STC14244-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14244-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda instaurada por Teresita Cerquera Garc\u00eda contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, extensiva a los intervinientes en el asunto n\u00b0 18001-40-03-002-2016-00094-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista pidi\u00f3 que se revoque el interlocutorio de 6 de octubre de 2020, por medio del cual el Tribunal neg\u00f3 los testimonios que solicit\u00f3 en el tr\u00e1mite de la nulidad impulsado por los herederos de uno de los demandados, as\u00ed como la providencia de 12 de agosto de 2021, que ratific\u00f3 esa determinaci\u00f3n, por v\u00eda del recurso de s\u00faplica. <\/p>\n
Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 coercitivo contra Jos\u00e9 Huber Cadena Carvajal, Olga Luc\u00eda Cogollo G\u00f3mez y Abraham Cadena Carvajal para hacer efectivo el importe de varias letras de cambio; los dos primeros se notificaron a trav\u00e9s de curador ad litem y el segundo por medio de aviso. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n frente a Huber y Olga, y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra Abraham Cadena (14 feb. 2019); decisi\u00f3n que impugn\u00f3 ante el Tribunal enjuiciado. <\/p>\n
En el curso de la segunda instancia, Lina Roc\u00edo Cadena Montoya y Orley Fernando Cadena Cuellar, en calidad de sucesores de Abraham Cadena Carvajal, solicitaron que se anulara lo actuado con estribo en las causales 3\u00b0 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el causante cuando fue enterado del asunto se encontraba gravemente enfermo y, por ende, no pudo ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
Para replicar la petici\u00f3n de invalidez, y con el fin de infirmar esas aseveraciones, pidi\u00f3, entre otros medios de convicci\u00f3n, los testimonios de Jos\u00e9 Constantino Arias y Luis Alfredo Villegas. Sin embargo, la Magistrada que tramita la alzada rechaz\u00f3 su recaudo bajo el argumento de que se trataban de pruebas \u00abimpertinentes, superfluas e in\u00fatiles\u00bb, desconociendo as\u00ed su derecho a probar los hechos que interesan para definir la invalidez rogada. <\/p>\n
Precis\u00f3 que a pesar de que impugn\u00f3 esa directriz, la funcionaria que sigue en turno a quien la expidi\u00f3 la ratific\u00f3 con razonamientos similares. <\/p>\n
2.- Las falladoras que participaron en el resultado fustigado defendieron su legalidad. <\/p>\n
Para el momento en que se proyect\u00f3 esta decisi\u00f3n no se hab\u00edan recibido pronunciamientos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Pronto se advierte que el ruego debe salir avante, pues, en el caso, no se cumpl\u00eda con los presupuestos consagrados en el art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso para que la Corporaci\u00f3n querellada rechazara los testimonios suplicados por la peticionaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
2.- El derecho a probar, en esencia, se traduce en la facultad de las partes o intervinientes de un proceso judicial de acreditar los hechos soporte de sus alegaciones. Para ello, pueden hacer valer los medios de convicci\u00f3n que estimen convenientes, lo que, a su vez, comporta el deber del fallador de decretarlos y practicarlos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte, ha dicho que dicha garant\u00eda <\/p>\n
(\u2026) se traduce (\u2026) en un derecho a probar los hechos que determinan la consecuencia jur\u00eddica a cuyo reconocimiento, en el caso litigado, aspira cada una de las partes. Se trata de una aquilatada garant\u00eda de acceso real y efectivo a los diferentes medios probatorios, que le permita a las partes acreditar los hechos alegados y, desde luego, generarle convencimiento al juez en torno a la pretensi\u00f3n o a la excepci\u00f3n. <\/p>\n
