STC14014-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14014-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03762-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.., contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, el Banco Agrario de Colombia SA, el Banco BNG Sudameris y la se\u00f1ora Elena Mesa Sierra Gerente Regional del Banco GNB Sudameris, la que se hace extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de aquella ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito de amparo, y por solicitud expresa de la parte accionante, al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, y a la Red Nacional de Veedur\u00edas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La EPS promotora del amparo reclama por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social \u00abde toda nuestra poblaci\u00f3n pobre y vulnerable perteneciente a los niveles I, II y III del Sisb\u00e9n, y afiliados en movilidad, contributivo\u00bb, al debido proceso, a \u00abla protecci\u00f3n de los recursos del sistema general de seguridad social en salud \u2013 SGSSS\u00bb, al \u00abflujo normal de los recursos del SGSSS\u00bb, y, al m\u00ednimo vital \u00abde los trabajadores de COOSALUD EPS S.A.\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la medida cautelar de embargo de cuentas bancarias que decret\u00f3 en el marco del proceso ejecutivo que en su contra adelanta Mediasistir S.A.S., con radicado No. 2019-00046-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena \u00abrevo[car]la medida cautelar en al que ordena el embargo de los dineros contenidos en las cuentas maestras de COOSALUD EPS dentro del [referido proceso\u00bb, en consecuencia \u00ablibrar los t\u00edtulos judiciales por el valor de $887\u00b4824.337 a favor de Coosalud EPS (\u2026) [y que]se abstenga y se inhiba de ordenar la entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a cualquiera de los ejecutantes y\/o sus apoderado en el [cobro judicial del asunto]\u00bb, as\u00ed mismo, ordenar al Banco GNB Sudameris S.A. y a Elena Meza Sierra, en calidad de gerente regional de esa entidad \u00abel desbloqueo y levantamiento inmediato de los recursos financieros y parafiscales de salud retenidos en las cuentas maestras [y que] se abstenga y se inhiba de realizar la entrega y pagar t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a cualquiera de los ejecutantes\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que presta el servicio de salud a poblaci\u00f3n de escasos recursos, perteneciente a los niveles I, II y III del Sisb\u00e9n, r\u00e9gimen subsidiado y movilidad, contributivo, y para ello, los recursos de la UPC del r\u00e9gimen subsidiado son inembargables, conforme lo advirti\u00f3 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en la directiva No. 22 de abril de 2010, donde inst\u00f3 a las entidades bancarias, jueces de la rep\u00fablica y a la Superintendencia Financiera, para que acataran dicha restricci\u00f3n, as\u00ed mismo, la Ley 1751 de 2015 en su art\u00edculo 25 prev\u00e9 la mencionada inembargabilidad de los recursos que tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la salud. <\/p>\n
Sostiene que tiene cuatro cuentas maestras en el Banco Sudameris, las cuales manejan exclusivamente dinero para el r\u00e9gimen subsidiado y contributivo, que por ende no pertenece a su patrimonio, ya que est\u00e1 destinado para el proceso de compensaci\u00f3n que efect\u00faa la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad – ADRES. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el bloqueo del dinero de esas cuentas, debido al embargo decretado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, le impide destinarlo a la prestaci\u00f3n del servicio de salud a sus usuarios o afiliados, vulnerando los derechos superiores de \u00e9stos; que el pasado 28 de septiembre el Banco GNB Sudameris S.A. consign\u00f3 en la cuenta de dep\u00f3sito judicial del mencionado estrado en Banagrario SA la suma de $887\u00b4824.337,oo, recursos que descont\u00f3 de sus cuentas maestras, situaci\u00f3n que, en su criterio, abre paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 12 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Banco Agrario de Colombia indic\u00f3, que seg\u00fan lo informado por el \u00c1rea de Dep\u00f3sitos Especiales de la Vicepresidencia de Operaciones, hay dos (2) dep\u00f3sitos judiciales constituidos a nombre de la aqu\u00ed accionante que fueron depositados a favor del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, de los cuales uno (1) a\u00fan no ha sido pagado; que su funci\u00f3n es la de receptor de los dep\u00f3sitos constituidos dentro de un proceso judicial y su posterior pago pago, previa orden del funcionario competente, por lo cual pidi\u00f3 se lo desvincule del presente tr\u00e1mite por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que la inembargabilidad de los recursos depositados en cuentas maestras tiene excepciones ampliamente establecidas en la jurisprudencia, tanto as\u00ed que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 la Circular 001 de 23 de marzo de 2021, que reiter\u00f3 la No. 01 de 21 de enero de 2020, done reconoci\u00f3 que esos dineros pueden ser destinados al pago de obligaciones contra\u00eddas para la prestaci\u00f3n del servicio de salud, m\u00e1xime, en este caso, donde lo cautelado no logra ser el 8% de los gastos de administraci\u00f3n de la UPC, lo que deja libre el 92% de lo girado para destinarlo a continuar con la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
