STC14068-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14068-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de septiembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Fernando Montenegro Epia en nombre propio y en calidad de padre del joven XY y de la menor XXX, contra el Juzgado Quince de Familia de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas Leidy Johana Bedoya Vallejo, as\u00ed como al Ministerio P\u00fablico, al Defensor de Familia adscritos al juzgado accionado y a la Comisaria de Familia Comuna Doce de Santa M\u00f3nica de esa misma urbe, las partes e intervinientes del proceso de restablecimiento de derechos a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental y el de sus descendientes al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 para resolver frente a la homologaci\u00f3n del acto administrativo mediante el cual se resolvi\u00f3 el procedimiento de restablecimientos de derechos del que conoci\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Doce de Santa M\u00f3nica, identificado con el consecutivo No. 2021-00319-01. <\/p>\n
Requiere entonces, de manera concreta, que se \u00absuspendan los efectos de la decisi\u00f3n de la referencia, con el fin de evitar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los menores implicados, [con] (\u2026) base [en] todo lo evidenciado hasta ahora en el proceso de restablecimiento de derechos, en especial la entrega inmediata de los menores a la madre\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce el accionante en apretada s\u00edntesis, que el 7 de julio de la anualidad que avanza, el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, \u00abadmiti\u00f3\u00bb el mencionado asunto, mismo que zanj\u00f3 mediante prove\u00eddo 24 de agosto siguiente, en el que modific\u00f3, de manera parcial, la Resoluci\u00f3n No. 155 de 14 de mayo pr\u00f3ximo anterior, sin agotar previamente, el rito del que tratan los art\u00edculos 390 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia la anterior por la que estima lesionado el bien jur\u00eddico primario que invoc\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn explic\u00f3, en lo fundamental, que \u00ab[e]n punto a la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso, por cuanto se omiti\u00f3 cumplir el procedimiento dispuesto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, basta decir que, al parecer, el accionante confunde el tr\u00e1mite que se debe atender para resolver la homologaci\u00f3n, cuya resoluci\u00f3n corresponde al Juez de Familia, con el fin de revisar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa frente a la cual las partes o el Ministerio P\u00fablico presentan inconformidad, con aquel que establece el art\u00edculo 390 del CGP., aplicable para resolver el restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, cuya apertura, tr\u00e1mite, investigaci\u00f3n y definici\u00f3n corresponde a la Comisaria de Familia o Defensor\u00eda de Familia, seg\u00fan sea su competencia. <\/p>\n
La homologaci\u00f3n como tal, fue establecida como un control de legalidad de cada una de las etapas del juicio en la resoluci\u00f3n del procedimiento adelantado por la Comisar\u00eda y\/o Defensor\u00eda de Familia, en orden a respetar las garant\u00edas procesales para los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, padres, cuidadores y dem\u00e1s personas interesadas\u00bb, motivos los anteriores, por los que solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida. <\/p>\n
b. Por su parte, el Procurador 145 Judicial II para la Defensa de la Familia Infancia, la Adolescencia y las Mujeres, dijo que la protecci\u00f3n rogada debe ser desestimada, por cuanto \u00abno le asiste raz\u00f3n a la parte tutelante, al se\u00f1alar que el Juez le dio el tr\u00e1mite equivocado al proceso de HOMOLOGACI\u00d3N de la decisi\u00f3n emitida por la Comisaria de Familia\u00bb, pues no es cierto que deba ce\u00f1irse a las disposiciones atinentes a los juicios verbales sumarios, \u00abpor cuanto el art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006, modificado por el art. 4 de la Ley 1878 de 2018, se\u00f1ala en su inciso 8, que \u2018[e]l Juez resolver\u00e1 en un t\u00e9rmino no superior a veinte d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso\u2019. Y, posteriormente