STC13987-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13987-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-03754-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Neli Diaz Montenegro frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, con radicado 2019-0835-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. La actora manifiesta que, en el asunto objeto de queja, mediante auto de 11 de agosto de 2020, de manera oficiosa, el Juzgado accionado orden\u00f3 excluir de los inventarios y aval\u00faos el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1032125, determinaci\u00f3n que, seg\u00fan afirma, fue revocada en sede de apelaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2020, con fundamento en que \u00ab(\u2026) el juez, despu\u00e9s de aprobados los inventarios y aval\u00faos, no puede, unilateralmente, de oficio, motu propio y de manera s\u00fabita, bajo el abrigo de un control de legalidad, excluir partidas que quedaron relacionadas en los inventarios y aval\u00faos debidamente consolidados\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en auto de 21 de abril de 2021, el Juzgado acusado declar\u00f3 infundadas las objeciones por ella presentadas a la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n y, en cambio, acogi\u00f3 la objeci\u00f3n formulada por el demandado, seg\u00fan la cual la partici\u00f3n no deb\u00eda recaer sobre el predio antes identificado, por tratarse de un bien propio de aqu\u00e9l, determinaci\u00f3n que fue confirmada el 27 de septiembre siguiente por el colegiado convocado. <\/p>\n
En su criterio, este \u00faltimo pronunciamiento contraviene su debido proceso, pues desconoce que la etapa de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n no es la oportunidad procesal para excluir bienes que ya fueron debidamente inventariados y avaluados, de manera que, estando aprobada y concluida esta fase, \u00ab(\u2026) no puede presentarse objeci\u00f3n a la partici\u00f3n para hacer valer una objeci\u00f3n que debi\u00f3 ser presentada a los inventarios y aval\u00faos en su momento conforme al numeral 3\u00b0 del art. 501 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Agrega que la tarea del partidor consiste en efectuar una correcta y equitativa distribuci\u00f3n de los bienes, pero no en \u00ab(\u2026) revis[ar] el proceso y exclu[ir] bien alguno mediante objeci\u00f3n presentada por alguna de las partes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, pide, en concreto, revocar las providencias censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el expediente motivo de censura fue remitido al juzgado de origen desde el 4 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Quien afirm\u00f3 ser el apoderado de la contraparte de la aqu\u00ed tutelante en el asunto referenciado solicit\u00f3 declarar la improcedencia del ruego, se\u00f1alando que el actuar de las autoridades convocadas estuvo ajustado a derecho y no se vulneraron los derechos fundamentales de la promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actora cuestiona el auto de 27 de septiembre de 2021, por el cual el colegiado accionado confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo de 21 de abril anterior, que declar\u00f3 fundada la objeci\u00f3n incoada por el demandado y excluy\u00f3 \u00abde la diligencia de inventarios y aval\u00faos y del trabajo de partici\u00f3n el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 50C-1032125\u00bb, por tratarse de un bien propio de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. De entrada se enuncia que el an\u00e1lisis constitucional se ce\u00f1ir\u00e1 a la decisi\u00f3n de segunda instancia, porque con esta se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, es el criterio all\u00ed fijado el que se impone jur\u00eddicamente. <\/p>\n
3. Revisada la decisi\u00f3n censurada, se descarta la arbitrariedad alegada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Luego de relatar los argumentos expuestos por el a quo para acoger la objeci\u00f3n del all\u00ed demandado, el Tribunal puso de presente que, si bien, en providencia de 26 de noviembre de 2020, revoc\u00f3 la exclusi\u00f3n del aludido bien, en aquella oportunidad dicha decisi\u00f3n estaba justificada, porque \u00abhab\u00eda surgido, indebidamente, de la labor oficiosa del juez y no de una inconformidad formulada por los interesados\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo antelado, precis\u00f3 que la partici\u00f3n era una etapa procesal adecuada para solicitar la exclusi\u00f3n de partidas inventariadas, pues, aun cuando \u00ab[t]oda partici\u00f3n debe descansar sobre una base real constituida por los inventarios y aval\u00faos debidamente aprobados (\u2026) [ello] no significa que a los interesados les est\u00e9 vedado objetar la partici\u00f3n para peticionar la exclusi\u00f3n de bienes\u00bb. <\/p>\n