c). La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Veedur\u00eda Distrital indic\u00f3 que no fue vinculada por la accionante al presente tr\u00e1mite, y que por los hechos narrados en el escrito inicial no registra en sus sistemas ninguna queja. <\/p>\n
d). El Banco GNB Sudameris S.A. pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, para lo cual narr\u00f3 que procedi\u00f3 conforme al embargo decretado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, porque en el respectivo oficio se le precis\u00f3 que \u00abse trata de una excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones en salud y sistema de seguridad social, teniendo en cuenta que el objeto del cobro ejecutivo son facturas generadas por la prestaci\u00f3n del servicio de salud, por tanto dese aplicaci\u00f3n inmediata a la medida y p\u00f3ngase a disposici\u00f3n del despacho los dineros embargados. Lo anterior en consonancia con las sentencias C1154 de 2008 y 313 de 2014\u00bb, en consecuencia congel\u00f3 las sumas hasta el l\u00edmite cautelado, y posteriormente las puso a disposici\u00f3n del juzgado, al recibir el 28 de mayo del presente a\u00f1o el oficio con que as\u00ed se le orden\u00f3. Agreg\u00f3, que mediante oficio MB090 de 29 de julio pasado se le inform\u00f3 que mediante auto del d\u00eda 23 del mismo mes se ampli\u00f3 el l\u00edmite de la cautela. <\/p>\n
e). La secretaria del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
f). Al momento de registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, Coosalud E.P.S. S.A. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, que dentro del proceso ejecutivo que en su contra y de la Cooperativa Coosalud adelanta Mediasistir S.A.S., se haya decretado el embargo de los dineros que tiene depositados en cuentas maestras en el Banco GNB Sudameris, pues seg\u00fan su dicho, la cautela es improcedente porque recae sobre recursos inembargables, por tener destinaci\u00f3n espec\u00edfica a la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
3. Para la Corte tienen trascendencia los siguientes hechos extra\u00eddos de la documental anexa al expediente constitucional. <\/p>\n
3.1. Dentro de la precitada ejecuci\u00f3n, el 7 de diciembre de 2020 el Juzgado Quinto Civil del Circuito resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dineros presentes y futuras que hayan o llegaren a existir en cuentas corrientes, de ahorro simple, de ahorro de valor constante y certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo a nombre de la ejecutada (\u2026) en Bancos y Corporaciones financieras, o cualquier otra entidad, que maneje recursos de capital de terceros en Colombia, correspondiente a los giros y pagos realizados por las entidades territoriales con recursos propios, al igual que los giros que recibe la demandada en sus cuentas por parte del ADRES. <\/p>\n
SEGUNDO: Decretar el embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dinero que tenga o llegare a tener [la ejecutada] en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) del rubro destinado a las cuentas de Coosalud EPS para atender pago a prestadores del servicio de salud y proveedores de tecnolog\u00edas del r\u00e9gimen subsidiado. <\/p>\n
CUARTO: Limitar la medida decretada en el numeral anterior a la suma de (\u2026) $2.554\u00b4749.549. <\/p>\n
3.2. Por solicitud de la parte ejecutante, el 26 de enero de 2021 el juzgado cognoscente corrigi\u00f3 el anterior prove\u00eddo para incluir en las cautelas bienes de la tambi\u00e9n ejecutada Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud \u2013 Cooperativa Coosalud, y resolvi\u00f3 sobre unas cautelas adicionales. <\/p>\n
3.3. La aqu\u00ed interesada atac\u00f3 la anterior decisi\u00f3n mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida el 9 de junio del a\u00f1o que avanza, concedi\u00e9ndose la alzada. <\/p>\n
3.4. El 27 de julio pasado la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n en comento. <\/p>\n
4. Una vez revisado el prove\u00eddo de segunda instancia acabado de citar, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 el debate aqu\u00ed planteado, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Colegiatura accionada, para fundar su decisi\u00f3n, expuso la siguiente motivaci\u00f3n: <\/p>\n
El Tribunal accionado, tras citar el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015 sobre inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos de la salud, y la prohibici\u00f3n de darles una destinaci\u00f3n diferente a la que espec\u00edficamente tienen, cit\u00f3 otras normas emitidas en torno a la misma tem\u00e1tica y resalt\u00f3 que sobre el particular la jurisprudencia a establecido que \u00abel principio de inembargabilidad sobre estos recursos no aplica de manera absoluta, debido a que existir\u00e1n casos puntuales que ameritan su aplicaci\u00f3n, en aras de evitar poner en riesgo principios, valores y derechos constitucionales de car\u00e1cter particular\u00bb, aserto que sustent\u00f3 en la sentencia C-543 de 2013 y en otros pronunciamientos emitidos al respecto por la Corte Constitucional para entonces colegir que \u00abse prohijaron excepciones puntuales a la regla general de inembargabilidad, en concreto, para satisfacer acreencias laborales, el pago de sentencias judiciales o t\u00edtulos emanados del estado, admitiendo una cuarta categor\u00eda, cuando el coercitivo se sustenta en el incumplimiento de obligaciones derivadas de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico respectivo\u00bb. <\/p>\n
