STC14011-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14011-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03750-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Orlando Morillo P\u00e9rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al negarle la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda a la \u00abdoble conformidad\u00bb, dentro de la causa judicial tramitada en su contra, por el delito de acceso carnal violento. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, que \u00abconceda la impugnaci\u00f3n especial y, (\u2026) permita la sustentaci\u00f3n del recurso en debida manera\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido juicio fue absuelto el 28 de septiembre de 2012 por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que fue apelada y revocada el 28 de enero de 2016, por la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad, para en su lugar, condenarlo por primera vez por el referido il\u00edcito, decisi\u00f3n que atac\u00f3 y no fue casada el 13 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Narra que el 19 de noviembre de 2020, deprec\u00f3 ante ese mismo \u00f3rgano de cierre, la concesi\u00f3n de la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, mecanismo que \u00abotorga la garant\u00eda de la revisi\u00f3n integral de la primera sentencia condenatoria por parte de un tribunal superior, con el fin de que se hiciera revisi\u00f3n integral de la primera sentencia que me conden\u00f3, en apoyo de la sentencia de la Corte Constitucional SU-215 de 28 de abril de 2016, como derecho fundamental\u00bb, empero, mediante auto del 2 de diciembre siguiente, fue denegada por improcedente, \u00faltima determinaci\u00f3n que pese haber sido atacada a trav\u00e9s de la v\u00eda horizontal y del recurso de queja, se mantuvo inc\u00f3lume en providencia adiada 3 de marzo de la anualidad que avanza. <\/p>\n
Asevera que lo as\u00ed decidido vulnera de manera directa los bienes jur\u00eddicos que invoc\u00f3, en tanto que \u00ab[l]a casaci\u00f3n en s\u00ed misma, no cumple el fin de la doble conformidad, no porque el tipo de examen que efect\u00fae el juez de casaci\u00f3n sea distinto al que se realiza en el marco de la impugnaci\u00f3n especial, sino por[que] (\u2026) no se permite sustentar de manera ampl\u00eda, sin las limitaciones propias de la demanda [extraordinaria] (\u2026), especialmente por la finalidad que entra\u00f1a la doble conformidad, que persigue garantizar mediante el derecho de defensa, que el incriminado tenga la posibilidad de verificar si su condena se impuso correctamente, desde el resguardo de la seguridad jur\u00eddica\u00bb, por lo que insiste en la necesidad de que la decisi\u00f3n que por primera vez le fue adversa, sea revisada de manera integral y detallada, para que as\u00ed, sean \u00abdetectadas las falencias o yerros\u00bb, que la misma padezca, escenario que solo puede abrirse paso, a trav\u00e9s de la presente senda constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 12 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 de la solicitud de concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial contra la primera sentencia condenatoria, adem\u00e1s de remitir copia digital de las providencias objeto del an\u00e1lisis, narr\u00f3 que neg\u00f3 ese pedimento mediante auto AP3539 de 2 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n mantenida en reposici\u00f3n en prove\u00eddo AP779 de 3 de marzo de 2021. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al gestor se le respetaron sus derechos fundamentales, as\u00ed como, \u00abla garant\u00eda de la doble conformidad judicial se vio ampliamente amparada a trav\u00e9s del fallo CSJ SP, 13 may. 2020, rad. 47909, en el cual esta Corporaci\u00f3n llev\u00f3 a cabo un juicio integral de los argumentos que condujeron a la declaratoria de responsabilidad por parte del Tribunal. Concretamente, analiz\u00f3 con amplitud los motivos centrales del disenso, sin reparar en las deficiencias argumentativas de la demanda de casaci\u00f3n, al tiempo que valor\u00f3 a fondo las pruebas, cumpliendo, de esta manera, con las exigencias materiales de la impugnaci\u00f3n de la primera condena\u00bb. <\/p>\n
b). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Orlando Morillo P\u00e9rez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la decisi\u00f3n del 2 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, mantenida en sede de reposici\u00f3n en prove\u00eddo del 3 de marzo del presente a\u00f1o, que le neg\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial presentada contra la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 28 de enero de 2016, a trav\u00e9s de la cual fue condenado como autor del punible de acceso carnal violento, pues seg\u00fan su dicho, las pruebas recaudadas, no fueron valoradas a trav\u00e9s de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
3. Para la Sala tienen trascendencia los siguientes hechos probados dentro del expediente constitucional, a saber: <\/p>\n
