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que concurran otros medios de defensa judicial, la jurisprudencia ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es id\u00f3neo, \u00e9ste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo transitorio\u00bb. Sumado a ello, adujo que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, por consiguiente, inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
7. El Notario Primero de Riohacha3, se opuso a lo pretendido en la demanda de tutela, toda vez que \u00aben ning\u00fan momento [\u2026] ha vulnerado los derechos fundamentales esgrimidos por el accionante\u00bb. <\/p>\n
8. El Procurador Regional de La Guajira, manifest\u00f3 que \u00abno es la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n la causante del da\u00f1o o perjuicio a los derechos fundamentales que el accionante considera como vulnerador y, por ende, los llamados a responder por presunto desconocimiento de los derechos aqu\u00ed invocados, por lo que tambi\u00e9n cabe rogar que se emita fallo inhibitorio en lo que concierne a esta entidad\u00bb. <\/p>\n
9. El Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, dispuso que \u00abno existe un nexo causal entre los hechos narrados en la tutela y las pretensiones que reclama el accionante y las facultades de este Consejo Seccional, evidenci\u00e1ndose una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicitamos atentamente desvincular al Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira de la causa rese\u00f1ada\u00bb. En consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
10. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, solicit\u00f3 \u00abnegar por improcedente la presente solicitud de tutela, porque esta Agencia Judicial no ha amenazado o conculcado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
11. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, indic\u00f3 que \u00abno encontr\u00f3 proceso alguno adelantado por Nicol\u00e1s Lubo Mendoza contra personas indeterminadas, luego no es posible emitir pronunciamiento sobre los hechos que dan cuenta de la declaratoria de pertenencia realizada en sentencia de 26 de julio de 1965 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riohacha, mucho menos de los dem\u00e1s esbozados en la acci\u00f3n por cuanto no ata\u00f1en a la competencia de esta judicatura\u00bb. <\/p>\n
12. La Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Riohacha pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, ya que, \u00abla inmediatez ha superado cualquier posibilidad sensata, pues los hechos ocurrieron en el a\u00f1o 1988 y desde esa fecha han transcurrido 20 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que no se cumplieron los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Al respecto, explic\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n no cumple con este presupuesto, dado que el actor se duele de las irregularidades que en su parecer present\u00f3 la licencia urban\u00edstica No. 035 de 2020, adiada 23 de abril de 2020, a la fecha de la admisi\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, tres de septiembre de 2021, ha transcurrido poco m\u00e1s de un a\u00f1o y cuatro meses, este t\u00e9rmino no satisface los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional al respecto, por cuanto resulta exceso que se acuda a la acci\u00f3n de tutela transcurrido un lapso superior a un a\u00f1o desde que se expidi\u00f3 la licencia urban\u00edstica en la modalidad subdivisi\u00f3n urbana y que genera la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s, el uso tard\u00edo de la tutela en este caso carece por completo de justificaci\u00f3n, pues el actor no explic\u00f3 ni alleg\u00f3 prueba sumaria alguna que justificara la mora en la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela sub examine\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, insisti\u00f3 que su caso \u00abno existe excusa para la manifestaci\u00f3n hecha en las consideraciones por el operador judicial apelado para no desatar la precipitada acci\u00f3n propuesta en sede de tutela al evadir el estudio del asunto al mejor estilo y no concretar lo manifestado y probado dejando a la imaginaci\u00f3n a algo que pudo subsanarse sin tener en cuenta el tiempo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan se extrae del contenido de la demanda, el gestor censura la Licencia Urban\u00edstica No. 035 de 2020, al estimar que hubo defectos procedimentales al momento de creaci\u00f3n de los F.M.I. y delimitaci\u00f3n de los predios de car\u00e1cter privado, circunstancia que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Temprano advierte esta Sala que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada se debe confirmar, tal como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
3. En efecto, la Corte concluye la improcedencia del ruego, por cuanto no se atiende al presupuesto de inmediatez, el cual ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como necesario para la procedencia de la tutela. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se expidi\u00f3 el acto administrativo recriminado \u00abel 25 de marzo de 2020\u00bb y, la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 3 de septiembre de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues las alegadas en el escrito de impugnaci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, se comparte lo consignado en la providencia impugnada con relaci\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario del amparo. Ello pues, el actor si a bien lo tiene puede \u00abacudir ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, juez natural para dirimir los conflictos presentados contra los actos administrativos [cuestionados]\u00bb, lo que imposibilita el uso de esta herramienta residual. <\/p>\n
5. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Rad. 89-929, Escritura P\u00fablica No. 1362 del 27 de diciembre de 1988 de la Notar\u00eda \u00danica de Riohacha. <\/p>\n
2\u0002 Dilia Francisca Caicedo Daza <\/p>\n
3\u0002 Luis Eduardo Castro Barros. <\/p>\n
<\/p>\n
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