STC14148-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01304-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de septiembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sara \u00c1vila Toquica contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital, \u00aba llevar una vida y vejez en condiciones dignas\u00bb, igualdad, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL4957-2019, rad. 77996). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por su compa\u00f1ero permanente, Jos\u00e9 Mar\u00eda Poveda Bueno (q.e.p.d.), pero la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones neg\u00f3 la prestaci\u00f3n, por lo que present\u00f3 demanda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien desestim\u00f3 el petitum, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, tras colegir que \u00abpor condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no se pod\u00eda buscar entre todas las normas la que favoreciera la situaci\u00f3n de la demandante para aplicarla\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo en firme la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, con id\u00e9nticos argumentos, esto es, \u00abque la Ley 100 de 1993 de ninguna manera previ\u00f3 una transici\u00f3n para las pensiones de sobrevivientes y que, de acuerdo a la fecha de fallecimiento del se\u00f1or Jos\u00e9 Mar\u00eda Poveda Bueno, no es posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en concordancia con la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, acudi\u00f3 al amparo porque, en su criterio, tiene derecho a la pensi\u00f3n reclamada, en tanto el causante cotiz\u00f3 845,14 semanas, de las cuales 618,29 fueron con antelaci\u00f3n a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, aunado a que tiene 71 a\u00f1os1, \u00abes dif\u00edcil conseguir trabajo o alg\u00fan oficio que me permita solventar mis necesidades b\u00e1sicas, estoy afiliada al SISBEN y mi puntaje es 14,49 y estoy afiliada al r\u00e9gimen subsidiado en salud\u00bb y depend\u00eda econ\u00f3micamente del de cujus. <\/p>\n
3. En tal virtud, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de la providencia que desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, por resultar desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00aben la Sentencia cuestionada por v\u00eda de tutela (SL4957\u20132019), encontramos, que la Sala en su decisi\u00f3n se atuvo a los precedentes de este Cuerpo Colegiado, se bas\u00f3, en las sentencias CSJ SL34557, 7 dic. 2009, CSJ SL571-2018 y CSJ SL4457-2014, CSJ SL7142-2015, CSJ AL924-2019 y CSJ SL4650-2017, para arribar a la decisi\u00f3n adoptada finalmente. Igualmente, no pasaremos por alto, que esta Corporaci\u00f3n en sus decisiones est\u00e1 sometido al imperio de la ley y de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a relatar las actuaciones del proceso. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. dijo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abentiendo que no se puede, buscar entre todo el ordenamiento jur\u00eddico, la norma que me beneficie para obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que reclamo, pero tambi\u00e9n, y luego de conocer el contenido de la sentencia SU \u2013 005 de 2018 emitida por la Corte Constitucional, entiendo que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, si es posible aplicarlo en mi caso, luego de hacer unas verificaciones que ordena la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la sentencia mencionada, condiciones que acredito para ser beneficiaria de las normas que solicito, me sean aplicadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la pretensora (SL4957-2019, rad. 77996), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, pese a que, en su criterio, tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, bajo el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 13 de noviembre de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 25 de agosto de 2020, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme el fallo desestimatorio del tribunal, tras colegir que \u00aben este asunto no se discuti\u00f3 que el causante no cumpli\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento, a lo que agrega la Sala que, al ocurrir este hecho el 11 de agosto de 2012, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no resulta aplicable, toda vez que en la sentencia CSJ SL4650-2017 se precis\u00f3 que \u00fanicamente era posible diferir los efectos jur\u00eddicos de la Ley 797 de 2003 \u00ab[\u2026] hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico propuesto por la recurrente, encaminado por la senda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993, porque \u00absi bien, el se\u00f1or Poveda Bueno [causante] no acredit\u00f3 los requisitos establecidos en el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, ni los contemplados en la modificaci\u00f3n realizada por el 12 de la Ley 797 de 2003, esto para poder aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Colegiado no entendi\u00f3 la literalidad del precepto acusado y por ello lo interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb, el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe recuerda que el Tribunal bas\u00f3 su sentencia en los siguientes argumentos: i) que el causante, se\u00f1or Poveda Bueno, muri\u00f3 el 11 de agosto de 2012, por lo que en principio, la norma que regulaba el caso era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos presupuestos no cumpli\u00f3 el de cujus, pues cotiz\u00f3 19.71 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento; ii) que tampoco satisfizo los del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, aplicable por intermedio del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y ii) que, en virtud de este par\u00e1metro, que \u00ab[\u2026] se refiere a la norma inmediatamente anterior a la vigente a la fecha del deceso\u00bb, no era entonces dable acudir al Acuerdo 049 de 1990\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De este modo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla recurrente no cuestion\u00f3 ninguna de estas apreciaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, pues se centr\u00f3 en controvertir las consideraciones vertidas en el auto mediante el cual el Tribunal neg\u00f3 la adici\u00f3n de su sentencia, ocasi\u00f3n en la que precis\u00f3 que el art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993 regula la cuant\u00eda de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero siempre y cuando previamente se hubiere causado el derecho conforme con lo estipulado en el precepto 12 de la Ley 797 de 2003, o en el 46 de aquella, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, lo cual aqu\u00ed no ocurri\u00f3\u00bb, por lo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en estricto rigor, el precitado prove\u00eddo no es susceptible de acusarse en sede de casaci\u00f3n (CSJ SL34557, 7 dic. 2009); sin embargo, esto no se exhibe como un obst\u00e1culo para que