STC14010-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14010-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Franklin Germ\u00e1n Chaparro Carrillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la Corporaci\u00f3n acusada en la causa penal seguida en su contra por los delitos de homicidio agravado (en concurso homog\u00e9neo y sucesivo), homicidio agravado en la modalidad de tentativa (en concurso) y concierto para delinquir agravado, radicado bajo el No. 11001310700920090008101. <\/p>\n
Pide, en consecuencia, que \u00abse le ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, proceda mediante providencia a conceder al suscrito (\u2026) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria de 28 de junio de 2012, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar su reclamo aduce, que fue sindicado por los punibles mencionados, en raz\u00f3n de la \u00abmasacre\u00bb perpetrada por un \u00abgrupo de sicarios\u00bb, que el 22 de febrero de 2004, asesin\u00f3 al exalcalde de Villavicencio \u00d3mar L\u00f3pez Robayo, al agente de la Polic\u00eda Nacional H\u00edlmer Alberto Campo Valdez y a \u00c1ngel Norvey Huertas Ruales y Jacobo G\u00f3mez Torres, adem\u00e1s de causarle heridas a Yeimmy Marcela Villa Almeida y a Juan Carlos Cardona; no obstante, en sentencia de 27 de septiembre de 2011, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 lo absolvi\u00f3 de tales cargos. <\/p>\n
Apelada esa decisi\u00f3n por la Fiscal\u00eda y el representante de la parte civil, la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital en fallo de 28 de junio de 2012 la revoc\u00f3, para en su lugar, condenarlo \u00aba t\u00edtulo de determinador de homicidio agravado y homicidio agravado en el grado de tentativa\u00bb, as\u00ed como autor de concierto para delinquir agravado, imponi\u00e9ndole 476 meses de prisi\u00f3n, sin acceder a los mecanismos sustitutivos de ejecuci\u00f3n de la pena, decisi\u00f3n frente a la cual el petente interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, la autoridad aqu\u00ed accionada, en providencia de 24 de septiembre de 2014 inadmiti\u00f3 la demanda, al \u00abno cumplir los requisitos de t\u00e9cnica casaciones\u00bb. <\/p>\n
Relata que tras la emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de abril de 2014 de la Corte Constitucional, interpuso \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb frente al veredicto del Tribunal; empero, el juzgado que vigilaba su condena se neg\u00f3 a tramitarlo, indic\u00e1ndole que s\u00f3lo proced\u00eda para quienes fueron procesados en el marco de la Ley 906 de 2004 y \u00e9l lo hab\u00eda sido bajo los par\u00e1metros de la Ley 600 de 2000; y aunque formul\u00f3 \u00abapelaci\u00f3n\u00bb contra esa determinaci\u00f3n, as\u00ed como acciones de tutela, esos remedios fueron desestimados. <\/p>\n
A\u00f1ade que \u00aba\u00f1os m\u00e1s tarde\u00bb la Corte Constitucional emiti\u00f3 la sentencia SU-217 de 2019, d\u00e1ndole la raz\u00f3n, pues all\u00ed se precis\u00f3 que el \u00abderecho a impugnar\u00bb la primera condena, tambi\u00e9n se extiende a quienes fueron judicializados a la luz de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Acota que como el Congreso de la Rep\u00fablica no legisl\u00f3 lo relativo al mencionado instrumento procesal, la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 el auto AP-2118-2020 \u00abfijando como fecha m\u00e1xima para interponer el recurso de impugnaci\u00f3n el d\u00eda 20 de noviembre del 2020 y determin\u00f3 que este derecho proced\u00eda contra las sentencias que \u201cse dictaron, desde enero 30 del 2014 en \u00fanica instancia y las dem\u00e1s primeras condenas a las que se han extendido en esa providencia los efectos de la sentencia SU 146 de 2020\u00bb, por tanto, inco\u00f3, de nuevo, el \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb, pero \u00e9ste tambi\u00e9n le fue negado por la accionada el 2 de diciembre de 2020, y si bien interpuso reposici\u00f3n, esa determinaci\u00f3n se ratific\u00f3 el 19 de mayo de 2021, incurri\u00e9ndose con ello en irregularidad y lesi\u00f3n a sus garant\u00edas sustanciales, toda vez que se sostuvo, equivocadamente, que su condena se produjo con el fallo de 28 de junio de 2012, \u00absin tener en cuenta, que la sentencia qued\u00f3 ejecutoriada con posterioridad al 30 de enero de 2014 es decir, que la sentencia qued\u00f3 en firme el 24 de septiembre de 2014, fecha en la que se inadmiti\u00f3 la Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agrega que el instrumento de defensa que reclama le debe ser reconocido, pues es a trav\u00e9s del mismo que podr\u00e1 demostrar su inocencia, comoquiera que, en la actualidad, existen varias decisiones judiciales