en el art. 118 numeral 2 de la ley 1098 de 2006 se\u00f1ala \u2018[l]a revisi\u00f3n de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley\u2019 y en su par\u00e1grafo se\u00f1ala \u2018los asuntos regulados en este c\u00f3digo deber\u00e1n ser tramitados con prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, excepto tutelas y habeas corpus, y en todo caso el fallo deber\u00e1 proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente seg\u00fan el caso\u2019. Lo que da cuenta que estos procesos tiene un tr\u00e1mite especial, en el cual el juez avoca conocimiento, notifica y procede de plano a emitir la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el Coordinador del Grupo Jur\u00eddico de la Regional Antioquia del ICBF aleg\u00f3, que la entidad que representa carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues ninguna injerencia tiene en las quejas expuestas por el quejoso, motivo por el cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
d. Finalmente, la Comisaria de Familia Doce de Medell\u00edn, luego de hacer una copiosa narraci\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado con ocasi\u00f3n del proceso de restablecimiento de derechos base de la s\u00faplica, puso de presente que \u00abactu\u00f3 dentro de sus competencias y tramit\u00f3 el proceso con los lineamientos ordenados para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de los menores XY y XXX con radicado n\u00famero 2-32950-20 dando cumplimiento a lo se\u00f1alado en la ley 1098 de 2006, otorgando a las partes el debido proceso para estos tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, porque \u00abel Juez Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn Antioquia, no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por las siguientes razones: <\/p>\n
El art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el canon 4 de la Ley 1878 de 2018, precept\u00faa en sus incisos 7\u00ba y 8\u00ba que \u2018(\u2026) Resuelto el recurso de reposici\u00f3n o vencido el t\u00e9rmino para interponerlo, el expediente deber\u00e1 ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico manifiestan su inconformidad con la decisi\u00f3n. El Ministerio P\u00fablico lo solicitar\u00e1 con las expresiones de las razones en que funda su oposici\u00f3n. El juez resolver\u00e1 en un t\u00e9rmino no superior a veinte (20) d\u00edas, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso. (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Por otra parte, el canon 21 No. 18 del C\u00f3digo General del Proceso en establecer que \u2018[l]os jueces de Familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 18. Homologaci\u00f3n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley\u2019. <\/p>\n
De otro lado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia STC8707 de julio 14 de 2021, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, indic\u00f3: \u2018(\u2026) Seg\u00fan la referida codificaci\u00f3n, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o o adolescente; el tratamiento en la definici\u00f3n de tales medidas, difiere en que cuando lo conoce el juez no procede reposici\u00f3n, y si el que falla es el ente administrativo, la resoluci\u00f3n requiere de homologaci\u00f3n ante el funcionario judicial (art\u00edculo 100, concordante con los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita, y art\u00edculo 21-18 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1mite procesal, el canon 21 del estatuto adjetivo general consagra que, \u00aben \u00fanica instancia\u00bb, a los jueces de familia les corresponde: \u00ab18. Homologaci\u00f3n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley\u00bb; \u00ab19. La revisi\u00f3n de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de polic\u00eda en los casos previstos en la ley\u00bb, y \u00ab20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia\u00bb. Por lo dem\u00e1s, se advierte que, en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, \u00abla autoridad judicial debe verificar no solo que se hayan garantizado los derechos y etapas procesales en el marco de la actuaci\u00f3n administrativa previa, sino que debe analizar de fondo la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad administrativa de tal forma que le permita corroborar la real garant\u00eda de los derechos fundamentales y el inter\u00e9s superior del menor\u00bb (T-474\/17). Se subraya y destaca (\u2026)\u2019. <\/p>\n
