STC14104-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14104-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01387-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de septiembre de 20201, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sully Lisbeth Mart\u00ednez Pe\u00f1aranda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, seguridad social y m\u00ednimo vital, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (rad. 2016-01223). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que interpuso demanda contra la AFP Protecci\u00f3n S.A., en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien, con providencia del 6 de noviembre de 2018, accedi\u00f3 al pedimento y conden\u00f3 a la querellada al pago de la prestaci\u00f3n, a partir del 26 de agosto de 2015, junto con el retroactivo, con fundamento en la p\u00e9rdida de capacidad laboral (PCL) del 65%. <\/p>\n
Sin embargo, la entidad requerida formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, por lo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa urbe, con decisi\u00f3n de 11 de diciembre de 2019, revoc\u00f3 la sentencia estimatoria de primer grado, y, en su lugar, la absolvi\u00f3, porque no tuvo en cuenta \u00abel dictamen pericial con afinco en el cual se hab\u00eda acreditado la condici\u00f3n de invalidez de la suscrita, toda vez que, quien emitiera dicha experticia, Dr. Luis Armando Cambas Zuluaga, compart\u00eda domicilio profesional con el apoderado judicial de la suscrita, hecho que a juicio del H. Tribunal, le restaba objetividad a la pericia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el ad quem estim\u00f3 que, con los dem\u00e1s dict\u00e1menes obrantes en el expediente, se acredit\u00f3 PCL superior al 50%, pero no se cumpli\u00f3 con la densidad de semanas exigidas por ley. No obstante, \u00abla suscrita, tiene cotizadas un total de 1.056,86 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, es decir un 81,23% de las semanas m\u00ednimas requeridas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, raz\u00f3n por la cual, es evidente, ostensible y palmario, que s\u00ed cumplo con los requisitos legales, para acceder a una pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero, a la fecha de interponer el amparo, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral no ha resuelto sobre el particular, de modo que \u00abpor el tiempo que habitualmente tarda la resoluci\u00f3n de dicho recurso, este medio ordinario de defensa no tiene la virtud de proteger los derechos actualmente conculcados\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abtut[elar] el derecho fundamental al debido proceso que le fuera violado a la suscrita con la decisi\u00f3n de La Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Medell\u00edn proferida el 11 de diciembre de 2019. En consecuencia, de[jar] sin ning\u00fan efecto dicha providencia y ord[enar] que se resuelva en Derecho el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte accionada dentro del proceso ordinario, con radicado 05001310502120160122300, orden\u00e1ndose el reconocimiento de mi pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con el recuento realizado por el a quo constitucional, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00abLa Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de la Magistrada encargada de la ponencia del asunto relatado, remiti\u00f3 \u00abgu\u00eda de la lectura\u00bb de la sentencia reprochada. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por medio del Magistrado sustanciador del citado proceso, indic\u00f3 que el expediente \u00abfue radicado y repartido al despacho a mi cargo, el 17 de marzo del a\u00f1o que avanza (2020); el 19 de agosto pasado se admiti\u00f3 el recurso y se corri\u00f3 traslado a la recurrente, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 el 20 siguiente iniciando a correr dicho t\u00e9rmino en esa calenda\u00bb. Adem\u00e1s, expuso que debe respetar el orden de entrada de los casos al despacho para resolver, conforme lo establece la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se colige del expediente que la AFP Protecci\u00f3n S.A. manifest\u00f3 que \u00abesta acci\u00f3n de tutela no puede prosperar, dado que dicho conflicto actualmente se est\u00e1 dirimiendo a trav\u00e9s de la v\u00eda id\u00f3nea, es decir a trav\u00e9s del proceso ordinario, por lo tanto, si la accionante tiene alguna inconformidad con la decisi\u00f3n tomada por el juez laboral debe informarla en ese mismo proceso, y no a trav\u00e9s del mecanismo subsidiario y preferencial como lo es la ACCION DE TUTELA\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente el amparo, porque \u00abse percibe que el asunto cuestionado por Sully Lisbeth Mart\u00ednez Pe\u00f1aranda est\u00e1 en curso, pues, seg\u00fan lo manifestado por la propia interesada y las entidades accionadas y vinculadas a este diligenciamiento, el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segundo grado emitida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn no ha concluido, por cuanto no ha sido desatado por la autoridad competente. Es decir, no se ha producido agotamiento de la actuaci\u00f3n del juez natural, motivo por el cual cuenta la