STC14144-2021<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
STC14144-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00668-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Sala de Conjueces a resolver la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Se\u00f1ora ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ promueve contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. <\/p>\n
I . ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Adriana Camacho G\u00f3mez interpuso demanda mediante la cual promovi\u00f3 proceso de petici\u00f3n de herencia en contra de los herederos de Primitivo Camacho Silva, solicitando se declare que es hija extramatrimonial del causante, que ostenta un mejor derecho hereditario que los demandados, por lo que debe orden\u00e1rseles que entreguen la \u201ctotalidad de los bienes hereditarios\u201d, m\u00e1s los frutos naturales y civiles que hubieren producido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fecha 21 de octubre de 2016 el Juzgado 1\u00ba Promiscuo de Familia de V\u00e9lez resolvi\u00f3: i) declarar improcedente la excepci\u00f3n de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u00bb; ii) declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n \u00abno estar obligados los demandados a la devoluci\u00f3n de frutos, ni costas y costos de legalizaci\u00f3n por actuar de buena fe\u00bb; iii) declarar que la demandante \u00abes heredera preferente frente a los demandados\u00bb; iv) condenar a los demandados a restituir a la actora la totalidad de la herencia; v) declarar ineficaz el trabajo de partici\u00f3n y la adjudicaci\u00f3n; y vi) ordenar a los demandados a restituir a la demandante los frutos civiles y naturales que hayan producido los bienes desde la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La parte demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra dicha decisi\u00f3n, la cual fue ratificada por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de San Gil con fecha 25 de mayo de 2017. <\/p>\n
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4. Jorge Isaac Camacho Fl\u00f3rez interpuso acci\u00f3n de tutela y la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisi\u00f3n STC15352-2017 ampar\u00f3 el derecho al debido proceso y orden\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] a la la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil que, tras dejar sin efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 25 de mayo de 2017 en el proceso de petici\u00f3n de herencia que promovi\u00f3 Adriana Camacho G\u00f3mez en contra de Presentaci\u00f3n Camacho de G\u00f3mez, Jorge Isaac Camacho Fl\u00f3rez, Alida Mar\u00eda Camacho Guerrero, Tilcia Hern\u00e1ndez de Corzo y Fideligno Camacho Silva (radicaci\u00f3n 68861-31-84-002-2012-00102), dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, adopte las medidas necesarias para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN decretada, en primera instancia, a solicitud de Jorge Isaac Camacho Fl\u00f3rez y, una vez evacuada, en un t\u00e9rmino no superior a tres (3) meses, contados desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por Jorge Isaac Camacho Fl\u00f3rez, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de V\u00e9lez (Santander), remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. [Lo resaltado en negrilla es del texto original]. <\/p>\n
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6. En cumplimiento de lo prove\u00eddo, la Sala Civil, Familia de San Gil orden\u00f3 a la accionante acudir ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de que se le practicara la prueba de ADN. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Tras obtener los resultados de la mencionada prueba, se resolvi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia; declarar probada la excepci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad y, en su lugar, absolver a la parte demandada, mediante decisi\u00f3n de 27 de febrero de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
8. La sentencia de apelaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n por la actora, quien propuso cinco cargos: cuatro de ellos se sustentaron en la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial y en el restante, aleg\u00f3 su quebranto indirecto, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de una prueba. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto AC2894-2019 de 23 de julio de 2019 inadmiti\u00f3 el recurso, al estimar, en esencia, que no se cumplieron los requisitos previstos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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9. La accionante recus\u00f3 a los miembros de la Sala de Casaci\u00f3n Civil e interpuso recurso de reposici\u00f3n. Mediante decisi\u00f3n AC5359-2019 se rechaz\u00f3 de plano el incidente y se dispuso no reponer lo decidido. <\/p>\n
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10. Adriana Camacho G\u00f3mez present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra las autoridades judiciales accionadas, alegando vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, puesto que seg\u00fan adujo, la Sala de Casaci\u00f3n Civil conoci\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n sin proceder a nombrar conjueces, debiendo los magistrados haberse declarado impedidos, al haber conocido el proceso como jueces constitucionales. <\/p>\n
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11. La accionante resalt\u00f3 que las decisiones adoptadas determinaron que se suprimiera su apellido paterno, aunque lo ostentaba por m\u00e1s de 47 a\u00f1os, vulnerando de esta manera sus derechos a la familia y a la personalidad jur\u00eddica. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el legislador previ\u00f3 el proceso declarativo verbal para tramitar la impugnaci\u00f3n de la paternidad ante los jueces de familia, por lo que resulta improcedente que tal pretensi\u00f3n pueda ser propuesta como excepci\u00f3n dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
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12. ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ interpuso acci\u00f3n de tutela contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, alegando vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, la cual fue allegada a la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico el d\u00eda cinco de octubre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n