3.1. El 28 de enero de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n absolutoria que dentro del precitado asunto hab\u00eda tomado el 28 de septiembre de 2012 el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta capital, y en su lugar, lo conden\u00f3 como autor del il\u00edcito individualizado en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
3.2. Contra lo determinado, el sentenciado interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue admitido y posteriormente fallado el 13 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, resolviendo no casar lo fallado. <\/p>\n
3.3. En prove\u00eddo AP3539 de 2 de diciembre de 2020, el \u00d3rgano de cierre Penal decidi\u00f3 \u00abDECLARAR improcedente la solicitud de impugnaci\u00f3n especial presentada por el defensor de ORLANDO MORILLO P\u00c9REZ\u00bb, ello, porque la primera condena contra aqu\u00e9l pronunciada, \u00abno se enmarca dentro de las hip\u00f3tesis se\u00f1aladas jurisprudencialmente, por cuanto el procesado tuvo a su alcance un mecanismo de corroboraci\u00f3n, como lo fue el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para revisar la responsabilidad penal erigida en su contra. <\/p>\n
En efecto, en el auto admisorio de la demanda se superaron los defectos de la misma, con el fin de que el acusado y su apoderado tuvieran la oportunidad de exponer los motivos de sus inconformidades con la sentencia del Tribunal, posibilidad que se materializ\u00f3 en la respectiva audiencia en la que el defensor realiz\u00f3 su intervenci\u00f3n al margen de la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n. De ah\u00ed que en el correspondiente fallo la Sala precis\u00f3 que analizar\u00eda las censuras aducidas por el defensor sin reparar en las deficiencias argumentativas, con el fin de garantizar el derecho a la doble conformidad. <\/p>\n
As\u00ed, llev\u00f3 a cabo de manera rigurosa el estudio de constitucionalidad y legalidad de la sentencia recurrida, ejercicio en el cual se revisaron a fondo todas las pruebas incorporadas a la actuaci\u00f3n, decidiendo no casar. <\/p>\n
De esa manera, result\u00f3 corroborada la condena, satisfaci\u00e9ndose el derecho de impugnaci\u00f3n al ser sometida a revisi\u00f3n aquella decisi\u00f3n judicial. A ese respecto, la Sala ha sostenido, en consonancia con el derecho internacional, que lo importante en la labor de preservar el derecho a la doble conformidad es que el recurso garantice el examen integral de la decisi\u00f3n por un superior, independientemente del nombre que se le asigne al mismo. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, al asentir que \u00abIndependientemente de la denominaci\u00f3n que se le d\u00e9 al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisi\u00f3n recurrida\u00bb. <\/p>\n
3.4. Lo determinado fue atacado mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero fue mantenido mediante decisi\u00f3n AP779 de 3 de marzo de 2021. <\/p>\n
4. De entrada corresponde precisar, que esta Sala en asuntos de contornos similares, hab\u00eda sostenido el criterio que, para garantizar el respecto a la garant\u00eda de la doble conformidad, la impugnaci\u00f3n especial y el recurso de casaci\u00f3n, deb\u00edan tramitarse de manera independiente y sucesiva, de manera que la casaci\u00f3n proceder\u00eda solo despu\u00e9s de agotado aquel recurso, consider\u00e1ndose al respecto que: <\/p>\n
\u00abLa impugnaci\u00f3n especial implica una nueva etapa procesal tras proferirse el primer fallo condenatorio precedido de absoluci\u00f3n, o al haberse emitido el de \u00fanica instancia, con car\u00e1cter condenatorio. <\/p>\n
Como corolario, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede tener cabida antes de la doble conformidad; pero contrario sensu, es procedente luego de evacuarse la impugnaci\u00f3n especial\u2026 <\/p>\n
Para esta Sala, ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas dis\u00edmiles, pudi\u00e9ndose y debi\u00e9ndose rituar el primero y, luego, el segundo\u2026 <\/p>\n
Para la Corte, la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019, en manera alguna, diluye el remedio extraordinario de casaci\u00f3n frente a la primera condena dictada en segunda instancia contra un ciudadano. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como se ha rese\u00f1ado a lo largo de esta providencia, una y otra defensa son mecanismos independientes, con prop\u00f3sitos dis\u00edmiles. <\/p>\n
Del mismo modo, la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019 constituye un nuevo escenario procesal cuando el ad quem revoca la decisi\u00f3n absolutoria y, en su lugar, condena al encausado. En ese momento, el interesado cuenta con dicho instrumento defensivo y, tras agotarse, tiene lugar la casaci\u00f3n\u00bb (STC-077-2021). <\/p>\n