Al fin y al cabo, de antiguo se sabe que el juez debe sentenciar conforme a lo alegado y probado (iuxta allegata et probata iudex iudicare debet), raz\u00f3n por la cual, quienes concurren a su estrado deben gozar de la sacrosanta prerrogativa a probar los supuestos de hecho del derecho que reclaman, la que debe materializarse en t\u00e9rminos reales y no simplemente formales, lo cual implica, en primer lugar y de manera plena, hacer efectivas las oportunidades para pedir y aportar pruebas; en segundo lugar, admitir aquellos medios probatorios presentados y solicitados, en cuanto resulten pertinentes y \u00fatiles para la definici\u00f3n del litigio; en tercer lugar, brindar un escenario y un plazo adecuados para su pr\u00e1ctica; en cuarto lugar, promover el recaudo de la prueba, pues el derecho a ella no se concreta simplemente en su ordenamiento, sino que impone un compromiso del Juez y de las partes con su efectiva obtenci\u00f3n; y en quinto lugar, disponer y practicar aquellas pruebas que de acuerdo con la ley, u oficiosamente el juez, se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos en torno a los cuales existe controversia (CSJ SC 28 jun. 2005, rad. 7901). <\/p>\n
Claro, no es un derecho absoluto, pues, debe ejercerse bajo ciertas condiciones, con miras a que el conflicto sometido a composici\u00f3n judicial se decida adecuadamente. <\/p>\n
As\u00ed, el interesado no puede llevar, deliberadamente, cualquier prueba al proceso, ni acreditar cualquier supuesto f\u00e1ctico. Los medios suasorios aducidos han de ser i) l\u00edcitos, ii) conducentes, iii) pertinentes y iv) \u00fatiles en relaci\u00f3n con la controversia en la que se invocan, esto es, i) que no est\u00e9n prohibidos o se hayan obtenido con violaci\u00f3n de derechos fundamentales, ii) que sean id\u00f3neos legalmente para demostrar determinado hecho, iii) que guarden relaci\u00f3n con los supuestos f\u00e1cticos que se pretende demostrar y los que originaron la pol\u00e9mica, y iv) que sean necesarios para esclarecer el debate. <\/p>\n
De suerte que, si esos presupuestos no se cumplen, el juez est\u00e1 habilitado para inadmitir las probanzas invocadas. <\/p>\n
Por eso, a voces del art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[e]l juez rechazar\u00e1 de plano, mediante providencia motivada, las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto, ese poder que la ley ha otorgado a los administradores de justicia tampoco es irrestricto, pues, a la hora de repeler un medio de convicci\u00f3n por cualquiera de esas razones debe tener certeza de que est\u00e1 ante una prueba il\u00edcita, inconducente, impertinente o in\u00fatil. De lo contrario, tendr\u00e1 que incorporarla al acervo probatorio, so pena de limitar, injustificadamente, el derecho a probar de las partes. <\/p>\n
Por ese camino, cobra especial relevancia el rechazo de pruebas por ausencia de pertinencia y utilidad. N\u00f3tese que el legislador imparti\u00f3 directrices especiales para excluir medios probatorios por falta de dichos presupuestos, a diferencia de los licitud y conducencia. As\u00ed, frente a medios il\u00edcitos e inconducentes autoriz\u00f3 su repulsi\u00f3n sin m\u00e1s, pues dispuso que \u00ab[e]l juez rechazar\u00e1 de plano (\u2026) las pruebas il\u00edcitas, (\u2026) las inconducentes (\u2026)\u00bb, mientras que trat\u00e1ndose de probanzas impertinentes e in\u00fatiles facult\u00f3 al juzgador a prescindir solo de aquellas que sean \u00abnotoriamente impertinentes\u00bb y \u00abmanifiestamente in\u00fatiles\u00bb. <\/p>\n