que prueban que no tuvo ninguna participaci\u00f3n en los hechos por los cuales fue condenado, adem\u00e1s, \u00abno resulta l\u00f3gico, que en la justicia ordinaria el determinador, con inconsistentes pruebas, sea yo, Franklin Germ\u00e1n Chaparro Carrillo y en la justicia transicional, producto de declaraciones juramentadas, a\u00f1os de investigaci\u00f3n y minuciosos an\u00e1lisis, los determinadores sean Miguel Arroyave y Euser Rond\u00f3n enemigo y rival pol\u00edtico de \u00d3mar L\u00f3pez Robayo y, quien previamente al homicidio lo hab\u00eda amenazado con los paramilitares, seg\u00fan informaci\u00f3n suministrada por la esposa del occiso, se\u00f1ora Tania Jaramillo y de otros seis testigos que certificaron esas amenazas y que ahora se corroboran con la informaci\u00f3n suministrada por la Fiscal\u00eda de Justicia y Paz, donde establece que la \u00fanica persona que incidi\u00f3 ante Miguel Arroyave para que cometiera el crimen fue Euser Rond\u00f3n hermano de Wilmar Rond\u00f3n y quien le inform\u00f3 a Miguel Arroyave que Omar L\u00f3pez Robayo era una persona adinerada producto de la contrataci\u00f3n Estatal, informaci\u00f3n por la cual Miguel Arroyave decidi\u00f3 extorsionarlo y ante su negativa a dar alg\u00fan dinero, orden\u00f3 asesinarlo\u00bb. <\/p>\n
Tras exponer in extenso el desconocimiento, por parte de la accionada, del precedente constitucional as\u00ed como de los instrumentos y decisiones internacionales, de los cuales puede colegirse un plazo m\u00e1s favorable a sus intereses para la interposici\u00f3n del remedio en controversia, esgrime que en otros decursos, tanto la Sala de Casaci\u00f3n Penal al desatar el remedio extraordinario, como la Sala de Casaci\u00f3n Civil en tr\u00e1mites de tutela, han advertido que debe revisarse la fecha de ejecutoria de la \u00abprimera condena\u00bb que pretende impugnarse; por tanto, como en su caso, tal firmeza tuvo lugar hasta el 24 de septiembre de 2014, debi\u00f3 accederse a la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb reclamada. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 11 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, relat\u00f3 los antecedentes del proceso reprochado y advirti\u00f3 la improcedencia del amparo, al no encontrarse satisfechos \u00ablos presupuestos exigidos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, con apego a lo se\u00f1alado en el fallo C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, reiterada entre otras, por la T-060 de 2016 ni se advierte la concurrencia de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad expres\u00f3, que emiti\u00f3 el fallo de primer grado en la causa censurada, absolviendo al tutelante, pronunciamiento recurrido y revocado por su Superior. Anot\u00f3 abstenerse de contestar la presente queja, al no enfilarse en su contra, e inform\u00f3 que el decurso se halla, en la actualidad en el Juzgado Veintis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital. <\/p>\n
c. El Fiscal 51 Especializado de la Direcci\u00f3n Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos advirti\u00f3 que, en su criterio, la protecci\u00f3n reclamada debe abrirse paso, por cuanto el fallo condenatorio dictado contra el censor \u00abqued\u00f3 ejecutoriada cuando se notific\u00f3 el auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n, el 8 de abril de 2021, en lo cual podr\u00eda tener raz\u00f3n, puesto legalmente es cierto que al ser recurrida en casaci\u00f3n la sentencia del Tribunal, esta no qued\u00f3 en firme en la fecha de su expedici\u00f3n, en tanto que las varias sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia, comprenden las sentencias que se encontraran en tr\u00e1mite de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
d. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3, que el amparo pedido debe desestimarse al no tener raz\u00f3n el promotor, pues \u00abla misma sala de Casaci\u00f3n Penal, se\u00f1al\u00f3 en el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n la improcedencia de extender el marco temporal al recurso a fechas no comprendidas en la sentencia de la Corte Constitucional que se\u00f1al\u00f3 que la doble conformidad se aplicar\u00eda para todos los casos en los cuales la sentencia condenatoria se haya dictado despu\u00e9s del 30 de enero de 2014, sin consideraci\u00f3n a su ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
e. La Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 la legalidad de las providencias refutadas y advirti\u00f3, que no incurri\u00f3 en desafuero o arbitrariedad; adem\u00e1s, asegur\u00f3 que si el censor estimaba la existencia de nuevas pruebas que pod\u00edan acreditar su inocencia, ten\u00eda a su alcance la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
f. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior y revisados los soportes adosados, se establece el fracaso de la salvaguarda reclamada, por cuanto no se halla desafuero o arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del Colegiado denunciado, conforme se extrae del \u00faltimo pronunciamiento rese\u00f1ado, pues all\u00ed adem\u00e1s de zanjarse la discusi\u00f3n en torno a la viabilidad del remedio pretendido por el reclamante, se contestaron con suficiencia los cuestionamientos del querellante, similares a los advertidos por esta v\u00eda residual. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Corporaci\u00f3n atacada, en el auto de 19 de mayo de 2021, inici\u00f3 destacando que el tutelante formul\u00f3 la reposici\u00f3n referida cimentado en \u00abque los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 8.2 de la CADH, 14.5 del PIDCP, el Acto Legislativo 01 de 2018 y la sentencia C 792 de 2014, consagran el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria sin ninguna limitaci\u00f3n\u00bb; por tanto, aseguro el censor que las normas convencionales obligaban \u00abal Estado y en su caso es urgente cumplirlas, m\u00e1s a\u00fan ante la certeza de saber qui\u00e9n realmente cometi\u00f3 el delito, como lo determin\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el AP del 21 de febrero de 2018\u00bb. <\/p>\n
Mas adelante, el actor en su recurso agreg\u00f3 que en la decisi\u00f3n controvertida no se hab\u00eda tenido \u00abcuenta que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 215 de 2016, resolvi\u00f3 que el factor temporal debe tenerse en cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia, no de la que se dicta el fallo. Incluso, en el caso del exministro Andr\u00e9s Felipe Arias, la Corte Suprema de Justicia hizo referencia a la ejecutoria de la sentencia y no a la fecha en que se profiere la decisi\u00f3n\u00bb; y aleg\u00f3, adem\u00e1s, \u00abque la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 tomar como fecha l\u00edmite el 30 de enero de 2014, en funci\u00f3n de la protecci\u00f3n de aforados constitucionales, como qued\u00f3 claro en el AP del 3 de septiembre de 2020, pero perfectamente se podr\u00eda tomar la mencionada en el caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, o la del caso Barreto Leiva Vs Venezuela. (\u2026) Es m\u00e1s, de atenerse al PIDCP, habr\u00eda podido establecer como referencia el a\u00f1o 2007, en el que se expidi\u00f3 la Observaci\u00f3n General n\u00famero 32, en la cual se estableci\u00f3 que \u201cla impugnaci\u00f3n opera en contra de toda condena impuesta por primera vez en el marco de un proceso penal\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expresado, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte comenz\u00f3 por memorar su postura jurisprudencial en torno al \u00abderecho a la impugnaci\u00f3n\u00bb de la condena emitida en \u00fanica instancia y frente a la primera condena en segundo grado, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abEn el AP del 3 de septiembre de 2020, radicado 34017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 tres condiciones indispensables para la procedencia de la impugnaci\u00f3n especial: <\/p>\n
(i) que se trate de la primera sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en asuntos contra aforados constitucionales, o al resolver el recurso de casaci\u00f3n, o por Tribunales Superiores al decidir el recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias absolutorias dictadas en primera instancia; <\/p>\n
(ii) que la sentencia se haya dictado despu\u00e9s del 30 de enero de 2014 y antes de expedirse el acto legislativo n\u00famero 01 de 2018. <\/p>\n
(iii) que la impugnaci\u00f3n se interponga antes del 20 de noviembre de 2020. <\/p>\n
(\u2026) En el AP del 3 de septiembre de 2020, radicado 34017, la Sala no fij\u00f3 infundadamente un t\u00e9rmino para que quienes hubiesen sido condenados por primera vez en los casos indicados anteriormente, pudieran acceder a que una autoridad judicial distinta y funcionalmente superior revise por v\u00eda de la impugnaci\u00f3n especial ese tipo de decisiones. Al contrario, a partir de lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 146 de 2020 -en la que sobre la base de un episodio particular tutel\u00f3 el derecho al debido proceso para un aforado constitucional\u2014, la Sala, ante la proverbial omisi\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica a legislar sobre la materia, decidi\u00f3 extender la garant\u00eda, en igualdad de condiciones, a los no aforados constitucionales. <\/p>\n