Ese mismo criterio fue sostenido en el pronunciamiento STC4650-2021 de 29 de abril hoga\u00f1o, donde se consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abque la \u2018doble conformidad\u2019, tambi\u00e9n denominada \u2018doble verificaci\u00f3n\u2019, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, debe surtirse como un \u2018recurso ordinario, sencillo, eficaz, accesible\u2019 e implica una nueva etapa procesal, a fin de \u2018garantizar\u2019 la revisi\u00f3n del fallo \u2018condenatorio\u2019 proferido por primera vez en segunda o en \u00fanica instancia, por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda -diferente al que lo dict\u00f3-, sin que tenga sustento la deducci\u00f3n de que el agotamiento de la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019 reemplaza y\/o diluye el \u2018recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2019 o viceversa, en virtud a que son mecanismos aut\u00f3nomos y con fines distintos. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el \u2018recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2019 no puede tener cabida antes de la \u2018doble conformidad\u2019; contrario sensu, es procedente luego de evacuarse la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019\u2026 <\/p>\n
(\u2026) son caracter\u00edsticas propias de la \u2018doble conformidad\u2019: (i) La posibilidad de atacar la primera condena y ejercer de manera ampl\u00eda el \u2018derecho a la defensa y contradicci\u00f3n frente a esta\u2019; (ii) La obligaci\u00f3n que los cuestionamientos del recurrente sean examinados por una \u2018instancia judicial\u2019 distinta a la que impuso la \u2018condena\u2019; (iii) El recurso debe ser ordinario, sencillo y eficaz que permita un amplio control formal y material de la \u2018condena\u2019; (iv) Su prop\u00f3sito no puede surtirse con otras herramientas extraordinarias como la casaci\u00f3n o revisi\u00f3n y; (v) No es propiamente una apelaci\u00f3n, sino el \u2018derecho fundamental a la doble verificaci\u00f3n de la primera condena\u2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Empero, ambas decisiones fueron revocadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddos STL2218-2021 y STL6115-2021, respectivamente, con fundamento en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal al resolver los recursos de casaci\u00f3n, garantiz\u00f3 la doble conformidad, al haber estudiado all\u00ed de fondo la primera condena; por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que la impugnaci\u00f3n especial se respeta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuando en la sentencia de casaci\u00f3n efect\u00faa un an\u00e1lisis de la controversia jur\u00eddica abordada en el fallo objeto del recurso, m\u00e1s all\u00e1 de las causales del mismo, tem\u00e1tica sobre la cual ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla Sala observa que la jurisprudencia constitucional m\u00e1s reciente reconoce que los art\u00edculos 29 superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP prev\u00e9n la existencia del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria que se dicte en el marco de un proceso penal, mediante el cuestionamiento de todos los aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos de la sentencia, ante un juez diferente del que impuso la condena, al margen de si se trata de un proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, o de si la primera sentencia inculpatoria se dict\u00f3 en segunda instancia o, incluso, en sede de casaci\u00f3n. En este sentido, el mecanismo para impugnar debe garantizar que la autoridad competente para resolver el recurso pueda realizar una revisi\u00f3n completa del fallo, que abarque no solo la sentencia recurrida, sino principalmente el problema jur\u00eddico central del caso, y que no est\u00e9 sujeta a causales que impidan el examen abierto de la misma. <\/p>\n
Si bien, en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no cumple estas caracter\u00edsticas, corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n cumple materialmente los requerimientos b\u00e1sicos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deber\u00e1 examinar, esencialmente, si (i) m\u00e1s all\u00e1 del examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casaci\u00f3n alegadas, la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 la controversia jur\u00eddica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la revisi\u00f3n del fallo la adelant\u00f3 una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena\u2026 <\/p>\n
\u2026Visto lo anterior, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluye que la sentencia contra la cual se interpuso la acci\u00f3n de tutela de la referencia s\u00ed satisface los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la doble conformidad judicial fijados por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, toda vez que (i) hizo una revisi\u00f3n completa, amplia, exhaustiva e integral de la controversia jur\u00eddica que dio origen al proceso penal adelantado contra el actor, que no se limit\u00f3 a la decisi\u00f3n condenatoria adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, ni a las causales de casaci\u00f3n alegadas; y (ii) fue dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. <\/p>\n
