STC13994-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13994-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03521-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandro Samuel P\u00e9rez Mantilla contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abbuena fe\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse declare impedido el H. Magistrado Fabio David Bernal Su\u00e1rez para revisar [sus] actuaciones\u00bb; que se decrete \u00abla nulidad [de] los fallos del 6 de julio de 2020 y 20 de septiembre de 2019 y de la fecha en adelante el H. Magistrado no revise [sus] actuaciones\u2026\u00bb; que se \u00abrealicen los tr\u00e1mites pertinentes para que se estudie la viabilidad del permiso de 72 horas y la redosificaci\u00f3n inaplicando el art. 14 de la Ley 890 de 2004\u00bb; que \u00ab[le] asignen otro juez de penas y medidas\u00bb; y que se \u00abrevise [su] redenci\u00f3n y sea recuperado el tiempo que [le] quitaron\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Sandro Samuel P\u00e9rez Mantilla, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 16 de diciembre de 2014, en la que lo absolvi\u00f3 al procesado, decisi\u00f3n que tras ser objeto de apelaci\u00f3n, fue revocada el 14 de mayo de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, conden\u00e1ndolo a 194 meses de prisi\u00f3n como autor de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. El 7 de octubre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 de oficio dicha condena, fijando la pena en 172 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la referida Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2020 le concedi\u00f3 al actor el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se encontraba privado de la libertad e injustamente condenado; que hab\u00eda sido discriminado y maltratado por presentar denuncia en contra del magistrado del Tribunal; y que todas sus peticiones eran denegadas, pues el magistrado ponente lo odiaba y no se hab\u00eda declarado impedido. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que pidi\u00f3 permiso de las 72 horas, solicitud que fue desestimada; que se no tuvo en cuenta la jurisprudencia citada, ni la finalidad de la resocializaci\u00f3n de la pena; que la Ley 1098 de 2006 no se encargaba de instituir los subrogados o beneficios, pues de ello se ocupaban los C\u00f3digos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que solo recib\u00eda atropellos, pues fue condenado siendo inocente, sin pruebas y en retaliaci\u00f3n por denunciar \u00abla mala aplicaci\u00f3n de la justicia colombiana\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1, as\u00ed como la Fiscal\u00eda 289 Seccional de esta ciudad informaron que el asunto criticado le fue asignado a la Fiscal\u00eda 233 Delegada de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formaci\u00f3n Sexuales. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n adujo que la petici\u00f3n de resguardo no involucraba las decisiones de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n y de casaci\u00f3n oficiosa proferidas; que si bien marginalmente el demandante aseguraba que fue arbitrariamente condenado, lo cierto es que en auto de 2 de diciembre de 2020 se le concedi\u00f3 el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria y se dispuso que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 surtiera el tr\u00e1mite all\u00ed se\u00f1alado, garantizando as\u00ed el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el principio de la doble conformidad judicial. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n del accionante; y que la inconformidad ahora expuesta no se relacionaba con el tr\u00e1mite adelantado en ese estrado. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que las providencias se dictaron conforme con la competencia dispuesta en la Ley 906 de 2004 y en el Acuerdo 10715 de 2017; que ya se hab\u00edan denegado dos tutelas interpuestas por el accionante, lo que pod\u00eda considerarse como temerario; que las determinaciones se emitieron conforme a derecho y garantizando las prerrogativas que le asist\u00edan al petente; que si bien el actor manifest\u00f3 que hab\u00eda denunciado al magistrado ponente por los hechos que consideraba discriminatorios e ilegales, lo cierto era que desconoc\u00eda dicha denuncia, adem\u00e1s que nunca se propuso un incidente de recusaci\u00f3n o impedimento contra uno o varios magistrados. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre los prove\u00eddos criticados de 11 de febrero y 6 de julio de 2020, con los que se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n del permiso de 72 horas, y la interposici\u00f3n de la tutela, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que el proceso penal se encuentra en curso, en tanto que en auto de 2 de diciembre de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n le concedi\u00f3 al accionante la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
Ciertamente, en la actuaci\u00f3n cuestionada el peticionario tiene la posibilidad de controvertir cualquier hecho o circunstancia que considere transgrede sus prerrogativas esenciales, raz\u00f3n por la que no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed sean adoptadas, pues tal asunto se encuentra en curso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u2018todos\u2019 los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u2019 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada en la STC, 4 sep. 2013, rad. 01391-01). <\/p>\n
4. Finalmente, se advierte que no obra medio de convicci\u00f3n que indique que el actor hubiese formulado recusaci\u00f3n contra el magistrado ponente de la censura, circunstancia que de por s\u00ed torna improcedente la salvaguarda suplicada, toda vez que el interesado cuenta con otros medios de defensa que le permiten garantizar sus derechos antes de acudir a este excepcional escenario. <\/p>\n
Sobre el particular, se recuerda que: <\/p>\n
\u2026la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo sustituto o paralelo de los procedimientos o recursos establecidos para la regular composici\u00f3n de los litigios, pues mientras las personas tengan a su alcance las v\u00edas regulares de defensa judicial, es all\u00e1 donde deben plantear sus peticiones, inconformidades y reclamos en torno a las decisiones o actuaciones que pueden afectar actual o potencialmente sus derechos fundamentales, en procura de que los jueces ordinarios, en su condici\u00f3n de garantes primarios y genuinos del ordenamiento jur\u00eddico, adopten las determinaciones que correspondan conforme a la constituci\u00f3n y la ley (CSJ STC, 15 feb. 2010, rad. 2010-0177-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC9135-2016, 6 jul., rad. 50-2016-00171-01; y STC1015-2017, 2 feb., rad. 2016-02139-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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