STC14059-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14059-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01450-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 13 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edilberto Benavides Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al haberle negado en ambas instancias la subrogaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
Aunque no elev\u00f3 una petici\u00f3n en concreto, de la lectura del escrito de tutela se advierte, que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo, es que se revoquen las aludidas decisiones, y, que, como consecuencia de ello, se ordene su libertad condicional. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que acredit\u00f3 que cumpli\u00f3 ha cumplido a cabalidad con la pena que le fue impuesta por los delitos secuestro extorsivo tentado, extorsi\u00f3n y rebeli\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto por el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que neg\u00f3 la subrogaci\u00f3n de la pena de detenci\u00f3n intramural por libertad condicional, tras considerar que por la naturaleza de los punibles y la data en que se cometieron, le eran aplicables las exclusiones de que trata el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, circunstancias que dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital indic\u00f3, \u00abes patente que las garant\u00edas procesales del accionante han sido respetadas, al punto que el an\u00e1lisis de la Sala para negar la libertad condicional parti\u00f3 del principio de favorabilidad de la ley, y su negativa se bas\u00f3 en la valoraci\u00f3n de las conductas por las que fue condenado, ya que, en fase de ejecuci\u00f3n de la pena, es la ley, que expresamente requiere del juez la necesidad de valorar previamente a la constataci\u00f3n del tiempo de reclusi\u00f3n, el comportamiento dentro de la prisi\u00f3n y el arraigo, la gravedad de la conducta (art. 30 de la Ley 1709 de 2014 que modific\u00f3 el art., 62 del C. Penal), a fin de discernir sobre la necesidad de la sanci\u00f3n en su cumplimiento en raz\u00f3n de los principios de prevenci\u00f3n especial y de la reinserci\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Sincelejo refiri\u00f3, que conoci\u00f3 del proceso judicial en el que el actor result\u00f3 condenado como responsable de los delitos de secuestro extorsivo en grado tentado, extorsi\u00f3n y rebeli\u00f3n a la pena de 17 a\u00f1os, 4 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que las decisiones censuradas \u00abno incurren en alguna v\u00eda de hecho, por el contrario, son fruto de autonom\u00eda e independencia propia de las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento. A diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporaci\u00f3n evidencia que la raz\u00f3n principal por la cual fue denegada su solicitud de libertad condicional consisti\u00f3 en el an\u00e1lisis de requisitos establecido en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, junto con su ponderaci\u00f3n frente a la valoraci\u00f3n de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones tales, que impidieron la concesi\u00f3n de beneficio de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por Edilberto Benavides Jim\u00e9nez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 11 de mayo del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo adiado 27 de enero de anterior, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que resolvi\u00f3 \u00abneg[ar] la concesi\u00f3n de la libertad condicional\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n judicial seguida en su contra, pues en sentir del aqu\u00ed inconforme, cumple con las condiciones para acceder al subrogado de su pena. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Tribunal Superior de esta capital \u2013 Sala Penal, para resolver como lo hizo, despu\u00e9s de advertir que la tem\u00e1tica planteada refer\u00eda el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 para acceder a la libertad condicional, precis\u00f3 que \u00abes menester partir que los hechos que convocaron esta causa sucedieron el 31 de marzo de 2006 en el municipio de San Onofre, Sucre, y la causa se adelant\u00f3 bajo los postulados de la Ley 600 de 2000, como quiera que el sistema penal acusatorio instituido en la Ley 906 de 2004 en ese distrito judicial se comenzaba a aplicar para ese distrito, desde el 1\u00ba de enero de 2008, seg\u00fan se extrae del inciso 3\u00ba, del art. 530 ib\u00eddem. La prohibici\u00f3n del art. 11\u00ba de la Ley 733 de 2002, fue retomada de forma taxativa en el art.26\u00ba de la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, de tal suerte que, para el caso en menci\u00f3n, era improcedente traerla a colaci\u00f3n porque, se itera, los hechos acontecieron el 31 de marzo de 2006, de lo que se infiere que parcialmente resulta cierto lo acotado por el apelante, y en contraposici\u00f3n a lo esgrimido por el A quo, para ese momento la viabilidad de la libertad condicional se aten\u00eda a los requisitos inmersos en el art. 5\u00ba de la Ley 890 de 2004 que son: (i) valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta, (ii) cumplimiento de las 2\/3 partes del tiempo de la condena, (iii) certificado de buena conducta en establecimiento carcelario, y (iv) el pago total de la multa y reparaci\u00f3n a la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en cita de la sentencia condenatoria, en punto de analizar la gravedad de la conducta penal, precis\u00f3 que se advierte que el actor \u00abse impon\u00eda con las armas sobre sus coterr\u00e1neos, so pena de privarlos de la libertad sino acced\u00edan a sus ileg\u00edtimas coerciones patrimoniales, denota insensibilidad, menosprecio, amenaza y facilidad para perturbar la tranquilidad social, contemplando necesario, razonable y proporcional que purgue la pena en centro reclusorio\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed condenado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, en la providencia confutada se explicaron con suficiencia las razones por las cuales hab\u00eda lugar a dar aplicaci\u00f3n a la Ley 890 de 2004 en relaci\u00f3n al subrogado penal pretendido y en ese orden era necesario para acceder a este, el an\u00e1lisis la gravedad de la conducta por la cual fue condenado el actor, examen que desarroll\u00f3 con suficiencia la Colegiatura convocada, concluyendo sobre la necesidad que \u00e9ste contin\u00fae en la detenci\u00f3n intramural. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n a la particular tem\u00e1tica, el \u00f3rgano de cierre penal en un caso de contornos similares, puntualiz\u00f3 que \u00ab[a]s\u00ed, el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 890 de 2004, establece como requisitos para acceder al subrogado de la libertad condicional, previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, el cumplimiento de las 2\/3 partes de la pena impuesta; haber observado buena conducta durante el tratamiento penitenciario, haber pagado la totalidad de la multa y la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/p>\n
\u201cla corte ha sostenido antes y reitera ahora que la mayor o menor gravedad del hecho punible es un componente que con diversa proyecci\u00f3n se valora al momento de la medici\u00f3n judicial de la pena (Art. 61 del C.P.), la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria (Art. 68 \u00eddem) o la libertad condicional (Art. 72 ib\u00eddem) institutos que reflejan actos graduales en el desenvolvimiento del proceso penal y, como tales, no comportan una violaci\u00f3n al non bis in \u00eddem, dado que si las graves modalidades delictivas sirven para apoyar una negaci\u00f3n del subrogado de la condena de ejecuci\u00f3n condicional, no por ello sufre mengua la fijaci\u00f3n anterior de la pena, sino que simplemente se declara que \u00e9sta se ejecutar\u00e1 en su medida y no podr\u00e1 suspenderse\u201d <\/p>\n
Acorde con lo que viene de verse, la correcta interpretaci\u00f3n que se debe efectuar del art\u00edculo 64 del C.P., modificado por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 890 de 2004, siguiendo las directrices propuestas en la jurisprudencia nacional, apunta a considerar la gravedad de la conducta punible no como el resultado de un nuevo proceso de valoraci\u00f3n sino como la ratificaci\u00f3n de la ponderaci\u00f3n que al respecto hizo el juez fallador\u00bb (CSJ STP54602-2011). <\/p>\n
6. Y de cara a la interpretaci\u00f3n de las decisiones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14059-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC14059-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01450-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}