STC14095-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14095-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00515-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Centro Internacional de Negocios La Triada y Mar\u00eda Femy Rueda D\u00edaz, contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante Maria Femy Rueda D\u00edaz reclama en nombre propio y como apoderada judicial del Centro Internacional de Negocios La Triada, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al imponerle una multa, dentro del proceso ejecutivo que la mencionada persona jur\u00eddica tramita contra Premium Phone Ltda, identificado con el radicado No. 2015-00706-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga \u00abrevocar el numeral primero del auto de fecha 3 de mayo de 2021 en cuanto a la imposici\u00f3n de multa para Garc\u00eda D\u00edaz y C\u00eda Ltda. y Mar\u00eda Femy Rueda D\u00edaz de cinco (5) S.M.L.M.V.\u00bb, por inasistencia a la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que ante el Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga inici\u00f3 \u00abdemanda acumulada\u00bb para cobrar las cuotas de administraci\u00f3n de los locales 112 y 113; el asunto fue remitido por competencia al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, donde se ejecutaba a la misma deudora, pero por otro concepto, all\u00ed se libr\u00f3 mandamiento de pago por las cuotas de administraci\u00f3n causadas entre mayo y noviembre de 2015, neg\u00e1ndose el cobro de las que se causaran con posterioridad; durante el proceso recibi\u00f3 de la ejecutada varios abonos a la obligaci\u00f3n; no obstante, el local 113 fue rematado y adjudicado a Gabriel Leonardo Pe\u00f1a Camargo, quien pag\u00f3 las cuotas de administraci\u00f3n de ese inmueble hasta febrero de 2021, de manera que, para la audiencia de conciliaci\u00f3n del 20 de abril de 2021, a las 8:00 a.m. la deuda por el local 113 estaba al d\u00eda y hab\u00eda recibido directamente de la ejecutada lo adeudado por el local 112, por lo que pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n acumulada por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Narra que, por lo expuesto, para el momento de la realizaci\u00f3n de la audiencia \u00abno se deb\u00eda absolutamente nada\u00bb, motivo por el cual se pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n del local 112 hasta las cuotas de administraci\u00f3n de noviembre de 2015 y se reiter\u00f3 la solicitud presentada el 15 de febrero anterior, donde se inform\u00f3 del pago realizado sobre las cuotas de administraci\u00f3n del local 113 hasta el mes de febrero de 2021, no obstante, el 3 de mayo siguiente el Juzgado cognoscente no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso y le orden\u00f3 a la ejecutante consignar el dinero recibido de la demandada, \u00abhab\u00eda cuenta que su pago tuvo lugar con posterioridad a la orden de suspensi\u00f3n de acreedores\u00bb; as\u00ed mismo, le impuso a Garc\u00eda D\u00edaz y C\u00eda Ltda. y a ella, multa por cinco (5) s.m.l.m.v. por no haber asistido a la audiencia inicial del 20 de abril de 2021 <\/p>\n
Finalmente asegura, que por el \u00faltimo pago recibido de la ejecutada el d\u00eda anterior a la audiencia inicial, no hab\u00eda justificaci\u00f3n alguna para presentarse a ese rito, situaci\u00f3n de la cual se inform\u00f3 oportunamente al juzgado accionado, y que demuestra que no hubo abandono del proceso, circunstancia que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor, de Garc\u00eda D\u00edaz y C\u00eda Ltda y de Centro Internacional de Negocios la Triada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3, que el 3 de mayo del a\u00f1o que avanza impuso multa a los accionantes por no asistir a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C.G.P., decisi\u00f3n que mantuvo en reposici\u00f3n el 10 de junio siguiente, y con la cual no se vulneraron las garant\u00edas cuya protecci\u00f3n invocan los gestores. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la solicitud de terminaci\u00f3n del referido proceso a que alude la gestora, \u00abfue allegada al correo del juzgado en la fecha y hora de realizaci\u00f3n de la audiencia, por lo que, si ante este estrado se acude a trav\u00e9s de apoderado judicial, es \u00e9ste quien debe actuar con diligencia y cuidado y acudir a las audiencias a las que fue convocada, m\u00e1xime si no se observ\u00f3 decisi\u00f3n alguna registrada ni notificada respecto a la petici\u00f3n que hab\u00eda elevado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la salvaguarda instada, tras hacer un recuento de las actuaciones relevantes para la queja presentada, y colegir que \u00abla determinaci\u00f3n acusada no merece reproche, ni contiene un desafuero que demande la injerencia del juez de amparo, pues el despacho aplic\u00f3 las consecuencias previstas en el inciso final del numeral 4 del art\u00edculo 372 del C. G. del P., se insiste, ante la inasistencia de la parte ejecutante a la audiencia convocada para el d\u00eda 20 de abril de 2021 y la falta de justificaci\u00f3n oportuna de su ausencia, que en modo alguno se subsana con la presentaci\u00f3n tard\u00eda de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
