STC14023-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC14023-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03743-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Lince Holding Corp. y Red Integradora S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dicen vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se \u00abcontin\u00fae con el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, de considerarse que\u2026 fue sustentado conforme a lo expuesto, o en su defecto, se ordene al Tribunal remitir el expediente electr\u00f3nico al Juzgado\u2026 para que a su vez\u2026 ordene los traslados consagrados en el art. 322 del CGP, ante la citada irregularidad procesal\u00bb; y que \u00abuna vez efectuado lo precedente, se ordene al Juzgado\u2026 enviar el recurso de apelaci\u00f3n sustentado al Tribunal\u2026 para que resuelva la alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ita\u00fa Corpbanca Colombia SA promovi\u00f3 ejecuci\u00f3n especial de la garant\u00eda mobiliaria contra Lince Holding Corp., Iverluna y C\u00eda. S.A.S., Red Integradora S.A.S., Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez y Andrea Paola Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez. En virtud de la oposici\u00f3n presentada, el 3 de mayo de 2021 el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 no prospera la misma y orden\u00f3 a la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Tras ser denegada la apelaci\u00f3n impetrada, se interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, por lo que se mantuvo la primera y se concedi\u00f3 la segunda. En prove\u00eddo de 9 de julio de 2021 la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad declar\u00f3 mal denegado el recurso y dispuso que por secretar\u00eda se corrieran los traslados previstos en los art\u00edculos 322 y 326 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, mediante auto de 29 de septiembre siguiente declar\u00f3 desierta la alzada por no sustentaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
2.3. Indicaron las accionantes que presentaron oposici\u00f3n a la ejecuci\u00f3n especial basadas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 66 de la Ley 1676 de 2013, pues la acreedora no hab\u00eda registrado correctamente los abonos realizados en dinero y daci\u00f3n de pago de bienes inmuebles; y que allegaron como prueba un dictamen pericial, que no se valor\u00f3 y se descart\u00f3 pese a que para la citada normatividad no existe tarifa probatoria. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que aplicando el principio de la primac\u00eda de lo sustancial los argumentos de la abogada de Redservi pudieron interpretarse como una sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n; que el Tribunal acusado declar\u00f3 mal denegada la alzada y dispuso correr los traslados; y que la sustentaci\u00f3n era opcional dentro del plazo, el que no le correspond\u00eda otorgar a dicha Corporaci\u00f3n, pues quien deb\u00eda hacerlo era el juzgador de primer grado. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que la decisi\u00f3n de declarar desierta la alzada no era acorde con las disposiciones procesales; que la apelaci\u00f3n de autos deb\u00eda surtirse ante el juez que dict\u00f3 la providencia; y que la competencia para declarar dicha deserci\u00f3n estaba reservada para las sentencias, que no para los autos. <\/p>\n
2.6. Afirmaron que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto por actuar fuera del tr\u00e1mite establecido, adem\u00e1s de sustancial, pues los da\u00f1os superaban los $4.000 millones; y que si se conced\u00eda el amparo contaban con la posibilidad de seguir ejerciendo su defensa para reconducir la decisi\u00f3n de segunda instancia, en pro de demostrar que la ejecuci\u00f3n era menor, pues exist\u00eda una diferencia de capital porque no se hab\u00edan registrado por la acreedora todos los abonos realizados. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que conoc\u00eda del proceso de ejecuci\u00f3n especial de garant\u00eda mobiliaria, el que se encontraba en curso. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no fue de recibo la oposici\u00f3n presentada, pues al concepto econ\u00f3mico y financiero aportado no se le dio un car\u00e1cter de dictamen pericial; que si lo que se quer\u00eda era que se tuviera en cuenta el mismo, se debi\u00f3 someter a la ritualidad y permitir su correspondiente contradicci\u00f3n; que la parte accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que fue denegado, no obstante, se concedi\u00f3 el de queja, al que se le dio el tr\u00e1mite correspondiente; que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, pues cumpli\u00f3 con las ritualidades del caso y la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con base en las pruebas aportadas y los argumentos expuestos; y que era improcedente y atentaba contra el principio de la econom\u00eda procesal que el Tribunal convocado le remitiera el expediente para realizar los traslados y posteriormente se lo tuviera que devolver al superior. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso criticado, pero lo remiti\u00f3 por competencia a su hom\u00f3logo Treinta y Tres; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna ni emitido decisi\u00f3n en su contra, adem\u00e1s que las providencias proferidas se encuentran conforme a las leyes preexistentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que las promotoras desaprovecharon el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvieron a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantean, pues guardaron silencio frente al prove\u00eddo de 29 de septiembre de 2021, con los que se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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