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13. Mediante la acci\u00f3n de tutela presentada pretende, le sean amparados sus derechos y por tanto se dejen sin efecto las decisiones adoptadas en sede de casaci\u00f3n para que, en su lugar, se dicte una decisi\u00f3n en la que se acceda a las pretensiones del proceso promovido contra los herederos de Primitivo Camacho Silva. <\/p>\n
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14. Con radicado 11001-02-30-000-2020-00668-00 el expediente fue repartido al Magistrado Eyder Pati\u00f1o Cabrera, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
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15. Tanto el Juez 1\u00ba de Familia de V\u00e9lez, como el Secretario del Juzgado 2\u00ba de Familia de la misma ciudad, respondieron dentro del tr\u00e1mite que condujo a la sentencia de tutela respectiva, resumiendo sus principales actuaciones. <\/p>\n
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16. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia remiti\u00f3 al Despacho del Magistrado EYDER PATI\u00d1O CABRERA, copia de las providencias que fueron emitidas dentro del respectivo tr\u00e1mite de tutela, como dentro del proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
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17. PEDRO EL\u00cdAS CAMACHO POVEDA, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que las autoridades judiciales accionadas no transgredieron los derechos fundamentales de la tutelante, pidiendo fuere denegado el amparo solicitado. <\/p>\n
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18. Con ponencia del Magistrado Eyder Pati\u00f1o Cabrera, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de decisi\u00f3n de tutelas no. 3, mediante decisi\u00f3n STP3644-2021, rad. 113100, resolvi\u00f3: 1) Negar el amparo en lo que respecta al tr\u00e1mite constitucional identificado con el no. 11001020300020170181200; 2) Amparar los derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la personalidad jur\u00eddica de Adriana Camacho G\u00f3mez, dejar sin efecto las actuaciones adelantadas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, desde el auto CSJ AC2894, 23 jul, 2019, rad. 68861318400220120010201 en adelante y en consecuencia ordenar a esa autoridad que proceda a admitir el recurso de casaci\u00f3n presentado (sic) el defensor de Adriana Camacho G\u00f3mez y emita sentencia en la que se pronuncie sobre los fundamentos de la demanda de casaci\u00f3n, el alcance del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil y de las consecuencias de modificar el registro civil de Camacho G\u00f3mez. 3. Ordenar que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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19. La anterior decisi\u00f3n fue impugnada por el Se\u00f1or Pedro El\u00edas Camacho Poveda el 8 de abril de 2021 y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de decisi\u00f3n de tutelas no 3 concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
20. Los honorables magistrados OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE; AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO; FRANCISCO TERNERA BARRIOS; \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO; LUIS ALONSO RICO PUERTA y LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA manifestaron estar impedidos para intervenir en la acci\u00f3n de tutela referida por estar incursos en la causal consagrada en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, al haber integrado la Sala que dict\u00f3 la sentencia ATC2894 \u2013 2019 (23 de julio) y el Prove\u00eddo ATC2894-2019 (23 de julio), determinaciones que se encuentran directamente involucradas dentro de la controversia constitucional planteada, tal y como se desprende de los numerales 9\u00ba a 13 del ac\u00e1pite \u201cHechos\u201d y de las pretensiones 5\u00aa a 6\u00aa del escrito contentivo de la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
21. La honorable magistrada HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA manifest\u00f3 el 22 de julio de 2021 no estar incursa en impedimento alguno para conocer de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2021 manifest\u00f3 que si bien no suscribi\u00f3 el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en el radicado 68861318400220120010201 (23 de julio de 2019), objeto de la queja, si fue la destinataria directa de la orden constitucional de primera instancia, como quiera que reemplaz\u00f3 en el cargo al Magistrado que en ese entonces era titular del Despacho y, en tal condici\u00f3n, el 12 de mayo emiti\u00f3 el auto admisorio de dicho medio impugnaticio, estando por tanto incursa en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en la medida que es la funcionaria encargada de sustanciar el citado recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
22. El d\u00eda 2 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba, ordinal 2 del Decreto 1265 de 1970, la presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia procedi\u00f3 a llevar a cabo el sorteo de conjueces, correspondiendo la integraci\u00f3n de la sala a los doctores LUIS DARIO VALLEJO OCHOA, FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA, JOSE ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ, SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N, EDGAR AUGUSTO RAMIREZ BAQUERO y JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N. <\/p>\n
<\/p>\n
23. El d\u00eda 9 de septiembre de 2021, la presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia procedi\u00f3 a llevar a cabo el sorteo de conjueces para integrar el quorum requerido para emitir el pronunciamiento definitivo, resultando sorteada la doctora BERENICE CRUZ RODR\u00cdGUEZ. En dicha sesi\u00f3n se procedi\u00f3 a sortear el Conjuez Ponente, correspondiendo al doctor JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N. <\/p>\n
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24. Los conjueces manifestaron en debida forma su aceptaci\u00f3n para integrar la sala que habr\u00e1 de decidir el asunto de la referencia. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En primer t\u00e9rmino, y como marco conceptual y jurisprudencial para la elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, cabe recordar que la acci\u00f3n de tutela fue consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, concibi\u00e9ndose este mecanismo como protector de car\u00e1cter inmediato de los derechos fundamentales de las personas, en situaciones en que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