Lo que traduce, a tono con las definiciones de esos adverbios1, que el rechazo de medios de convicci\u00f3n por falencias de pertinencia y utilidad solo puede tener lugar cuando aparecen de bulto, o mejor, cuando saltan a la vista de todos, es decir, cuando, de forma patente, clara y evidente queda al descubierto que la probanza invocada es ajena a las hip\u00f3tesis discutidas en el pleito (impertinencia), o no presta servicio alguno al proceso (utilidad). <\/p>\n
Ahora, que as\u00ed sea no es fortuito, esas exigencias especiales tienen una raz\u00f3n de ser, que ata\u00f1e a la naturaleza de esos presupuestos: la pertinencia y la utilidad de la prueba no siempre son de f\u00e1cil determinaci\u00f3n a la hora de evaluar su admisibilidad, y en muchas ocasiones ellas (la impertinencia y la inutilidad) solo emergen claramente una vez percibida la respectiva prueba. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, si se trata de la licitud, bastar\u00e1 que el juzgador indague en el ordenamiento jur\u00eddico por la existencia de alguna norma que proh\u00edba el medio de convicci\u00f3n o verifique si fue el resultado de la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental. Para determinar si es conducente, tambi\u00e9n ser\u00e1 suficiente que efect\u00fae un juicio de legalidad con el fin de esclarecer si la prueba invocada es apta para demostrar el hecho correspondiente. Es decir, su labor, en \u00faltimas, se contrae a comparar el medio probatorio con la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
Pero si se trata de valorar la pertinencia y utilidad del medio, no siempre resulta sencillo, dado que el respectivo an\u00e1lisis debe hacerse a la luz de los hechos discutidos, de cuya existencia y alcance no se tiene certeza, as\u00ed como tampoco de la informaci\u00f3n que la probanza puede aportar al proceso, en tanto solo se cuenta con el dicho de la parte. <\/p>\n
As\u00ed, cualquier duda sobre la admisibilidad del medio, bien sea por su pertinencia o por su utilidad, debe resolverse a favor de su incorporaci\u00f3n al debate, para que luego de conocido su contenido, pueda establecerse su verdadero valor, soluci\u00f3n que protege el derecho a probar, el derecho de defensa y el debido proceso, en tanto permite, en caso de duda, la admisi\u00f3n a priori y el acceso a la prueba para resolver a posteriori sobre su pertinencia y utilidad. Se entiende, entonces, que el sentenciador ha de ser m\u00e1s riguroso al evaluar una probanza en sus aspectos de pertinencia y utilidad, pues solo cuando advierta de forma notoria o manifiesta que es extra\u00f1a al conflicto que se pretende zanjar o no aporta a su soluci\u00f3n, puede negar su recepci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque las partes tienen derecho a probar sus alegaciones a trav\u00e9s de los medios que estimen convenientes y el juez tiene el deber de recaudarlos, ese no es un derecho absoluto, pues el sentenciador est\u00e1 facultado para no percibir las pruebas \u00abil\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb. Y trat\u00e1ndose del segundo y tercer supuesto, las falencias deben saltar a la vista, a partir de una simple confrontaci\u00f3n del medio de convicci\u00f3n que se pretende hacer valer y los hechos materia de controversia, pues, de no ser as\u00ed, aqu\u00e9l deber\u00e1 recaudarse, a fin de no sacrificar, injustificadamente, el derecho a probar de las partes. <\/p>\n
En suma, cuando el juez advierta dudas acerca de la pertinencia y utilidad de una prueba deber\u00e1 decretarla, a menos que ella resulte notoriamente impertinente o manifiestamente in\u00fatil. <\/p>\n
3.- En el caso, la Colegiatura reprochada, a trav\u00e9s del auto que defini\u00f3 la petici\u00f3n de la quejosa (12 ag. 2021), se abstuvo de decretar los testimonios de Luis Alfredo Villegas y Jos\u00e9 Constantino Arias porque consider\u00f3 que eran impertinentes en lo relativo a la nulidad formulada por los herederos del ejecutado Abraham Cadena Carvajal. <\/p>\n