proceda el estudio del punto de derecho propuesto en el cargo, pues esta Corte tiene dicho que \u00ab[\u2026] es funci\u00f3n del juzgador definir la norma o normas legales que son aplicables al caso concreto, acorde con lo debatido y demostrado durante el proceso\u00bb (CSJ SL571-2018 y CSJ SL4457-2014), de manera que es perfectamente viable elucidar si el Tribunal cometi\u00f3 una transgresi\u00f3n jur\u00eddica al no percatarse de que, como lo sostiene la censura, supuestamente el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 48 acusado contempla un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en cualquier caso, permite analizar la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con las previsiones del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Pues bien, tal y como lo destac\u00f3 la r\u00e9plica, esta controversia jur\u00eddica fue definida por esta Corte en la sentencia CSJ SL7142-2015, reiterada recientemente en la providencia CSJ AL924-2019. En esa oportunidad se precis\u00f3 que el destacado art\u00edculo no contempla un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, ni es una conclusi\u00f3n a la que se puede llegar interpretando sistem\u00e1ticamente la Ley 100 de 1993, pues no ha sido ese el entendimiento que ha impartido la jurisprudencia pac\u00edfica e inveterada de esta Corte. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se aclar\u00f3 que el art\u00edculo 48 en an\u00e1lisis \u00fanicamente regula el monto de la pensi\u00f3n mencionada, y en el \u00faltimo inciso la posibilidad especial de optar por una tasa de reemplazo del 65% del IBL, entendiendo que la pensi\u00f3n ya ha sido causada seg\u00fan lo dispuesto en la norma vigente al momento del deceso del causante, o de la anterior a esta siempre que se cumplan los requisitos que ha precisado la jurisprudencia para la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
As\u00ed se expuso en la sentencia referenciada: <\/p>\n
El art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993 simplemente regula los montos de las pensiones de sobrevivientes, en trat\u00e1ndose de afiliados o pensionados, as\u00ed como la posibilidad especial de optar por un monto pensional equivalente al 65% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, m\u00e1s elevado que el que se pudiera obtener en condiciones normales, pero, debe entenderse, dirigida a quienes ya tienen debidamente causado ese derecho con arreglo a la normatividad vigente, pues, es necesario insistir, la disposici\u00f3n simplemente regula el monto de la prestaci\u00f3n sin establecer condiciones para la causaci\u00f3n de la misma. Esto es que, la norma contempla la posibilidad de superar el monto de la pensi\u00f3n en algunas condiciones en las que se cumplen simult\u00e1neamente los requisitos de la norma anterior y los de la Ley 100 de 1993, pero no una pensi\u00f3n de sobrevivientes diferente. <\/p>\n
Dicha posibilidad tampoco se justifica por la v\u00eda de lo establecido en el inciso final del art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993, como se arguye en los cargos. En torno a la interpretaci\u00f3n de dicha norma, lo primero que cabe decir es que, como lo dedujo el Tribunal, no es dable asumir que haya instaurado un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para las pensiones de sobrevivientes, cuya existencia ha sido negada reiteradamente por la Sala, con las \u00fanicas variaciones relacionadas con el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en la forma en la que qued\u00f3 explicado con anterioridad. <\/p>\n
En tales t\u00e9rminos, la Sala ha justificado la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de pensi\u00f3n de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que reclama la censura, en aquellos casos en los que el fallecimiento deviene en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su redacci\u00f3n original, por tratarse de un tr\u00e1nsito pr\u00f3ximo de legislaciones y por virtud del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y de los dem\u00e1s principios rectores de la seguridad social, armonizados con la disposici\u00f3n en la que recaba el recurrente (CSJ SL, 10 abr. 2002, rad. 17121; CSJ SL, 30 abr. 2003, rad. 19092; CSJ SL, 6 may. 2004, rad. 22111; CSJ SL, 9 jul. 2008, rad. 30581; CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 36051; CSJ SL466-2013, entre otras). <\/p>\n
No obstante, se repite, la realidad es diametralmente diferente cuando el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues ante la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n expresamente consagrado, \u00fanicamente tiene cabida el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, con las restricciones impuestas por la jurisprudencia mayoritaria de la Sala, esto es, entre otras, \u201c(\u2026) aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada (\u2026)\u201d mas no \u201c(\u2026) escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condici\u00f3n que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie\u201d. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque, entre otras cosas, como lo sostuvo el Tribunal, el art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993 simplemente regula los montos de las pensiones de sobrevivientes, en trat\u00e1ndose de afiliados o pensionados, as\u00ed como la posibilidad especial de optar por un monto pensional equivalente al 65% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, m\u00e1s elevado que el que se pudiera obtener en condiciones normales, pero, debe entenderse, dirigida a quienes ya tienen debidamente causado ese derecho con arreglo a la normatividad vigente, pues, es necesario insistir, la disposici\u00f3n simplemente regula el monto de la prestaci\u00f3n sin establecer condiciones para la causaci\u00f3n de la misma. Esto es que, la norma contempla la posibilidad de superar el monto de la pensi\u00f3n en algunas condiciones en las que se cumplen simult\u00e1neamente los requisitos de la norma anterior y los de la Ley 100 de 1993, pero no una pensi\u00f3n de sobrevivientes diferente. <\/p>\n
Lo contrario implicar\u00eda reconocer la existencia expresa de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n en materia de pensiones de sobrevivientes que no puede derivarse del contexto integral y sistem\u00e1tico de la Ley 100 de 1993 y de sus modificaciones, as\u00ed como de la jurisprudencia inveterada de esta Corporaci\u00f3n, pues, se repite, el querer del legislador siempre se ha orientado a circunscribir la causaci\u00f3n de tal prestaci\u00f3n a partir y con fundamento en las normas vigentes en el momento de la muerte\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Al momento de presentaci\u00f3n de la tutela, pues, en la actualidad, ya cumpli\u00f3 72 a\u00f1os. <\/p>\n
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STC14148-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14148-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01304-01 (Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}