STC14022-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14022-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00458-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hyundai Engineering Co. Ltda Sucursal Colombia contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, Antioquia, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abjuez natural\u00bb, a la \u00abtutela jurisdicci\u00f3n efectiva\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco de la acci\u00f3n de grupo que en su contra y de otros, adelanta Diego Beltr\u00e1n Mu\u00f1oz y otros, identificada con el radicado No. 2021-00182-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, \u00abdejar sin efectos el auto proferido el 29 de junio de 2021 \u2013 con su correspondiente auto aclaratorio, en especial el numeral \u201cd\u00e9cimo\u201d por medio del cual se decretaron las medidas cautelares en [su] contra (\u2026); dejar sin efectos los numerales \u201csegundo\u201d [parcial] (\u2026) y la totalidad de los numerales \u201ccuarto\u201d, \u201cquinto\u201d, \u201csexto\u201d, \u201cs\u00e9ptimo\u201d, \u201coctavo\u201d y \u201cnoveno\u201d del auto con fecha del 23 de agosto de 2021 (\u2026) dejar sin efectos toda la actuaci\u00f3n procesal surtida contra Hyunday Egineerin CO Ltda Sucursal Colombia desde el 23 de agosto de 2021 y hasta la fecha, incluyendo el acto de notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico del d\u00eda 31 de agosto de 2021; ordenar remitir, de manera inmediata, el expediente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para el procesamiento de la \u201cacci\u00f3n de grupo\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que propone la tutela como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, porque dentro del referido asunto el 29 de junio del presente a\u00f1o el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello decret\u00f3 el embargo de sus cuentas bancarias, hasta por la suma de $1.663\u00b4676.225,oo, lo que le quitar\u00eda los recursos necesarios para su operaci\u00f3n y cumplir con pagos de n\u00f3mina, impuestos, seguridad social de los trabajadores, arrendamientos, motivo para declararse en estado de insolvencia. <\/p>\n
Asevera que la cautela en comento fue solicitada como \u00abinnominada\u00bb, pese a que esa categor\u00eda no es procedente en las acciones de grupo, porque la Ley 472 de 1998 se remite para llenar sus vac\u00edos, exclusivamente al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mas no al C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, dicho tipo de medidas procede en asuntos declarativos o de conocimiento, y el embargo procede s\u00f3lo en cobros ejecutivos, sin que la acci\u00f3n de grupo encuadre en alguna de esas tramitaciones. <\/p>\n
Sostiene que en el decurso en comento el 8 de julio del presente a\u00f1o se cit\u00f3 de oficio al Municipio de Medell\u00edn – \u00c1rea Metropolitana del Valle de Aburr\u00e1, Consorcio Hidroestaci\u00f3n Torre Aburr\u00e1 (HTA), Consorcio Aguas del Aburr\u00e1 (HHA), EPM E.S.P. y Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P.; el d\u00eda 22 del mismo mes se decret\u00f3 el embargo del dinero que todas \u00e9stas tuvieran depositado en cuentas bancarias; el 5 de agosto siguiente el juzgado se declar\u00f3 sin competencia para conocer del asunto y orden\u00f3 su env\u00edo al Tribunal Administrativo de Antioquia, no obstante, debido a las acciones de tutela que interpusieron Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. y el \u00c1rea Metropolitana del Valle de Aburr\u00e1, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn le orden\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, \u00absolicitar la devoluci\u00f3n del expediente [del asunto] a la autoridad a la que lo hubiere remitido, dejar sin efectos las decisiones del 22 de julio y del 5 de agosto de 2021 y resolver los recursos de reposici\u00f3n interpuestos por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente afirma, que dicho estrado, por carecer de \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, deb\u00eda limitar sus actuaciones \u00fanicamente a lo que se le orden\u00f3 en la tutela, de manera que cualquiera diferente es nula, entre ellas, la del 31 de agosto pasado, con que la notific\u00f3 personalmente, mediante mensaje de correo electr\u00f3nico, de la existencia de la acci\u00f3n de grupo, momento en el cual interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda, de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 medidas cautelares en su contra y pidi\u00f3 la nulidad del proceso por falta de \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, inconformidades frente a las que no se ha emitido pronunciamiento, situaciones que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, Antioquia, indic\u00f3 que todas las decisiones que ha proferido dentro del asunto han tenido su debida sustentaci\u00f3n, y \u00aba la fecha se encuentran en tr\u00e1mite los recursos de reposici\u00f3n subsidio de apelaci\u00f3n que present\u00f3 el hoy accionante contra los autos que admitieron la demanda y decretaron medidas cautelares, mismos que no han sido resueltos por los constantes