STC14101-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14101-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00518-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y el Banco Davivienda S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013ADRES, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclamada por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la vida, a la salud \u00abde la poblaci\u00f3n vulnerable\u00bb y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la medida cautelar de embargo decretada en el marco del proceso ejecutivo que en su contra adelanta Ra\u00fal Garc\u00eda Arias, identificado con el radicado 2021-00212-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abrevoc[ar] \u00edntegramente la decisi\u00f3n adoptada (\u2026) en providencia judicial de fecha 26 de agosto de 2021, por medio de la cual se decreta medida cautelar y se proceda a ordenar el levantamiento definitivo y liberaci\u00f3n de las medidas cautelares ordenadas sobre las cuentas maestras [del hospital]\u00bb y \u00abse abstenga en lo sucesivo de tomar decisiones con procederes arbitrarios tales como ordenar medidas cautelares sobre recursos inembargables\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que tiene por objeto la prestaci\u00f3n del servicio de salud, con una planta que cuesta $1.030\u00b4901.642 mensuales, que se ocupa en atender la poblaci\u00f3n de 10 municipios con un total de 775.408 habitantes, de los cuales 5.220 son pobres y no est\u00e1n asegurados, y, 278.976 est\u00e1n afiliados al r\u00e9gimen subsidiado, cubriendo entonces todo tipo de servicios de salud para personas del r\u00e9gimen contributivo, especiales, SOAT, migrantes especialmente embarazadas, p\u00f3lizas de aseguramiento, entre otros; servicios que presta con recursos del Sistema General de Participaciones consignadas en cuentas maestras. <\/p>\n
Narra que se percat\u00f3 del embargo de la cuenta maestra que tiene en el Banco Davivienda, pese a que no es dinero que integra su patrimonio, \u00absino que son recursos inembargables del sistema de salud y est\u00e1n destinados al proceso de compensaci\u00f3n\u00bb que efect\u00faa el ADRES, situaci\u00f3n por la cual se comunic\u00f3 con la entidad financiera, quien le inform\u00f3 que la cautela hab\u00eda sido ordenada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dentro del referido proceso, mediante oficio en que indic\u00f3 que \u00absi bien los recursos pueden provenir del Sistema de Seguridad Social, no se hace limitaci\u00f3n de inembargabilidad, como quiera que las obligaciones que se cobran a trav\u00e9s del presente tr\u00e1mite tienen origen en la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte del ejecutante, a afiliados de la demandada, es decir, en virtud del v\u00ednculo contractual existente entre las partes, por lo que resulta pertinente aplicar la excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad tal como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia\u00bb <\/p>\n
Narra que debido al embargo no ha podido cumplir con el pago a sus funcionarios, proveedores y dem\u00e1s costos de funcionamiento, motivo por el cual el 10 se septiembre del presente a\u00f1o se notific\u00f3 del referido cobro judicial por conducta concluyente y se le hizo traslado de la demanda y sus anexos; no obstante, la vigencia de la aludida cautela le genera perjuicios no solo a la instituci\u00f3n, sino a sus usuarios, empleados y contratistas. <\/p>\n
Finalmente asegura, que est\u00e1 categorizada en \u00abriesgo alto\u00bb seg\u00fan la Resoluci\u00f3n Nro. 0001342 de 29 de mayo de 2019, y se encuentra en programa de saneamiento fiscal y financiero; adem\u00e1s, que la coyuntura de sanidad generada por la pandemia del Covid-19 hace necesario el uso de todos los recursos posibles, situaciones todas \u00e9stas por las cuales, asegura, est\u00e1 justificada la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Juez Octava Civil del Circuito de Bucaramanga remiti\u00f3 la versi\u00f3n digital del decurso cuestionado y manifest\u00f3, que decret\u00f3 la aludida cautela con fundamento en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial sobre la procedencia excepcional de la misma sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social, siendo improcedente la protecci\u00f3n reclamada, porque el 15 de septiembre pasado la aqu\u00ed accionante radic\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la comentada decisi\u00f3n cautelar. <\/p>\n
b). El Banco Davivienda S.A., corrobor\u00f3 que procedi\u00f3 con el embargo de dinero que la aqu\u00ed inconforme ten\u00eda depositado en una cuenta corriente y de ahorro, debido a la orden emitida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, la cual fue reiterada mediante oficio No. 11042 del 15 de septiembre del a\u00f1o que avanza, disposici\u00f3n que, resalta, ven\u00eda fundamentada en la jurisprudencia que rige la tem\u00e1tica. <\/p>\n
c). Ra\u00fal Garc\u00eda Arias por intermedio de apoderado judicial, narr\u00f3 que es cesionario de los derechos econ\u00f3micos de la Corporaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro de M\u00e9dicos Especialistas \u2013Cormedes, quien prest\u00f3 servicios de salud a pacientes de la aqu\u00ed inconforme, los cuales est\u00e1 cobrando en la referida ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
