STC14081-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14081-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01483-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Stella Rojas Urrego contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de esa ciudad, las Fiscal\u00edas 152 y 139 de la Unidad de Ley 600 de 2000 de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes de la causa penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que consider\u00f3 quebrantada por las autoridades convocadas al omitir la condena en costas a cargo de los demandantes en la parte civil, en el marco del juicio penal que se promovi\u00f3 en su contra radic\u00f3 bajo el consecutivo n.\u00ba 2017-00075-01. <\/p>\n
Pretende que a trav\u00e9s de ese remedio excepcional, \u00abse revoque integralmente la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada (la no condena en costas a cargo de los demandantes dentro de la acci\u00f3n civil) para que en su lugar se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n, dentro de la cual se cumplan los postulados del Debido Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas dijo, en s\u00edntesis, que en su contra y de otra se promovi\u00f3 una \u00abdenuncia penal\u00bb, y a su vez, demanda de parte civil ,\u00abcon fundamento en lo establecido en el art\u00edculo 45 de la Ley 600 de 2000 (\u2026) para lograr el resarcimiento de los da\u00f1os y perjuicios individuales que supuestamente les fueron causados, los cuales estimaron en una cuant\u00eda superior a los SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE\u00bb, causa penal que finiquit\u00f3 con sentencia condenatoria del 22 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de esta ciudad, en cuya oportunidad, \u00aben lo que correspond\u00eda a la demanda de parte civil no hizo ning\u00fan pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 25 de septiembre siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00abconfirm\u00f3 la sentencia en lo que a la parte penal ata\u00f1e y revoc\u00f3 la misma en lo que a la parte civil correspond\u00eda\u00bb, y adicionalmente se abstuvo de condenar en costas a la parte a la que se le negaron las pretensiones civiles, so pretexto que en su momento \u00absolicit\u00f3 adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales, que se declarara la responsabilidad penal de los procesados\u00bb, desconociendo as\u00ed, dice, \u00abque la demanda penal (sic) y la constituci\u00f3n de parte civil o demanda civil son totalmente aut\u00f3nomas e independientes\u00bb, por lo que incurri\u00f3 en causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, al dejar de aplicar los derroteros del canon 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dijo, que en sentencia del 25 de septiembre de 2020, dispuso \u00abREVOCAR el ordinal tercero de la sentencia anticipada del 22 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito -Ley 600- de esta ciudad, por medio del cual se conden\u00f3 a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA y STELLA ROJAS URREGO al pago de quince (15) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, en favor de Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y Alberto Jos\u00e9 Armenta Ferreira (\u2026)\u00bb; confirmando en lo dem\u00e1s el fallo de primer grado\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en el t\u00e9rmino de la ejecutoria, la aqu\u00ed accionante y otro, \u00abinterpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; paralelamente, FL\u00d3REZ OLAYA present\u00f3 solicitud de \u00abadici\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u00bb de la sentencia de segundo grado, argumentando su inconformidad con la negativa de la Sala a disponer la condena en costas contra la parte civil del proceso. Empero, el pedimento aditivo fue rechazado de plano por la Sala, mediante auto de 27 de octubre de 2020\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicita denegar el amparo, m\u00e1s aun cuando \u00ablas razones del discernimiento censurado fueron explicadas con detalle tanto en el fallo de segundo grado como en el auto que rechaz\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n, (\u2026) [y] porque actualmente el proceso se encuentra en estudio de admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por los encartados, lo cual desplaza la acci\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional, por tratarse de un mecanismo de car\u00e1cter eminentemente subsidiario\u00bb. <\/p>\n
b.) Luis Alonso Rinc\u00f3n Arias y Alfredo Jos\u00e9 Armenta Ferreira, vinculados, dijeron que el objetivo de la quejosa es \u00abentorpecer la justicia\u00bb, pues incluso, otro de los all\u00ed procesados ya acudi\u00f3 en tutela por los mismos hechos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
c.) La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n anot\u00f3, que la presunta \u00abvulneraci\u00f3n de derechos suyos y los de ROJAS URREGO, desconociendo los dos condenados el principio de la inmediaci\u00f3n, ya que habiendo sido condenado por el Juzgado 49 Penal del Circuito en agosto del 2019 y, el 25 de septiembre del 2020 la Sala Penal del Tribunal, revoc\u00f3 el ordinal Tercero de la sentencia anticipada del 22 de agosto de 2019 y, ampliamente se ocup\u00f3 respecto de la condena en costas, atendiendo lo descrito en el art\u00edculo 365 de la Ley 1564 de 2012 -C\u00f3digo General del Proceso-, sin que observe esta delegada se vulnerara alg\u00fan derecho ni garant\u00eda constitucional de los dos procesados\u00bb. <\/p>\n
d.) La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, luego de realizar un recuento de lo sucedido al interior del asunto, pidi\u00f3 denegar el resguardo, por estimar que \u00abno le corresponde al juez constitucional, actuar como una tercera instancia frente a las pretensiones denegadas por los jueces de instancia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por considerar que existe un escenario natural de discusi\u00f3n donde se puede debatir la situaci\u00f3n que ahora pretende cuestionar la gestora del resguardo, comoquiera que \u00ab[m]ientras el proceso se encuentre en curso, el afectado tendr\u00e1 la posibilidad de reclamar, al interior del tr\u00e1mite, el respeto de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela\u00bb, y \u00ab[c]omo en este caso est\u00e1 pendiente de resolverse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, evidente resulta que el asunto cuestionado se encuentra en curso, v\u00eda id\u00f3nea para para la defensa de sus intereses, en la medida en que el presente