STC14147-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00721-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Lipcio Melo Morales contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abseguridad jur\u00eddica de precedente constitucional (sic)\u00bb, confianza leg\u00edtima e igualdad de trato, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (SL217-2021, rad. 72507). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, en tanto fue calificado con p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 75,5%, con fecha de estructuraci\u00f3n 27 de julio de 2006, mediante dictamen de 14 de septiembre de 2007, emitido por el \u00e1rea de medicina laboral del extinto Instituto de Seguros Sociales, por las enfermedades de \u00abatrofia \u00f3ptica bilateral, ceguera bilateral, hiportrofia prost\u00e1tica benigna, ostroartropia degenerativa de columna lumbrar y fractura por aplastamiento de cuerpo vertebral\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali, quien deneg\u00f3 el petitum. <\/p>\n
Sin embargo, en sede de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad revoc\u00f3 el fallo del a quo, para, en su lugar, reconocer la prestaci\u00f3n, en atenci\u00f3n al principio de favorabilidad, teniendo en cuenta que aport\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas al 1 de abril de 1994, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por lo que pod\u00eda ser beneficiario de las normas del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la entidad pagadora recurri\u00f3 en sede extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 infirm\u00f3 la resoluci\u00f3n favorable del ad quem, porque \u00abno proced\u00eda resolver el caso bajo estudio a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, [porque] en caso de permitirse aplicar una norma diferente a la vigente, tendr\u00eda que haber sido el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 que es la norma inmediatamente anterior a la vigente\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, acus\u00f3 a la sentencia del \u00f3rgano de cierre laboral de desconocer la sentencia SU-442 de 2016 de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la cual se examin\u00f3 el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en relaci\u00f3n con las pensiones de invalidez. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali manifest\u00f3 que \u00abse emiti\u00f3 por parte de este despacho decisi\u00f3n de primera instancia, y posteriormente fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala Laboral en Consulta y de la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sede de Casaci\u00f3n, aclarando que el proceso de la referencia no se encuentra a\u00fan en \u00e9ste despacho\u00bb. <\/p>\n
2. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. adujo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones reliev\u00f3 que no se cumplen los presupuestos de la sentencia SU-556 de 2019 de la Corte Constitucional, por lo que \u00abcorresponde al despacho, declarar la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. Lo anterior, sumado a que \u00aba pesar de la existencia de dos posiciones contrarias, una de la Corte Constitucional que en algunos casos ha permitido aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, buscando m\u00e1s all\u00e1 de la norma inmediatamente anterior, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, como \u00f3rgano de cierre en materia ordinaria laboral, ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplica de manera excepcional con el fin de proteger a aquel grupo poblacional que a pesar de tener expectativas leg\u00edtimas, no tiene acceso a un r\u00e9gimen de transici\u00f3n que respecte sus derechos, aplicando solo, la norma inmediatamente anterior\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. precis\u00f3 que no es la entidad llamada al pago, toda vez que, \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
5. La Secretar\u00eda Adjunta de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 la decisi\u00f3n confutada en este asunto. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque \u00abal margen de que [la decisi\u00f3n] se amold[e] o no a las expectativas del interesado, t\u00f3pico que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela, contiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusi\u00f3n, la autoridad accionada, fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que \u00absi bien [la determinaci\u00f3n analizada] difiere de la interpretaci\u00f3n que sent\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-442-16, a la que hace menci\u00f3n la parte accionante, no por ello puede calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales, pues lo cierto es que, la discrepancia de criterios interpretativos entre la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, no es una situaci\u00f3n que por s\u00ed misma configure causal espec\u00edfica de procedencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL217-2021, rad. 72507), en tanto infirm\u00f3 el fallo estimatorio del ad quem, para, en sede de instancia, denegar la prestaci\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n invalid\u00f3 el fallo estimatorio del tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n desfavorable del a quo, tras colegir que \u00abno proced\u00eda resolver el caso bajo estudio a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. En caso de permitirse aplicar una norma diferente a la vigente, tendr\u00eda que haber sido el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, que es la norma inmediatamente anterior a la vigente\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico propuesto por Colpensiones, encaminado por la senda directa, por la \u00abinfracci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, el cual modific\u00f3 el 39 de la Ley 100 de 1993; situaci\u00f3n \u00e9sta que condujo a una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos; 53, de la Carta Pol\u00edtica, 9 de la Ley 319 de 1996, 2 de la Ley 100 de 1993; y a una aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 6 y 20 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn raz\u00f3n a la v\u00eda directa escogida por la censura, no existe discusi\u00f3n sobre los siguientes supuestos f\u00e1cticos: (i) que el se\u00f1or Melo Morales naci\u00f3 el 20 de junio de 1945; (ii) que fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 75,5%, estructurada el 27 de julio de 2006; (iii) que en toda su vida laboral cotiz\u00f3 un total de 523,29 semanas de forma interrumpida hasta el 14 de octubre de 1999; y (iv) que Colpensiones, mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 22991 del 14 de noviembre de 2008, neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan, teniendo en cuenta que no acredit\u00f3 las 50 semanas exigidas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores al acaecimiento de la invalidez\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, se plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a dirimir si el tribunal err\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, \u00abal conceder la pensi\u00f3n de invalidez siguiendo lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad\u00bb, frente a lo cual sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el caso bajo estudio, el juez de segunda instancia hubiera concluido que la disposici\u00f3n legal respecto de la cual deb\u00eda estudiar la procedencia del derecho era, en principio, la Ley 860 de 2003, pues la estructuraci\u00f3n de la invalidez ocurri\u00f3 el 27 de julio de 2006. <\/p>\n
El principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa <\/p>\n
Como lo ha instituido esta Corporaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n del principio obedece a la posibilidad de que aquellas personas que tuvieran una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta pudieran transitar, temporalmente, entre una legislaci\u00f3n anterior y una nueva, con el objetivo de satisfacer los requisitos m\u00ednimos necesarios para causar el derecho. Al respecto, la providencia CSJ SL2358-2017 enumer\u00f3 las caracter\u00edsticas de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Es una excepci\u00f3n al principio de la retrospectividad.<\/p>\n
b. Opera en la sucesi\u00f3n o tr\u00e1nsito legislativo.<\/p>\n
c. Procede cuando se predica la aplicaci\u00f3n de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.<\/p>\n
d. Entra en vigor solamente a falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, porque de existir tal r\u00e9gimen no habr\u00eda controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.<\/p>\n
e. Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el r\u00e9gimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posici\u00f3n intermedia \u2013expectativas leg\u00edtimas- habida cuenta que poseen una situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.<\/p>\n
f. Respeta la confianza leg\u00edtima de los destinatarios de la norma. <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha sostenido que, en determinados casos es posible acudir a la regulaci\u00f3n inmediatamente anterior, en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin embargo, ha precisado que no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las legislaciones anteriores al fallecimiento, hasta acomodar el caso concreto a la norma que resulte m\u00e1s favorable al demandante. <\/p>\n
As\u00ed lo advirti\u00f3 expresamente la Corporaci\u00f3n, entre otras, en las sentencias CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017 y CSJ 3769-2018\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese orden, reliev\u00f3 que \u00abes claro que, no proced\u00eda resolver el caso bajo estudio a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. En caso de permitirse aplicar una norma diferente a la vigente, tendr\u00eda que haber sido el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, que es la norma inmediatamente anterior a la vigente. El razonamiento del Tribunal fue desacertado teniendo en cuenta que el criterio de la Sala no permite remitirse a una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de la norma para acomodar el caso bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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