STC14087-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14087-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-01032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mabel Cristina Aristiz\u00e1bal Giraldo en calidad de agente oficiosa de Gloria Mar\u00eda Yarpaz Yepes, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante en la calidad antedicha, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciada al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la \u00abirrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos en materia laboral\u00bb, y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia SL4508 del 2 de septiembre de 2020, que resolvi\u00f3 sobre el recurso de casaci\u00f3n propuesto por Colpensiones, en el marco del proceso ordinario laboral por aqu\u00e9lla instaurado en contra de tal entidad, en aras de obtener como pretensi\u00f3n principal, el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez establecida establecida en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, y como subsidiaria, el de la pensi\u00f3n de invalidez establecida en el art\u00edculo 6 ejusdem. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada sentencia, con el fin que se profiera una nueva determinaci\u00f3n que se ajuste \u00abal precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional [fijado en las sentencias] SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, luego de hacer un resumen pormenorizado de las actuaciones acaecidas en desarrollo de la contienda ordinaria laboral objeto de an\u00e1lisis, que con lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la providencia memorada, su representada ha sufrido un perjuicio incalculable, pues lo cierto es que, de manera contundente, se desconoci\u00f3 el derecho a la igualdad de la se\u00f1ora Yarpaz Yepes \u00abal pasar por alto la jurisprudencia del honorable Corte Constitucional en la SU 442 de 2016\u00bb, pues, aunque se \u00abhace evidente la disparidad de tratamiento que existe como consecuencia de la creaci\u00f3n de reg\u00edmenes de transici\u00f3n para vejez\u00bb, no lo es as\u00ed \u00abpara invalidez. En suma, de conformidad con esta jurisprudencia, las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez prescitas por el Acuerdo 049 de 1990 son aplicable a todas aquellas personas con una p\u00e9rdida de capacidad laboral que se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, siempre que el afiliado hubiese cotizado las semanas exigidas por dicho acuerdo antes de su derogatoria\u00bb. <\/p>\n
Que adem\u00e1s, dice, \u00ab[n]o se aplic\u00f3 el precedente Jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional, consagrado en la sentencia SU 556-19, en la cual se indic\u00f3 que resulta razonable y proporcionado interpretar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sentido de aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotizaci\u00f3n, a pesar de que su condici\u00f3n de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003\u00bb, circunstancias por la que acude a la presente senda excepcional, pues su representada no cuenta con otro mecanismo de defensa jur\u00eddica. <\/p>\n
a. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S.-, aleg\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que ninguna relaci\u00f3n directa tiene con las pretensiones de la gestora de la salvaguarda, hecho por el cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
b. Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo inquirido, luego de se\u00f1alar que ninguno de los yerros que la jurisprudencia constitucional ha enlistado para que pueda el juez de tutela intervenir de manera excepcional frente a decisiones judiciales fue demostrado, adem\u00e1s de haber operado en el caso sub ex\u00e1mine la figura de cosa juzgada. <\/p>\n
c. Finalmente, el titular del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, se limit\u00f3 a realizar una rese\u00f1a del tr\u00e1mite acaecido a la luz del juicio ordinario laboral base del reclamo, sin referirse puntualmente a las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 al amparo invocado, luego de advertir que, independientemente de que hubiere sido o no beneficiosa a la accionante la decisi\u00f3n cuestionada, la misma \u00abno se ofrece arbitraria ni caprichosa, ni violatoria del ordenamiento jur\u00eddico, pues se encuentra precedida de un an\u00e1lisis serio y debidamente fundamentado, soportado en los hechos probados, las disposiciones normativas y la jurisprudencia aplicable al caso, cuyo contraste permite a esta Colegiatura descartar la procedencia del amparo. <\/p>\n
Es de recordar, una vez m\u00e1s, que las discrepancias que puedan presentarse en torno a una determinada decisi\u00f3n que es desfavorable, no habilitan la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue dise\u00f1ado como una instancia alternativa, sustitutiva ni adicional de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n. Por tanto, la sentencia censurada se torna intangible, y el juez de tutela no puede, en virtud del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) que ampara sus actuaciones y decisiones, intervenir para modificarlas, solo porque el impugnante no la comparte, o tiene una comprensi\u00f3n diversa de la del funcionario. <\/p>\n
5. Tampoco resulta cierto que la autoridad demandada desconoci\u00f3 el precedente de la sala permanente, como viene de verse, en la decisi\u00f3n controvertida, por el contrario, reiter\u00f3 la jurisprudencia de su propia especialidad, la cual tiene car\u00e1cter vinculante, obligatorio, y es un criterio propio de la autonom\u00eda e independencia que gozan las autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n