2.- La Jurisprudencia ha reconocido que este amparo constitucional no cabe contra providencias judiciales. Es as\u00ed que la Sala de Casaci\u00f3n Civil en reiterada jurisprudencia ha afirmado que este mecanismo no es id\u00f3neo para controvertir una providencia judicial, procediendo solamente cuando alg\u00fan funcionario hubiere adoptado alguna determinaci\u00f3n por medio de la cual de manera ostensible se apoyare en el capricho o subjetividad y no en fundamentos normativos, caso en el cual se configurar\u00eda una v\u00eda de hecho debiendo proceder el amparo constitucional con el objeto de restablecer las garant\u00edas que se hubiesen conculcado y teniendo adem\u00e1s en cuenta que el afectado hubiere interpuesto la acci\u00f3n dentro de un t\u00e9rmino razonable sin contar con otros medios ordinarios y efectivos para lograrlo. (Cfr., entre otras: CSJ STC, 3 de marzo de 2011, rad. 00329-00, CSJ STC, 24 de septiembre de 2015, rad. 01773-01, CSJ STC, 27 de enero de 2016, rad. 02875-00, CSJ, STC 22 de febrero de 2017, rad. 00001-00). <\/p>\n
3.- En efecto, se ha reconocido a partir de la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, reiterada en \u00e9pocas recientes en Sentencia T- 093\/18, y como lo ha considerado esta Sala en numerosas ocasiones, entre las cuales se pueden indicar tan s\u00f3lo por v\u00eda de ejemplo las sentencias STC 10760-2015 de 13 de agosto de 2015, rad. 01738-00; STC 27 de enero de 2016, rad. 02875 \u2013 00, que se incurre en v\u00eda de hecho cuando las decisiones judiciales desconozcan prerrogativas o garant\u00edas esenciales, cuando se cumplan los siguientes requisitos: <\/p>\n
\u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n
4.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en las consideraciones del fallo impugnado, procedi\u00f3 en primer lugar a referirse tambi\u00e9n a la procedencia de la acci\u00f3n de amparo contra sentencias de tutela; y en segundo t\u00e9rmino, a determinar si en el proceso de petici\u00f3n de herencia las autoridades accionadas incurrieron en alguna causal de procedibilidad de tutela contra acciones judiciales. Sobre el primer punto, y en la misma l\u00ednea de lo anotado en los anteriores p\u00e1rrafos de estas consideraciones, se aludi\u00f3 en el mencionado fallo que como regla general no es posible intentar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones de la misma naturaleza, pues \u201cello alterar\u00eda la naturaleza jur\u00eddica de este mecanismo y frustrar\u00eda su objeto funcional, de tal forma que no podr\u00eda operar para definir los conflictos planteados y prodigar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados, adem\u00e1s del grave perjuicio para la seguridad jur\u00eddica y el goce efectivo del orden constitucional vigente\u201d, agregando que si la sentencia de tutela no es seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, culmina revestida de los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica que la hacen intangible, aunque recordando tambi\u00e9n que dicha acci\u00f3n tiene cabida de forma excepcional cuando se cumplan los requisitos mencionados en sentencia CC SU \u2013 627 \u2013 2015, en la que dicha Corporaci\u00f3n estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c[\u2026] a) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u201d. <\/p>\n
5.- En las consideraciones del fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se deja indicado que se pudo constatar que el tr\u00e1mite que resolvi\u00f3 el amparo interpuesto por JORGE ISAAC CAMACHO FL\u00d3REZ (dentro el cual fue vinculada ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ), contra la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de San Gil, se adelant\u00f3 sin ninguna irregularidad procedimental que habilitara la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Adem\u00e1s de ello, se a\u00f1ade en la mencionada decisi\u00f3n, que consultada la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se pudo observar que la acci\u00f3n fue radicada con el n\u00famero T-6611738 sin que hubiera sido seleccionada para revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no es posible que la Corte vuelva a pronunciarse sobre acci\u00f3n de amparo contra una sentencia de tutela, decisi\u00f3n que esta Sala comparte plenamente por las razones suficientemente aducidas y que llevan a reiterar que ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ agot\u00f3 los recursos ordinarios de defensa contra tales decisiones. <\/p>\n
6.- Posteriormente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la decisi\u00f3n impugnada, y seg\u00fan el orden indicado en la misma decisi\u00f3n, procedi\u00f3 a determinar si en el proceso de petici\u00f3n de herencia las autoridades accionadas incurrieron en alguna causal de procedibilidad de tutela contra acciones judiciales. As\u00ed las cosas, y tras verificar los requisitos generales y especiales o espec\u00edficos de procedibilidad de acciones de amparo contra sentencias de tutela, seg\u00fan lo mencionado en la Sentencia C \u2013 590 de 8 de junio de 2005 ya referida, la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema estableci\u00f3 que ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ agot\u00f3 los recursos ordinarios de defensa. En cuanto al requisito de inmediatez, observ\u00f3 que si bien la \u00faltima providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil es de fecha 11 de diciembre de 2019, no fue sino hasta el 29 de junio de 2020 que el proceso de petici\u00f3n de herencia fue enviado al Tribunal de origen, y luego de ello enviado al juzgado de primera instancia, por lo cual la accionante acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela en menos de 6 meses desde el momento que tuvo acceso al expediente. Aludi\u00f3 tambi\u00e9n que si en gracia de discusi\u00f3n el requisito de inmediatez debe contarse desde la fecha en que se dict\u00f3 la providencia, resulta necesaria la flexibilidad del mismo, al estar controvirtiendo el derecho a la personalidad jur\u00eddica de la accionante, al comprometer su estado civil, citando en dichas consideraciones lo que ha indicado la Corte Constitucional en sentencia CC \u2013 T 411- 2004 y en sentencia CC \u2013 T \u2013 160 de 2013, por lo cual negar el amparo implicar\u00eda una carga desproporcionada frente a los derechos fundamentales invocados por la accionante. <\/p>\n
