STC14099-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14099-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00935-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 17 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo y C\u00e9sar Mauricio Ram\u00edrez Valencia, contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Boyac\u00e1, y, la Fiscal\u00eda Octava Seccional de Duitama, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la petici\u00f3n y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones que se profirieron en el marco de la acci\u00f3n penal que se sigue en su contra por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en modalidad de tentativa. <\/p>\n
Solicitan entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, que se ordene i) \u00abla suspensi\u00f3n de la [l]ectura de [f]allo en [s]egunda instancia, hasta que pase la PANDEMIA Y SE LEVANTE[N] TODAS LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS (\u2026) PARA QUE SE HAGA DE MANERA PRESENCIAL\u00bb; ii) se ordene a la Fiscal Octava Seccional de Duitama la entrega de todos los medios de prueba que le fueron requeridos; y, iii) al Fiscal General de la Naci\u00f3n, emitir una respuesta de fondo y congruente respecto de la petici\u00f3n del 18 de marzo de 2020. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que concierne para la resoluci\u00f3n del presente asunto aducen, en lo esencial, que pese a que el se\u00f1or Jhon Ram\u00edrez se considera \u00abun FALSO POSITIVO JUDICIAL\u00bb y que recus\u00f3 al Magistrado que conoce de las diligencias penales seguidas en su contra, la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo ha fijado en varias oportunidades la pr\u00e1ctica de la audiencia de lectura de fallo de manera \u00abvirtual\u00bb, aun cuando, dicen, para garantizar sus prerrogativas superiores debe \u00e9sta realizarse \u00abpresencial[mente]\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alan de otra parte, que aunque el 18 de marzo de 2020 pusieron de presente las conductas desplegadas en su contra por la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Boyac\u00e1 y la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Duitama, pues, aseguran, despu\u00e9s de 5 a\u00f1os no se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n alguna por los hechos que configurar\u00edan \u00abun concierto para delinquir\u00bb en su contra, \u00abfraude procesal, prevaricato por acci\u00f3n, omisi\u00f3n y el abuso del proceder\u00bb, el Fiscal General de la Naci\u00f3n no dio alcance a sus peticiones y s\u00f3lo emiti\u00f3 respuesta la Delegada para la Seguridad Ciudadana del ente acusador, circunstancias todas, que dicen, lesionan los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Fiscal Octava Seccional de Duitama puntualiz\u00f3, que conoci\u00f3 de la causa a partir de la audiencia de juicio tras el impedimento que declar\u00f3 su homologo Noveno Seccional de la misma ciudad; y de cara a queja en punto de la omisi\u00f3n en la entrega de material probatorio advirti\u00f3, que \u00abes FALSA, pues copia \u00edntegra de toda la carpeta que reposa en el despacho de la Fiscal\u00eda 8 seccional de Duitama se remiti\u00f3 v\u00eda correo certificado mediante Oficio 205070-01-02-2018 a la direcci\u00f3n esbozada por el accionante en Derecho de Petici\u00f3n dirigido a la Dra. Marcela Mar\u00eda Yepes G\u00f3mez Directora Ejecutiva de la F.G.N (la cual se anexa) Calle 8 No. 14-08 de Palestina Caldas desde el d\u00eda 16-07-2020 tal y como consta en la gu\u00eda de servicios postales nacionales S.A. 472 (la cual se anexa), en la cual se enviaron 953 folios y 1 CD. Correo que fue entregado en la direcci\u00f3n aludida por la empresa de correos, pues as\u00ed se encuentra acreditado con la \u201ccertificaci\u00f3n de entrega\u201d\u00bb. <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, memor\u00f3 todas las actuaciones que conoci\u00f3 en el marco de la causa criticada. <\/p>\n
c. El Director de Fiscal\u00edas Seccional de Boyac\u00e1 precis\u00f3, que no ha lesionado derecho fundamental alguno de los actores, pues frente a la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n de las denuncias formuladas frente a varios funcionarios del ente instructor, \u00abno solo se le ha dado tr\u00e1mite por la Direcci\u00f3n Seccional Boyac\u00e1, por las Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal y el Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales del despacho del Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, sino que adem\u00e1s existen fallos de tutela sobre el particular\u00bb; y adem\u00e1s, la solicitud de entrega de pruebas \u00abfue atendida desde el 19 de septiembre de 2019 por oficio penal 470 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, quien hizo entrega de copia del proceso en 9 cuadernos y 5 CD`s, tal como se expresa en el fallo de tutela antes mencionado y nuevamente por la Fiscal\u00eda 8 Seccional Duitama\u00bb. <\/p>\n