mecanismo ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, pero no es una tercera a la de los jueces competentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con esa decisi\u00f3n, la convocante afirm\u00f3 que en la actualidad \u00abno se est\u00e1 tramitando el recurso extraordinario de casaci\u00f3n enunciado dentro de la decisi\u00f3n impugnada\u00bb, en tanto que \u00abdesde el d\u00eda 9 de junio de 2021 el mismo fue inadmitido, es decir antes de haberse presentado el presente amparo\u00bb, por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en las primigenias alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Rojas Urrego est\u00e1 encaminada, en \u00faltimas, contra la decisi\u00f3n del 25 de septiembre de 2020 cuya aclaraci\u00f3n fue negada el 27 de octubre siguiente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual se abstuvo de condenar en costas a la parte civil, en el marco del juicio penal que se adelant\u00f3 en contra de la quejosa, por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
3. No obstante, revisados los elementos de juicio obrantes en las diligencias digitales, observa la Corte que en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo especial\u00edsimo de protecci\u00f3n, resulta improcedente la salvaguarda rogada frente a la citada autoridad judicial, si se tienen en cuenta los siguientes hechos probados: <\/p>\n
3.1. Mediante sentencia anticipada del 22 de agosto de 2019, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 penalmente responsable a Stella Rojas Urrego y otro como coautores del delito de fraude procesal y, en consecuencia, entre otras disposiciones (i) los conden\u00f3 a 54 meses de prisi\u00f3n y multa de 200 s.m.l.m.v. para el 2014; (ii) al otro procesado, Filiberto Fl\u00f3rez, adem\u00e1s le impuso la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado por un t\u00e9rmino de 23 meses y 15 d\u00edas; y, (iii) conden\u00f3 a los procesados al pago de 15 s.m.l.m.v. para el 2019, a t\u00edtulo de da\u00f1os y perjuicios en cabeza de quienes all\u00ed se constituyeron como v\u00edctimas. <\/p>\n
3.2. Esa determinaci\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n, y en decisi\u00f3n del 25 de septiembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el numeral tercero, esto es, el relacionado con el pago de 15 s.m.l.m.v. en favor de Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y de Alberto Jos\u00e9 Armenta, manteniendo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
3.3. Los inconformes acudieron en recurso extraordinario de casaci\u00f3n; adicionalmente, uno de los all\u00ed condenados, Filiberto Fl\u00f3rez, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n y posterior adici\u00f3n de esa decisi\u00f3n por la omisi\u00f3n en la condena en costas a cargo de los all\u00ed demandantes (demanda de parte civil). <\/p>\n
3.4. Por auto del 27 de octubre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 de plano \u00abla solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2020\u00bb, tras advertir que \u00abla demanda de parte civil hab\u00eda prosperado parcialmente, habida consideraci\u00f3n que la parte civil, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales, hab\u00eda deprecado que se declarara la responsabilidad penal de los procesados, lo que, en efecto, ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3.5. De la revisi\u00f3n del Sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI (con n\u00famero de radicado 11001310404920170007501), se desprende que el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la aqu\u00ed accionante fue inadmitido el 9 de junio de 2021, y el 28 de julio siguiente, se rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de insistencia. <\/p>\n
4. Ante este panorama, considera la Sala que la protecci\u00f3n solicitada por la accionante est\u00e1 llamada al fracaso, en la medida en que el razonamiento realizado por la colegiatura convocada, para no condenar en costas a los all\u00ed demandantes (demanda de parte civil), de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En efecto, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, en punto de resolver sobre la aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2020, luego de hacer una rese\u00f1a acerca de las generalidades normativas frente a la procedencia de la condena en costas asegur\u00f3, que en sede de apelaci\u00f3n \u00abdeclar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de fondo postulada por el procesado en la contestaci\u00f3n de la demanda respecto de la pretensi\u00f3n indemnizatoria postulada por la parte civil\u00bb; adem\u00e1s, \u00abla demanda de parte civil hab\u00eda prosperado parcialmente\u00bb, en la medida en que \u00abla parte civil, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales, hab\u00eda deprecado que se declarara la responsabilidad penal de los procesados, lo que, en efecto, ocurri\u00f3\u00bb. En ese orden, record\u00f3 que al desatar la alzada asever\u00f3, que \u00abadem\u00e1s de la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica, los derechos de las v\u00edctimas sean estas directas o indirectas, tambi\u00e9n comprenden la verdad y la justica, de manera que, con la declaratoria de responsabilidad penal contra los procesados, \u00e9stas dos \u00faltimas garant\u00edas se satisficieron cabalmente\u201d. En consecuencia, al verificarse una prosperidad parcial de la demanda, a la luz del numeral 5 del art\u00edculo 365 del C.G.P, se exonerar\u00e1 a los procesados de la condena en costas emitida por el A quo, por lo que se revocar\u00e1 el ordinal 3\u00b0 de la sentencia materia de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, y a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado descansa sobre una respetable aplicaci\u00f3n del contenido de lo consagrado en el canon 365 del C\u00f3digo General del Proceso, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada al momento de negar la aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n de la sentencia de segundo grado debatida, se demostr\u00f3 con suficiencia, en \u00faltimas, que en la demanda de parte civil existi\u00f3 una prosperidad parcial de las pretensiones, estableci\u00e9ndose as\u00ed una causa para no imponer condena en costas. <\/p>\n
6. Puestas de ese modo las cosas, y al margen de que esta Sala proh\u00edje las conclusiones a que all\u00ed se arrib\u00f3, queda claro que lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13302-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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