El C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia no prev\u00e9 un procedimiento para homologar el fallo proferido por la autoridad administrativa en el procedimiento de Restablecimiento de Derechos a favor de un ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, \u00fanicamente consagra el t\u00e9rmino para adoptar la decisi\u00f3n que es de 20 d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del proceso y as\u00ed lo expres\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia T-730 de 2015 al sostener: <\/p>\n
\u2018(\u2026) Contra la decisi\u00f3n que pone fin al procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes se podr\u00e1 interponer recurso de reposici\u00f3n y\/o solicitud de homologaci\u00f3n, cuando alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico lo requiera \u201ccon expresi\u00f3n de las razones en las que se funda la inconformidad\u201d. Para efectos de lo anterior, tanto la autoridad administrativa al resolver el recurso de reposici\u00f3n, como el juez de familia al solventar la homologaci\u00f3n, tendr\u00e1n diez d\u00edas. (\u2026) Comoquiera que sobre este \u00faltimo proceso no existe regulaci\u00f3n legal, m\u00e1s all\u00e1 del se\u00f1alamiento del t\u00e9rmino para adoptar la decisi\u00f3n, es preciso acudir a la jurisprudencia para verificar cu\u00e1l es el alcance que se le ha dado a la figura de la homologaci\u00f3n. <\/p>\n
En un primer momento, cuando se encontraba en vigencia el C\u00f3digo del Menor, en lo que se refiere a la declaraci\u00f3n de abandono realizada por los defensores de familia, cuya decisi\u00f3n pod\u00eda ser homologada ante los jueces de la misma especialidad, esta Corporaci\u00f3n le dio un alcance restringido, pues entendi\u00f3 que a esta \u00faltima autoridad \u00fanicamente le asist\u00eda la funci\u00f3n de realizar un control de legalidad, con el objeto de garantizar los derechos procesales de las partes y subsanar los defectos en que hubiere podido incurrir la autoridad administrativa. As\u00ed, por ejemplo, en la Sentencia T-079 de 1993, se dijo que: \u201cAunque el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n tiene por objeto revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso, al juez le est\u00e1 vedado examinar el fondo de la decisi\u00f3n. Contra la sentencia de homologaci\u00f3n no procede recurso alguno (C. del M., art. 63).\u201d <\/p>\n
Posteriormente, y a partir de la sentencia del 30 de junio de 2005, de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se present\u00f3 una nueva postura que entend\u00eda que la homologaci\u00f3n que realizaba el juez de familia, tambi\u00e9n abarcaba un control material. Precisamente, esta Corporaci\u00f3n vari\u00f3 su posici\u00f3n inicial, incluyendo la verificaci\u00f3n acerca de si la actuaci\u00f3n del defensor o comisario de familia atiende el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. En palabras de la Corte, seg\u00fan lo manifestado en la Sentencia T-671 de 2010, \u201cel asunto merece la mayor consideraci\u00f3n y adecuado escrutinio de la autoridad judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente involucrado y de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
Visto lo anterior, no cabe duda de que en la actualidad la solicitud de homologaci\u00f3n envuelve no s\u00f3lo un control formal derivado del respeto de las reglas de procedimiento que rigen el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, sino tambi\u00e9n un examen material dirigido a confrontar que la decisi\u00f3n adoptada en sede administrativa sea razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, en t\u00e9rminos acordes con el inter\u00e9s superior de los menores de edad. <\/p>\n