As\u00ed, en torno al acatamiento de las sentencias de unificaci\u00f3n que extra\u00f1a la gestora, precisamente el criterio de la Sala especializada se amolda al contenido de las pautas reguladas por la Corte Constitucional, pues se tiene dicho por la Corporaci\u00f3n, que solo en aquellos eventos en que se hubiera estructurado la p\u00e9rdida de capacidad laboral entre el 26 de diciembre de 2003 y la misma fecha de 2006, es posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para estudiar, si con base en ella, lograba consolidar los derechos para la pensi\u00f3n de invalidez que no pudo satisfacer con fundamento en la Ley 860 de 2003; dicho argumento surgi\u00f3 -se reitera- de la aplicaci\u00f3n de los fallos del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los esbozados del escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, pues las cuestiones planteadas por la inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que razonamiento realizado por la Colegiatura convocada para casar la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cali \u2013 Sala Laboral, y en su lugar, confirmar la sentencia desestimatoria de primer grado, de manera alguna resultan arbitrarias o caprichosas, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, se adentr\u00f3 el \u00d3rgano de cierre en material laboral en el estudio de la procedencia de la pensi\u00f3n de vejez solicitada de manera principal, para lo cual, empez\u00f3 por anotar, que \u00aben el expediente militan 3 historias laborales de la accionante. La primera la aport\u00f3 esta con la demanda, actualizada a 14 de octubre de 2014 (f.\u00b0 4 a 5 reverso); otra, la alleg\u00f3 la demandada, actualizada a 26 de enero de 2016 (f.\u00b0 83 a 85) y la tercera, impresa el 24 de junio de 2010 (f.\u00b0 107 a 108). Esta \u00faltima no ser\u00e1 tenida en cuenta porque fue adosada al plenario en plena lectura del fallo, despu\u00e9s de cerrado el debate probatorio. <\/p>\n
En el primer reporte de semanas aludido, constan unas cotizaciones en mora correspondientes al per\u00edodo comprendido entre enero de 1997 y septiembre de 1999 con el empleador Nicol\u00e1s Cure & Cia. Ltda. (f.\u00b0 4 a 5 reverso). <\/p>\n
A juicio de la Sala, dichas semanas no pueden ser tenidas en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez reclamada, pues no obra ninguna prueba o indicio que acredite que durante dicho lapso en efecto existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral entre la accionante y el empleador mencionado. Adem\u00e1s, de acuerdo con la certificaci\u00f3n visible a folio 87, la demandante se afili\u00f3 al fondo de solidaridad pensional a trav\u00e9s de Prosperar entre el 1.\u00ba de diciembre de 1997 y el 30 de junio de 2001, lo que indica que para dicho periodo no estaba vinculada al r\u00e9gimen contributivo como trabajadora dependiente o independiente. <\/p>\n
Por otra parte, en el presente caso, la Corporaci\u00f3n advierte que Yarpaz Yepes no demostr\u00f3 m\u00ednimamente que en efecto prest\u00f3 sus servicios para Nicol\u00e1s Cure & C\u00eda. Ltda. en el periodo de enero de 1997 a septiembre de 1999, pues su actividad probatoria en tal aspecto fue escasa. Asimismo, se si bien el juzgado de primera instancia orden\u00f3 oficiar a la referida empresa para que certificara el tiempo en que la demandante mantuvo una relaci\u00f3n laboral con ella, no se obtuvo respuesta alguna (f.\u00b0 93). <\/p>\n
En ese contexto, precis\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n criticada, \u00abteniendo en cuenta el n\u00famero de semanas cotizadas ya referido, la accionante no re\u00fane los requisitos establecidos para el otorgamiento de la pensi\u00f3n pretend\u00eda con base en el Acuerdo 049 de 1990, pues no reuni\u00f3 1000 semanas aportadas en cualquier \u00e9poca ni 500 en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad requerida. N\u00f3tese que en toda la vida laboral ajust\u00f3 886 semanas, 282 de las cuales corresponden a los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad de 55 a\u00f1os. Y tampoco acredit\u00f3 los requisitos exigidos en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.\u00ba de la Ley 797 de 2003 para tener derecho a la pensi\u00f3n de vejez, que para el caso correspond\u00eda a un m\u00ednimo de 1175 semanas 83 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 81436 SCLAJPT-10 V.00 19 cotizadas. As\u00ed las cosas, la jueza de primera instancia acert\u00f3 al absolver a Colpensiones de la pensi\u00f3n de vejez deprecada\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
2.2. Y sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria referente a la pensi\u00f3n de invalidez, consider\u00f3 que \u00ab[r]especto de la pretensi\u00f3n subsidiaria, como se indic\u00f3 en casaci\u00f3n, seg\u00fan el reporte de semanas sufragadas por la actora al ISS (f.\u00ba 83 a 85), la \u00faltima cotizaci\u00f3n la efectu\u00f3 en el mes de diciembre de 2008, de modo que la demandante no hizo aportes en los 3 a\u00f1os anteriores al 26 de noviembre de 2012, fecha en que se estructur\u00f3 su invalidez (f.\u00b0 7 a 8), como lo exige el art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 860 de 2003. En ese contexto, a la promotora del proceso tampoco le asiste derecho al otorgamiento de la pensi\u00f3n de invalidez que reclama, como acertadamente lo concluy\u00f3 la a quo, de modo que se confirmar\u00e1 la sentencia que esta profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sobre el presente t\u00f3pico, reiteradamente se ha pregonado, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
2.4. En esa misma l\u00ednea de principio, la inconforme deber\u00e1 estarse a lo resuelto por las autoridades competentes dentro del proceso declarativo laboral objeto de cuestionamiento, comoquiera que el juez constitucional \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
3. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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