Tras advertir que los libelistas pretend\u00edan acreditar que el proceso se interrumpi\u00f3 porque el aludido demandado se encontraba gravemente enfermo al momento de ser vinculado y, por ende, no pudo ejercer su derecho de defensa, as\u00ed como que la actora anhelaba demostrar a trav\u00e9s de prueba testifical que no sufr\u00eda un padecimiento de esa naturaleza, concluy\u00f3 que las aludidas declaraciones no pod\u00edan dar cuenta de esa circunstancia. En estos t\u00e9rminos lo expuso: <\/p>\n
Revisado el escrito de nulidad presentado por la parte demandada, se evidencia que lo pretendido es que se declare la nulidad de la actuaci\u00f3n de primera instancia, por la presunta ocurrencia de las causales 3\u00aa y 8\u00aa del art. 133 del C.G.P., con fundamento en que para la \u00e9poca de la notificaci\u00f3n personal del se\u00f1or Abraham Cadena Carvajal, \u00e9ste se encontraba gravemente enfermo de c\u00e1ncer de cardias, raz\u00f3n por la cual no estaba en condiciones de asumir su defensa. <\/p>\n
Bajo esta premisa, se observa que, aunque en el escrito de traslado de la nulidad el abogado de la parte actora haya indicado que el objeto de los testimonios denegados era deponer \u201csobre las circunstancias bajo las cuales se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n del se\u00f1or Abraham Cadena dentro del asunto de la referencia, la actitud asumida por el mismo respecto a la actuaci\u00f3n procesal en comento, las condiciones de salud y todo lo inherente al presente incidente\u201d, lo cierto es que los mismos no lucen conducentes y pertinentes para el caso. <\/p>\n
En efecto, si lo pretendido es desvirtuar que el se\u00f1or Abraham Cadena estuviera gravemente enfermo para la \u00e9poca en que se surti\u00f3 su notificaci\u00f3n personal en la presente causa, no aparece relevante lo que pueda afirmar el secretario del Juzgado de conocimiento, Luis Alfredo Villegas, quien a la postre, y seg\u00fan lo informado por la misma parte actora, solo puede declarar sobre lo que vio cuando el se\u00f1or Cadena compareci\u00f3 al Juzgado por efecto del aviso. <\/p>\n
Pasa lo mismo con el testigo, Jos\u00e9 Constantino Arias, quien como abogado presuntamente contactado por el se\u00f1or Cadena para su defensa, nada puede aportar a efectos de determinar la condici\u00f3n m\u00e9dica de dicho se\u00f1or, sino solamente de su relaci\u00f3n profesional, cuesti\u00f3n que escapa a lo que es materia de debate (Cuaderno Tribunal, en Consecutivo \u00ab01.Cuaderno Tribunal, archivo 028. \u00abAutoResuelveRecursoS\u00faplica\u00bb). <\/p>\n
2.3. Sin embargo, bajo los par\u00e1metros expuestos, es claro que la solicitud probatoria de la actora no encajaba en el supuesto de \u00abnotoriamente impertinente\u00bb, porque bien entendido el debate que suscit\u00f3 la nulidad incoada, es claro que las versiones cuyo recaudo pidi\u00f3 versaban sobre sus supuestos f\u00e1cticos. <\/p>\n
Como lo rese\u00f1\u00f3 la providencia, la nulidad se sustent\u00f3 en que el proceso se interrumpi\u00f3 por enfermedad grave del ejecutado Abraham Cadena Carvajal, en tanto, al ser enterado de la orden de apremio sufr\u00eda de un c\u00e1ncer de cardias que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa, y posteriormente lo condujo a la muerte. N\u00f3tese, que los impulsores de ese mecanismo, luego de relatar los hechos que, en su criterio, revelaban que para ese instante su antecesor sufr\u00eda de ese mal, al igual que su incidencia en sus funciones vitales, precisaron: <\/p>\n
Como consecuencia de dicha enfermedad, el se\u00f1or Abraham Cadena Carvajal hace que estructure la causal de interrupci\u00f3n consagrada en el numeral primero del art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que no estaba en condiciones de ejercer el derecho fundamental de defensa dentro del proceso ejecutivo de la referencia. <\/p>\n