En ese marco, y bajo la consideraci\u00f3n de que la Corte Constitucional en diferentes decisiones de tutela ha tratado temas comunes con soluciones diferentes dependiendo de la casu\u00edstica tratada en cada caso, la providencia mencionada solucion\u00f3 el problema del acceso al recurso bajo un par\u00e1metro \u00fanico: la igualdad como presupuesto para garantizar el acceso a la revisi\u00f3n de la primera sentencia condenatoria, para los condenados por primera en vez en segunda instancia por los Tribunales Superiores, uno de los casos en donde se presentaba en la legislaci\u00f3n interna un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, expres\u00f3: (\u2026) \u201cSalvo la sentencia C-792 de 2014, que tiene efectos erga omnes, las decisiones de tutela en las que se trata el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria (asociadas a fallos anteriores al Acto Legislativo 01 de 2018), tienen tantas variables como soluciones, dependiendo de las situaciones juzgadas en cada caso. De all\u00ed que no haya una teor\u00eda uniforme ni una soluci\u00f3n \u00fanica acerca del derecho de impugnaci\u00f3n de la primera sentencia condenatoria, al tratarse de providencias que de acuerdo a la casu\u00edstica trazan bocetos con mutaciones imprevisibles que conducen a soluciones problem\u00e1ticas. (\u2026) Lo \u00fanico claro, atendiendo los t\u00e9rminos de la sentencia C-792 de 2014, es que los efectos de la inconstitucionalidad diferida all\u00ed decretada se iniciaron el 24 de abril de 2016, un a\u00f1o despu\u00e9s de su notificaci\u00f3n por edicto. (\u2026) Igualmente que por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018, se garantiz\u00f3 a partir de una nueva estructura procesal la impugnaci\u00f3n de la primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en procesos contra aforados constitucionales (art\u00edculos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2018).\u201d <\/p>\n
El derecho a impugnar la sentencia condenatoria a trav\u00e9s de un mecanismo amplio e integral es un est\u00e1ndar que no se discute. Bajo esa consideraci\u00f3n, para no generar desigualdades ante el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n legal, la Corte sustent\u00f3 en el principio de igualdad la raz\u00f3n de ser de la ampliaci\u00f3n del derecho. En ese sentido se debe recordar que el derecho a la igualdad implica, entre otras posibilidades, un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean m\u00e1s relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la diferencia)1. Sobre esa premisa, la similitud entre la situaci\u00f3n de los aforados, y los condenados por primera vez en segunda instancia por los tribunales, ten\u00eda en la imposibilidad de acceder al recurso la raz\u00f3n de ser de su cohesi\u00f3n, de manera que si se hab\u00eda amparado el derecho a la doble conformidad a los primeros, hab\u00eda que reconocer ese derecho a los segundos, bajo condiciones similares para no provocar desigualdades injustificadas ante situaciones id\u00e9nticas. <\/p>\n
Para no dejar dudas, en la providencia que se acaba de mencionar se indic\u00f3: (\u2026) \u201cBajo los mismos razonamientos anotados, con un fuerte acento en el derecho a la igualdad, cuya aplicaci\u00f3n franca y sin condiciones discriminatorias desvanece la idea de favorecimiento judicial a alguien en particular o a una parte privilegiada de ciudadanos, la Sala extender\u00e1 los efectos de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional a todas las personas sin fuero constitucional que resultaron condenadas desde el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto a la fecha definida para la procedencia del mecanismo discutido, el Colegiado querellado agreg\u00f3: \u00abEs un dato objetivo que no depende de si la providencia se encuentra ejecutoriada o no. Dejarlo a esas eventualidades, como lo alega el recurrente en su caso, ser\u00eda someter su procedencia a contingencias que desquiciar\u00edan la igualdad de trato que se fija a partir de un dato objetivo, m\u00e1s a\u00fan si, al igual que como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia SU 146 de 2020, la impugnaci\u00f3n se reconoce por primera vez con efectos retroactivos y no hacia el futuro. <\/p>\n
El requisito de que la sentencia condenatoria se haya dictado despu\u00e9s del 30 de enero de 2014, sin consideraci\u00f3n a su ejecutoria, guarda similitud con situaciones id\u00e9nticas que sirven para destacar consecuencias jur\u00eddicas que est\u00e1n dise\u00f1adas en funci\u00f3n exclusiva de la fecha de producci\u00f3n del acto jur\u00eddico. As\u00ed, por ejemplo, la Sala ha se\u00f1alado que la fecha en que se profiere el fallo de segunda instancia interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, desde el d\u00eda que se aprueba y no desde el d\u00eda en que la decisi\u00f3n se lee. Eso muestra que la fijaci\u00f3n de un plazo no sometido a la ejecutoria de la decisi\u00f3n no genera desigualdad de trato frente al derecho que se reconoce a otras personas en iguales condiciones, y que se realiza de mejor manera la finalidad perseguida si para fijar el plazo se descarta eventualidades que desnaturalizan la idea de igualdad a la que con la decisi\u00f3n se aspira al fijar un l\u00edmite objetivo. <\/p>\n
