STC14062-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14062-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Helena Montoya Montoya y Mar\u00eda Teresa Vel\u00e1squez de Uribe, como apoderada general de Mar\u00eda Teresa de los Milagros Vel\u00e1squez de Uribe, contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En la condici\u00f3n descrita, las gestoras reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcados por el Colegiado accionado, dentro del decurso de extinci\u00f3n del derecho de dominio seguido respecto del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No.01N51213, ubicado en Medell\u00edn, perteneciente a las aqu\u00ed petentes y otros \u00abherederos universales de Martha Vel\u00e1squez Escobar\u00bb, tr\u00e1mite identificado con el radicado No. 050003120001201700021. <\/p>\n
Por tal motivo pretenden que se deje \u00absin efectos la sentencia (\u2026) en grado de consulta, proferida por el Tribunal (\u2026) mediante acta de registro 072 de 11 de julio de 2019 y fecha de aprobaci\u00f3n de 6 de noviembre de 2019 y consiguientemente ordenarle al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo (\u2026) confirm[ando] el (\u2026) emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aducen, que la Polic\u00eda Metropolitana del Valle de Aburr\u00e1 puso en conocimiento de la fiscal\u00eda los cuatro allanamientos realizados al bien mencionado, los d\u00edas 22 de mayo, 24 de junio 25 de julio y 6 de agosto de 2009, oportunidades \u00abdonde fueron halladas sustancias alucin\u00f3genas con base de coca y benzodiacepinas, encontradas debidamente empacadas, en cantidades muy superiores a la dosis m\u00ednima personal permitida y lista para su comercializaci\u00f3n\u00bb y por lo cual se efectuaron distintas capturas que generaron las condenas penales respectivas y el inicio de la causa ahora criticada. <\/p>\n
Sostienen, en cuanto a esta \u00faltima, que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia emiti\u00f3 sentencia el 25 de octubre de 2019, declarando la improcedencia de la acci\u00f3n de dicha especialidad, respecto de la heredad comentada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las medidas precautelativas decretadas, determinaci\u00f3n fundada en la falta de conocimiento de los propietarios sobre la actividad punible cometida en el predio, pues la administraci\u00f3n del mismo hab\u00eda sido previamente asignada por la causante Martha Vel\u00e1squez Escobar, antes de su fallecimiento, a una inmobiliaria. <\/p>\n
Remitidas las diligencias a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para surtir el grado jurisdiccional de consulta, en decisi\u00f3n del 6 de noviembre de 2019 revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, y declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio en cabeza de los herederos de la prenombrada en relaci\u00f3n con el inmueble rese\u00f1ado, con sustento en que aqu\u00e9llos omitieron su deber de cuidado y vigilancia contenido en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, comoquiera que la garant\u00eda a la propiedad no es absoluta. <\/p>\n
Tras insistir en la falta de conocimiento de los hechos il\u00edcitos motivo del tr\u00e1mite criticado, tanto para los herederos como para el albacea, exponen que la Corporaci\u00f3n querellada desconoci\u00f3 \u00ablas reglas de apreciaci\u00f3n\u00bb probatoria, as\u00ed como los elementos de convicci\u00f3n que daban cuenta de su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n exigida, por cuanto su decisi\u00f3n en el caso criticado no contiene arbitrariedad alguna, pues \u00abse expuso en el prove\u00eddo que el bien correspond\u00eda a una edificaci\u00f3n donde funcionaba un hotel y de acuerdo con la informaci\u00f3n allegada por la comunidad vecina al lugar, se determin\u00f3 que estaba siendo destinado para el expendio de drogas e incluso consumo de estupefacientes y tal realidad se corrobor\u00f3 con entrevistas realizadas a varios consumidores de alucin\u00f3genos a quienes as\u00ed constaba, es decir, que no se trataba de una situaci\u00f3n oculta al conocimiento de los afectados, como adujeron en la tutela, por el contrario, era un flagelo p\u00fablico que afectaba a la vecindad quien dio cuenta a la autoridad policiva de la ilicitud que all\u00ed se presentaba. (\u20269 Asimismo, se estableci\u00f3 que los afectados hab\u00edan desatendido la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica que les correspond\u00eda frente a su heredad, como quiera que dejaron en manos del albacea testamentario la suerte del bien, pues los mismos aceptaron haberse relegado por completo de su cuidado, control y vigilancia, ya que tan si quiera sab\u00edan qui\u00e9n era el arrendatario que ostentaba su tenencia, nunca acudieron al sitio para advertir lo que all\u00ed acontec\u00eda, -pese a tratarse de una zona de alta peligrosidad y reconocida por el tr\u00e1fico de estupefacientes- y por ello, no tuvieron conocimientos de las m\u00faltiples diligencias de que fue objeto el inmueble, tras haberse convertido en un expendio de sustancias psicotr\u00f3picas\u00bb. <\/p>\n
b. La Sociedad de Activos Especiales -SAE, se\u00f1al\u00f3 que no ha lesionado las garant\u00edas de las tutelantes, y advirti\u00f3, que, en su criterio, la determinaci\u00f3n de la autoridad accionada se ajustaba a derecho. <\/p>\n
