STC14033-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14033-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00305-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 22 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jason Mario Mart\u00ednez Casta\u00f1o contra el Juzgado Primero de Familia de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las determinaciones a trav\u00e9s de las cuales, en su orden, se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que desestim\u00f3 la solicitud de aplicaci\u00f3n de lo normado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso acerca de la p\u00e9rdida de competencia; y se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad que a paso seguido propuso, para lograr tal cometido, lo anterior, en el juicio de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria que en su contra promovi\u00f3 Mar\u00eda Angelica Leiva Cifuentes, identificado con el consecutivo 2019-00004-00. <\/p>\n
Por esas circunstancias pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, que deje \u00abSIN EFECTOS las providencias del 25 de junio y 27 de agosto de 2021, proferidas (\u2026) dentro del proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria radicado bajo el No. 2019-00004, por violaci\u00f3n directa de las normas procedimentales\u00bb, y, en su lugar, \u00abproceda con la asignaci\u00f3n de la competencia al Juzgado de Familia que corresponda, de acuerdo con las reglas del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, y luego de realizar una copiosa relaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas en desarrollo del litigio base de la s\u00faplica, adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que como demandado se notific\u00f3 del respectivo auto admisorio de la demanda el 29 de marzo de 2019, ejerciendo en tiempo su derecho de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Comenta que ante la evidente tardanza del juez de conocimiento en resolver sobre los pedimentos que efectu\u00f3 al momento de la contestaci\u00f3n, el 27 de julio de 2020 solicit\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado judicial una vigilancia judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, y s\u00f3lo hasta el 13 de agosto siguiente, esto es, casi un (1) a\u00f1o despu\u00e9s de surtido su enteramiento, se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra el auto que abri\u00f3 a pruebas el litigio. <\/p>\n
Que en vista de lo sucedido, el 10 de septiembre pasado procedi\u00f3 a solicitar al Juez Primero de Familia de Ibagu\u00e9, que en cumplimiento de lo se\u00f1alado en el canon 121 del C\u00f3digo General del proceso, remitiera el asunto al Despacho que le sigue en turno, comoquiera que ya hab\u00eda perdido competencia para seguir conociendo del mismo, pedimento desestimado en auto del 24 de noviembre de 2020; que inconforme con esa determinaci\u00f3n, la atac\u00f3 por la v\u00eda horizontal, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume en prove\u00eddo del 25 de junio postrero, en el que adem\u00e1s, se rechaz\u00f3 el incidente de nulidad que bajo el mismo argumento hab\u00eda interpuesto, disposici\u00f3n esta \u00faltima tambi\u00e9n confirmada en sede de reposici\u00f3n, motivos por los que, asegura, se encuentra habilitado para acudir a la presente v\u00eda excepcional, ante la evidente vulneraci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos invocados. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, luego de hacer un breve resumen de las actuaciones adelantadas a la luz del proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria referenciado, dijo que el mismo termin\u00f3 con la sentencia adiada 27 de agosto de 2021, a trav\u00e9s de la cual se estimaron las pretensiones elevadas en contra del aqu\u00ed interesado. <\/p>\n
Por otro lado, puso de presente que cada uno de los recursos y las solicitudes elevadas por aqu\u00e9l, fueron resueltas en su oportunidad, pidiendo la denegaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, por improcedente. <\/p>\n
b. La Defensora de Familia adscrita al Centro Gal\u00e1n de la Regional Tolima, adujo en lo fundamental, que se abstiene de \u00abemitir pronunciamiento alguno, dado que dentro de la presente solicitud de amparo Constitucional, no se vislumbra afectaci\u00f3n a vulneraci\u00f3n de derechos de menores de edad, puesto que la funci\u00f3n de las defensor\u00edas de familia esta determinada por lo estatuido en la ley 1098 de 2006, modificada parcialmente por la ley 1878 de 2018 y esta circunscrita a la l\u00ednea constitucional que determina que no existe cargo sin que la ley y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia lo haya previsto con sus respectivas funciones\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el Consejo Seccional de la Judicatura de ese mismo ente territorial, dijo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que las quejas