d). El ADRES hizo \u00e9nfasis en la inembargabilidad de los recursos girados a la aqu\u00ed interesada, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n reclamada por \u00e9sta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras revisar el proceso cuestionado y encontrar, que \u00abel 14 de septiembre de 2021, fecha en la que tambi\u00e9n fue incoado el presente amparo, el Hospital San Juan de Dios interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto adiado 26 de agosto de 2021 por medio del cual fueron decretadas las cautelas que por esta v\u00eda se pretenden derribar; concedi\u00e9ndose la alzada mediante providencia del 17 de septiembre con fundamento en el numeral 8 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n notificada por estados del d\u00eda 20 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb, sin que se cumplan los requisitos jurisprudenciales para anticiparse a la decisi\u00f3n de ese mecanismo, ya que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n ejercitado por la accionante es id\u00f3neo y eficaz para resolver las inconformidades enrostradas al juzgado encartado. Ahora, aduce la E.S.E. la inminencia de un perjuicio irremediable comoquiera que los recursos que ingresan a las dos cuentas bancarias del banco Davivienda son empleadas para sus gastos de funcionamiento, sin embargo, no se indic\u00f3 que tales se constituyan en la \u00fanica fuente de financiamiento de esa instituci\u00f3n, pues de las certificaciones adunadas con el escrito tutelar se desprende di\u00e1fanamente que tiene productos financieros con otras entidades, verbigracia, BBVA y Banco de Bogot\u00e1, los cuales, dicho sea de paso, se abstuvieron de acatar la cautela ordenada, lo que significa que nada impide a la accionante hacer uso de los recursos econ\u00f3micos que posee en ellas, argumento este que tambi\u00e9n sirve de b\u00e1culo para descartar el requisito de gravedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad gestora, con sustento en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en el monto de sus gastos mensuales y de sus pasivos, que no la hacen auto sostenible, ya que actualmente adeuda salarios y pagos a contratistas y proveedores, de manera que mientras el juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n, se agrava la situaci\u00f3n financiera de la entidad, lo que le genera un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura expuesta por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se soporta, en lo fundamental, en que mediante auto de 26 de agosto del presente a\u00f1o, emitido dentro del proceso ejecutivo que en su contra adelanta Ra\u00fal Garc\u00eda Arias, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que posea en productos contratados con diferentes entidades financieras, con un l\u00edmite de $263\u00b4673.000, cautela por virtud de la cual el Banco Davivienda le retuvo unos dineros que ten\u00eda depositados en una cuenta corriente y en otra de ahorros, que no son de su propiedad sino del Sistema General de Seguridad Social, que por ende requer\u00eda para su funcionamiento y la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela y la revisi\u00f3n del expediente del proceso objeto de reproche, la Corte observa que en el prove\u00eddo con que el juzgado accionado decret\u00f3 la precitada cautela, se advirti\u00f3 a las entidades financieras destinatarias de la misma que, \u00absi bien, los recursos pueden provenir del Sistema General de Seguridad Social, no se hace limitaci\u00f3n de inembargabilidad, comoquiera que las obligaciones que se cobran a trav\u00e9s del presente tr\u00e1mite tienen origen en la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte del ejecutante, a afiliados de la demandada, es decir, en virtud del v\u00ednculo contractual existente entre las partes, resulta pertinente aplicar la excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad tal como ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; as\u00ed mismo, consta que mediante auto del 17 de septiembre pasado, dicha autoridad concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que la aqu\u00ed interesada interpuso contra la medida cautelar y, el registro de actuaciones de la p\u00e1gina web de la rama judicial indica que el 1 de octubre pasado el expediente del asunto fue radicado en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y ese mismo d\u00eda ingres\u00f3 al despacho, donde se encuentra pendiente de pronunciamiento. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo reclamado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n est\u00e1 llamado al fracaso, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual, en raz\u00f3n a que la solicitud de levantamiento de la medida cautelar acatada por el Banco Davivienda, a\u00fan es objeto de discusi\u00f3n dentro del proceso cuestionado, pues, est\u00e1 pendiente el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bucaramanga frente al recurso de apelaci\u00f3n que la aqu\u00ed accionante interpuso contra esa determinaci\u00f3n, con sustento en similares inconformidades a las que expone en este escenario, siendo esa la v\u00eda procesal para que \u00e9sta exponga los motivos que pretende hacer valer en este tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que, aunada a los distintos medios de defensa que la gestora tiene a su disposici\u00f3n para la activa defensa de sus derechos fundamentales a lo largo del decurso en comento, impide la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez constitucional, dado que no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
5. Para casos como el presente, la Corte ha indicado a quien solicita la protecci\u00f3n, que \u00ab(\u2026) debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
6. En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo al estar pendiente el pronunciamiento del Juzgado Segundo de Familia de Cartagena dentro de la actuaci\u00f3n antes individualizada, el gestor deber\u00e1 aguardar a que se d\u00e9 el mismo, pues \u00ab\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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