Sobre este punto, no sobra recordar que uno de los fines del Estado, es garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constituci\u00f3n (CP art. 2) y que, en el caso de los menores de edad, por su propia naturaleza, aquellos tienen un car\u00e1cter prevalente (CP art. 44). (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Acorde con lo que viene de exponerse, se concluye que el juez accionado no vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del accionante ni el de sus hijos, comoquiera que para emitir la decisi\u00f3n correspondiente para decidir si homologaba o no la Resoluci\u00f3n No. 155 de mayo 14 de 2021, proferida por la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Doce de Santa M\u00f3nica de esta ciudad, observ\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1878 de enero 9 de 2018, que no prev\u00e9 tr\u00e1mite diferente a que avocado el conocimiento debe resolverlo en un t\u00e9rmino no superior a 20 d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente al de su radicaci\u00f3n y al realizar dicha labor no solo revis\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida por la Comisar\u00eda de Familia en el proceso administrativo aludido, sino que tambi\u00e9n analiz\u00f3 si la decisi\u00f3n proferida por dicha autoridad garantizaba los derechos fundamentales de los menores, si las medidas adoptadas fueron oportunas, conducentes y convenientes para protegerlos y resultaban acordes al inter\u00e9s superior de \u00e9stos. <\/p>\n
Por consiguiente, contrario a lo considerado por el accionante, no es procedente aplicar al proceso de homologaci\u00f3n previsto en los incisos 7 y 8 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, el tr\u00e1mite del proceso verbal sumario consagrado en los art\u00edculos 390 al 392 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime que no se encuentra enlistado en los asuntos all\u00ed expresamente establecidos. Si bien el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que se tramitar\u00e1n por el proceso verbal sumario, entre otros asuntos, el restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, tambi\u00e9n lo es que su aplicaci\u00f3n fue prevista por el legislador para aquellos casos en que dicho asunto pasa a conocimiento del Juez de Familia, debido a que el Defensor o Comisario de Familia o, en su defecto el Inspector de Polic\u00eda quienes son las autoridades administrativas competentes para conocer del proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos a favor del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, pierden la competencia por: (i) no haber resuelto la situaci\u00f3n jur\u00eddica en el t\u00e9rmino de seis (6) meses contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos del menor de edad; (ii) cuando la autoridad administrativa ha interpuesto el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que resuelve el restablecimiento de derechos, no lo resuelve dentro de los 10 d\u00edas siguientes y (iii) cuando el t\u00e9rmino del proceso de restablecimiento de derechos y el seguimiento de la medida de restablecimiento de derechos supere los 18 meses sin que la autoridad administrativa haya declarado el cierre del proceso. Lo anterior de conformidad con los art\u00edculos 100 y 103 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, modificados por los art\u00edculos 4\u00ba y 6\u00ba de la Ley 1878 de 2018\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, luego de esgrimir como motivo de su descontento, similares razones a las esbozadas en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo expuesto se desprende, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Jhon Fernando Montenegro Ep\u00eda se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, que a efectos de resolver sobre la homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 155 del 14 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual la Comisaria de Familia de la Comuna Doce de Santa M\u00f3nica, Medell\u00edn, decidi\u00f3 acerca del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos en el contexto de violencia intrafamiliar de sus hijos, el Juzgado Quince de Familia de esa misma urbe no hubiera aplicado el tr\u00e1mite dispuesto en los c\u00e1nones 390 al 392 del C\u00f3digo General del Proceso, para los juicios verbales sumarios. <\/p>\n
3. Sin embargo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser ratificado, si en cuenta se tiene que: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: DECLARAR LA VULNERACI\u00d3N de los derechos fundamentales a la calidad de vida y a la integridad personal de los menores ni\u00f1o XY y XXX por la conducta de acci\u00f3n y omisi\u00f3n de la se\u00f1ora LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO en calidad de madre por ello en protecci\u00f3n, restablecimiento y garant\u00eda de no repetici\u00f3n se tomar\u00e1n las siguientes medidas. <\/p>\n
