STC14066-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14066-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00543-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luc\u00eda Gabriela Arenas Foliaco contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia proferida dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 la Inmobiliaria Ara\u00fajo & Segovia S.A., identificado con el radicado No. 2020-00163-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, \u00abdejar sin efecto todo lo actuado dentro [del referido proceso], a partir del auto del 5 de mayo de 2021, que decidi[\u00f3] no escuchar[la]. Por lo tanto, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, deber\u00e1 o\u00edr a la demandada\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, a pesar de lo anterior, el 5 de mayo de 2021 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena resolvi\u00f3 no escucharla, por no haber acreditado estar al d\u00eda en el pago de los c\u00e1nones en mora, decisi\u00f3n que no obstante atac\u00f3 mediante el recurso de reposici\u00f3n, fue mantenida el 19 de agosto siguiente, y en consecuencia, el 6 de septiembre pasado se dict\u00f3 sentencia en que se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, aun cuando exist\u00eda \u00abuna duda razonable sobre la existencia del contrato de arrendamiento\u00bb, situaci\u00f3n por la cual, asegura, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena hizo un recuento de las principales actuaciones surtidas dentro del proceso cuestionado, de las que se resalta que el 5 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 no escuchar a la demandada, decisi\u00f3n que mantuvo en reposici\u00f3n mediante prove\u00eddo del 19 de agosto siguiente, por lo que el pasado 6 de septiembre dict\u00f3 sentencia con que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del mismo, decisiones todas que motiv\u00f3 razonadamente al considerar que \u00abaunque la se\u00f1ora Arenas Foliaco manifiesta estar desconociendo la existencia del contrato en la contestaci\u00f3n, la construcci\u00f3n argumentativa sobre la cual sustenta esa aseveraci\u00f3n, relativa a una presunta degeneraci\u00f3n o conversi\u00f3n contractual producida por la situaci\u00f3n de la pandemia del Covid \u2013 19, no corresponde a serias dudas sobre la existencia del contrato, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
b.) Araujo y Segovia S.A., por intermedio de apoderado judicial, pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n instada, porque la gestora pretende usar la tutela como otra instancia de estudio de su inconformidad, pese a que las decisiones cuestionadas est\u00e1n debidamente sustentadas y aquella ha contado con todos los mecanismos de defensa. <\/p>\n
c.) El Procurador 9 Judicial II para asuntos civiles conceptu\u00f3, que no est\u00e1n dados los requisitos espec\u00edficos para procedencia de la tutela, porque en lo decidido no se advierten los defectos se\u00f1alados por la gestora, ya que no aparece evidente la duda sobre la inexistencia del contrato objeto del juicio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, tras hacer un recuento del fundamento de las decisiones reprochadas, neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que \u00ablos argumentos que sustentan la decisi\u00f3n del juzgado accionado no pueden tildarse de contrarios a la raz\u00f3n o al ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual estima la Sala que las quejas de la actora no pueden ser acogidas en esta sede, pues no es predicable la existencia de una v\u00eda de hecho atribuible al Despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, sin exponer ning\u00fan motivo en espec\u00edfico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Luc\u00eda Gabriela Arenas Foliaco se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 5 de mayo del a\u00f1o que avanza por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, mantenida en reposici\u00f3n el 19 de agosto siguiente, con que se resolvi\u00f3 no escucharla, en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 Ara\u00fajo & Segovia S.A., pues seg\u00fan su dicho, lo resuelto desconoci\u00f3 que al contestar la demanda formul\u00f3 defensas con m\u00e9rito suficiente para poner en duda la existencia del contrato de arrendamiento objeto del juicio, lo que la relevaba de acreditar el pago de los c\u00e1nones en mora para poder ser o\u00edda. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n cuestionada al juzgado accionado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, pues, para fundamentar la determinaci\u00f3n, aquella autoridad comenz\u00f3 por citar la norma procesal y el precedente jurisprudencial que estim\u00f3 aplicable al evento presentado, para en seguida se\u00f1alar que \u00abel apoderado judicial en el ac\u00e1pite denominado \u201cdeber ser escuchado\u201d sostiene \u201cante la degeneraci\u00f3n temporal del contrato de arrendamiento entre los meses marzo 16 \u2013 Noviembre 1 de 2020, tal como qued\u00f3 sustentando en debida forma, se produce una duda cierta y razonable respecto de la existencia real de un contrato de arriendo entre la inmobiliaria demandante y mi apadrinada, es decir, se demostr\u00f3 la No presencia de un elemento esencial de los contratos de arrendamiento que degener\u00f3 su existencia temporal y por ende, la falta de reconocimiento de la prestaci\u00f3n y contraprestaci\u00f3n a cargo de las partes\u201d. <\/p>\n
Frente a ello, el Juzgado cognoscente observ\u00f3, que la aqu\u00ed interesada \u00abal momento que dio contestaci\u00f3n al hecho primero de la demanda afirm\u00f3: \u201cEs cierto. El contrato de arrendamiento acompa\u00f1ado a la demanda fue suscrito desde el a\u00f1o 2000 entre el se\u00f1or Israel de J. Moreno y mi defendida, luego cedido a la inmobiliaria Ara\u00fajo & Segovia S.A y degenerado transitoriamente entre los meses: marzo 16 \u2013 Noviembre 1 de 2020 por ausencia de una causa real y licita en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid 19\u201d. <\/p>\n