d. El Magistrado Sustanciador de la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoce del referido juicio indic\u00f3, por una parte, que est\u00e1 pendiente de resolverse la recusaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 en su contra; y por la otra, que \u00abse han espetado a cabalidad las garant\u00edas del procesado (\u2026), pues hasta la fecha se ha accedido a todas sus solicitudes, con el objeto de respetar el derecho de postulaci\u00f3n que le asiste, asimismo, en todo momento se ha comunicado en debida forma y con la antelaci\u00f3n necesaria, las fechas de las audiencias programas, como prueba de ello, me permito anexar a la presente respuesta todas las constancias secretariales que obran en el expediente\u00bb. <\/p>\n
e. La Asesora del Despacho del Fiscal General de la Naci\u00f3n \u2013Coordinadora Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, adujo que mediante la Resoluci\u00f3n 0-3151 de 2016, entre sus funciones, se asign\u00f3 \u00abtramitar las solicitudes de asignaci\u00f3n especial y variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n de investigaciones\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abse brind\u00f3 contestaci\u00f3n [al actor] mediante oficio GTAE 0323 del 25 de marzo de 2020 (anexo 6), en el cual se le indic\u00f3 entre otras razones, que ya se le hab\u00eda dado contestaci\u00f3n a requerimiento id\u00e9ntico a trav\u00e9s del oficio GTAE 0193 del 27 de febrero de 2020 (anexo 7), en el que como se observa se hizo un detallado an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n expuesta en el escrito, frente a la cual se le requiri\u00f3 que ajustara su solicitud a la norma reglamentaria que regula las variaciones de asignaci\u00f3n de investigaciones (R0 0985 de 2018), respuesta que fue debidamente notificada al solicitante (Anexo8)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar temeraria la queja contra la Fiscal\u00eda Octava Seccional de Duitama, pues el requerimiento en punto de la entrega de pruebas ya hab\u00eda sido objeto de amparo anterior, el que fue negado, siendo coincidentes los hechos, las pretensiones y los accionados. <\/p>\n
De otra parte, en punto de la protecci\u00f3n reclamada frente al Tribunal Superior convocado, advirti\u00f3 que se incumple con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abse trata de un causa que se encuentra en curso, no le est\u00e1 permitido al juez constitucional intervenir en el mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para preservar o recuperar los derechos supuestamente amenazados, esto es, en sede de apelaci\u00f3n de la sentencia y, eventualmente en casaci\u00f3n, con lo cual deviene improcedente la acci\u00f3n de tutela solicitada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, que igual suerte corren las quejas en relaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, puesto que s\u00ed se emiti\u00f3 la respuesta aqu\u00ed reclamada, por lo que \u00absi el accionante se encuentra inconforme con la orden de archivo proferida por la Fiscal\u00eda 2\u00aa Delegada ante el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, cuenta con la posibilidad de pedirle a dicha autoridad el desarchivo de la investigaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Jhon Jairo Ram\u00edrez Valencia recurri\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que lo pretendido por el se\u00f1or Jhon Jairo Ram\u00edrez Valencia, en lo fundamental, es que se ordene a la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo suspender la audiencia de lectura de fallo, hasta que se pueda practicar dicha diligencia de manera presencial, en el marco de las acciones penales que se siguen en su contra por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en modalidad de tentativa, pues seg\u00fan su criterio, la realizaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n de manera virtual, quebrantar\u00eda sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
3. Sin embargo, establecido lo anterior es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones criticadas y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades, de que tratan los art\u00edculos 456 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la audiencia de lectura de fallo virtual y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que presuntamente de all\u00ed se derivan, n\u00f3tese que precisamente el art\u00edculo 457 de la citada codificaci\u00f3n prev\u00e9 la nulidad por \u00abviolaci\u00f3n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales\u00bb; de este modo, antes de acudir al presente mecanismo, el interesado debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, inclusive, tal como lo precis\u00f3 el a quo, cuando a\u00fan cuenta con la posibilidad de ventilar la particular tem\u00e1tica, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo de segundo