Todo lo cual significa que todas las actuaciones efectuadas en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo, respecto del demandado Abraham Cadena Carvajal, adolecen de nulidad absoluta, lo que obviamente incluye el procedimiento de la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal efectuada el 17 de enero del 2017, y el procedimiento de la notificaci\u00f3n por aviso efectuada el 30 de marzo de 2017, y dem\u00e1s diligencias o actuaciones hasta el momento de su fallecimiento acaecido el 19 de julio del 2018, quien por consiguiente, por esas circunstancias (enfermedad y fallecimiento) no pudo ejercer el derecho de defensa dentro del proceso ejecutivo de la referencia, por ese mismo motivo no design\u00f3 apoderado, y al momento de fallecer tampoco lo ten\u00eda (fls. 20 a 31, en \u00ab01. Cuaderno Tribunal\u00bb). <\/p>\n
Para replicar esa base factual, la libelista aleg\u00f3 que, si bien Cadena Carvajal fue diagnosticado con esa patolog\u00eda en \u00e9poca cercana a su notificaci\u00f3n, la afecci\u00f3n no era grave, de modo que no le impidi\u00f3 defenderse ni provoc\u00f3 la interrupci\u00f3n del procedimiento; entre otros aspectos, explic\u00f3: <\/p>\n
Sobre el particular es menester rese\u00f1ar que, si bien es cierto el se\u00f1or Cadena Carvajal fue notificado mediante aviso el d\u00eda 30 de maro de 2017, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), y que al demandado Abraham Cadena Carvajal le fue practicada una esofagostroduodenoscopia el d\u00eda 25 de julio de 2017, no se ha acreditado que el padecimiento de dicha enfermedad, para la fecha de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, tuviese la suficiencia para configurar la interrupci\u00f3n del proceso y mucho menos materializar la causal de nulidad alegada (\u2026) (fls. 47 a 60, en \u00ab01. Cuaderno Tribunal\u00bb). <\/p>\n
Despu\u00e9s esboz\u00f3 que: <\/p>\n
Por los motivos expuestos, la evoluci\u00f3n del cuadro presentado por el se\u00f1or Abraham Cadena Carvajal no puede ser catalogado como enfermedad grave para los fines del numeral 1 del art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso dentro del t\u00e9rmino pretendido por la parte incidentante, toda vez que, en el resumen de la historia cl\u00ednica arrimado por su parte, no se evidencia que dicho padecimiento constituyera una situaci\u00f3n irresistible e invencible que le imposibilitara a la parte demandada contratar los servicios de un abogado a fin de que atendiera sus intereses dentro del presente proceso dentro del t\u00e9rmino otorgado para contestar la demanda, el cual conforme se rese\u00f1\u00f3, debido a las fechas de emisi\u00f3n y recepci\u00f3n de citatorio y aviso, fue de m\u00e1s de 3 de meses, siendo tal lapso de tiempo m\u00e1s que suficiente para que la parte interesada compareciera a ejercer su derecho de defensa, motivo por el cual lo ac\u00e1 acaecido corresponde a la materializaci\u00f3n de la voluntad del se\u00f1or Cadena Carvajal, quien dentro del t\u00e9rmino de oportunidad procesal correspondiente decidi\u00f3 en primer lugar no comparecer a notificarse personalmente y en segundo lugar guardar silencio dentro del proceso una vez fue notificado por aviso. <\/p>\n
Ahora, con el fin de justificar su dicho, en torno a que la situaci\u00f3n de salud del demandado no le imposibilitaba defenderse, narr\u00f3 que este acudi\u00f3 al juzgado despu\u00e9s de ser enterado de la existencia de la actuaci\u00f3n, y consult\u00f3 el caso con un abogado. Al respecto relat\u00f3: <\/p>\n