7.- Tal como se\u00f1ala la Sala Penal, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, mediante decisi\u00f3n AC 2894 \u2013 2019, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la accionante al estimar que no se cumpl\u00edan los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. Vale la pena hacer una transcripci\u00f3n fidedigna de tales argumentos: <\/p>\n
\u201cLos cargos presentados no re\u00fanen los requisitos formales que establece la ley. En efecto: <\/p>\n
La violaci\u00f3n directa de la ley ocurre cuando el juzgador, pese a que le da a los hechos un correcto entendimiento, aplica una norma que no regula el caso; o deja de aplicar la que s\u00ed lo rige, o, tambi\u00e9n, cuando habiendo elegido la normatividad correcta, le da un alcance diferente. <\/p>\n
En este asunto, aunque la impugnante aleg\u00f3 un quebrant\u00f3 directo de la ley, lo que hizo fue exponer la supuesta existencia de un vicio de procedimiento, consistente en la falta de competencia del fallador para resolver la contienda, acusaci\u00f3n que ninguna relaci\u00f3n guarda con el motivo de casaci\u00f3n elegido, que se basa \u2014se reitera\u2014 en una falta o indebida aplicaci\u00f3n de la normatividad que gobierna el caso a los hechos materia de la contienda. <\/p>\n
En todo caso, el sustento f\u00e1ctico en que se bas\u00f3 el cargo no se apoy\u00f3 en lo realmente acaecido en el proceso, porque contrario a lo alegado, el Tribunal Superior de San Gil no resolvi\u00f3 el asunto en primera instancia. Fue el Juzgado Primero Promiscuo de V\u00e9lez el que, en dicho grado, accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 improcedente la excepci\u00f3n de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u2026\u00bb, decisi\u00f3n que fue revocada por el mencionado tribunal, en segunda instancia, con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados. <\/p>\n
Aun as\u00ed, las razones por las que, en opini\u00f3n de la censora, el Tribunal carec\u00eda de competencia para revocar la sentencia de primera instancia y declarar probada dicha excepci\u00f3n no fueron explicadas de forma concreta, lo que le resta precisi\u00f3n a su ataque e impone su inadmisi\u00f3n, por la desatenci\u00f3n de la exigencia contemplada en el inciso 1\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2. La demandante aleg\u00f3 en el cargo segundo que el ad quem viol\u00f3 de forma directa la ley, porque no advirti\u00f3 que la impugnaci\u00f3n de la paternidad debe tramitarse mediante un proceso independiente o demanda de reconvenci\u00f3n, y no resolverse a trav\u00e9s de una excepci\u00f3n. <\/p>\n
Para llegar a su decisi\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que s\u00ed era posible resolver sobre la impugnaci\u00f3n de la paternidad formulada por v\u00eda de excepci\u00f3n, porque as\u00ed lo autorizaba el inciso final del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, que establece que si los interesados entraron en posesi\u00f3n efectiva de la herencia sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo \u00abpodr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos\u00bb. Decisi\u00f3n que tom\u00f3, adem\u00e1s, con fundamento en un fallo de tutela proferido por esta Corporaci\u00f3n, en una acci\u00f3n promovida por los demandados. <\/p>\n
Se ha reiterado que el acusador \u00abest\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta\u2026\u00bb (G.J. t. CXLVIII, p. 221). As\u00ed mismo, se ha repetido que: <\/p>\n
\u2026las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2014v. gr: las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n, dado que es deber invariable del casacionista, con todo lo que ello supone, in casu, combatir los fundamentos capitales del fallo materia de cuestionamiento. Y combatir, precisamente, implica censurar en forma frontal su juicio, en aras de evidenciar, de manera suficiente y sin sombra de m\u00e1cula, el yerro cometido\u2026 (CSJ. SC. Feb. 5 de 2001). <\/p>\n
En este caso, la recurrente no atac\u00f3 de forma frontal el juicio del juzgador. No explic\u00f3, con precisi\u00f3n, en qu\u00e9 consisti\u00f3 su yerro al momento de aplicar, como lo hizo, el inciso final del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, o cu\u00e1l fue el equivocado entendimiento que le dio a dicha norma. <\/p>\n
Por el contrario, se limit\u00f3 a quejarse de manera gen\u00e9rica porque se declar\u00f3 la prosperidad del medio defensivo propuesto por la parte demandada, y procedi\u00f3 a citar pronunciamientos en torno al derecho al debido proceso y a la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad, as\u00ed como los art\u00edculos 368 y 386 del C\u00f3digo General del Proceso, e indicar que la prueba de ADN \u00abse ordena luego de evacuadas ciertas actuaciones procesales, como lo es la presentaci\u00f3n de una demanda en un proceso aut\u00f3nomo de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad\u00bb, pero todo ello sin precisar, en atenci\u00f3n a las concretas razones que expuso el ad quem, en d\u00f3nde radic\u00f3 su desafuero al momento de interpretar y aplicar el mencionado art\u00edculo 219. <\/p>\n