En este giro, hay que recordar que la igualdad se desconoce cu\u00e1ndo una norma (decisi\u00f3n en este caso) incluye a categor\u00edas de personas que debieron quedar fuera de su alcance (sobreinclusiva) o no incluye a todas las que debieron caer bajo su alcance (subinclusiva). En estos eventos se configura una vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad s\u00f3lo si la sobreinclusi\u00f3n o subinclusi\u00f3n son abiertamente desproporcionadas, cuesti\u00f3n que no ocurre al establecer una fecha id\u00e9ntica para todos los casos, con lo cual incluso se ampl\u00eda los efectos de las decisiones que sobre el tema ha dictado la Corte Constitucional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto de la pretensi\u00f3n del actor, relativa a que se fijara una fecha distinta a la establecida en el auto de 3 de septiembre de 2020 para la formulaci\u00f3n del recurso en discusi\u00f3n, atendiendo a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte indic\u00f3 que el peticionario alud\u00eda \u00aba las sentencias del 2 de julio de 2004, caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica (sobre la condena en \u00fanica instancia en un juicio ordinario), y a la del 17 de noviembre de 2009, fecha de la sentencia en el caso Barreto Leiva Vs Venezuela (condena proferida en \u00fanica instancia por la Corte Suprema contra un no aforado por conexidad)\u00bb; empero, \u00ab[e]l recurrente no explica por qu\u00e9 esas fechas ser\u00edan favorables a su pretensi\u00f3n, o cu\u00e1l ser\u00eda la diferencia con la establecida por la Sala, considerando que las sentencias de la Corte Interamericana que cita son igualmente anteriores a la sentencia de segunda instancia que se dict\u00f3 en su contra, por lo cual no tienen ninguna diferencia con la fecha que estableci\u00f3 la Corte para extender la garant\u00eda de la doble conformidad judicial a quienes no participaban de la misma situaci\u00f3n tratada en la Sentencia SU 146 de 2020, es decir, a quienes no fueron condenados por la Corte en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Las anteriores elucubraciones no resultan irregulares o arbitrarias, pues se hallan ajustadas al criterio de la Sala de Casaci\u00f3n especializada; adem\u00e1s, resuelven suficientemente los cuestionamientos aducidos por el tutelante, a quien se le explic\u00f3 la imposibilidad de acoger su interpretaci\u00f3n, dado que la accionada estableci\u00f3 una fecha de car\u00e1cter \u00abobjetivo\u00bb en aras de garantizar el derecho a la igualdad de todos los interesados en proponer el \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb frente a la condena emitida en \u00fanica instancia o por primera vez en segundo grado. Al punto, es necesario memorar que esta Sala, en un asunto reciente de id\u00e9nticos perfiles, estim\u00f3 razonada la postura del Alto Tribunal de Casaci\u00f3n Penal, concerniente a atender a la expedici\u00f3n de la sentencia susceptible del mencionado mecanismo y no a la data de su lectura o ejecutoria, en efecto, frente a tal postura, adujo, \u00abno se revela prima facie la disonancia argumental que el censor pregona de la accionada, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9lla no se observan arbitrarias o caprichosas, ni se hallan desprovistas de soporte legal o jurisprudencial, pues adem\u00e1s, lo resuelto encuentra consonancia con el pronunciamiento de la misma Sala \u2013 AP2118-2020 \u2013 en el que, al revalidar la aplicaci\u00f3n de la reclamada garant\u00eda, precis\u00f3 que la delimitaci\u00f3n en el tiempo fijada por el Alto Tribunal Constitucional obedeci\u00f3 a un an\u00e1lisis ponderado de los casos espec\u00edficos que se admitieron como \u00abest\u00e1ndares\u00bb internacionales de reconocimiento del mencionado recurso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a esa postura, mientras no se observe infundada, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial\u00bb (CSJ STC5085-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se itera, no se encuentra arbitrariedad o desafuero en la gesti\u00f3n de la accionada, pues la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
5. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
6. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n