Debe rese\u00f1arse (\u2026) que Abraham Cadena Carvajal habiendo recibido la notificaci\u00f3n para notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, se traslad\u00f3 personalmente hasta la Secretar\u00eda del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, Caquet\u00e1, donde fue atendido por su secretario, el se\u00f1or Luis Alfredo Villegas Mart\u00ednez, quien le hizo saber de su notificaci\u00f3n por aviso del mandamiento de pago y le entreg\u00f3 las copias del traslado de la demanda ejecutiva para el ejercicio de su defensa. <\/p>\n
Luego, acot\u00f3: <\/p>\n
Por tanto, m\u00e1s all\u00e1 de la aducci\u00f3n tard\u00eda de una enfermedad para atacar paladinamente la existencia y legalidad del proceso ejecutivo, tenemos que, sin la agravaci\u00f3n de la enfermedad que se alega, por sus medios personales, se present\u00f3 en el despacho judicial y retir\u00f3 las copias de traslado de la demanda ejecutiva, asumiendo de su responsabilidad el silencio en la actuaci\u00f3n procesal, as\u00ed como la designaci\u00f3n de alg\u00fan mandatario para el efecto (\u2026). <\/p>\n
Igualmente se anota que, con la misma falta predicada en el numeral anterior, el se\u00f1or Abraham Cadena Carvajal, consult\u00f3 al abogado Jos\u00e9 Constantino Arias Arias sobre el particular, por lo cual este profesional del derecho se desplaz\u00f3 a mi oficina de abogado en la ciudad de Florencia, Caquet\u00e1, a indicarme que dicha obligaci\u00f3n obedec\u00eda a una garant\u00eda que hab\u00eda dado en favor de su hermano Jos\u00e9 Huber Cadena Carvajal, tambi\u00e9n demandado, para requerirme que persiguiera bienes de este \u00faltimo y de su consorte Olga Luc\u00eda Cogollo G\u00f3mez, quienes finalmente se hab\u00edan lucrado del dinero que le hubiera sido prestado por Teresita Cerquera. <\/p>\n
Finalmente, para probar esas atestaciones, apunt\u00f3: <\/p>\n
Solicito al despacho disponga hora y fecha para recepcionar los testimonios de los se\u00f1ores Luis Alfredo Villegas Mart\u00ednez y Jos\u00e9 Constantino Arias Arias a fin de que depongan sobre las circunstancias bajo las cuales efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n del se\u00f1or Abraham Cadena dentro del asunto de la referencia, la actitud asumida por el mismo respecto de la actuaci\u00f3n procesal en comento, las condiciones de salud y todo lo inherente al presente incidente. <\/p>\n
Como puede verse, a trav\u00e9s de las declaraciones aludidas, la promotora no quer\u00eda cosa distinta que probar los hechos que aleg\u00f3 para rebatir la causal de nulidad invocada por los herederos de Abraham Cadena Carvajal. F\u00edjese que si lo alegado por los sucesores es que este, a causa de sus dolencias, no pudo defenderse de la pretensi\u00f3n ejecutiva, y por eso se interrumpi\u00f3 el litigio, es claro que la impulsora ten\u00eda derecho a demostrar, con los medios de convicci\u00f3n que ten\u00eda a su alcance, que la realidad era distinta. Por supuesto, los testimonios de Luis Alfredo Villegas Mart\u00ednez y Jos\u00e9 Constantino Arias eran apropiados para ese prop\u00f3sito, por cuanto, seg\u00fan la actora, participaron de los hechos que para ella desdicen de la gravedad de sus molestias. Ahora, si fue as\u00ed o no, es cosa que debe resolverse al final, despu\u00e9s de que se recauden y valoren la totalidad de los elementos de juicios que resulten \u00fatiles para decidir la nulidad. <\/p>\n
Ahora, no es cierto, como lo afirm\u00f3 la Magistratura de Florencia, que las atestaciones de Luis Alfredo Villegas ni Jos\u00e9 Constantino Arias sean irrelevantes para el caso porque no pueden dar cuenta de la enfermedad de Abraham Cadena; mem\u00f3rese que dijo: <\/p>\n
En efecto, si lo pretendido es desvirtuar que el se\u00f1or Abraham Cadena estuviera gravemente enfermo para la \u00e9poca en que se surti\u00f3 su notificaci\u00f3n personal en la presente causa, no aparece relevante lo que pueda afirmar el secretario del Juzgado de conocimiento, Luis Alfredo Villegas, quien a la postre, y seg\u00fan lo informado por la misma parte actora, solo puede declarar sobre lo que vio cuando el se\u00f1or Cadena compareci\u00f3 al Juzgado por efecto del aviso. <\/p>\n