Es decir, la censora no expuso su inconformidad contra el fallo atacado de forma precisa, pues no confront\u00f3 el meollo del raciocinio del fallador, y prefiri\u00f3 exponer una apreciaci\u00f3n paralela de la controversia, lo que resulta insuficiente para fundar un ataque en casaci\u00f3n, seg\u00fan se explic\u00f3. Por ende, dicho cargo se inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.3. Los cargos tercero y quinto, ambos sustentados en la causal primera de casaci\u00f3n, se estudiar\u00e1n conjuntamente, al fundarse ambos en la misma causal y adolecer de los mismos defectos de formulaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en el primero de los mencionados, la impugnante manifest\u00f3 que el Tribunal quebrant\u00f3 directamente la ley sustancial toda vez que no advirti\u00f3 que su registro civil de nacimiento conten\u00eda un reconocimiento de la voluntad irrevocable de Primitivo Camacho, que re\u00fane los requisitos contemplados en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s de existir la posesi\u00f3n notoria del estado civil, por lo que la prueba de ADN carec\u00eda de relevancia; y, en el segundo de los cargos, sostuvo que s\u00ed se opuso a la posesi\u00f3n ejercida por los demandantes, mediante el proceso de petici\u00f3n de herencia, y que por lo tanto debi\u00f3 contabilizarse el t\u00e9rmino de caducidad. Agreg\u00f3 que los citados conoc\u00edan la existencia de la hija del causante \u00abhace alg\u00fan tiempo como consta en la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026\u00bb, de la que transcribi\u00f3 un aparte, y que solamente despu\u00e9s de dos a\u00f1os y cuatro meses de su deceso \u00ablos demandados trataron de oponerse al proceso de petici\u00f3n de herencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, cuando se alega la violaci\u00f3n directa de la ley \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. En tal evento: <\/p>\n
\u2026 la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas. (G.J. CXLVI, p. 50). <\/p>\n
Dicha exigencia no fue atendida por la impugnante, que pese a que aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley, en su exposici\u00f3n se explay\u00f3 sobre la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el ad quem, al quejarse de la indebida apreciaci\u00f3n que efectu\u00f3 del registro civil de nacimiento, que, en su opini\u00f3n, involucraba un reconocimiento de la voluntad del causante que reun\u00eda los requisitos de ley; que no advirti\u00f3 la posesi\u00f3n notoria del estado civil; que la prueba de ADN en que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n carec\u00eda de relevancia, y que la oportunidad para impugnar la paternidad caduc\u00f3 porque los demandados conoc\u00edan de la existencia de la demandante, seg\u00fan lo que afirmaron cuando contestaron la demanda. <\/p>\n
Es decir, la impugnante, en lugar de explicar desde el punto de vista de las normas la transgresi\u00f3n del ordenamiento en que incurri\u00f3 el juzgador, sustent\u00f3 su desacuerdo en la apreciaci\u00f3n que \u00e9ste hizo de las pruebas a las que se hizo menci\u00f3n, contraviniendo as\u00ed lo que ordena la normatividad. <\/p>\n
De lo anterior se deduce, por lo tanto, el incumplimiento del requisito formal mencionado. <\/p>\n
Pero en todo caso, aun si se entendiese que lo alegado fue la violaci\u00f3n indirecta de la ley por una indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas, y no la directa \u2014como se indic\u00f3 en la demanda\u2014, los cargos tampoco re\u00fanen los requisitos formales. <\/p>\n
De una parte, porque la censora no confront\u00f3 los pilares en que se sustent\u00f3 el fallo, en especial, la interpretaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, en torno a la cual ninguna cr\u00edtica concreta se expuso. <\/p>\n
En su escrito plante\u00f3 una visi\u00f3n alternativa de las pruebas, mas no demostr\u00f3, tal y como lo exige en inciso final del literal b) del numeral 2.\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el error manifiesto y trascedente del ad quem en su decisi\u00f3n. No explic\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n o distorsi\u00f3n manifiesta y trascendente. <\/p>\n
En qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro del ad quem al valorar tales evidencias, y la discordancia grave entre sus conclusiones y lo que objetivamente conten\u00edan las mismas, fue algo no expuesto de forma clara y precisa por la parte interesada, tal y como lo ordena la ley. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s de lo anterior, en lo que tiene que ver con el alegato relativo a la supuesta caducidad de la acci\u00f3n, se configura el segundo motivo de inadmisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la demanda de casaci\u00f3n ser\u00e1 inadmisible cuando \u00ab\u2026se planteen cuestiones de hecho de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u00bb. <\/p>\n
En efecto, los argumentos expuestos sobre tal tem\u00e1tica tan solo vinieron a esgrimirse en el recurso extraordinario. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en el cargo cuarto, aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba de ADN. Se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026como consta en el concepto sanitario favorable expedido el 25 de abril de 2016 de la Secretar\u00eda de Salud y Ambiente de Bucaramanga, el proceso de exhumaci\u00f3n fue concedido para los restos \u00f3seos de AQUILEO C\u00c1RDENAS ROA, la cual se llevar\u00eda a cabo en el Cementerio Cat\u00f3lico Arquidiocesano de Buga\u2026 <\/p>\n
Este error genera que no exista plena certeza sobre la veracidad de la prueba de ADN que es el \u00fanico fundamento para la emisi\u00f3n de la sentencia\u2026 <\/p>\n
Al respecto, se advierte que el Juez Segundo Promiscuo de Familia de V\u00e9lez, en auto de 5 de junio de 2015, decret\u00f3 la prueba de ADN solicitada por los demandados, y orden\u00f3 la exhumaci\u00f3n de los restos del causante Primitivo Camacho Silva; luego, el 29 de abril de 2016, el juzgado comisionado acudi\u00f3 junto con los forenses al Parque Cementerio Jardines La Colina, verific\u00f3 sus registros en los que se indic\u00f3 que \u00ab\u2026en el pante\u00f3n 20, b\u00f3veda 32 Mausoleo La Colina MLC, fue inhumado el cad\u00e1ver del se\u00f1or PRIMITIVO CAMACHO\u2026\u00bb; luego de ello verific\u00f3 la b\u00f3veda \u00abdonde se encuentra la l\u00e1pida con el nombre del se\u00f1or PRIMITIVO CAMACHO\u00bb, retir\u00f3 la l\u00e1pida, la placa de cemento, encontr\u00f3 los restos \u00f3seos del causante y, seguidamente, se extrajeron las muestras correspondientes, con base en las cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emiti\u00f3 su informe, conforme al cual, \u00abPRIMITIVO CAMACHO SILVA (fallecido) se excluye como padre biol\u00f3gico de ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ\u00bb (folio 151, cuaderno Tribunal). <\/p>\n
Con base en esas evidencias, el ad quem dedujo que la demandante no era la heredera del causante, y, en consecuencia, que la impugnaci\u00f3n de la paternidad propuesta por los demandados por v\u00eda de excepci\u00f3n era pr\u00f3spera. <\/p>\n