grado que confirm\u00e9 la pena que le fue impuesta en primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, por cuanto estando el proceso penal en curso, se estar\u00eda interfiriendo en el marco de competencia del juez natural previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, y naturalmente el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que va en contrav\u00eda de los dictados de la doctrina constitucional, en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles, evidentemente deben discutirse en el escenario procesal adecuado, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, y, ante los funcionarios acusados; admitir que mediante una tutela se adelante un juicio constitucional para examinar situaciones que son objeto de juzgamiento en un proceso en curso por las autoridades competentes, conforme al tr\u00e1mite establecido por el legislador y las normas sustanciales que regulan el decurso seguido frente al gestor del amparo, es desconocer los principios de juez natural, competencia y debido proceso, lo cual es constitucionalmente improcedente. <\/p>\n
Al punto, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, que \u00abEl juez de tutela no puede desplazar a los jueces ordinarios en el cumplimiento propio de sus funciones y con mayor raz\u00f3n cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que hiciere procedente la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, pues mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuaci\u00f3n (\u2026) estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb (CSJ T. 28152). <\/p>\n
4. De otra parte, en lo que respecta a las pretensi\u00f3n dirija no solo, a la Fiscal\u00eda Octava Seccional de Duitama, de cara a la entrega de las pruebas requeridas por el aqu\u00ed inconforme, sino adem\u00e1s a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en punto de la intervenci\u00f3n directa del Fiscal General en las denuncias que ha planteado y la respuesta que se emiti\u00f3 a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 18 de marzo de 2020, observa la Corte que las mismas inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas por \u00e9ste, ya fueron objeto de debate constitucional, la primera, ante la Sala Especializada en lo Penal de esta misma Corporaci\u00f3n, quien en sentencia STP659-2020 del 28 de enero de 2020, neg\u00f3 el amparo solicitado por aqu\u00e9l, luego de advertir que en efecto, la solicitud se elev\u00f3 ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y la mentada Fiscal\u00eda, lo cierto era que hab\u00eda carencia actual de objeto en la queja, pues el Juzgado Promiscuo del Circuito de la citada localidad, desde el 19 de septiembre de 2019, hizo entrega de la copia del proceso junto con todos los medios de prueba recaudados. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la segunda queja, se observa que ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1, curs\u00f3 queja frente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la petici\u00f3n del 18 de marzo de 2020, donde en fallo del 28 de julio ese a\u00f1o se deneg\u00f3 la salvaguarda implorada por dicha circunstancia, tras advertir la ocurrencia de un hecho superado, en la medida que el 4 de julio de la citada anualidad el ente acusador emiti\u00f3 respuesta a tal solicitud, \u00absin que se vea obligada a definir favorablemente las pretensiones de los accionantes respecto a la intervenci\u00f3n Directa del Fiscal General de la Naci\u00f3n, de su Equipo de Comit\u00e9 T\u00e9cnico y del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales de la misma entidad, en el tr\u00e1mite del proceso penal (\u2026) adem\u00e1s que entiende que el derecho de petici\u00f3n no se ha vulnerado cuando la autoridad a quien se dirige (\u2026) responde oportunamente a los peticionarios sin perjuicio que la respuesta sea negativa\u00bb. <\/p>\n
Ahora, al ser remitidos los expedientes al Alto Tribunal Constitucional, \u00e9stos fueron excluidos de revisi\u00f3n mediante prove\u00eddos del 28 de febrero de 2020 y 26 de febrero de 2021, respectivamente, por lo que las aludidas decisiones hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243 numeral 1\u00ba C.P.), y por ende, es oponible a quienes intervinieron en dicho tr\u00e1mite, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de reabrir nuevamente el debate sobre aquellas actuaciones, en lo que a la tem\u00e1tica puntual refiere, criterio igualmente sostenido por esta Colegiatura, citando a la Corte Constitucional, al precisar que, \u00abuna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u201cno hay lugar para reabrir el debate\u201d y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (CC SU1219\/01, citada entre otras, en CSJ STC063-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la determinaci\u00f3n replicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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