Es claro que la f\u00f3rmula de la Sala de Casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impugnaci\u00f3n de la primera condena result\u00f3 razonable, de modo que el derecho a la doble conformidad del accionante logr\u00f3 su m\u00e1xima realizaci\u00f3n, en la medida de las posibilidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso, pues hizo uso de las herramientas legales, procesales y jurisprudenciales de las que dispon\u00eda para ese momento. <\/p>\n
En este sentido, la sentencia de casaci\u00f3n del 29 de agosto de 2018 no incurri\u00f3 en el defecto de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, ya que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, s\u00ed garantiz\u00f3 el derecho a la doble conformidad judicial reconocido en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n, 14.5 del PIDCP y 8.2.h de la CADH, y desarrollado jurisprudencialmente por esta Corporaci\u00f3n, particularmente en la Sentencia C-792 de 2014, en la medida en que dos jueces diferentes analizaron su responsabilidad en la comisi\u00f3n de los hechos indilgados\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Este entendimiento fue reiterado por la Corte Constitucional en prove\u00eddo SU-454 de 2019, y finalmente en sentencia SU-488 de 2020, donde se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profiri\u00f3 la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, con independencia de la nominaci\u00f3n del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del dise\u00f1o legal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocer\u00eda el derecho a la doble conformidad. Esta valoraci\u00f3n, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisi\u00f3n oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, esta Sala opt\u00f3 en sentencia STC11947-2021 del pasado 14 de septiembre, por recoger la tesis que ven\u00eda sosteniendo sobre la tem\u00e1tica en comento, para entonces, acoger la postura expuesta por la Corte Constitucional, \u00aben procura de salvaguardar el principio de seguridad jur\u00eddica y de hacer efectiva la garant\u00eda de doble conformidad. As\u00ed las cosas, se advierte que, en asuntos como el que ahora se decide, corresponde al juez constitucional verificar si se respet\u00f3 la garant\u00eda en menci\u00f3n al resolver el recurso de casaci\u00f3n, en el sentido de que la primera condena haya sido revisada por una autoridad distinta a la que la profiri\u00f3 y que se hubiere efectuado un estudio de fondo de la controversia jur\u00eddica subyacente\u00bb. <\/p>\n
6. Bajo este panorama, analizar\u00e1 entonces la Sala si en la sentencia de casaci\u00f3n emitida dentro del asunto el 13 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, se cumplieron los anotados requisitos para tener por garantizada la doble conformidad, m\u00e1s all\u00e1 de la evaluaci\u00f3n de legalidad verificada sobre la primera sentencia condenatoria, prop\u00f3sito para el cual se observa, que lo all\u00ed decidido respecto del condenado Orlando Morillo P\u00e9rez se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas que dieron cuenta de los hechos sucedidos el 16 de enero de 2010, en los que Ingrid Lorena Diaz Mart\u00edn, quien para esa \u00e9poca contaba con 22 a\u00f1os de edad, fue amenazada y obligada a tener relaciones sexuales vaginales con \u00e9l. <\/p>\n
7. Hecha esa contextualizaci\u00f3n, y revisado el contenido del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario, observa la Corte que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de hacer una relaci\u00f3n de a) las pruebas incorporadas al juicio oral, b) los fundamentos del fallo de primera instancia, c) los argumentos del fallo se segundo grado, d) los errores planteados en la demanda, acerca de las fallas investigativas de la fiscal\u00eda, los errores de raciocinio, las contradicciones de las declaraciones de la denunciante, las inconsistencias del dictamen psiqui\u00e1trico de \u00e9sta y las desavenencias de los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[e]l an\u00e1lisis probatorio realizado permite a la Sala concluir que los cargos formulados en la demanda de casaci\u00f3n no est\u00e1n llamados a prosperar, y que la prueba que sustenta la decisi\u00f3n de condena cumple los est\u00e1ndares requeridos por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal para afirmar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la existencia del delito de violaci\u00f3n y la responsabilidad penal de ORLANDO MORILLO P\u00c9REZ en el mismo, en condici\u00f3n de autor. <\/p>\n
No solo se cuenta con el testimonio de INGRID LORENA D\u00cdAZ MART\u00cdN, quien informa, en condici\u00f3n de v\u00edctima, los pormenores de la acci\u00f3n criminal, sino tambi\u00e9n, con la valoraci\u00f3n siqui\u00e1trica realizada por el Instituto de Medicina Legal, que informa de las secuelas dejadas por el acto sexual violento, los cuales, en criterio de la Sala, constituyen elementos de prueba suficientes para llegar a la convicci\u00f3n racional de que ORLANDO MORILLO P\u00c9REZ cometi\u00f3 el delito que se le imputa. <\/p>\n