En su cargo, la recurrente no explic\u00f3 por qu\u00e9 la deducci\u00f3n del Tribunal, sustentada en las pruebas a las que se hizo menci\u00f3n, fue producto de un error manifiesto de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
No expuso el motivo por el que el contenido del acta en la que se hizo constar la diligencia de exhumaci\u00f3n no se correspond\u00eda con la realidad, es decir, que los restos hallados en la b\u00f3veda cuya l\u00e1pida llevaba el nombre de Primitivo Camacho, no eran de dicho causante sino de una persona diferente, y que, por ende, la conclusi\u00f3n a la que se lleg\u00f3 en el examen de ADN era errada. Al respecto la censora guard\u00f3 completo silencio. <\/p>\n
Dicha parte tan solo cuestion\u00f3 la incorporaci\u00f3n al expediente de un \u00abconcepto sanitario favorable\u00bb suscrito por la subsecretaria de salud y ambiente de Bucaramanga, en la que se incluy\u00f3 el nombre de un cad\u00e1ver distinto al del causante. No obstante, la recurrente no explic\u00f3, ni demostr\u00f3, la causa por la que tal documento restaba credibilidad a lo que el juez verific\u00f3 en la diligencia de exhumaci\u00f3n, como los registros del cementerio y en nombre inscrito en la l\u00e1pida, que coincid\u00edan con el nombre del supuesto padre de la demandante. En qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro del ad quem al valorar tales pruebas en la forma en que lo hizo no fue expuesto de forma clara y precisa por la parte interesada. <\/p>\n
La recurrente no indic\u00f3 cu\u00e1les fueron los yerros de apreciaci\u00f3n manifiestos del ad quem que lo condujeron a sus conclusiones y, en lugar de se\u00f1alar de forma clara y precisa los errores evidentes y trascedentes, lo que hizo fue una exposici\u00f3n de su particular opini\u00f3n. <\/p>\n
Ello en materia de casaci\u00f3n no resulta suficiente para infirmar el fallo atacado, pues, como en forma reiterada se ha sostenido por esta Corporaci\u00f3n, no puede confundirse el error de apreciaci\u00f3n con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre valoraci\u00f3n que se efect\u00faa de los elementos de persuasi\u00f3n que obran en el proceso. <\/p>\n
La Sala ha sostenido, en relaci\u00f3n con el error de hecho, que es necesario que: <\/p>\n
\u2026 el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas. (CSJ. AC. Ago. 29 de 2000) <\/p>\n
Luego, si en la impugnaci\u00f3n se presenta un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente, como sucede en este caso, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoraci\u00f3n del juzgador, en virtud de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n plena del inocultable yerro apreciativo. <\/p>\n
La Sala observa, sumado a lo expuesto, que el argumento en que se sustent\u00f3 el cargo es del todo novedoso, pues no fue planteado en ninguna de las instancias, por lo que la inadmisi\u00f3n del cargo tambi\u00e9n se impone con fundamento en el numeral 2.\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s de los referidos reparos, la demanda de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los presupuestos que consagra la ley procesal para su selecci\u00f3n, pues la sentencia no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio. <\/p>\n
En efecto, el contenido del acta de nacimiento de Adriana Camacho G\u00f3mez fue desvirtuado mediante la prueba gen\u00e9tica ordenada y practicada en el proceso, que las partes tuvieron la oportunidad de controvertir, y seg\u00fan la cual Primitivo Camacho Silva no fue el padre biol\u00f3gico de la actora. Dicha evidencia, adem\u00e1s de que no fue discutida, no ofrece motivo de duda, pues fue elaborada por una entidad de reconocida idoneidad, y con sustento en muestras cuya recolecci\u00f3n no merece reproche alguno. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales, la decisi\u00f3n fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva de la demanda, su contestaci\u00f3n, y de las pruebas, y no se advierten en ella yerros evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c5.1 La primera considera que el canon es aplicable cuando se trata de procesos de impugnaci\u00f3n de la paternidad matrimonial. Constituye una acci\u00f3n que se predica del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho o respecto de quien ha sido reconocido de manera expresa conforme lo previsto en los preceptos 213 a 224 de esa codificaci\u00f3n, seg\u00fan los cuales la impugnaci\u00f3n del estado de hijo leg\u00edtimo se efect\u00faa echando abajo todos y cada uno de los elementos de la legitimidad, esto es, la paternidad, la maternidad, el matrimonio o la concepci\u00f3n dentro del mismo. <\/p>\n
5.2. La segunda, busca desvirtuar el reconocimiento de la paternidad, es decir, para controvertir el acto jur\u00eddico mediante el cual se establece la filiaci\u00f3n extramatrimonial del hijo, que se puede realizar en el acta de nacimiento, en el testamento o ante funcionario autorizado para ello, tal como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
As\u00ed entonces, la decisi\u00f3n de la Sala Penal impugnada, estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c5.4. De ah\u00ed que, al existir una divisi\u00f3n de criterios en torno al alcance del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, resultaba necesaria la selecci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por Adriana Camacho G\u00f3mez con el prop\u00f3sito de unificar la postura de esa Corporaci\u00f3n respecto de la interpretaci\u00f3n de la renombrada disposici\u00f3n, conforme con lo establecido en el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, y como bien rememora la decisi\u00f3n de la Sala Penal, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en decisi\u00f3n SC1131-2016, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] desde el a\u00f1o 2009, el legislador ha venido facultando a la Corte Suprema de Justicia, para seleccionar demandas de casaci\u00f3n fijando algunos requisitos ora generales o ya particulares. Este instrumento difiere del previsto para las acciones de tutelas, y halla su fundamento en el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009, al permitir seleccionar demandas de casaci\u00f3n con el fin de unificar la jurisprudencia, cumplir la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y ejecutar el control constitucional y legal de los fallos judiciales. <\/p>\n
