STC13989-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03742-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela, instaurada por Edgar Maldonado contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero de Familia de Bello. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite verbal de radicado 2017-00965 00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El aqu\u00ed accionante instaur\u00f3 demanda verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial en contra de los herederos determinados \u2013Bibiana Marcela, Catalina de las Misericordias y Natalia Villa Eusse- e indeterminados del se\u00f1or Luis Carlos Villa Carmona (Q.E.P.D.)1. Por reparto, el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello, el cual, surtido el tr\u00e1mite de rigor, en audiencia del 10 de febrero de 2021, resolvi\u00f3 \u00abDeclarar probada las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada, ellas son; inexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y el patrimonio y el capital del se\u00f1or LUIS CARLOS VILLA, no fue producto de la ayuda y el socorro mutuo de compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el \u00abefecto suspensivo\u00bb2. <\/p>\n
2.2. El Tribunal querellado, con auto del 16 de marzo de 2021, admiti\u00f3 \u00abel recurso de APELACI\u00d3N interpuesto por el vocero judicial del demandante contra la sentencia de diez (10) de febrero de 2021 [\u2026]. Para ello, estipul\u00f3 \u00abel tr\u00e1mite previsto por el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, art\u00edculo 14\u00bb3. Sin embargo, el 16 de abril de los corrientes, declar\u00f3 \u00abdesierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026\u00bb, pues el actor \u00abno cumpli\u00f3 con la carga, de sustentar el recurso de alzada en forma oportuna, de acuerdo a lo reglado por el C G P, art\u00edculo 109, que ense\u00f1a \u201clos memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entender\u00e1n presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del d\u00eda en que vence el t\u00e9rmino\u201d; lo cual conducir\u00e1, a la declaraci\u00f3n de su deserci\u00f3n, en conformidad con el art\u00edculo 14\u00bb4. <\/p>\n
2.3. Frente a lo determinado, el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n5. No obstante, la Sala censurada el 24 de mayo de 2021, mantuvo su postura6. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, expresa que el juzgador ad quem \u00abalegando de manera err\u00f3nea un incumplimiento de una carga procesal, declara desierto el recurso, [que] fue debidamente fundamentado y expuestas las inconformidades con respecto a la sentencia, en primera instancia por la parte demandante, raz\u00f3n por la cual el procedimiento en segunda instancia no puede volverse obligatorio, puesto que el despacho de primera instancia exigi\u00f3, como requisito para admitir el recurso de apelaci\u00f3n, la debida fundamentaci\u00f3n, de inmediato en la audiencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Agrega que el \u00abdecreto legislativo 806 del 2020 en el art\u00edculo 14, tiene consigo una carga procesal, pero debemos conocer dicha instituci\u00f3n para saber si efectivamente lo estimado por el Honorable Magistrado, se adecua correctamente al consentimiento establecido por el legislador y s\u00ed est\u00e1 en consonancia con la jurisprudencia de la corte suprema de justicia sala de casaci\u00f3n civil como \u00f3rgano de cierre y la corte constitucional en sus ilustraciones sobre puntos de derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Insta, conforme a lo relatado, se revoque \u00abel auto de 16 de abril de 2021, proferido por el Tribunal Superior De Medell\u00edn Sala De Familia, que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida por el Juez Primero de Familia de Bello, por haber sido debidamente sustentado y admitido, en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es procedente acceder al auxilio constitucional, presentado por el se\u00f1or Edgar Maldonado, porque el mismo, en el fondo, se funda en la simple disparidad de criterios que tiene frente a la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la Sala, pretendiendo desconocer las consecuencias adversas que se derivan de su incuria procesal [\u2026]\u00bb7. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello, luego de hacer un recuento de lo acontecido al interior de la causa, indic\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno al se\u00f1or Edgar Maldonado, por lo que se solicita se declare improcedente la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb8. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que las actuaciones y providencias judiciales no pueden ser rebatidas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, a la luz de los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no debe el juez constitucional inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, a efectos de variar las decisiones proferidas o para dictaminar la manera en que debe procederse. <\/p>\n
Tal postura halla su excepci\u00f3n en aquellos precisos casos en los que el enjuiciador adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyo en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d, que autoriza la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el objetivo de restablecer el orden jur\u00eddico afectado, a falta de que \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad.2001-00183-01). <\/p>\n
2. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 24 de mayo de 2021, con el cual se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta frente al auto de 16 de abril anterior. Ello pues, a su juicio, sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en la audiencia donde se dict\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