del accionante se remiten \u00fanica y exclusivamente a las actuaciones del Juzgado de conocimiento convocado, motivo por el que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013Sala Civil Familia, neg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque, luego de analizada la particular situaci\u00f3n, encontr\u00f3 que aunque \u00abla sentencia que se dict\u00f3 dentro del proceso de radicado 2019-00004-00 fue proferida por fuera el t\u00e9rmino de un a\u00f1o que impone la norma procesal atr\u00e1s referida\u00bb, lo cierto es que, \u00abrevisadas en detalle las actuaciones surtidas dentro del mentado asunto, se evidencia escrito del 3 de septiembre del a\u00f1o inmediatamente anterior mediante el cual el demandado solicit\u00f3 \u2018efectuar todas y cada una de las anotaciones en la citada p\u00e1gina de consultas de procesos judiciales y evitar, bajo el principio rector de la buena fe, las imprecisiones entre las all\u00ed registrada y el expediente\u2019, es decir, que previo a la solicitud de p\u00e9rdida de competencia, el reclamante actu\u00f3 sin proponer la nulidad que posteriormente invoc\u00f3, lo que se ajusta al supuesto f\u00e1ctico previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 136 ib\u00eddem. <\/p>\n
En efecto, es de rememorar que mediante la sentencia C-443 de 2019, se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n de \u2018pleno derecho\u2019 contenida en el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, de lo que se desprende, entre otras conclusiones, que la nulidad all\u00ed prevista queda sometida al r\u00e9gimen ordinario de nulidades, de manera que, al tenor de los establecido en la norma indicada en el p\u00e1rrafo anterior, se considera saneada \u2018cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u2019. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, se observa que en el proceso de alimentos finalmente se alcanz\u00f3 la sentencia el d\u00eda 27 de agosto de este a\u00f1o, luego de la evidente mora ya conocida por la autoridad competente, que valga se\u00f1alar cumpli\u00f3 su finalidad, sin que se advierta trasgresi\u00f3n del derecho de defensa, pues la audiencia en que se dict\u00f3 cont\u00f3 con la presencia del ahora accionante, con lo que se suma otra causal de saneamiento, a la luz del numeral 4\u00ba de la norma antes referida. <\/p>\n
Y es que sin desconocer el extenso recorrido del proceso, sin justificaci\u00f3n advertible, resultar\u00eda insostenible admitir como mejor soluci\u00f3n la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite en que se dict\u00f3 sentencia, pues ha de recordarse que \u2018la finalidad de la norma es apremiar que las instancias se finiquiten prontamente, de tal suerte que producido el fallo, ser\u00eda un contrasentido abatirlo para que otro funcionario vuelva a fallar, lo que l\u00f3gicamente solo se producir\u00eda al cabo de cierto tiempo\u2019\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que, el a quo constitucional no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis concienzudo de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Jason Mario cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, concretamente, que el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 no hubiera aceptado la solicitud que efectu\u00f3 para que, antes de definirse de fondo el proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria adelantado en su contra, se hubieran remitido las diligencias al Despacho que le sigue en turno, luego de, asegura, haber perdido competencia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n del 25 de junio de 2021, con que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n propuesto contra el auto del 24 de noviembre anterior, por ser aqu\u00e9lla con la que se zanj\u00f3 la tem\u00e1tica expuesta, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, pues al margen de los argumentos all\u00ed esbozados, lo cierto es que en el presente asunto, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, y como tambi\u00e9n se anunci\u00f3 en la parte final de dicho prove\u00eddo, la nulidad de las actuaciones desarrolladas en el litigio, luego de la p\u00e9rdida de competencia del juzgado criticado para seguir conociendo del mismo ante el vencimiento del lapso contemplado en la norma referida en l\u00edneas precedentes, fue saneada por el demandado, aqu\u00ed interesado. <\/p>\n