libelista con la posibilidad de reclamar, al interior del mismo, la defensa de las garant\u00edas superiores invocadas, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela (CSJ STP15043- 2018, 6 nov, 2018, rad. 101315)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abno obstante los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la sentencia, se decidi\u00f3 no acceder a lo solicitado, invocando el hecho de que en la actualidad la sentencia de segunda instancia promovida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn del proceso con radicado 05001310502120160122300 fue casada (sic) ante la Corte Suprema de Justicia, no obstante, no se tuvo en cuenta el estado de debilidad manifiesta y las condiciones de salud en las que me encuentro actualmente, lo que me hace sujeto de una situaci\u00f3n de vulnerabilidad al no poderse resolver mi situaci\u00f3n m\u00e9dica, encontrarme bajo un estado de salud grave y no poder percibir la pensi\u00f3n de invalidez a la que tengo derecho, teniendo en cuenta que en la actualidad y desde el a\u00f1o 2016, no me encuentro laborando en raz\u00f3n de mi precario estado de salud, que tiende agravarse por ser de tipo degenerativo, y no cuento con ingresos propios que me permitan cubrir mis necesidades econ\u00f3micas, por lo cual soy sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (rad. 2016-01223), por revocar la sentencia estimatoria del a quo, que hab\u00eda accedido al reconocimiento prestacional por invalidez; y, si en el sub-lite, se acreditan los presupuestos para conceder el amparo de forma transitoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que este tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras, STC6172-2015, 21 may. y STC7886-2016, 16 jun.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Sin embargo, encuentra la Corte que habr\u00e1 de confirmarse la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, con apoyo en que, de acuerdo con las probanzas adosadas a este asunto, se evidencia que, en el proceso confutado, la recurrente formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria contra la determinaci\u00f3n que estima trasgresora de sus prerrogativas, medio defensivo cuyo reparto se realiz\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral2 el 17 de marzo de 2020, se admiti\u00f3 el 19 de agosto siguiente, se corri\u00f3 traslado a la inconforme el d\u00eda posterior y, de acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, el 21 de septiembre de la misma calenda se alleg\u00f3 el respectivo escrito. <\/p>\n
Seguidamente, se evidenci\u00f3 que, con prove\u00eddo de 1 de marzo de 2021, se remiti\u00f3 el expediente a la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n Laboral, correspondi\u00e9ndole a la magistrada Ana Mar\u00eda Mu\u00f1oz Segura. De igual forma, se anot\u00f3 en la radicaci\u00f3n que las diligencias se encuentran actualmente \u00aba despacho\u00bb, por lo que es claro que est\u00e1 pendiente la decisi\u00f3n a que haya lugar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la solicitud de protecci\u00f3n, en estas condiciones, deviene prematura, por ser la casaci\u00f3n el escenario en el que deber\u00e1n dirimirse las argumentaciones aqu\u00ed expuestas, por lo que cualquier pronunciamiento sobre el particular, en esta sede excepcional, se torna inviable. <\/p>\n
De desconocerse lo anterior, la tutela pasar\u00eda a convertirse en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de variar las competencias de las distintas autoridades y especialidades judiciales; y, de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, se desbordar\u00eda el cumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
4.2. Finalmente, sobre la afirmaci\u00f3n de la libelista de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013dadas las dificultades que le ocasiona su estado actual, las cuales, en su criterio, la hacen acreedora de la pensi\u00f3n de invalidez que est\u00e1 siendo objeto de an\u00e1lisis ante la autoridad competente\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el particular, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
Respecto de esto \u00faltimo, tampoco se abre paso la protecci\u00f3n transitoria, pues el perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia; en este sentido, no se prob\u00f3 un detrimento que torne viable otorgar el reclamo en las condiciones descritas, aunado a que, se itera, la procedencia o no de la acreencia prestacional est\u00e1 siendo objeto de debate. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la inviabilidad del resguardo, toda vez que, a la fecha, no se ha resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que la memorialista formul\u00f3 contra la sentencia desfavorable de segundo grado, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sin embargo, el expediente fue ingresado a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para surtir la respectiva impugnaci\u00f3n el 11 de octubre de 2021, tal como consta en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Inicialmente el expediente hab\u00eda sido asignado al despacho del magistrado Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n. <\/p>\n
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