c. La Fiscal\u00eda 28 de Extinci\u00f3n de Dominio relat\u00f3 los antecedentes del asunto y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto no quebrant\u00f3 las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda implorada, de un lado, por intempestiva, pues, aunque la decisi\u00f3n controvertida se dict\u00f3 el 6 de noviembre de 2019, las censoras s\u00f3lo concurrieron a esta sede hasta el 2 de junio de 2021; y, de otro, dada la ausencia de irregularidades en la gesti\u00f3n del Tribunal enjuiciado, toda vez que en la sentencia refutada \u00abquedaron claras las razones por las cuales hab\u00eda lugar a (\u2026) revocar el fallo que no declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio sobre el predio de los herederos de Vel\u00e1squez Escobar, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que le corresponda al juez constitucional emitir un juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural, como lo pretende el actor (sic), m\u00e1xime que, no se advierte la configuraci\u00f3n defecto alguno que habilite la procedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron las promotoras aduciendo, en s\u00edntesis, que debido a la pandemia suscitada por la Covid-19 y a su avanzada edad -60 y 80 a\u00f1os-, no acudieron antes a esta s\u00faplica, lo cual revela una \u00abcircunstancia de fuerza mayor\u00bb. Resaltaron que no cuentan con recursos procesales diferentes a la acci\u00f3n de tutela para lograr el respeto de sus garant\u00edas y reiteraron los defectos que, en su sentir, cometi\u00f3 el Tribunal reprochado al revocar el fallo de primer grado en la causa censurada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En este asunto, las ciudadanas Beatriz Helena Montoya Montoya y Mar\u00eda Teresa Vel\u00e1squez de Uribe, como apoderada general de Mar\u00eda Teresa de los Milagros Vel\u00e1squez de Uribe, cuestionan, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, la decisi\u00f3n de 6 de noviembre de 2019 de la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 \u00edntegramente lo fallado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia para, en su lugar, declarar extinto el dominio ostentado por los herederos de Martha Vel\u00e1squez Escobar, sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No.01N51213, pues seg\u00fan advierten, se soslay\u00f3 que a tales sucesores les resultaba imposible conocer los actos il\u00edcitos desplegados en dicha heredad. <\/p>\n
3. Primariamente, es del caso advertir la falta de legitimaci\u00f3n de Mar\u00eda Teresa Vel\u00e1squez de Uribe, para representar en esta sede, los intereses de Mar\u00eda Teresa de los Milagros Vel\u00e1squez de Uribe, pues el mandato general a ella conferido a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 21338388 de 20 de junio de 2015, no la habilita para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial accionada mediante este mecanismo extraordinario, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC3076-2021). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos esta Sala expres\u00f3, \u00abque si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, (\u2026) otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, (\u2026) dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (CSJ STC4661-2020). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC163-2021). <\/p>\n
4. Precisado lo anterior, corresponde ahora se\u00f1alar que el amparo incoado por Beatriz Helena Montoya Montoya tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, tal como lo determin\u00f3 el a quo constitucional, pues de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, se extrae la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada, porque la determinaci\u00f3n proferida por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio accionada, data del 9 de noviembre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n s\u00f3lo hasta el 2 de junio del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y seis (6) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que la aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
5. Lo anterior, sin que la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pueda excusarse en la coyuntura generada por el Covid-19, pues con la emisi\u00f3n del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la judicatura, se modific\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales que para la interposici\u00f3n de acciones de tutela y h\u00e1beas corpus hab\u00eda sido implementada el d\u00eda anterior mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del d\u00eda 15 del mismo mes, inici\u00e1ndose adem\u00e1s con la medida de emergencia de \u00abtrabajo en casa\u00bb de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
As\u00ed mismo, para el distrito judicial de Bogot\u00e1, donde se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que se estima vulneradora de sus prerrogativas superiores, desde el 20 de marzo de 2020 se habilit\u00f3 para la interposici\u00f3n de las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus la direcci\u00f3n electr\u00f3nica tutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, lo cual publicit\u00f3 esa autoridad en su p\u00e1gina web1, v\u00eda reemplazada posteriormente por la plataforma de \u00abrecepci\u00f3n de tutelas y habeas corpus en l\u00ednea\u00bb que funciona hasta la fecha2; de modo que, contrario a lo argumentado por la gestora, desde el inicio de la comentada emergencia, estuvo expedita la v\u00eda para la oportuna interposici\u00f3n de la solicitud de amparo, sin que pueda arg\u00fcirse su condici\u00f3n de adulta mayor como motivo para no acudir con premura, pues lo cierto es que interpuso el resguardo a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos que pudo usar anteladamente y, con todo, nada explic\u00f3 en su libelo en torno a las dificultades que, para tal efecto, se le hubiesen presentado en raz\u00f3n de su edad. <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/ciudadanos <\/p>\n