STC13984-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13984-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03691-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nelson Enrique Rueda Rodr\u00edguez, en nombre de Julio Andr\u00e9s Morera Aldana, frente a Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso verbal de lesi\u00f3n enorme de radicado 2017-00100-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica y las formas propias del juicio del se\u00f1or Julio Andr\u00e9s Morera Aldana, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
El accionante refiere que, en el asunto objeto de la queja, se emiti\u00f3 fallo de primera instancia el 25 de octubre de 2019, decisi\u00f3n frente a la cual ambos extremos procesales formularon apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Al momento de la concesi\u00f3n del recurso, el juez de conocimiento puso de presente que \u00ab(\u2026) se dejar[\u00ed]an copias del mismo a costa de los apelantes, debiendo suministrar lo necesario para la expedici\u00f3n de las mencionadas copias en un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas (\u2026)\u00bb, carga procesal que, seg\u00fan afirma, \u00fanicamente acat\u00f3 la parte demandante, conforme a la constancia de secretar\u00eda de 5 de noviembre de 2019. <\/p>\n
En auto de 9 de marzo de 2020, el Tribunal orden\u00f3 devolver el expediente al estrado de origen, para que emitiera un pronunciamiento en relaci\u00f3n con el \u00abcumplimiento de las cargas procesales de los apelantes\u00bb. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 28 de agosto siguiente, el Juzgado de primer grado manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como es un hecho cierto que la parte demandada, estuvo atenta y presta a la consecuci\u00f3n de las fotocopias del proceso, que se le ordenaron, lo cual como ya hab\u00edan sido cubiertas por la demandante (constancia folio 446 vto), el acto de volver a fotocopiarlo, va contra los principios de la econom\u00eda y celeridad procesal y tanto estuvo presta a cumplir lo ordenado que ellos pagaron el porte de env\u00edo y regreso del expediente al superior, significando que entra ambas partes se distribuyeron las cargas ordenadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El 28 de junio de 2021, el colegiado accionado \u00ab(\u2026) admite el recurso a la parte demandada sin haber cumplido la carga procesal de pago de copias (\u2026), determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de s\u00faplica, que fue desatado el 24 de agosto posterior confirmando \u00abla admisi\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
Alega el promotor que, con la decisi\u00f3n de dar tr\u00e1mite a la alzada propuesta por el extremo pasivo, se incurre en un defecto procedimental absoluto, por \u00abviolaci\u00f3n al debido proceso, por indebida interpretaci\u00f3n y falsa motivaci\u00f3n\u00bb, dado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al hacer una indebida interpretaci\u00f3n al pretender ilegalmente derogar la orden judicial de pago de copias solo para el demandado, adem\u00e1s no interpreta bien la deserci\u00f3n del recurso y de lo que constituyen los requisitos para el recurso de apelaci\u00f3n de sentencia y adem\u00e1s la \u00fanica motivaci\u00f3n que enrostra es de doctrina y sobre el mismo punto existen doctrinantes de m\u00e1s peso que sostienen lo contrario, por ello la motivaci\u00f3n no es cierta y para rematar va en contra de motivaci\u00f3n que para el mismo punto el mismo despacho en mismo proceso y mismo hecho hab\u00eda generado en sentido contrario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A su parecer, el estudio preliminar efectuado por el ad quem \u00ab(\u2026) lleva impl\u00edcito de nuevo el examen de requisitos de concesi\u00f3n y ello implica (\u2026) el de cumplir con el pago de las copias, y ante su no cumplimiento la sanci\u00f3n aqu\u00ed en segunda instancia se denomina es inadmisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, pide, en concreto, ordenar a la autoridad accionada revocar el auto de 24 de agosto de 2021 y, en su lugar, \u00ab(\u2026) declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia interpuesto por la parte demandada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder se\u00f1alando \u00ab(\u2026) que las actuaciones adelantadas al interior del tr\u00e1mite de segunda instancia, se han ajustado a las previsiones normativas que regulan la materia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo del Circuito de Melgar \u2013Tolima- relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida e inform\u00f3 que, seg\u00fan constancia de la notificadora del Despacho, de 30 de octubre de 2019: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los dependientes del Dr. Dar\u00edo Enrique Barrag\u00e1n Camargo se acercaron tambi\u00e9n a las instalaciones del Juzgado a sufragar los gastos de las copias, pero fue imposible que ellos las pagaran porque ya la otra parte las hab\u00eda sufragado y consider[\u00f3] que era un gasto innecesario fotocopiar lo que ya se hab\u00eda fotocopiado (copias que deb\u00edan quedar en el juzgado tal como sucedi\u00f3) quedando ellos que entonces pagaban el env\u00edo del expediente lo que as\u00ed hicieron seg\u00fan consta en fotocopias arrimadas al tr\u00e1mite que aqu\u00ed qued\u00f3 en esta instancia folios 501 a 505 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de la parte demandada en el asunto cuestionado se opuso a la prosperidad del amparo, \u00abpor carecer de fundamento f\u00e1ctico y legal\u00bb, y solicit\u00f3 compulsar copias ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, \u00ab(\u2026) para que se investiguen las conductas temerarias y de mala fe del apoderado de la parte accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, se cuestiona el prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021, por el cual el colegiado accionado resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica que interpuso frente al auto de 28 de junio de 2021, que neg\u00f3 su solicitud de \u00abdeclaratoria desierta y\/o de inadmisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb impetrado por el extremo pasivo contra la sentencia dictada el 25 de octubre de 2019. <\/p>\n
2. La Sala advierte que no puede estudiar de fondo el amparo deprecado, toda vez que Nelson Enrique Rueda Rodr\u00edguez no es el titular de los derechos reclamados y no aport\u00f3 el poder especial que lo facultara a promover la tutela en representaci\u00f3n del se\u00f1or Julio Andr\u00e9s Morera Aldana. <\/p>\n
Ciertamente, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial, por medio del cual act\u00faa, o alegue su calidad de agente oficioso, lo que, en el presente asunto, no ocurri\u00f3. Dicho requisito de procedibilidad se encuentra prescrito en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que: <\/p>\n
\u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab\u2018(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u2018cualquier persona\u2019 puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u2018vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u2019, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u2018vulnerados o amenazados\u2019 aquellos (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u2018dispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2018(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u2018cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u2019. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u2019\u00bb (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02). <\/p>\n
Bajo este par\u00e1metro, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3, como consecuencia jur\u00eddica, la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019). <\/p>\n
As\u00ed mismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, si el accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para activar este medio excepcional de defensa, no es posible entrar a estudiar la legalidad de la actuaci\u00f3n dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en el proceso cuestionado respecto de Julio Andr\u00e9s Morera Aldana. <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se debe negar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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