STC13992-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC13992-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jinneth Andrea Guti\u00e9rrez Encinales frente a los Juzgados Quinto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito, ambos de Palmira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso que gener\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abprincipio de preclusi\u00f3n procesal, [\u2026] respeto por la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, la garant\u00eda de la independencia y autonom\u00eda de los jueces y el sometimiento general de los conflictos a las competencias judiciales ordinarias\u00bb, presuntamente transgredidos por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Henry Montoya Cabal se declar\u00f3 deudor del se\u00f1or Luis Alfonso Ib\u00e1\u00f1ez Arzay\u00fas, al suscribir, el 16 de noviembre de 2011, dos pagar\u00e9s por valor de $16.000.000 y $5.000.000. El 27 de enero de 2020, el se\u00f1or Ib\u00e1\u00f1ez Arzay\u00fas le \u00absubrog\u00f3 la hipoteca No 3.975 del 25 de noviembre del a\u00f1o 2011\u00bb a la accionante. <\/p>\n
2.2. Ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira se tramit\u00f3 la ejecuci\u00f3n que la Fundaci\u00f3n Coomeva instaur\u00f3 contra Henry Montoya Cabal, Despacho que, \u00abmediante auto de sustanciaci\u00f3n No. 485 del 10 marzo de 2020, la reconoci\u00f3 como acreedora hipotecaria [\u2026] y en el mismo auto le solicita que haga valer su cr\u00e9dito sea exigible o no, dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n personal\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 30 de julio de 2020, solicit\u00f3 que se le adjudicara el inmueble hipotecado, pero el despacho inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n ejecutiva, por una serie de cuestionamientos formales, los cuales subsan\u00f3, no obstante, la demanda fue rechazada, el 2 de septiembre siguiente. Frente a dicha decisi\u00f3n formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Apelada la anterior decisi\u00f3n, el 10 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira la confirm\u00f3, en raz\u00f3n a que \u00ablos recibos de caja y las declaraciones extra juicio no constituyen prueba contra el deudor\u00bb. <\/p>\n
2.6. En criterio de la accionante, las autoridades judiciales acusadas no pod\u00edan rechazar la demanda \u00abpor un hecho del cual no solicito (sic) su subsanaci\u00f3n, siendo este subsanable\u00bb. <\/p>\n
3. Inconforme con lo anterior, la actora pidi\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, que se \u00abdeje sin efectos jur\u00eddicos los actos atacados, toda vez que los mismos est\u00e1n siendo interpretados de manera errada por el juez que los profiri\u00f3\u00bb y que se \u00abverifique el expediente, y todas las actuaciones procesales, a fin que exista un proceso transparente en el que las partes puedan ejercer el derecho al debido proceso de acuerdo a lo establecido en la normatividad nacional\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas, destac\u00f3 que su determinaci\u00f3n de rechazar la demanda obedeci\u00f3 a que \u00abal analizar los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo aportado como soporte de la ejecuci\u00f3n se estim\u00f3 que no se reun\u00edan ante su falta de certeza e idoneidad, de conformidad con los art\u00edculos 422 y 430 del C.G.P.\u00bb; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00ablos documentos aducidos como t\u00edtulo ejecutivo fueron aportados recibos de caja, y las declaraciones extrajuicio, no constituyen plena prueba en contra del deudor, por cuanto no provienen de \u00e9l, es decir, no los suscribi\u00f3 como s\u00ed lo hizo con los dos t\u00edtulos valores incorporados al expediente, pero de los cuales no se refiere pretensi\u00f3n de ninguna clase, y no es clara, ni expresa la obligaci\u00f3n, ni de donde surge, y la exigibilidad, el m\u00e1s importante, no se evidencia cuando se produce, o donde aparece una circunstancia de apremio para satisfacerla\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Coomeva S.A. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, pues precis\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno a la actora, toda vez que \u00abel proceso ejecutivo involucrado con la tutela corresponde a Fundaci\u00f3n Coomeva y no a Banco Coomeva S.A.\u00bb, personas jur\u00eddicas independientes. <\/p>\n
3. La Fundaci\u00f3n Coomeva pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, al no haberse vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, dado que \u00ablos autos demandados se encuentran ajustados a derecho, toda vez que se estar\u00eda vulnerando los derechos de la FUNDACION (sic) COOMEVA, cuando se pretende ejecutar una hipoteca con t\u00edtulos valores sin el lleno de los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tras se\u00f1alar que \u00abla irregularidad procesal derivada de vincular al presente tr\u00e1mite a Bancoomeva SA -cuando en realidad el ejecutante de la causa inicial es Fundaci\u00f3n Coomeva- qued\u00f3 plenamente subsanado, pues dicha entidad intervino en la actuaci\u00f3n ejerciendo su derecho de defensa\u00bb, procedi\u00f3 a declarar