Para soportar su tesis, resalt\u00f3 algunos pronunciamientos de esta Sala, e indic\u00f3 que \u00abvarios son los espacios procesales para pretender la exclusi\u00f3n de bienes, entre otros, a saber: (i) la objeci\u00f3n a los inventarios; (ii) la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n y (iii) el proceso declarativo de exclusi\u00f3n de bienes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En efecto, ese criterio ha sido aceptado por la Sala, al sostener que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien los c\u00f3nyuges pueden controvertir los derechos que regula el mencionado r\u00e9gimen, no es menos cierto que deben hacerlo razonablemente dentro de los tr\u00e1mites previstos en la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, a la disoluci\u00f3n de esta \u00faltima, las discrepancias sobre la existencia o no de una subrogaci\u00f3n real, radica en si el bien ha adquirido la calidad de propio o qued\u00f3 como social, lo que, impl\u00edcita e inequ\u00edvocamente denota una controversia sobre la propiedad exclusiva del c\u00f3nyuge sobre dicho bien, o la pertenencia de \u00e9ste al haber de la sociedad conyugal con, si fuere el caso, la recompensa pertinente. <\/p>\n
Por ello se permite al c\u00f3nyuge debatir este punto mediante incidente en el proceso de liquidaci\u00f3n, tal como lo autorizan los numerales 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 3\u00ba del art\u00edculo 600 del mismo c\u00f3digo, seg\u00fan los cuales en el evento de existir desacuerdo, por medio de dicho tr\u00e1mite incidental deben resolverse previa o durante la diligencia de inventarios y aval\u00faos las diferencias que surjan, entre otras, respecto a la situaci\u00f3n jur\u00eddica de bien propio o social a efecto de ser excluido en la elaboraci\u00f3n de dicho inventario. Igualmente puede el c\u00f3nyuge controvertir este t\u00f3pico nuevamente en las objeciones a la partici\u00f3n, habida cuenta de que siendo la sentencia aprobatoria de \u00e9sta o de la adjudicaci\u00f3n la \u00fanica providencia sustantiva del proceso, es all\u00ed donde, para efecto liquidatorio, se precisan los derechos de quienes en el juicio intervinieron y no en los autos intermedios, que aunque tengan la jerarqu\u00eda de interlocutorios y se hallen ejecutoriados, no atan al fallador, dado que se trata de providencias que no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material. Tambi\u00e9n si sobre el mismo punto el c\u00f3nyuge ha objetado la partici\u00f3n acude a \u00e9l la legitimaci\u00f3n para apelar la decisi\u00f3n y si es del caso para recurrir en casaci\u00f3n la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u00bb <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, debe destacarse que ante la multiplicidad de escenarios procesales con los que cuentan las partes y los terceros para denunciar las eventuales irregularidades que puedan suscitarse en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, inclusive en la etapa de partici\u00f3n de bienes o a trav\u00e9s de proceso ordinario pidiendo la rescisi\u00f3n de la misma, la facultad oficiosa de anulabilidad se restringe para el funcionario judicial, no pudiendo entonces invalidar a su albedr\u00edo la actuaci\u00f3n surtida en un proceso cuando el inventario ha cobrado firmeza y las partes no han formulado oposici\u00f3n alguna frente al mismo, pues lo cierto es que dichas decisiones al cobrar ejecutoria se constituyen en ley procesal para las partes, a menos que con posterioridad se exprese su inconformidad por el directo interesado a trav\u00e9s de los medios establecidos para ello (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el Tribunal destac\u00f3 que, conforme a las pruebas obrantes en el plenario, se hallaba acreditado que el bien en cuesti\u00f3n, en efecto, no pertenec\u00eda a la masa social, \u00abal haber sido adquirido, seg\u00fan consta en las anotaciones del referido certificado, mediante escritura p\u00fablica n\u00b0. 526 de 8 de septiembre de 1988 (p.111, PDF 01, C1), es decir, mucho antes del matrimonio que las partes contrajeron el 28 de noviembre de 1992 (p. 83, PDF 01, C1)\u00bb. <\/p>\n
3.1. De lo anterior se vislumbra que el colegiado accionado concluy\u00f3, razonada y objetivamente, que la decisi\u00f3n del a quo de acoger la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n promovida por el extremo demandado y, en consecuencia, de excluir el inmueble en cuesti\u00f3n, por tratarse de un bien propio de aqu\u00e9l, estaba ajustada a la normatividad aplicable, a precedentes jurisprudenciales de esta Sala sobre la materia y a las pruebas obrantes en el plenario, por lo cual deven\u00eda procedente su ratificaci\u00f3n en sede de alzada. Luego, no se observa proceder arbitrario o caprichoso por parte de las autoridades convocadas, que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
3.3. Hechas las anteriores precisiones, se itera, la determinaci\u00f3n censurada se profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonado, de manera que no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda pretendida. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ, STC2356-2015, postura ratificada en STC6395-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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