4. En el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra de la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierta la alzada, el ad quem, estim\u00f3 que lo estipulado en el Decreto 806 del 2020 \u00ablleva a concluir que el desarrollo de la sustentaci\u00f3n implica que el recurrente fundamente, ante el superior, en el caso de la apelaci\u00f3n de una sentencia, los reparos concretos que el arroj\u00f3 en la primera instancia, pues, si no lo hace, la apelaci\u00f3n no congregar\u00e1 ese requisito y, consecuencialmente, caer\u00e1 en su deserci\u00f3n [\u2026]\u00bb. En efecto, manifest\u00f3 que, en el sub judice \u00abse observa que el recurrente no sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n, ante esta colegiatura en la oportunidad que tuvo para hacerlo, si se tiene en cuenta que no present\u00f3 su escrito en la ocasi\u00f3n que ten\u00eda para hacerlo, dado que no la llev\u00f3 al Tribunal, en el horario laboral del \u00faltimo d\u00eda, en el cual se le venc\u00eda ese t\u00e9rmino, porque la present\u00f3, despu\u00e9s de las 5 pm (C G P, art\u00edculo 109), o lo que es igual, lo adujo extempor\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, advirti\u00f3 que no observ\u00f3 \u00abla ocurrencia de una fuerza mayor que le impidiera al apelante presentar oportunamente la sustentaci\u00f3n de la alzada, puesto que ni siquiera aludi\u00f3 a ello, en el mensaje que recibi\u00f3 la Secretar\u00eda, en el correo institucional, el pasado 8 de abril, a las 9:56 p m9, ni ados\u00f3 al mismo alguna prueba, sobre el particular. Inclusive, el recurrente afirma que lo envi\u00f3, ese d\u00eda, \u201caproximadamente a las 4:30 P.M., adjuntando el memorial aludido y con el convencimiento de que, independiente en la demora de su procesamiento, el mismo ser\u00eda recibido ANTES de las 5:00 P.M. en el correo habilitado por el Tribunal para recibir memoriales\u201d. Sin embargo, solo existe, como elemento suasorio, sus propias afirmaciones, ante lo cual se reitera su presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, establece que el juez debe \u00abemitir un pronunciamiento, acerca de que no existen pruebas, para practicar, ni para decretar oficiosamente, con el fin de que se surta el lapso que tiene el censor, para sustentar la apelaci\u00f3n, porque un pronunciamiento en aquella direcci\u00f3n, como lo reclama el impugnante, atentar\u00eda contra la celeridad y eficiencia procesales, principios que informan a la administraci\u00f3n de justicia [\u2026], adem\u00e1s de que resultar\u00eda intrascendente y carente de todo sentido\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que el reclamante estaba advertido que esa instancia se regir\u00eda \u00abpor las previsiones del Decreto 806 de 2020, art\u00edculo 14 [\u2026], lo que refulge aqu\u00ed, pese a los diversos argumentos del recurrente, se remite a que este, a pesar de conocer y saber, en este proceso, que deb\u00eda sustentar, en el plurimencionado lapso, la apelaci\u00f3n, se desentendi\u00f3 de ello y dejo precluir la oportunidad que ten\u00eda para hacerlo (C G P, art\u00edculo 117), asumiendo voluntariamente las consecuencias de su comportamiento procesal: La deserci\u00f3n de su propia alzada\u00bb. <\/p>\n
5. De lo expuesto, la Corte no comparte ese razonamiento. En efecto, dada la situaci\u00f3n coyuntural que tuvo que afrontar la sociedad ante la pandemia ocasionada por el Covid-19, el Estado colombiano se vio en la necesidad de modificar las normas procesales vigentes a efectos de salvaguardar la salud de los usuarios del servicio de administraci\u00f3n de justicia, al tiempo de garantizar la prestaci\u00f3n continua del mismo. Fue por ello que, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, profiri\u00f3 el Decreto Ley 806 del 04 de junio del 2020, cuyo fin fue \u00abflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Bajo tal contexto, la aludida norma prescribi\u00f3, en su art\u00edculo 14, que una vez \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. A esa determinaci\u00f3n se arrib\u00f3 con el particular objetivo que la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se hiciera \u00aba trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb y sin que \u00abtenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
Para esta Corte, desde reciente jurisprudencia, ha sido di\u00e1fano que las reglas transitorias del tr\u00e1mite de segunda instancia implican una lectura desde el sistema escritural. As\u00ed lo record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC-7652-2021 del 24 de junio del a\u00f1o en curso, en la cual sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n9 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Cabe destacar entonces que, para esta Sala, la sanci\u00f3n consistente en declarar desierto un recurso de apelaci\u00f3n por la ausencia de sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es exclusiva del sistema de oralidad impuesto por el C\u00f3digo General del Proceso -que, es importante decirlo, volver\u00e1 a regir una vez expire el t\u00e9rmino de vigencia consagrado para el Decreto 806 de 2020-. Sin embargo, \u00aben vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb (STC5498-2021 del 12 de mayo del 2021). <\/p>\n
6. Bajo tales consideraciones, se observa que, en el caso en concreto, el apoderado del se\u00f1or Edgar Maldonado instaur\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2021. Tal proceder lo llev\u00f3 a cabo en la misma diligencia10, luego de proferirse el respectivo fallo. Una vez se le concedi\u00f3 la palabra para que sustentara la alzada, explic\u00f3 detalladamente cada una de las inconformidades por las que estimaba que deb\u00eda revocarse la providencia cuestionada. <\/p>\n