SEGUNDO: RATIFICAR la AMONESTACI\u00d3N a la se\u00f1ora LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO en calidad de madre para que hac\u00eda futuro se abstenga de ejecutar actos de violencia, agresi\u00f3n, maltrato, u otras ofensas f\u00edsicas, verbales y psicol\u00f3gicas que afecte el desarrollo sano del ni\u00f1o XY Y XXX. <\/p>\n
TERCERO: RATIFICAR los cuidados personales de manera provisional de los ni\u00f1os XY y XXX, a su padre, el se\u00f1or John Fernando Montenegro Epia. <\/p>\n
CUARTO: RATIFICAR a la se\u00f1ora LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO aportar cuota alimentaria a favor de sus hijos, los ni\u00f1os XY de 12 a\u00f1os de edad y XXX de 8 a\u00f1os de edad la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (300.000) MENSUALES, los cuales ser\u00e1n consignados en dos cuotas iguales de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) cada una, en la cuenta n\u00famero 61500013094 de Bancolombia a nombre del se\u00f1or Jhon Fernando Montenegro Epia, los d\u00edas 1 y 16 de cada mes. <\/p>\n
QUINTO: RATIFICAR las VISITAS a la se\u00f1ora Leidy Johana Bedoya Vallejo con sus hijos, los ni\u00f1os XY y XXX un fin de semana cada quince d\u00edas; la madre recoger\u00e1 los ni\u00f1os el d\u00eda viernes a la salida de la jornada escolar y los entregar\u00e1 el d\u00eda domingo o lunes cuando sea festivo en la casa del padre a las 5:00pm; la se\u00f1ora Leidy Johana Bedoya Vallejo podr\u00e1 comunicarse con sus hijos v\u00eda telef\u00f3nica de manera libre y permanente. Para las festividades navide\u00f1as del a\u00f1o 2021, los ni\u00f1os compartir\u00e1n con el padre el d\u00eda 24 de diciembre y con la madre el d\u00eda 31 de diciembre. <\/p>\n
SEXTO: CONTINUAR con el acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico para los ni\u00f1os XY y XXX con el programa sin fronteras, con el objetivo de disminuir los sentimientos desfavorables de la menor hacia su madre, fortaleciendo en ella sus v\u00ednculos filiales, resinificar su historia por las actitudes y propiciar un reencuentro m\u00e1s saludable con su vida y con su construcci\u00f3n de futuro, construir su proyecto de vida a mediano, corto y largo plazo. Los padres deben asumir su rol para que los menores asistan a las terapias. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO: CONTINUAR con la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica y neurol\u00f3gica del menor XY, que permita tener un diagn\u00f3stico claro, respecto a las conductas del menor y si es del caso seguir con el tratamiento ordenado por el m\u00e9dico tratante. Anexar al proceso el informe de la valoraci\u00f3n realizada. <\/p>\n
OCTAVO: ORDENAR a los se\u00f1ores LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO y JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA EXCLUIR a los ni\u00f1os XY y XXX del conflicto no resuelto que existe entre adultos, por lo que se les ORDENA que no entren en campa\u00f1as de desprestigio y no se descalifiquen entre s\u00ed en presencia de sus hijos. <\/p>\n
NOVENO: ORDENAR a los se\u00f1ores LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO y JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA terapia de padres separados con el mismo profesional, con el fin de que puedan finalmente sobreponerse a su conflicto y logren construir una interacci\u00f3n de padres, en t\u00e9rminos de respeto, cordialidad y mutuo apoyo, fortalecer su comunicaci\u00f3n, soluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos, adem\u00e1s adquieran las herramientas para ejercer autoridad y correcci\u00f3n adecuada para sus hijos de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentran, y as\u00ed fortalecer su rol de padres, ampliar sus conocimientos sobre protecci\u00f3n y preservaci\u00f3n de los derechos de los NNA. Esto con profesional id\u00f3neo, en una instituci\u00f3n p\u00fablica o privada a su costa, para lo cual deber\u00e1n presentar constancia de inicio en un t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas. <\/p>\n