Pasa lo mismo con el testigo, Jos\u00e9 Constantino Arias, quien como abogado presuntamente contactado por el se\u00f1or Cadena para su defensa, nada puede aportar a efectos de determinar la condici\u00f3n m\u00e9dica de dicho se\u00f1or, sino solamente de su relaci\u00f3n profesional, cuesti\u00f3n que escapa a lo que es materia de debate. <\/p>\n
Lo anterior, porque lo que quiere acreditar la actora por medio de la prueba testimonial no es tanto la presencia de la patolog\u00eda, sino, que Abraham Cadena no estaba imposibilitado para defender sus prerrogativas, en tanto compareci\u00f3 al juzgado y busc\u00f3 asistencia profesional. <\/p>\n
Adicionalmente, no debe perderse de vista, que si lo que ha de esclarecerse en el asunto es si el ejecutado, cuando fue notificado del mandamiento de pago, padec\u00eda de un problema de salud de tal magnitud que no pudo atender oportunamente la causa, lo m\u00e1s l\u00f3gico es que se diluciden cu\u00e1les eran sus condiciones de salud para ese momento, y c\u00f3mo su estado afect\u00f3 su desempe\u00f1o en la vida diaria. Y de ello, claramente, pod\u00edan dar cuenta el secretario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia y el profesional del derecho con quien se contact\u00f3 el demandado, si en cuenta se tiene que, seg\u00fan Teresita Cerquera, se entrevistaron con \u00e9l en esa \u00e9poca, justo con ocasi\u00f3n del coercitivo analizado. <\/p>\n
En suma, en el caso controversial no se cumpl\u00eda con los requisitos para rechazar in limine la solicitud probatoria de la demandante, pues los testimonios implorados est\u00e1n \u00edntimamente relacionados con los hechos materia de la nulidad instada por Lina Roc\u00edo Cadena Montoya y Orley Fernando Cadena Cuellar. <\/p>\n
Por tanto, la injerencia constitucional debe abrirse paso a fin de restaurar el privilegio comentado y, para su protecci\u00f3n, se invalidar\u00e1 el auto emitido el 12 de agosto de 2021, por medio del cual el Tribunal de Florencia confirm\u00f3 el rechazo de la prueba testimonial solicitada por la demandante y, en su lugar, se le conminar\u00e1 a que profiera un nuevo prove\u00eddo en el que tenga en cuenta los lineamientos aqu\u00ed trazados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Teresita Cerquera Garc\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio emitido el 12 de agosto de 2021 por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y, en su lugar, se ordena a la Corporaci\u00f3n accionada que, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contados desde su notificaci\u00f3n, emita una nueva decisi\u00f3n con observancia de lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el Diccionario de la lengua espa\u00f1ola, \u00abnotoriamente\u00bb significa \u00abde manera notoria\u00bb, y \u00abnotoria\u00bb es una cualidad que traduce para los efectos que aqu\u00ed interesan: i) p\u00fablico y sabido por todos, ii) cierto, evidente. Por su parte, la palabra \u00abmanifiestamente\u00bb quiere decir \u00abde manera manifiesta\u00bb, representando este adjetivo, el concepto de \u00abdescubierto, patente, claro\u00bb. <\/p>\n
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STC14244-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14244-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la salvaguarda instaurada por Teresita Cerquera Garc\u00eda contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58652","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58652"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58652\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}