Adicionalmente, la Sala no advierte que exista motivo alguno que hubiera podido inducir a la testigo a formular una denuncia falsa en contra de una persona que no conoc\u00eda y con la que no hab\u00eda tenido relaci\u00f3n de \u00edndole alguna. Admitir que INGRID LORENA actu\u00f3 por venganza, porque el acusado se neg\u00f3 a suministrarle ochenta mil pesos por los servicios sexuales prestados, no tiene sentido, (i) por la nimiedad del motivo, (ii) la carga que implicaba someterse al proceso penal, y (iii) el alto costo que aparejaba poner al descubierto de sus padres, sus amigos, compa\u00f1eros de estudio y comunidad, una condici\u00f3n sexual estigmatizante, que quienes la ostentan prefieren ocultar. <\/p>\n
La inmediatez de la denuncia penal y la actitud asumida por la v\u00edctima desde el momento mismo que fue dejada en libertad, de colaborar decididamente con la justicia y asumir con estoicismo y pundonor las vicisitudes del tr\u00e1mite del proceso penal, son tambi\u00e9n factores que contribuyen a imprimirle solidez a sus se\u00f1alamientos y a descartar cualquier sospecha de manipulaci\u00f3n, enga\u00f1o o confabulaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n convergen en esta direcci\u00f3n, la consistencia de sus distintos relatos y las particularidades de su exposici\u00f3n oral en el juicio, entre las que cabe destacar su secuencia l\u00f3gica, espontaneidad, riqueza descriptiva y profundo impacto afectivo y emocional, caracterizaciones que solo es posible encontrar en personas que han vivido realmente los hechos de los cuales informan. <\/p>\n
Finalmente se tienen los resultados de la valoraci\u00f3n siqui\u00e1trica, que como se dej\u00f3 visto, informan de las secuelas dejadas en la v\u00edctima por el acto delictivo, espec\u00edficamente del hallazgo de huella de estr\u00e9s postraum\u00e1tico, con respaldo fisiol\u00f3gico, y de la imposibilidad de que un trauma de estas caracter\u00edsticas pueda ser fingido o simulado, que refrendan la credibilidad de la v\u00edctima y despejan cualquier duda sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como de las pruebas recaudadas se evidencia que ORLANDO MORILLO P\u00c9REZ retuvo y someti\u00f3 a la v\u00edctima contra su voluntad por unas horas, se dispone por la secretar\u00eda de la Sala compulsar copias del expediente junto con las evidencias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a fin de que se establezca la posible comisi\u00f3n del delito de secuestro, as\u00ed como la identificaci\u00f3n e investigaci\u00f3n penal contra el otro interviniente (hombre moreno acuerpado) que ayud\u00f3 al antes mencionado en su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
8. Estos argumentos, que fueron expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no s\u00f3lo para declarar infundado el \u00fanico cargo elevado por el actor contra la sentencia del Tribunal, relacionados con la indebida valoraci\u00f3n probatoria, sino para \u00abgarantizar el principio de doble conformidad\u00bb, tal y como lo anot\u00f3 al empezar con en el estudio concreto, momento en el que especific\u00f3 que el mismo deber\u00eda remitirse, \u00aben su orden, a los siguientes aspectos: (i) pruebas incorporadas en el juicio oral, (ii) fundamentos del fallo de primera instancia, (iii) fundamentos del fallo de 26 segunda instancia, y (iv) errores planteados en la demanda, (v) an\u00e1lisis de otros cuestionamientos, y (vi) conclusiones\u00bb, fue desarrollado de manera tal que, requiri\u00f3 un detallado an\u00e1lisis del hecho delictivo fundamentado en las pruebas recaudadas durante el juicio, probanzas que fueron sopesadas en su conjunto por la Colegiatura convocada, para reafirmar la autor\u00eda del gestor en la comisi\u00f3n del delito enjuiciado, lo que entonces, colma las exigencias de la garant\u00eda de la doble conformidad, al haberse revisado la primera condena por una segunda autoridad distinta de aqu\u00e9lla que la profiri\u00f3. <\/p>\n
De este modo, entonces, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 2 de diciembre de 2020, mantenida el pasado 3 de marzo, con que neg\u00f3 aplicar la garant\u00eda de la doble conformidad al asunto, porque en el fallo de casaci\u00f3n acabado de analizar se hizo un pronunciamiento de fondo sobre la primera condena impuesta al aqu\u00ed inconforme, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
9. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma o al criterio jurisprudencial que est\u00e1 llamado a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
10. Corolario de lo expuesto, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14011-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC14011-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03750-00 Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Orlando Morillo P\u00e9rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00b8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}