STC14145-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14145-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00728-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de abril 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Eucaris Benavides Mej\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, vida en condiciones dignas, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, \u00abprotecci\u00f3n al adulto mayor\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en el juicio laboral que inici\u00f3 (SL2111-2020, rad. 79031). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su fallecido c\u00f3nyuge, Gustavo Camargo Cruz (q.e.p.d.), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, quien desestim\u00f3 el petitum, pero, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 la providencia desestimatoria y, en su lugar, concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, el fondo pensional formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 invalid\u00f3 el fallo del tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, tras considerar que \u00abla entidad recurrente tiene la raz\u00f3n, a la luz de la hermen\u00e9utica que sobre la materia ha construido esta corporaci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre de los conflictos suscitados ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, y en especial en cuanto ha se\u00f1alado pac\u00edficamente, que bajo el fen\u00f3meno de ultractividad de la norma no es posible hacer un rastreo hist\u00f3rico para ver cu\u00e1l de las disposiciones anteriores al fallecimiento del causante, mejor se acomoda a los intereses de sus beneficiarios, en la medida de que dicho principio solo cobija la ley inmediatamente anterior\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, expuso que con la citada resoluci\u00f3n se desconocieron los precedentes constitucionales1 sobre la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en materia pensional, teniendo en cuenta que \u00abpara el momento del deceso de su c\u00f3nyuge Gustavo Camargo Cruz cotiz\u00f3 473 semanas antes del 1 de abril de 1994, cuando entr\u00f3 en vigencia la Ley 100 de 1993, acreditando as\u00ed, los requisitos del literal a) del art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recalc\u00f3 que \u00abel desconocimiento de su pensi\u00f3n de sobrevivientes afecta de manera grave su m\u00ednimo vital, pues es una persona vulnerable, dada su edad -73 a\u00f1os- y su dif\u00edcil situaci\u00f3n de salud\u00bb, aunado a que \u00abpor la edad y su estado de salud, la accionante no puede laborar, no tiene bienes patrimoniales para su subsistencia, depend\u00eda econ\u00f3micamente de su c\u00f3nyuge y la pensi\u00f3n solicitada es su \u00fanico medio para subsistir. No declara renta ni patrimonio\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud pidi\u00f3, en resumen, \u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, esta es la proferida por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE DESCONGESTI\u00d3N N.4 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA proferida el 2 de junio de 2020, que se identifica con Radicaci\u00f3n n.\u00b0 79031 y SL2111-2020, y se le acceda las pretensiones de la demanda ordinaria laboral, como lo resolvi\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00abla demanda de casaci\u00f3n la propuso Colpensiones a trav\u00e9s de un \u00fanico cargo, el cual no tuvo r\u00e9plica por parte de Eucaris Benavides Mej\u00eda; que dio lugar a la decisi\u00f3n ya rese\u00f1ada y, por contera, a esta acci\u00f3n de tutela. Dichos ataques fueron estudiados por esta Sala que, para adoptar su decisi\u00f3n, tuvo en cuenta que el causante de la prestaci\u00f3n solicitada no gener\u00f3 el derecho bajo la norma vigente a la fecha de su deceso \u2013Ley 797 de 2003\u2013, porque no cumpli\u00f3 con el requisito consistente en completar cincuenta semanas cotizadas en los tres a\u00f1os anteriores a esa data, seg\u00fan lo manifest\u00f3 siempre la Benavides Mej\u00eda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destac\u00f3 que \u00abese panorama implicaba estudiar si era jur\u00eddicamente viable acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el cual, bajo el criterio jurisprudencial vigente entonces y ahora, solo puede ser protegido con aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior que regula la pensi\u00f3n de sobrevivientes para el caso en concreto y no realizando un salto normativo\u00bb, de modo que \u00abesta Sala no incurri\u00f3 ni en defecto f\u00e1ctico, ni sustantivo, pues no se violent\u00f3 por esta colegiatura ninguna garant\u00eda constitucional fundamental de las que invoca el accionante, lo que acarrea la improcedencia de su petici\u00f3n de amparo, puesto que lo decidido en el proceso ordinario resulta justificado y razonable, atendiendo a las circunstancias particulares del caso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali se limit\u00f3 a relatar algunas actuaciones del proceso. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. reliev\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
4. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones solicit\u00f3 que \u00abse declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la CORTE SUPREMA DE JUSTIICA-SALA DE CASACION LABORAL DE DESCONGESTION, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abla decisi\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante, que pretende que por v\u00eda de tutela se realice una interpretaci\u00f3n diferente a la efectuada por la Sala de 4\u00aa de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel fallo de tutela no analiz\u00f3 los hechos que constituyeron la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante a la vida en condiciones dignas, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la seguridad social, al debido proceso, a la protecci\u00f3n del adulto mayor, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa de mi representada y a la igualdad en concordancia con el principio de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la pretensora (SL2111-2020, rad. 79031), por invalidar el fallo estimatorio del tribunal ad quem, pese a que, en su criterio, tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, bajo el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 2 de junio de 2020 y la tutela se intent\u00f3 el 15 de abril de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n invalid\u00f3 el fallo estimatorio del tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n desfavorable del a quo, tras colegir que \u00abel fallecimiento del afiliado acaeci\u00f3 el 10 de septiembre de 2007, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y como no cotiz\u00f3 m\u00ednimo 50 semanas en los tres \u00faltimos a\u00f1os anteriores al deceso, el tribunal debi\u00f3 explorar la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 46, en su versi\u00f3n original\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico propuesto por la entidad pagadora, encaminado por la senda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos \u00ab53 de la CN; 21 del CST; 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o; 1 de la Ley 1250 de 2008; 141, 143, 157 y 203 de la Ley 100 de 1993; 42 del Decreto 692 de 1994; lo que condujo a la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 al art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993\u00bb, el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDada la senda de ataque elegida por el recurrente, no se discute que: (i) Eucaris Benavides Mej\u00eda contrajo matrimonio con Gustavo Camargo Cruz, el 19 de diciembre de 1970; (ii) que el fallecimiento del afiliado acaeci\u00f3 el 10 de septiembre de 2007; (iii) que el extinto ciudadano cotiz\u00f3 473 semanas desde el 30 de agosto de 1968 hasta el 26 de abril de 1981, y no sufrag\u00f3 50 semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al momento en que se produjo la muerte, como lo dispon\u00eda el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, norma vigente al momento del deceso\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, esa Colegiatura plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a dirimir si el tribunal err\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, porque \u00abdio un salto desde la ley vigente a la muerte del causante, 797 de 2003, art\u00edculos 12 y 13, y se ubic\u00f3 en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 658 del mismo a\u00f1o, art\u00edculos 6 y 25\u00bb para reconocer la prestaci\u00f3n reclamada, frente a lo cual sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPara la sala la entidad recurrente tiene la raz\u00f3n, a la luz de la hermen\u00e9utica que sobre la materia ha construido esta corporaci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre de los conflictos suscitados ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, y en especial en cuanto ha se\u00f1alado pac\u00edficamente, que bajo el fen\u00f3meno de ultractividad de la norma no es posible hacer un rastreo hist\u00f3rico para ver cu\u00e1l de las disposiciones anteriores al fallecimiento del causante, mejor se acomoda a los intereses de sus beneficiarios, en la medida de que dicho principio solo cobija la ley inmediatamente anterior. Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL16886-2015, se adoctrin\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] frente a ciertas circunstancias, y acudiendo para ello a una especie de fen\u00f3meno de ultraactividad de la ley sustancial en el tiempo, la Corte ha acu\u00f1ado la teor\u00eda del llamado \u2018principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u2019, el cual permite, b\u00e1sicamente, la posibilidad de resolver el caso con la norma inmediatamente anterior a la de la vigencia de la contingencia, cuando quiera que su beneficiario, para ese anterior momento, cumpliere todas las exigencias y requisitos en ella previstas sin que se produjere el infortunio que con la prestaci\u00f3n se mitiga, de manera que si ella hubiere ocurrido en tal oportunidad estar\u00eda en condici\u00f3n de serle reconocido el derecho, pero que por raz\u00f3n del ordinario tr\u00e1nsito normativo se modifica su condici\u00f3n agrav\u00e1ndosele e impidi\u00e9ndole acceder al derecho cuando la contingencia ahora s\u00ed se produce. As\u00ed, se ha sostenido, de haberse producido la contingencia en vigencia de la normativa inmediatamente anterior la condici\u00f3n del trabajador resultar\u00eda m\u00e1s beneficiosa a la que por el aludido tr\u00e1nsito normativo, se presenta cuando \u00e9sta realmente se produce, caso en el cual ha de preferirse la primera. <\/p>\n
La progresividad propia de las condiciones laborales cumple as\u00ed su cometido, esto es, la de preservar una situaci\u00f3n particular in meius (en mejor\u00eda), sin afectar la validez de la nueva normativa, pues ella se tendr\u00e1 igualmente por progresiva pero, obviamente, frente a la generalidad de sus destinatarios, no de quien viere desmejorada, agravada o afectada negativamente su personal condici\u00f3n derivada de la anterior normativa. <\/p>\n
A ese respecto, memor\u00f3 profusamente la Corte en sentencia CSJ SL, del 25 de jul. de 2012, rad.38674, el citado criterio en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c1\u00ba) Como es sabido, el denominado \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d opera precisamente en aquellos eventos en que el legislador no consagra un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, porque de hacerlo no existir\u00eda controversia alguna originada por el cambio normativo, dado que el mencionado r\u00e9gimen mantiene, total o parcialmente, los requisitos m\u00e1s favorables contenidos en la ley antigua. <\/p>\n
