STC14061-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14061-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00817-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Omar Gerardo Due\u00f1as Fern\u00e1ndez frente a la sentencia del 6 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Comisar\u00eda 12 de Familia de Bogot\u00e1 y el Juzgado 6\u00ba de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se dejen sin valor y efecto las decisiones de arresto adoptadas por las autoridades de familia accionadas (14 agosto de 2019 y 4 junio de 2020), as\u00ed como cualquier otra determinaci\u00f3n complementaria o conexa, para que, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n ajustada a derecho en la que se tengan en cuenta las previsiones del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
En sustento, adujo que la Comisar\u00eda 12 de Familia de Bogot\u00e1 impuso medida de protecci\u00f3n en favor de su esposa Martha Liliana Pe\u00f1a S\u00e1enz y en su contra, con la orden de cesar cualquier acto intimidatorio hacia ella, acudir a tratamiento psicoterap\u00e9utico y a un taller de pautas de crianza, advirtiendo a su vez las sanciones procedentes en caso de incumplimiento (30 junio 2016). <\/p>\n
Tres a\u00f1os despu\u00e9s, la amparada present\u00f3 un incidente por incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n. Realizada la audiencia de rigor, la Comisar\u00eda accionada resolvi\u00f3 declarar el incumplimiento de la medida, raz\u00f3n por la cual le impuso al aqu\u00ed actor multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (14 agosto 2019). La sanci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado 6\u00ba de Familia de Bogot\u00e1, pero dispuso la conversi\u00f3n de la multa en arresto de 6 d\u00edas debido a los escasos recursos econ\u00f3micos del actor (21 noviembre de 2019). Seg\u00fan el actor, la decisi\u00f3n de la autoridad judicial no le fue debidamente notificada, lo cual desconoce su derecho a la defensa toda vez que no se le inform\u00f3 sobre la consecuencia relativa a la conversi\u00f3n de la sanci\u00f3n en arresto y tampoco se permiti\u00f3 controvertir dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
En el a\u00f1o 2020 fue promovido un segundo incidente, en el que tambi\u00e9n se declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, imponi\u00e9ndose arresto por el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas (4 de junio de 2020); aunque promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a dicha decisi\u00f3n, para la fecha en que promovi\u00f3 el amparo no hab\u00eda sido notificado de la decisi\u00f3n promovida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que entre la medida de protecci\u00f3n y la \u00faltima sanci\u00f3n que le fue impuesta, trascurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os, por lo que a su juicio, se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 575 de 2000, de suerte que no hab\u00eda lugar a impon\u00e9rsele sanci\u00f3n sin que se hubiera iniciado un nuevo tr\u00e1mite, menos aun si solo se tuvo en cuenta \u00abel mero dicho de la quejosa\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que con la actuaci\u00f3n cuestionada no se ha vulnerado garant\u00eda constitucional alguna del actor. Relat\u00f3 que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n de arresto por 30 d\u00edas impuesta al solicitante y adujo que la acci\u00f3n de tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad cuando se ejerce con la intenci\u00f3n de obtener una interpretaci\u00f3n diferente a la asumida por el Juez de la causa. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo por encontrar razonables las decisiones emitidas por las autoridades de familia accionadas; adem\u00e1s, destac\u00f3 que el actor fue debidamente notificado de cada una de ellas, por lo que su derecho de defensa no se vulner\u00f3. De igual forma en lo referente a aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000 que establece: \u00abSi el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb, acot\u00f3 que \u00abel legislador hace referencia al escenario en el que los actos de incumplimiento de una medida de protecci\u00f3n vigente se lleven a cabo en un tiempo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os transcurrido entre ellos, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto de entre 30 y 45 d\u00edas; es decir, esa norma no hace referencia al tiempo transcurrido desde los hechos que originaron la medida de protecci\u00f3n o desde la imposici\u00f3n de la misma, sino al transcurrido entre los actos de incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 sin aducir argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado, pero por falta de inmediatez y subsidiariedad como se pasa a exponer. <\/p>\n
Como se vio, las pretensiones del actor est\u00e1n enfiladas a dejar sin valor y efecto las decisiones por medio de las cuales la Comisar\u00eda de Familia enjuiciada resolvi\u00f3 los sendos incidentes promovidos por Martha Liliana Pe\u00f1a S\u00e1enz con ocasi\u00f3n del incumplimiento del gestor de la medida de protecci\u00f3n concedida en favor de su esposa (14 de agosto de 2019 y 4 de junio de 2020). <\/p>\n
En lo que respecta al primer incidente, la providencia que lo decidi\u00f3 fue proferida el 14 de agosto de 2019 y su confirmaci\u00f3n fue emitida por el Juzgado accionado el 21 de noviembre 2019, de lo que emerge con facilidad que desde esa \u00e9poca hasta la interposici\u00f3n del amparo (25 agosto 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque el actor adujo que no fue debidamente notificado de la determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la primera sanci\u00f3n, en el expediente qued\u00f3 constancia que la decisi\u00f3n fue notificada por aviso entregado en la porter\u00eda de unidad habitacional del interesado, acto este que est\u00e1 regulado en los art\u00edculo 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso a trav\u00e9s de la previsi\u00f3n consistente en que \u00ab[c]uando la direcci\u00f3n del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podr\u00e1 realizarse a quien atienda la recepci\u00f3n\u00bb. Es decir, que no fue acreditada circunstancia especial alguna que justificara la tardanza en la interposici\u00f3n del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio frente a ese particular se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con las decisiones del segundo incidente, el amparo constitucional resulta tempestivo, toda vez que el grado jurisdiccional de consulta fue decidido por el Juzgado de Familia el 19 de mayo de 2021. Sin embargo, tambi\u00e9n se hace ostensible la improcedencia del resguardo comoquiera que del paginario se evidencia que el gestor no aleg\u00f3 ante las autoridades de familia los reparos que ten\u00eda frente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, de lo que emerge su incuria frente a la posibilidad que tuvo de reprochar las determinaciones que por esta senda cuestiona y el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que en la actuaci\u00f3n surtida por la Comisar\u00eda 12 de Familia, en la audiencia celebrada el 4 de junio, el actor no acept\u00f3 los cargos de violencia intrafamiliar que se le endilgaron, pero nada dijo sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996; adem\u00e1s, aunque promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que le impuso la sanci\u00f3n, no present\u00f3 reparo alguno, lo que condujo a que el Juzgado 6\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 limitara su estudio a establecer si se garantizaron los derechos de las partes y si hubo un adecuado an\u00e1lisis probatorio. En suma, al ejercer su defensa, el actor no invoc\u00f3 el argumento de la aplicaci\u00f3n normativa que a su juicio deb\u00eda darse, es decir que desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal que ten\u00eda para tal fin. <\/p>\n
No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no puede pretender el gestor que la acci\u00f3n que se sigue en su contra por el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n referida, se extinga porque su actuar se prolongara por m\u00e1s de dos a\u00f1os, menos aun cuando en la decisi\u00f3n del 14 de agosto de 2019 la Comisar\u00eda de Familia le reiter\u00f3 que la medida mencionada estaba vigente y deb\u00eda acatarla. <\/p>\n
Luego, como en el sub lite se hecha de menos la inmediatez, subsidiariedad y acreditaci\u00f3n de un perjuicio insalvable, requeridos para la viabilidad del auxilio, no queda alternativa diferente a confirmar el fallo objetado por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14061-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14061-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00817-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Omar Gerardo Due\u00f1as Fern\u00e1ndez frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58621\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}