D\u00c9CIMO: ORDENAR al se\u00f1or JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA en calidad de Padre, asistir al CURSO PEDAG\u00d3GICO SOBRE DERECHOS DE LA NI\u00d1EZ a cargo de la Defensor\u00eda del Pueblo; debiendo aportar certificado de su realizaci\u00f3n, de conformidad con la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
D\u00c9CIMO PRIMERO: ORDENAR a los se\u00f1ores LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO y JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA en calidad de padres, hacer \u00e9nfasis en el cumplimiento del art\u00edculo 14 sobre la responsabilidad parental como un complemento de la patria potestad y que es la obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los MENORES, durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y de la madre de asegurarse que el menor pueda lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEGUNDO: informar a las partes que de conformidad con el Art. 103 de la ley 1098\/2006, las medidas tomadas podr\u00e1n ser modificadas o suspendidas si se demuestra la alteraci\u00f3n de las circunstancias que dieron lugar a ellas. Igualmente se le informa a las partes que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizara un seguimiento a las \u00f3rdenes dadas en esta providencia. <\/p>\n
D\u00c9CIMO TERCERO: la Comisar\u00eda de Familia realizar\u00e1 seguimiento de las medidas adoptadas y el incumplimiento de las mismas podr\u00e1 dar lugar a que se modifiquen dichas medidas y se impongan las sanciones contempladas en la ley. Para el efecto se realizar\u00e1 dicho seguimiento dentro de los seis meses siguientes y podr\u00e1 citarse o contactarse telef\u00f3nicamente a los se\u00f1ores LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO y JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA as\u00ed como a los ni\u00f1os XY y XXX. <\/p>\n
D\u00c9CIMO QUINTO: se les hace saber a las partes que el incumplimiento a las medidas se sancionar\u00e1 de conformidad con el Art. 55 de la Ley 1098 de 2006 que establece una sanci\u00f3n de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios m\u00ednimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a raz\u00f3n de un d\u00eda por cada salario diario m\u00ednimo legal vigente de multa. Esta sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el se\u00f1or Defensor de Familia. <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEXTO: la presente resoluci\u00f3n se NOTIFICA en estrados de conformidad con lo establecido en el Art. 102 de la ley 1098 de 2006(modificado por el art\u00edculo 5 de la Ley 1878 de 2018) a las partes presentes en la audiencia. <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEPTIMO: NOTIF\u00cdQUESE el presente fallo a los se\u00f1ores LEIDY JOHANA BEDOYA VALLEJO y JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA por ESTRADOS quienes podr\u00e1n interponer el recurso de reposici\u00f3n en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo General del proceso, esto es, dentro de la presente audiencia quienes asistieron a ella. Resuelto el recurso de reposici\u00f3n o vencido el t\u00e9rmino para interponerlo, el expediente deber\u00e1 ser remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si dentro de los quince d\u00edas siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico lo solicita con expresi\u00f3n de las razones en que se funda la inconformidad de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 7 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la madre interpuso recurso horizontal, el cual fue desatado mediante Resoluci\u00f3n No. 168 del 28 de mayo de 2021, manteni\u00e9ndola inc\u00f3lume, por lo que, a paso seguido, solicit\u00f3 que se tramitara la homologaci\u00f3n, para que se modificaran las medidas adoptadas. <\/p>\n
3.3. En vista de lo anterior, el expediente fue remitido a la oficina de reparto de los juzgados de familia de Medell\u00edn, correspondi\u00e9ndole su conocimiento al despacho n\u00famero quince, el que mediante sentencia adiada 4 de agosto pasado resolvi\u00f3 modificar la determinaci\u00f3n revisada, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: se homologa parcialmente la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 155 del 14 de mayo de 2021, proferida por la Comisar\u00eda de Familia Doce, Santa M\u00f3nica, en orden a restablecer los derechos de los ni\u00f1os XY y XXX, hijos de los se\u00f1ores John Fernando Montenegro Epia y Leidy Johana Bedoya Vallejo. En consecuencia, <\/p>\n