La disposici\u00f3n se hall\u00f3 ajustada a derecho por la Corte Constitucional1, en cuanto autorizaba la selecci\u00f3n positiva y negativa, como complemento a la admisi\u00f3n o a la inadmisi\u00f3n de la demanda; siempre y cuando, al tratarse de selecci\u00f3n negativa, la correspondiente decisi\u00f3n no fuera discrecional, sino que por el contrario, se motivara y se tramitara conforme a las reglas del recurso. <\/p>\n
El inciso segundo del art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996 con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009, dispuso: \u201cLas Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, como tambi\u00e9n lo refiere la Sala Penal, en decisi\u00f3n AC1226-2018, se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] frente a la facultad otorgada por el legislador estatutario en relaci\u00f3n con la selecci\u00f3n a secas (DRA: \u201cacci\u00f3n y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separ\u00e1ndolas de ellas y prefiri\u00e9ndolas\u201d) de sentencias objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de casaci\u00f3n, estableci\u00f3 la Corte Constitucional dos facultades de \u00edntimo ligamen: las que ahora se han dado en denominar gr\u00e1ficamente como selecci\u00f3n positiva y selecci\u00f3n negativa de sentencias. <\/p>\n
Tiene lugar la primera cuando la Corte, en uso de sus atribuciones derivadas directamente del comentado inciso segundo del art\u00edculo 16 de la Ley 1285 de 2009, que modific\u00f3 el s\u00e9ptimo de la Ley 270 de 1996, selecciona -utilizada esta palabra en el sentido propio, es decir, el de la definici\u00f3n antes transcrita- una sentencia para hacer un estudio exhaustivo y proferir una eventual decisi\u00f3n de fondo con miras al cumplimiento de los fines previstos en el comentado inciso y atinentes a la protecci\u00f3n de derechos constitucionales, control de legalidad de los fallos y a la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia. <\/p>\n
Por esta v\u00eda, es procedente interpretar que el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 336 del CGP, atinente a las causales de casaci\u00f3n, vino a constituir un desarrollo o reglamento de tal facultad, pues habilit\u00f3 a la Corte para \u201ccasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico (sic), o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d, lo que supone entonces que el Tribunal de Casaci\u00f3n pueda dejar de lado aspectos formales que le llevar\u00edan a la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya est\u00e1 siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casaci\u00f3n interpuesto- para los anotados fines. <\/p>\n
Y tiene lugar la segunda, la denominada impropiamente como selecci\u00f3n negativa, al tenor de lo decidido en la sentencia C7013-2008 de la Corte Constitucional, \u201cprevia tramitaci\u00f3n conforme a las reglas y requisitos espec\u00edficos que establezca la ley\u201d en decisi\u00f3n adoptada \u201cal momento de decidir sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u201d, por supuesto motivada. <\/p>\n
Esta selecci\u00f3n negativa, exclusi\u00f3n, descarte o rechazo fue reglamentada en el C\u00f3digo General del Proceso, pues su art\u00edculo 347 permite que la Sala, aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla con los requisitos formales, la inadmita en los eventos all\u00ed previstos, disposici\u00f3n ajena a estas consideraciones. [Subrayas fuera de texto original]\u201d. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, en la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn atenci\u00f3n a lo expuesto, se advierte una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de Adriana Camacho G\u00f3mez, pues se insiste, a pesar de las falencias de t\u00e9cnica en que incurri\u00f3 la mencionada en la demanda de casaci\u00f3n, resultaba necesaria la selecci\u00f3n del libelo, para que dicho cuerpo colegiado, a trav\u00e9s de una sentencia, como Tribunal de Casaci\u00f3n, procediera a unificar la jurisprudencia sobre el punto antes enunciado\u201d. <\/p>\n
Sobre el tema objeto de debate, se trata de determinar si la observancia de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, consagrados en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso debe ser absolutamente estricta o si por el contrario, cabe alg\u00fan margen de interpretaci\u00f3n de tales requisitos, con el fin de darle paso a la misma. <\/p>\n
Lo primero que cabe advertir sobre este aspecto, es que los requisitos formales que deben cumplir los escritos procesales no son antojadizos ni advenedizos. Por el contrario, la observancia de los requisitos formales consagrados en las normas procesales busca lograr la eficacia del derecho sustancial, el cual debe prevalecer en las decisiones de los jueces, como lo ordena el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. Sobre este aspecto, ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C \u2013 215 de 1994: <\/p>\n
\u201cSi bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jur\u00eddico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significaci\u00f3n. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan tambi\u00e9n con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces\u201d. <\/p>\n
En dicha sentencia de la Corte Constitucional, en la que se hizo referencia sobre este aspecto a la Sentencia de la misma Corte No. 586 de 1992, se determin\u00f3 tambi\u00e9n que el examen de las causales de casaci\u00f3n no puede ser agravado para limitar la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional y la realizaci\u00f3n del derecho objetivo. En efecto, estas fueron las palabras de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia No. 586 de 1992, que bien vale la pena traer nuevamente a colaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cLa mayor fluidez y el menor rigorismo en la t\u00e9cnica de los recursos en sede de casaci\u00f3n, no significa en ning\u00fan modo que el tribunal competente para conocer de ellos pueda verse desnaturalizado en sus funciones por las razones que se examinan; simplemente se trata de hacer menos r\u00edgidas las previsiones para atender a la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, y para reconocer que el examen de las causales no puede, en todo caso, ser agravado por presupuestos que enerven el acceso a la justicia y limiten en buena medida la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional y la realizaci\u00f3n del derecho objetivo\u201d. <\/p>\n