requerimientos constitucionales presentados por las partes, pues valga resaltar que de manera concomitante se tramit\u00f3 de forma casi conjunta, incidente por desacato (terminado por cumplimiento), acci\u00f3n de tutela presentada por HMV Ingenieros Ltda. (declarada improcedente)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, porque \u00abno se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos generales establecidos para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, esto es, lo relacionado con la subsidiariedad que la informa\u00bb, ya que \u00abla v\u00eda judicial id\u00f3nea para atacar las decisiones del Juez Primero Civil del Circuito de Bello son los recursos ya interpuestos, los cuales si bien no han sido resueltos no se avizora una mora judicial, que se encuentra dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el Estatuto Procesal Civil para decidir sobre los mismos, sin que pueda el juez constitucional pronunciarse de fondo respecto de la petici\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad gestora, cuestionando puntualmente, la \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb del juzgado accionado respecto del juicio cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo puntual de inconformidad expuesto en su impugnaci\u00f3n por la sociedad Hyundai Engineering Co Ltda sucursal Colombia, se observa que pretende se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello se aparte del conocimiento de la acci\u00f3n de grupo que en su contra y de otros, adelanta Diego Beltr\u00e1n Mu\u00f1oz y otros, pues en su criterio, dicho estrado no tiene jurisdicci\u00f3n ni competencia para tramitar el asunto. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente la improcedencia del amparo reclamado, porque est\u00e1 pendiente el pronunciamiento del Despacho criticado precisamente frente a la solicitud de nulidad procesal que le elev\u00f3 la aqu\u00ed interesada con los mismos argumentos aqu\u00ed tra\u00eddos, esto es, por supuestamente haber actuado dentro del asunto luego de haber declarado su \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb; de ah\u00ed que, entonces, el Juez constitucional no pueda actuar como si lo fuera de instancia, ni tampoco pueda operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n; as\u00ed las cosas, estando pendiente el aludido pronunciamiento, no puede admitirse que la queja constitucional desconozca dicha actuaci\u00f3n y sustraiga la competencia que el ordenamiento jur\u00eddico otorg\u00f3 a los jueces competentes, para dirimir tal debate. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n prematura de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1775-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo estando en tr\u00e1mite la mentada solicitud, la actora deber\u00e1 aguardar a que la autoridad judicial convocada se pronuncie de fondo sobre la misma, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. Ahora, aunque la compa\u00f1\u00eda actora insiste en la impugnaci\u00f3n, en que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n debe ordenarse al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello proceder con la inmediata invalidaci\u00f3n de las actuaciones que supuestamente emiti\u00f3 sin tener jurisdicci\u00f3n para ello, dada la tardanza en resolver dicha situaci\u00f3n, para la Corte en el caso sub ex\u00e1mine no se presenta mora judicial para el proceder reclamado, la cual tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, ello bajo el entendido que dicha solicitud fue elevada por la sociedad inconforme despu\u00e9s del 31 de agosto del presente a\u00f1o, y la autoridad judicial criticada en su intervenci\u00f3n dentro de las diligencias explic\u00f3, que no ha emitido el respectivo pronunciamiento frente a la misma debido a las m\u00faltiples solicitudes y acciones de tutela de las accionadas, que no han permitido el avance del proceso, siendo entonces evidente que no se verifica tardanza para resolver el particular. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1; de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC438-2021). <\/p>\n
5. Lo anterior, claro est\u00e1, sin que se aprecie en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que el tiempo que tarde en finiquitar la comentada solicitud de invalidaci\u00f3n, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza, bajo el entendido que, mediante auto del 23 de agosto pasado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, a instancias de la orden de tutela que le impuso el d\u00eda 19 del mismo mes la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, moder\u00f3 la medida cautelar decretada dentro del asunto sobre los dineros de las accionadas depositados en entidades financieras, para aclarar que \u00abdeber\u00e1 ser inscrita siempre y cuando las cuentas bancarias no correspondan a n\u00f3mina de empleados o trabajadores (\u2026) ni a regal\u00edas o recursos de la seguridad social, pues si dichos dineros tienen car\u00e1cter de inembargables, se deben abstener de cumplir esta orden judicial\u00bb. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
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