Lo anterior, porque luego de fenecido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para proferir la respectiva sentencia (16 de enero de 2020), contabilizado a partir del 15 de enero de 2019 (fecha en la cual se admiti\u00f3 el litigio, y que de conformidad al inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 90 ejusdem, es a partir de la cual debe computarse \u00e9ste), la primera solicitud del apoderado judicial del se\u00f1or Mart\u00ednez Casta\u00f1o elevada mediante memorial del 3 de septiembre de 2020, fue que se publicaran en debida forma \u00abtodas y cada una de las anotaciones, en la citada p\u00e1gina de consultas de procesos judiciales y evitar, bajo el principio rector de la buena fe, las imprecisiones (\u2026)\u00bb, operando, de ese modo, el saneamiento del yerro que solo con posterioridad, y ya de manera extempor\u00e1nea aqu\u00e9l aleg\u00f3, a la luz de lo normado en el numeral 2\u00b0 del precepto 136 ibidem. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Cabe agregar respecto a la necesidad de alegar oportunamente la causal de invalidez que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, que esta Sala de Casaci\u00f3n, en pronunciamiento reciente y acogiendo la interpretaci\u00f3n esbozada por la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abesta Sala concluye que, tal y como lo estim\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que el gestor del amparo omiti\u00f3 alegar ante el juzgado accionado la nulidad que ahora invoca, siendo ese el escenario propicio para suscitar tal debate. <\/p>\n
Sobre el particular, vale la pena precisar que la Corte Constitucional, en sentencia C-443 de 2019, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 121 (inciso 6\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, norma que invoc\u00f3 el tutelante como sustento de su reclamo, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la calificaci\u00f3n de pleno derecho de la nulidad de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia por el vencimiento del t\u00e9rmino para concluir la respectiva instancia, vulnera el derecho la resoluci\u00f3n oportuna de las decisiones judicial, el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
Por lo anterior, dicha Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la inexequibilidad \u00abde la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, aclarando los alcances de la nulidad que dicho canon contempla, aspecto sobre el cual expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 como quiera que la declaratoria de inexequibilidad versa exclusivamente sobre la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d, pero mantiene la validez de la nulidad de las actuaciones adelantadas por los jueces por fuera del t\u00e9rmino legal, se debe precisar el alcance que tiene esta figura a la luz de la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
En efecto, en la comunidad jur\u00eddica se entendi\u00f3 que con la calificaci\u00f3n de la nulidad como \u201cde pleno derecho\u201d, esta deb\u00eda operar por ministerio de la ley y no necesariamente a solicitud de parte, y que adem\u00e1s deb\u00eda ser insubsanable, sustray\u00e9ndose, de este modo, del r\u00e9gimen general contemplado en la legislaci\u00f3n civil. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, la nulidad originada en la actuaci\u00f3n extempor\u00e1nea queda, al menos en principio, sujeta a las previsiones de los art\u00edculos 132 y subsiguientes de este mismo cuerpo normativo, en tanto ello sea compatible con la naturaleza de la figura prevista en la disposici\u00f3n demandada. <\/p>\n
En este orden de ideas, deben hacerse las siguientes precisiones: <\/p>\n
(i) Seg\u00fan el art\u00edculo 132 del CGP, el juez debe el deber de corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 135, esta no puede ser alegada por quien despu\u00e9s de ocurrida la irregularidad, act\u00faa en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas. <\/p>\n
(ii) Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresi\u00f3n de \u201cde pleno derecho\u201d, la nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores. <\/p>\n
De esta manera, la Sala deber\u00e1 integrar conformar la unidad normativa con resto del inciso 6 que regulan la figura de la nulidad de las actuaciones extempor\u00e1neas de los jueces, aclarando, primero, que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP\u00bb. (Negrillas ajenas al texto original) (CSJ STC5179-2020). <\/p>\n
6. Finalmente se indica, que no existe un hecho que demuestre la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad a que alude el accionante, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, Rad. 2008-00228-01, reiterada en STC402-2021). <\/p>\n
7. Pero adem\u00e1s. Como lo dijo el Tribunal en la primera instancia, aunque no puede desconocerse el tiempo que ha tardado la decisi\u00f3n, esta no encuentra trascendencia constitucional como para proceder como soluci\u00f3n a invalidar el proceso ya culminado cuando no se pidi\u00f3 a tiempo la nulidad y por el contrario ya se alcanz\u00f3 la finalidad del proceso con la sentencia y proceder a invalidarlo ser\u00eda una decisi\u00f3n il\u00f3gica y contraria a lo buscado. <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14033-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC14033-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00305-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}