En una sentencia m\u00e1s reciente, la Corte Constitucional tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los requisitos del recurso de casaci\u00f3n, considerando que este tiene una naturaleza extraordinaria, excepcional, rigurosa y dispositiva , se\u00f1alando, despu\u00e9s de hacer un copioso y detallado recuento jurisprudencial, que si bien tales exigencias y cargas son constitucionales pues no vulneran el derecho al debido proceso ni la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, suponen en ocasiones una cierta flexibilidad cuando se vean involucrados la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales o alg\u00fan otro inter\u00e9s constitucional superior. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la Sentencia SU \u2013 143 de 2020: <\/p>\n
\u201cA pesar de que la Corte ha avalado la constitucionalidad de los requisitos t\u00e9cnicos de la casaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que los elementos de la naturaleza jur\u00eddica de este recurso, junto con los requisitos y cargas que ellos suponen para el recurrente, se deben analizar bajo el entendido de que \u201cesta figura no es un instituto de creaci\u00f3n puramente legal, sino que tiene un fundamento constitucional expreso\u201d2. En estos t\u00e9rminos, el recurso de casaci\u00f3n debe ser consecuente con el fundamento axiol\u00f3gico de la Constituci\u00f3n y debe concebirse e interpretarse en una dimensi\u00f3n amplia que \u201cinvolucre la integraci\u00f3n de principios y valores constitucionales y, por lo tanto, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales que de ellos se derivan\u201d3. Como resultado de ello, adem\u00e1s de las funciones legales a las que se hizo referencia ha precisado que el recurso de casaci\u00f3n tiene una funci\u00f3n constitucional adicional que consiste en la revisi\u00f3n de \u201cconstitucionalidad de las sentencias de instancia, para que de esta manera se puedan proteger derechos subjetivos del casacionista, teniendo como punto de partida el derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d4. <\/p>\n
(\u2026) el recurso de casaci\u00f3n tiene una naturaleza extraordinaria, excepcional, rigurosa y dispositiva. De estas notas caracter\u00edsticas se derivan cargas formales y exigencias l\u00f3gico-argumentativas en su formulaci\u00f3n cuya observancia es obligatoria para que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como tribunal de casaci\u00f3n, pueda adelantar un an\u00e1lisis de fondo. En principio, estas exigencias y cargas son constitucionales pues no vulneran el derecho al debido proceso, ni la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Segundo, a pesar de lo anterior, el entendimiento del recurso de casaci\u00f3n a partir de su dimensi\u00f3n constitucional supone una modificaci\u00f3n en el entendimiento del recurso, y en particular, en la interpretaci\u00f3n y alcance de los requisitos formales. En particular, exige que en la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos el juez de casaci\u00f3n deba aplicar un est\u00e1ndar m\u00e1s flexible en aquellos casos en los que est\u00e9 en juego la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales o alg\u00fan otro inter\u00e9s constitucional superior\u201d. <\/p>\n
Como puede advertirse, la posible y excepcional flexibilidad en la interpretaci\u00f3n de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, cuando se trate de propender por la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional y la realizaci\u00f3n del derecho objetivo, a las que se ha referido la Corte Constitucional, son las que argumenta tambi\u00e9n la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la decisi\u00f3n impugnada, raz\u00f3n que lleva a sostener que no se trata de una interpretaci\u00f3n aislada ni caprichosa, sino que tiene sustento en lo que el alto tribunal ha considerado tambi\u00e9n, en interpretaci\u00f3n de disposiciones constitucionales y legales, siendo por ello consecuente con el precedente constitucional horizontal sobre la materia, motivo por el cual no se encuentra raz\u00f3n para negarle valor5. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
V. RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo impugnado. <\/p>\n
SEGUNDO. NOTIFICAR en forma inmediata a los interesados telegr\u00e1ficamente o por cualquier otro medio expedito. <\/p>\n
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez ponente <\/p>\n
BERENICE CRUZ RODR\u00cdGUEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOSE ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR AUGUSTO RAMIREZ BAQUERO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DARIO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 Se cita en el apartado transcrito la Sentencia C-713 de 15 de julio de 2008 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Se cita en el apartado transcrito la Sentencia C- 203 de 2011 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Se cita en el apartado transcrito la Sentencia C-880 de 2014 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
4\u0002 Se cita en el apartado transcrito la Sentencia C- 203 de 2011 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
5\u0002 Tal como se se\u00f1ala en la citada Sentencia, \u201cLa Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como \u201cla sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u201d (en este apartado se cita la Sentencia SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional). Existen dos tipos de precedente. De un lado, el precedente horizontal que corresponde a las decisiones judiciales emitidas por autoridades del mismo nivel jer\u00e1rquico o el mismo funcionario. De otro, el precedente vertical, que se refiere a las providencias judiciales proferidas por el superior funcional jer\u00e1rquico o por el \u00f3rgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicci\u00f3n\u201d. (En este apartado se citan las Sentencias SU-035 de 2018 y SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional)\u201d. <\/p>\n
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STC14144-2021 JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N Conjuez Ponente STC14144-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00668-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Procede la Sala de Conjueces a resolver la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}