Tomando en cuenta lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional, el juez debe revisar el material probatorio para verificar si se presentan serias dudas respecto de la existencia real del contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y el demandado, o de la vigencia actual del mismo. <\/p>\n
En el asunto de marras, es claro el reconocimiento por parte de la demandada de la existencia de un contrato de arrendamiento que le fue cedido a la sociedad demandante, y muy a pesar de que la apoderada judicial de la parte demandada alega que el contrato se ha degenerado transitoriamente entre los meses: marzo 16 \u2013 noviembre 1 de 2020 por ausencia de una causa real y licita en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid 19, lo cierto es que el mismo a\u00fan se encuentra vigente, por lo tanto considere este operador de justica que en el caso concreto no existen suficientes elementos de juicio que puedan demostrar serias dudas en torno al contrato de arrendamiento objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, al resolver el mecanismo horizontal interpuesto por la aqu\u00ed interesada contra la precitada decisi\u00f3n, el estrado convocado sostuvo que, \u00ablos contratos de arrendamiento estuvieron vigentes aun durante la emergencia sanitaria, por ning\u00fan motivo puede entenderse que el cierre temporal del local comercial arrendado degener\u00f3 transitoriamente el contrato de arrendamiento, adem\u00e1s, del material probatorio obrante en el expediente se observa que la arrendataria solicit\u00f3 al arrendador un periodo de gracia durante la emergencia sanitaria, sin embargo, este no accedi\u00f3 a sus peticiones. En consecuencia, deb\u00eda procederse de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 579 de 2020 \u201cPor el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u201d: <\/p>\n
\u201cLas partes deber\u00e1n llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los c\u00e1nones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020. En dichos acuerdos no podr\u00e1n incluirse intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. <\/p>\n
De no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagar\u00e1 la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior, bajo las siguientes condiciones (\u2026)\u201d <\/p>\n
En seguida consider\u00f3, que \u00abtambi\u00e9n es menester recordar que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes surge en virtud de la autonom\u00eda de la voluntad, por lo que no es dable que este operador judicial interfiera y decida relevar de la obligaci\u00f3n que le asiste a la demandada en calidad de arrendataria de pagar los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados en vigencia del contrato celebrado por las partes, so pretexto de las afectaciones econ\u00f3micas que gener\u00f3 la Pandemia, m\u00e1xime porque al arrendador le asiste unos derechos que deben ser protegidos, y en este caso la demandada no present\u00f3 excepci\u00f3n de pago ni acredit\u00f3 la inexistencia del contrato de arrendamiento aportado con la demanda, por consiguiente, se debe proseguir seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 384 del CGP. <\/p>\n
En sustento de lo anterior anot\u00f3, que \u00abse observa que en la contestaci\u00f3n de la demanda, mediante una respuesta a una petici\u00f3n elevada por la demandada, el demandante afirma: \u201cla arrendataria realiz\u00f3 un abono recibido con fecha quince (15) de septiembre de 2020 por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($7.899.983 MCTE), los cuales fueron abonados al saldo en mora del mes de marzo de 2020 que presentaba, en ese momento, el contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
Por tal motivo, no puede en ning\u00fan momento predicarse que el contrato de arrendamiento no exista, pues en todo momento, la arrendataria ha reconocido la existencia del mismo, de tal forma que durante el periodo 16 de marzo de 2020 y noviembre de 2020,- dentro del cual la apoderada de la demandada afirma que hubo una degeneraci\u00f3n temporal del contrato de arrendamiento, – realiz\u00f3 abonos para pagar los c\u00e1nones adeudados. <\/p>\n
Lo antelado sirvi\u00f3 de fundamento para concluir, entonces, que \u00aben el caso concreto no existen suficientes elementos de juicio que puedan demostrar serias dudas en torno al contrato de arrendamiento objeto del proceso, lo que a su vez significa que la demandada no deber\u00e1 ser escuchada al interior de este proceso hasta que acredite el pago de los c\u00e1nones adeudados\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se advierte que la decisi\u00f3n del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, de no escuchar a la aqu\u00ed interesada hasta que acreditara el pago de las c\u00e1nones en mora, y en consecuencia el 6 de septiembre pasado dictar sentencia en que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del mismo, no obedeci\u00f3 al capricho o la arbitrariedad de aquel juzgador, sino que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, esa decisi\u00f3n se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad procesal y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso los motivos por los cuales no consider\u00f3 acreditado que estuviera en duda la existencia del aludido contrato, fundamentados aquellos en actos positivos de reconocimiento del v\u00ednculo por parte de la demandada, lo que entonces imped\u00eda aplicar la excepci\u00f3n a la sanci\u00f3n procesal de no escuchar a \u00e9sta, hasta tanto acreditara el pago de los c\u00e1nones en mora. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que, la citada postura, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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