Sin embargo, como se vio en el numeral cuarto de la parte considerativa de este prove\u00eddo, para el Tribunal lo expuesto por el censor no pudo ser tomado como sustentaci\u00f3n de la alzada simplemente por el hecho de no haber sido interpuesto dentro del t\u00e9rmino que concedi\u00f3 en el auto del 16 de marzo de 2021. De manera que, omiti\u00f3 desatar de fondo el recurso de apelaci\u00f3n frente a los reparos concretos formulados y sustentados ante el juez de primera instancia. Ello pese a que el accionante se\u00f1al\u00f3 en detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia impugnada. Y como ello se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n demandada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el comportamiento de la autoridad judicial accionada comporta un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez que tal discernimiento resulta en una desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del gestor, en particular a su derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En el punto, es pertinente recordar que tocante al error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(…) este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad… porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, … (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u00bb (CC T-204\/18). <\/p>\n
7. Tales circunstancias justifican la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados, por lo que se ordenar\u00e1 a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que tras dejar sin valor ni efecto el auto de 24 de mayo de 2021, resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, con el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la acci\u00f3n de tutela solicitada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
PRIMERO: ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo dictado el 24 de mayo de 2021 y los que de este dependan, en el tr\u00e1mite de radicado 05088 31 10 001 2017 00965 01, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n, presentado por el quejoso contra el auto del 16 de abril de 2021, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero de Familia de Bello remitir en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional al Tribunal referido, con el fin de que d\u00e9 cumplimiento a la orden. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese esta providencia a las partes e interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03742-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo invocado por Edgar Maldonado en la tutela que instaur\u00f3 en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero de Familia de Bello Sala Civil. En consecuencia, orden\u00f3 a la Magistratura accionada que, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 24 de mayo de 2021 y los que de \u00e9l dependan, profiera uno nuevo respecto al recurso de reposici\u00f3n presentado por el quejoso contra el auto de 16 de abril del a\u00f1o avante, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n, en el proceso verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial n\u00b0 05088 31 10 001 2017 00965 01. <\/p>\n
Para ello, se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consist\u00eda en determinar si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, al expedir el interlocutorio de 16 de abril de 2021 que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y el de 24 de mayo siguiente que lo ratific\u00f3. <\/p>\n
Luego, anunci\u00f3 la prosperidad del resguardo suplicado \u00abtoda vez que la Colegiatura querellada al emitir la citada providencia incurri\u00f3 en los defectos que se le enrostran (\u2026)\u00bb, lo que sustent\u00f3, aduciendo que, \u00ab(\u2026) para esta Sala, la sanci\u00f3n consistente en declarar desierto un recurso de apelaci\u00f3n por la ausencia de sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es exclusiva del sistema de oralidad impuesto por el C\u00f3digo General del Proceso -que, es importante decirlo, volver\u00e1 a regir una vez expire el t\u00e9rmino de vigencia consagrado para el Decreto 806 de 2020-. Sin embargo, \u00aben vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb (STC5498-2021 del 12 de mayo del 2021). <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, \u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, el comportamiento de la autoridad judicial accionada comporta un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez que tal discernimiento resulta en una desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del gestor, en particular a su derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la protecci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida en tanto creo que el Tribunal Superior de Medell\u00edn no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara las prerrogativas b\u00e1sicas reclamadas por el tutelante. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por el recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador,carga que, creo, no es exclusiva del sistema de oralidad previsto en el C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite de los asuntos asignados a la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 5 del archivo PDF \u00ab01-U.M.H. 2017-965 Parte 1 Audiencia 7 septiembre\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab24-2017-965 Acta de Audiencia Union Marital Fallo\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00abAuto10427 admite apelaci\u00f3n sentencia umh\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00abAuto 10427 se declara desierto recurso apelaci\u00f3n (sustentaci\u00f3n extempor\u00e1nea)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Rama Judicial \u2013 Consulta de procesos. Consultado 13 de octubre de 2021. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00abAu-10427 Recurso reposici\u00f3n contra auto declara desierto apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
9\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Minutos 2:28:36 a 2:36:01 del archivo de audio \u00ab23-Audiencia 2017-0965 10-02-2021\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13989-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03742-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela, instaurada por Edgar Maldonado contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58602\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}