SEGUNDO: se modifica el numeral PRIMERO, para adicionarlo en el sentido que la vulneraci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os XY y XXX, tambi\u00e9n recae en cabeza de su progenitor JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Se revoca el numeral TERCERO, y en su lugar se dispone: \u2018TERCERO: Se define la custodia y cuidados personales de los ni\u00f1os XY y XXX en la progenitora se\u00f1ora Leidy Johana Bedoya Vallejo, quien debe velar, por su cuidado, atenci\u00f3n y protecci\u00f3n en todos los momentos de sus vidas, evitando dejarlos sin la compa\u00f1\u00eda de un adulto responsable e infringirles castigos como medios de correcci\u00f3n. El padre cumplir\u00e1 con los cuidados personales cuando ejerza su derecho de visitas, y har\u00e1 entrega inmediata de los descendientes a la progenitora, en su lugar de residencia.\u2019 <\/p>\n
CUARTO: Se revoca el numeral CUARTO de la decisi\u00f3n y en su lugar se dispone: \u2018CUARTO: el se\u00f1or John Fernando continuar\u00e1 cumpliendo la obligaci\u00f3n alimentaria a favor de sus descendientes en la forma y los t\u00e9rminos en que fue convenida, cuidando de actualizar los incrementos de conformidad con la ley.\u2019 <\/p>\n
QUINTO: Se modifica el numeral QUINTO, en el sentido de establecer como r\u00e9gimen de visitas entre el se\u00f1or John Fernando Montenegro Epia y sus descendientes, un fin de semana cada quince d\u00edas de viernes a las 5:00 de la tarde hasta el domingo o lunes, si fuere festivo a las 5:00 de la tarde, siendo responsabilidad del padre recogerlos y retornarlos al domicilio que los ni\u00f1os comparten con la progenitora. As\u00ed mismo compartir\u00e1 con los ni\u00f1os festividades especiales como d\u00eda del padre y su cumplea\u00f1os. Para el 24, 25, 31 de diciembre y 1\u00ba de enero, compartir\u00e1n con el padre el 24 y 31 de este a\u00f1o (2021) y con la progenitora los dos restantes d\u00edas y para el pr\u00f3ximo a\u00f1o, iniciar\u00e1 la madre y continuar\u00e1 el padre y as\u00ed se ir\u00e1n intercalando. Las vacaciones de mitad, fin de a\u00f1o, Semana Santa y Receso escolar, ser\u00e1n compartidas con ambos padres por mitades, de manera rotativa. Esto es, para este a\u00f1o inicia el progenitor la primera mitad de cada periodo y contin\u00faa la progenitora el resto del tiempo y para el a\u00f1o siguiente, inicia la madre y contin\u00faa el padre. Todo lo anterior, sin perjuicio que los padres de mutuo acuerdo y en beneficio de los derechos de sus hijos, se modifiquen algunas de las fechas o per\u00edodos establecidos. <\/p>\n
SEXTO: En todo lo dem\u00e1s se mantiene la decisi\u00f3n, resultando vital en la etapa de seguimiento que se inicia, que los padres acrediten el cumplimiento las obligaciones enlistadas tanto para ellos como para sus descendientes. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO: Devolver las diligencias a su lugar de origen, para el tr\u00e1mite que corresponda. Lo anterior con fundamento en que: \u201c(\u2026) no se avala la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa, concretamente la relacionada con la asignaci\u00f3n de la custodia en cabeza del se\u00f1or John Fernando Montenegro Epia, junto con los cuidados personales provisionales, pues si bien los ni\u00f1os vienen desde unos seis meses atr\u00e1s radicados con aquel, las acciones y omisiones de la progenitora no son de tal calidad que ameriten una decisi\u00f3n de esta naturaleza, cuando la convivencia de ella se ha dado desde su nacimiento y bien puede retomar su tarea de progenitora responsable con recibir la asesor\u00eda de unas pautas de crianza por un personal calificado. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio que en cualquier momento se adopte una decisi\u00f3n contraria al evidenciarse que luego de esta oportunidad se constate un nuevo episodio de riesgo o afectaci\u00f3n a los derechos de los ni\u00f1os de la pareja. Tambi\u00e9n se debe advertir al se\u00f1or John Fernando, que su fiscalizaci\u00f3n en los cuidados de sus hijos por parte de su progenitora, no se convierta en una tarea que amenace la intimidad y dem\u00e1s derechos fundamentales de sus descendientes. Sin que olvide cuales tambi\u00e9n son sus responsabilidades, no solo patrimoniales, sino tambi\u00e9n de cuidados personales, cuando se encuentre ejerciendo las visitas. <\/p>\n