\u201c2\u00ba) Aqu\u00ed y ahora, recu\u00e9rdese lo asentado por esta Corporaci\u00f3n en cuanto a que algunos tratados y convenios internacionales en materia laboral y de seguridad social, incorporados a nuestro ordenamiento interno por virtud de su ratificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 53 y 93 de la Carta Pol\u00edtica, y que integran el bloque de la constitucionalidad, bien en estricto sentido o en sentido amplio, consagran la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. As\u00ed, el art\u00edculo 19-8 de la Constituci\u00f3n de la OIT advierte que \u201cEn ning\u00fan caso podr\u00e1 considerarse que la adopci\u00f3n de un convenio o de una recomendaci\u00f3n por la Conferencia, o la ratificaci\u00f3n de un convenio por cualquier Miembro, menoscabar\u00e1 cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones m\u00e1s favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cS\u00f3lo a t\u00edtulo de referencia, es pertinente citar el Convenio 128 de la OIT, relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, que dispone: <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese que este convenio confiere un valor relevante a la preservaci\u00f3n de \u201clos derechos en curso de adquisici\u00f3n\u201d, destacando con ello la obligaci\u00f3n estatal de respetar aquellos requisitos que ya han sido consolidados por una persona, con miras a la obtenci\u00f3n de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condici\u00f3n. <\/p>\n
\u201cFinalmente, y tambi\u00e9n a manera ilustrativa, debe citarse el Convenio 157 de la OIT, sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservaci\u00f3n de los derechos en materia de seguridad social (1982), que versa sobre los llamados \u201cderechos en curso de adquisici\u00f3n\u201d, en materia de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes. Este instrumento internacional suministra elementos para el reconocimiento de las cotizaciones u otras formas de contribuci\u00f3n que hayan sido acumuladas en uno o varios pa\u00edses miembros, por parte las personas que est\u00e9n o hayan estado sujetas a la legislaci\u00f3n de \u00e9stos, as\u00ed como a los miembros de su familia y a sus sobrevivientes, con el fin de que tales aportes sustenten un derecho en dichas materias. <\/p>\n
\u201cBajo las anteriores perspectivas, el \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, tiene adoctrinado la Sala por l\u00ednea general, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificar el r\u00e9gimen pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posici\u00f3n intermedia, habida cuenta que poseen una situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta, verbi gratia, haber cumplido \u00edntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestaci\u00f3n de \u00edndole pensional. A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposici\u00f3n anterior, es decir, la vigente para el momento en que reunieron la densidad exigida para obtener la prestaci\u00f3n. En ese horizonte, ha ense\u00f1ado esta Corporaci\u00f3n que, trat\u00e1ndose de derechos que no se consolidan por un solo acto sino que suponen una situaci\u00f3n que se integra mediante hechos sucesivos, hay lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se cumpla la \u00faltima condici\u00f3n, pero que s\u00ed implica una situaci\u00f3n concreta protegida por la ley, tanto en lo atinente al acreedor como al deudor, por lo que supera la mera o simple expectativa. Estas son las llamadas por la doctrina constitucional \u201cexpectativas leg\u00edtimas\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que \u00abqued\u00f3 demostrado el yerro jur\u00eddico del ad quem, tal como lo predic\u00f3 la entidad recurrente, habida consideraci\u00f3n de que el fallecimiento del afiliado acaeci\u00f3 el 10 de septiembre de 2007, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y como no cotiz\u00f3 m\u00ednimo 50 semanas en los tres \u00faltimos a\u00f1os anteriores al deceso, el tribunal debi\u00f3 explorar la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 46, en su versi\u00f3n original; sin embargo, tambi\u00e9n qued\u00f3 claro, que aunque cotiz\u00f3 473 semanas desde el 30 de agosto de 1968 hasta el 26 de abril de 1981, es decir que no era un aportante activo al momento de su deceso, y por tanto no contaba con 26 semanas en el a\u00f1o anterior al \u00f3bito (art. 46). De manera que no estaba dada la posibilidad de saltar hasta el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o en b\u00fasqueda de a pensi\u00f3n\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Las providencias citadas son: \u00abSala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias STC2367-2018 que fue reiterada por los fallos STC8260-2018, STC11202-2019, STC11267- 2019, STC10214-2020, STC3563-2020, STC10214-2020, STC3563- 2020, STC6220-2020; STC15736-2019 que fue reiterada por la providencia STC3563-2020; STC11202-2019 que fue reiterada por las decisiones STC3563-2020 STC10214-2020, STC10214-2020, STC2262- 2020, STC10176-2020, STC4213-2020 y la STC156-2021 y de la Honorable Corte Constitucional CC C-482 de 1998, CC C -110 de 2011, CC SU-073-2018, SU-574 de 2019, CC C-836-2001, CC C-539-2011, CC C-461-2013, CC C-816-2011, CC SU073-2011 y CC T-084 de 2017\u00bb. <\/p>\n
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STC14145-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14145-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00728-01 (Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}