En seguida, hizo un recuento sobre diferentes pronunciamientos de las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral donde se acogi\u00f3 esa postura, pera entonces se\u00f1alar que en el caso espec\u00edfico \u00abla entidad COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – COOSALUD EPS S.A., se encuentra adeudando a la ejecutante MEDIASISTIR S.A.S, la suma de $1.703.166.366, por concepto de prestaci\u00f3n de servicios de salud, prestados a los afiliados de la demandada en sus instalaciones. <\/p>\n
Y en efecto, se observa que como p\u00e1bulo de la ejecuci\u00f3n, fueron adosados sendas facturas generadas por la entidad MEDIASISTIR S.A.S., por concepto de servicios m\u00e9dicos proporcionados a los afiliados (terapias domiciliarias, procedimientos, paquetes m\u00e9dicos) a cargo de COOSALUD E.P.S., lo que sin lugar a dudas, permite verificar que la obligaci\u00f3n que se reclama a trav\u00e9s del presente tr\u00e1mite ejecutivo tienen su origen en la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte de la entidad ejecutante a la EPS demandada, lo que configura una de las excepciones a la regla general de inembargabilidad de los activos del Sistema General de Participaciones\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior agreg\u00f3 que \u00abpese a que la apoderada recurrente insiste en que la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD, no recibe por mandato legal recursos distintos a los dados para la sostenibilidad de Sistema de Salud por parte del Ministerio de Salud, y que por tanto, resultan inembargables, lo cierto es que la profusa jurisprudencia ha referido que, si bien los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera espec\u00edfica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; lo cierto es que tambi\u00e9n ha especificado que de presentarse cualquiera de las excepciones jurisprudenciales, es preciso efectuar su an\u00e1lisis para establecer la viabilidad de cautelar tales rubros, siendo para el caso plenamente aplicable la cuarta excepci\u00f3n establecida por la jurisprudencia, la que precisa que cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del Sistema General de Participaci\u00f3n, es procedente la medida\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto el Tribunal le permiti\u00f3 concluir que \u00able asiste raz\u00f3n al a quo al concluir que para el caso, la decisi\u00f3n adoptada resulta acorde con la l\u00ednea jurisprudencial adoptada por las Altas Cortes, pues en virtud de las excepciones dispuestas, resulta admisible que los dineros de COOSALUD EPS – girados del Sistema General de Participaci\u00f3n-, puedan ser embargados si lo que se pretende con la medida es garantizar el pago de obligaciones, precisamente, en raz\u00f3n de los servicios de la misma naturaleza prestados a los afiliados del sistema de seguridad social vinculados a la EPS ejecutada\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, quedando entonces en evidencia que lo expuesto por la gestora en este escenario, es su particular manera de analizar lo definido por el juez del asunto, sin que por ello pueda descalificarse la labor de \u00e9ste, quien, como se vio, sopes\u00f3 en su decisi\u00f3n que al adelantarse el proceso para el cobro de unas obligaciones surgidas por la prestaci\u00f3n del servicio de salud, estaba configurada una de las excepciones que la jurisprudencia ha creado y sostenido para el embargo de los dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
5.1. Al respecto corresponde memorar que la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos, es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n, toda vez que tiene como finalidad asegurar la \u00abadecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado\u00bb1; luego entonces, si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos, \u00ab(i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior\u00bb2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sostenido que el citado beneficio \u00abno desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica\u00bb, en raz\u00f3n a que no es absoluto, es decir, que es susceptible de excepciones, y en ese orden, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales3. <\/p>\n
5.2. Es por ello que en sentencia C-543 de 2013, se acogi\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr: \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (\u2026), (ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos (\u2026), (iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible (\u2026), [y] (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico))\u201d (subraya la Corte). <\/p>\n