Como efectivamente se deben proteger los derechos que se reportaron vulnerados a los ni\u00f1os, se debe propender por una medida para su restablecimiento, en este caso, se adoptar\u00e1 la contemplada en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, concretamente la ubicaci\u00f3n con la familia de origen, al lado de la progenitora, quien continuar\u00e1 con la custodia monoparental y el cuidado personal de los ni\u00f1os en su residencia y en su cumplimiento debe evitar a toda costa dejarlos sin la compa\u00f1\u00eda de un adulto responsable y moderar los actos correctivos hac\u00eda sus descendientes. <\/p>\n
El padre har\u00e1 entrega inmediata de los ni\u00f1os a la progenitora en su lugar de residencia. Es importante tener presente, que la como se establece en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n objeto de estudio, la Comisar\u00eda de Familia, realizar\u00e1 un proceso de seguimiento durante seis meses, periodo suficiente para que se pueda evaluar el ejercicio de la maternidad responsable de la se\u00f1ora Leydi Jhoana Bedoya Vallejo en la custodia y cuidados personales de sus hijos. Como los padres ya establecieron una cuota alimentaria, de acuerdo a lo probado en la foliatura, el se\u00f1or John Fernando continuar\u00e1 con su cumplimiento en los t\u00e9rminos en que fue convenida, cuidando de actualizar los incrementos a la actualidad, en esto queda modificado el numeral cuarto de la decisi\u00f3n. Para el ejercicio de las visitas, se ratificar\u00e1 el numeral quinto de la decisi\u00f3n, con la \u00fanica modificaci\u00f3n en el entendido que ellas se regulan para el progenitor. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al numeral PRIMERO, este se modificar\u00e1, en cuanto se considera que si el hecho generador de la vulneraci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, como lo concluy\u00f3 el informe de valoraci\u00f3n el entorno familiar, lo era la presencia constante de agresiones mutuas de la pareja, son los dos progenitores en quienes recae la responsabilidad de asumir su rol responsable. Por consiguiente, no puede excluirse de dicha responsabilidad al se\u00f1or JOHN FERNANDO MONTENEGRO EPIA. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n, en cuanto se modifica el numeral PRIMERO, se revoca el numeral TERCERO y CUARTO, y se adoptan modificaciones para el numeral QUINTO, en lo dem\u00e1s se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Entonces, aun cuando el promotor de la salvaguarda estima que la Juez Quince de Familia de Medell\u00edn debi\u00f3, en pro de una efectiva administraci\u00f3n de justicia y la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas y las de sus menores hijos, imprimir al tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n el rito dispuesto para un juicio verbal sumario, debe decirse que no se advierte proceder alguno de la convocada que injustificadamente trasgreda las prerrogativas esenciales de aqu\u00e9llos, pues conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1878 de enero 9 de 2018, la pluricitada homologaci\u00f3n debe resolverse de plano, dentro de los 20 d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente al de su radicaci\u00f3n, tal y como en efecto sucedi\u00f3, sin que de manera alguna, como lo alega el promotor, debiera abrirse paso al rito establecido para los litigios verbales sumarios consagrado en los art\u00edculos 390 al 392 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime cuando \u00e9ste, a ciencia cierta, lo que busca es retrotraer los efectos de la decisi\u00f3n que, en parte, le fue desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
5. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (STC3695-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado, pero por las razones antes esbozadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14068-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC14068-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00286-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58625","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58625\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}