La conducta de la parte ejecutante y ac\u00e1 accionante en el juicio ejecutivo no se puede remediar a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. Independientemente de que el Tribunal proh\u00edje o no el sentido de la decisi\u00f3n acusada, lo cierto es que esta es producto de una hermen\u00e9utica respetable, sustentada en la Ley, producida en el ejercicio de la autonom\u00eda judicial, motivo por el cual est\u00e1 vedada la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la parte accionante, con similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, insistiendo en que se present\u00f3 oportunamente prueba sumaria que justific\u00f3 la inasistencia a la audiencia inicial, y que daba cuenta de que ten\u00eda la convicci\u00f3n de que el proceso \u00abestaba terminado\u00bb, lo que descarta un actuar de su parte \u00abcontrario a las normas de la equidad, de la buena fe o de la justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que El Centro Internacional de Negocios La Triada y Mar\u00eda Femy Rueda D\u00edaz se duelen, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 3 de mayo de la presente anualidad por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, mantenida en reposici\u00f3n el 10 de junio siguiente, a trav\u00e9s de la cual se les impuso una multa por cinco (5) s.m.l.m.v., por no asistir a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco del proceso ejecutivo que la mencionada persona jur\u00eddica tramita contra Premium Phone Ltda, pues seg\u00fan dicho de aqu\u00e9llas, oportunamente probaron sumariamente el motivo de su inasistencia, esto es, que hab\u00edan recibido el pago total de la obligaci\u00f3n ejecutada, lo que, en su sentir, justificaba su no comparecencia al mencionado rito. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado la Corte extrae los siguientes hechos relevantes para esta decisi\u00f3n: <\/p>\n
3.1. Ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, Galer\u00eda Inmobiliaria SAS adelanta proceso coercitivo contra Premiun Phone Ltda. <\/p>\n
3.2. En esa ejecuci\u00f3n se acept\u00f3 la acumulaci\u00f3n de varios cobros, incluido el promovido por la aqu\u00ed interesada, cuyo prop\u00f3sito era obtener el pago de las cuotas de administraci\u00f3n en mora de los locales 112 y 113. <\/p>\n
3.3. El representante legal del Centro Internacional de Negocios La Triada ni su apoderada judicial, Mar\u00eda Femy Rueda D\u00edaz, asistieron a la audiencia inicial programada para el 3 de mayo del presente a\u00f1o, por lo que el Juzgado les impuso multa de cinco (5) s.m.l.m.v. <\/p>\n
3.4. Al resolver el recurso de reposici\u00f3n que los prenombrados presentaron contra la precitada decisi\u00f3n, el estrado accionado resolvi\u00f3 el 10 de junio pasado mantener lo decidido, porque \u00abtal como qued\u00f3 expuesto en el auto que se recurre, la apoderada y su poderdante no asistieron a la audiencia inicial ni presentaron prueba siquiera sumaria que acreditara la fuerza mayor o el caso fortuito que impidi\u00f3 a su asistencia a la diligencia. <\/p>\n
Ahora bien, respecto a las aseveraciones expuestas en el escrito con que se recurre el auto que impone sanci\u00f3n, en el que se\u00f1ala inicialmente que la solicitud de terminaci\u00f3n radicada el d\u00eda de la audiencia, comporta la justificaci\u00f3n necesaria para no concurrir al rito procesal, por cuanto denota que la causa que motiv\u00f3 adelantar la demanda acumulada tuvo fin con el pago realizada por la ejecutada y por el rematante frente al local comercial 113, debe indic\u00e1rsele que la solicitud a que hace alusi\u00f3n no es un impositivo fijado para esta juzgadora en la prosperidad de la misma, pues en primer lugar debe reunir los presupuestos del Art. 461 del Estatuto Procesal Civil, y de ser procedente entrar\u00eda el Despacho a tomar la decisi\u00f3n que correspondiere, mientras tanto, las partes quedan supeditadas al tr\u00e1mite ya decidido y en el presente caso lo era la asistencia a la audiencia inicial (\u2026)\u201d. \u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga al resolver el precitado mecanismo horizontal, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa aplicable al caso concreto, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional. <\/p>\n
A diferencia de lo considerado por parte actora, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por el Despacho accionado se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de aquellos con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada dicha autoridad consider\u00f3 que, mientras no se decretara la terminaci\u00f3n del proceso, como lo pidieron los aqu\u00ed interesados, \u00e9stos deb\u00edan seguir cumpliendo con sus deberes de parte, como lo es, asistir a las audiencias. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por los aqu\u00ed inconformes, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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