5.3. Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil las tuvo en cuenta, hecho por el cual las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5944, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u00bb5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5.4. Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u00ablos recursos p\u00fablicos que financian la salud\u00bb, sobre eso no hay duda; sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3, la inembargabilidad no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria en Salud, sostuvo: \u00abEl art\u00edculo 25 del Proyecto hace referencia al tratamiento de los recursos que financian la salud, a los cuales dota de las siguientes caracter\u00edsticas: i) son p\u00fablicos, ii) son inembargables, iii) tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y, por ende, iv) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes de los previstos constitucional y legalmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta al car\u00e1cter p\u00fablico que se le atribuye a los recursos de salud, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, en reiteradas ocasiones (\u2026) que dicho peculio es de \u00edndole parafiscal, aspecto que refuerza su naturaleza p\u00fablica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn este \u00faltimo sentido, advierte el Tribunal Constitucional que la aplicaci\u00f3n del enunciado deber\u00e1 estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia, pues, la Corte se ha pronunciado respecto de la inembargabilidad de los dineros p\u00fablicos, entre ellos algunos destinados a la salud, muestra de esto es la sentencia C-1154 de 2008, en la cual, se estudi\u00f3 si el mandato contenido en el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 el cual precept\u00faa que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, concluyendo la Sala que: \u2018(\u2026) la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abPor lo que hace relaci\u00f3n a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica, dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 2004, lo siguiente: \u2018De manera imperativa el cuarto inciso del art\u00edculo 48 superior establece que \u2018No se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella\u2019. En relaci\u00f3n con dicho precepto superior la Corte constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidaci\u00f3n para asegurar precisamente el mandato de destinaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, ll\u00e1mense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberan\u00eda fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestaci\u00f3n equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan tambi\u00e9n a la financiaci\u00f3n global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAl respecto cabe recordar particularmente lo dicho por la Corte en la Sentencia SU-480 de 1997 en la que se se\u00f1al\u00f3 igualmente que los aportes del presupuesto nacional destinados a la seguridad social tienen id\u00e9ntica naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
\u00abDe esta manera, el precepto reitera lo dispuesto en el art\u00edculo 48 Superior y la comprensi\u00f3n que a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica ha fijado la jurisprudencia constitucional, con lo cual se controla el uso que los diferentes actores del sistema den a los recursos de la salud (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn este sentido, respecto a la interpretaci\u00f3n que pueda atribu\u00edrsele a la parte final de la disposici\u00f3n, esto es: \u2018(\u2026) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u2019, claro se advierte que de ninguna manera resulta de recibo una lectura seg\u00fan la cual, el legislador estar\u00eda habilitado para establecer una destinaci\u00f3n diferente a los recursos de la seguridad social en salud, por cuanto ello contravendr\u00eda el inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. Esta comprensi\u00f3n del art\u00edculo 25 no se armonizar\u00eda con la Constituci\u00f3n, como quiera que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podr\u00e1n destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garant\u00eda el derecho a la salud de las personas (\u2026)\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
6. A la luz de los anteriores razonamientos, es claro que la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal accionado, esto es, la de confirmar la decisi\u00f3n del juzgador a quo consistente en decretar las medidas cautelares de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que Coosalud E.P.S. S.A. tenga o llegare a tener en las cuentas reportadas por el Banco GNB Sudameris provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, resulta acorde con los anotados precedentes, toda vez que se configura una de las excepciones atr\u00e1s analizadas, al estar establecido dentro del proceso que los t\u00edtulos base del recaudo tienen \u00abcomo fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb, al incorporar el valor de los servicios de salud que la ejecutante, Mediasistir S.A.S., prest\u00f3 a los afiliados de la EPS ejecutada, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Es que, tal como expuso la Sala en un reciente pronunciamiento emitido en un asunto de contornos similares, \u00abes aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos del Sistema General de Participaciones\u00bb (STC1339-2021). <\/p>\n
7. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por la Corporaci\u00f3n accionada, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma o al criterio jurisprudencial llamado a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
8. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2010 <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
3\u0002 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
4\u0002 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14014-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC14014-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03762-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Coosalud […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}