la improcedencia del amparo, por considerar que el Despacho accionado, \u00abal negar el mandamiento de pago, bajo una f\u00f3rmula de rechazo de la demanda, constituye una interpretaci\u00f3n legal del procedimiento ejecutivo, que no contempla -previamente- inadmitir la demanda cuando el t\u00edtulo presentado carece de los requisitos previstos en el art. 422 del CGP, antes 488 del CPC\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no exist\u00eda \u00abuna actuaci\u00f3n manifiestamente arbitraria, cuando lo \u00fanico que subyace es una diferencia de criterios interpretativos desde la orilla de la accionante, en torno a disposiciones del orden legal, la cual enmarca la carencia de relevancia constitucional de su pretensi\u00f3n de amparo. Incluso, la tutelante puede presentar -separadamente- una demanda ejecutiva haciendo efectiva su garant\u00eda real, exhibiendo all\u00ed el documento que re\u00fana las exigencias del t\u00edtulo ejecutivo, manteniendo los atributos de preferencia y persecuci\u00f3n como titular del derecho de hipoteca\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, quien reiter\u00f3 los argumentos de su escrito inicial y enfatiz\u00f3 que \u00abno se justifica que una vez se expida un auto por el cual se inadmita la demanda, el juez invoque su rechazo mencionando yerros que en su momento no menciono. Pues en virtud del principio de preclusi\u00f3n, si al momento de inadmitir la demanda no se se\u00f1alan todas las irregularidades que presente la misma, el Juez pierde la facultad de volver sobre el estudio de \u00e9sta, y \u00fanicamente le quedar\u00e1 ejercer el saneamiento de los vicios que se presenten\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que no compart\u00eda la decisi\u00f3n del Tribunal, \u00abporque en el expediente se encontraban los t\u00edtulos originales, y lo que en realidad puede estar errado es la liquidaci\u00f3n pero no los t\u00edtulos valor, toda vez que mi representada fue reconocida como acreedora hipotecaria\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la gestora pretende el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, as\u00ed como la invalidez de las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, dado que, en su sentir, no pod\u00edan rechazar la demanda \u00abpor un hecho del cual no solicito (sic) su subsanaci\u00f3n, siendo este subsanable\u00bb. <\/p>\n
2. De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que, si bien el reclamo se enfila contra las providencias dictadas en primera y en segunda instancia, el examen se circunscribir\u00e1 a la proferida en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues fue la que, en \u00faltimas, defini\u00f3 lo concerniente a la cuesti\u00f3n ahora rebatida. <\/p>\n
Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. De entrada, advierte la Sala que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues el resguardo impetrado carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga una anomal\u00eda tal que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a revocar el prove\u00eddo emitido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de la citada ciudad. <\/p>\n
Para el efecto, luego de hacer referencia a los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 7, 13, 14 y 422 del CGP, que hacen alusi\u00f3n al debido proceso, a la legalidad, la observancia de las normas procesales y a los t\u00edtulos ejecutivos, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos recibos de caja y las declaraciones extrajuicio\u00bb, que fueron base de la presente acci\u00f3n, \u00abno son claros expresos y actualmente exigibles, puesto que no provienen del demandado al no cumplir con los requisitos [\u2026] que se encuentran dispuestos en las normas procesales [\u2026] a efectos de proceder a librar mandamiento de pago pertinente\u00bb. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo examinado por el fallador de instancia y la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido (\u2026) <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026)\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se considera que la decisi\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n de que aquella fue proferida con fundamento en una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas aportadas al proceso, los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales, frente a lo cual la autoridad judicial concluy\u00f3 que los documentos allegados no permit\u00edan establecer la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible en contra del deudor. <\/p>\n
Ahora bien, los fundamentos con los cuales la actora recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos en que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira se bas\u00f3 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por la autoridad judicial cuestionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). Desde luego, en este escenario tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. <\/p>\n
5. Por lo explicado en precedencia, el fallo impugnado deber\u00e1 confirmarse. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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