STC14289-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14289-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00240-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ecopetrol S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante a trav\u00e9s de gestora judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al \u00abprincipio de seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia emitida en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el marco del proceso declarativo laboral que en su contra promovi\u00f3 Luis Fernando L\u00e1zaro G\u00f3mez, con radicado No. 2013-00272-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n accionada, \u00abdej[ar] sin efectos la mencionada sentencia\u00bb y en consecuencia \u00abdict[ar] un nuevo fallo ajustado a la constituci\u00f3n, a la ley y al precedente jurisprudencial o en su defecto, conforme al art\u00edculo 2, inciso 2\u00ba, de la Ley Estatutaria 1781 de 2016, que adicion\u00f3 al art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, remita un proyecto de fallo que pretenda cambiar la jurisprudencia en la materia (sic) a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que esta decida\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que el referido juicio en su contra fue promovido para reclamarle la pensi\u00f3n proporcional establecida en el numeral 4.5.8. del Acuerdo 01 de 1977, que rige para los trabajadores de n\u00f3mina directa con la compa\u00f1\u00eda, reclamo fundado en el despido unilateral y sin justa causa al demandante el 31 de julio de 2008, para que se reconociera la prestaci\u00f3n desde el 27 de junio de 2011, cuando \u00e9ste cumpli\u00f3 50 a\u00f1os. <\/p>\n
Sostiene que el 9 de marzo de 2015, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio accedi\u00f3 al mentado pedimento, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue modificada el 29 de septiembre de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para aclarar que la fecha desde la cual corr\u00edan los intereses moratorios por las condenas reconocidas en primera instancia no era el 27 de junio de 2007, sino el 27 de junio de 2011. <\/p>\n
Finalmente afirma que aunque atac\u00f3 la precitada decisi\u00f3n, no fue casada el 4 de febrero de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tras considerarse que la intelecci\u00f3n que le hab\u00eda dado el Tribunal al aludido Acuerdo \u00abno es descabellada\u00bb; sin embargo, dice, \u00abla Corte aplica un art\u00edculo que no corresponde con la norma, teniendo en cuenta que aplica un numeral equivocado. Si aplica la correspondiente esto es, numeral 4.5.9. del acuerdo, por lo menos se habr\u00eda hecho el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional desde el 26 de junio de 2016, fecha en la que el actor cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad, necesarios para acceder a la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n, no desde el 26 de junio de 2011, como en efecto se orden\u00f3, al aplicar el numeral 4.5.8 del Acuerdo 01 de 1977 \u00bb, razones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 del asunto, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n, porque lo decidido durante el decurso se motiv\u00f3 en debida forma, sin que se incurriera en alguna de las causales gen\u00e9ricas o espec\u00edficas para procedencia del amparo. <\/p>\n
b.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, indic\u00f3 que lo fallado se bas\u00f3 en las sentencias SL971-2019, SL1428-2018, SL5334-2015, SL526-2018 y SL17063-207, adem\u00e1s de lo dicho por la Corte Constitucional en los prove\u00eddos T-461-1998, T-439-2000, C077-2017 y T-881-2002, adem\u00e1s, resalt\u00f3, lo determinado fue notificado por edicto del 11 de febrero de 2020, por lo cual \u00abno obr\u00f3 la empresa con la inmediatez exigida para accionar por v\u00eda de tutela contra decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, con fundamento en que \u00abla providencia cuestionada y emitida en sede de casaci\u00f3n CSJ, SL299-2020, 4 feb. 2020, por la Sala de Descongesti\u00f3n n.o 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb, afirmaci\u00f3n en sustento de la cual cit\u00f3 apartes que estim\u00f3 relevante de ese prove\u00eddo, para en seguida colegir que \u00abes claro que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada. Entendiendo, como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la determinaci\u00f3n contraria a los intereses de la demandante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad gestora, con fundamento en los mismos motivos que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que Ecopetrol S.A. se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 4 de febrero de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual NO se cas\u00f3 la sentencia del 29 de septiembre de 2016 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con que se hab\u00eda modificado el fallo del 9 de marzo de 2015 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, acceder parcialmente a las pretensiones, en el marco del proceso ordinario laboral que en su contra promovi\u00f3 Luis Fernando L\u00e1zaro G\u00f3mez, pues seg\u00fan su dicho, lo resuelto en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 la normatividad aplicable. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n de la Sala Hom\u00f3loga Laboral data del 4 de febrero de 2020; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 2 de febrero pasado, es decir, transcurridos casi un (1) a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n antes individualizada, de no casar la sentencia emitida dentro del referido proceso por el Tribunal Superior de Villavicencio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se explique en modo alguno. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 de entrada que, \u00abse encuentra fuera de controversia lo siguiente: (i) que entre el demandante Luis Fernando L\u00e1zaro G\u00f3mez y la demandada Ecopetrol S.A existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido desde el 4 de mayo de 1987 al 31 de julio del 2008, para un total de tiempo de servicio de 21 a\u00f1os, 2 meses y 28 d\u00edas; (ii) que el v\u00ednculo laboral finaliz\u00f3 de forma unilateral y sin justa causa por parte de la demandada Ecopetrol SA el 31 de julio de 2008; (iii) que el accionante como empleado de direcci\u00f3n, confianza y manejo se adhiri\u00f3 al Acuerdo 01 de 1977 el d\u00eda 20 de noviembre del 2007, por tanto, era beneficiario del mismo; que el art\u00edculo 8 del Acuerdo 01 de 1977, fue actualizado el 1\u00b0 de julio de 1995, y en dicha norma se estableci\u00f3 que esa actualizaci\u00f3n tendr\u00eda vigencia a partir de esa precisa calenda, sin determinar un lapso de tiempo concreto, por lo que se consideraba indefinido; que el actor naci\u00f3 el 26 de junio de 1961, cumpliendo 50 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes de 2011\u00bb. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, afirm\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada que \u00abno avizora que el juez colegiado haya incurrido en un desatino jur\u00eddico en relaci\u00f3n con las pautas dispuestas en el Acto Legislativo 01 de 2005, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Conforme al tejido argumentativo del ad quem, es claro que encontr\u00f3 que el Acuerdo 01 de 1977 estaba vigente al momento de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, y dado que su vigencia era indefinida \u2013lo que no se discute-, resultaba aplicable hasta el 31 de julio de 2010, y en tales condiciones, atin\u00f3 en su aplicaci\u00f3n para la data en que acaeci\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del demandante -31 de julio de 2008-, momento para el cual se encontraba en el \u00e1mbito de las situaciones advertidas en la mentada reforma constitucional, pues, esta adem\u00e1s de haber estipulado que a partir de su vigencia no se podr\u00eda establecer en pactos, convenciones colectivas, laudo u otro acto jur\u00eddico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en la ley, tambi\u00e9n previ\u00f3 que las reglas pensionales de orden extralegal que reg\u00edan a la fecha de su entrada en vigencia se mantendr\u00edan por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado, y en todo caso, perder\u00edan vigor el 31 de julio de 2010, y as\u00ed lo ha entendido y ense\u00f1ado esta Corporaci\u00f3n de manera reiterada y pac\u00edfica, verbigracia en la sentencia (CSJ SL 971-2019)\u00bb. <\/p>\n
En seguida, sobre el momento de causaci\u00f3n del derecho reclamado en la demanda, consider\u00f3 que \u00abla intelecci\u00f3n que le dio el juez plural a la norma extralegal no es descabellada, pues es claro, que tal como lo entendi\u00f3, los requisitos de la pensi\u00f3n all\u00ed prevista se reducen a dos: la prestaci\u00f3n de servicios durante un tiempo determinado, para este caso 10 a\u00f1os, y el despido injusto por parte del empleador; y la edad indicada en la norma deviene en una condici\u00f3n personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional, pues la expresi\u00f3n \u00abcuando cumpla cincuenta (50) a\u00f1os de edad\u00bb, as\u00ed lo indica. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, por cuanto, la pensi\u00f3n proporcional extralegal dispuesta en el art\u00edculo 4.5.8 del Acuerdo 01 de 1977, no resulta nada extra\u00f1a a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n o restringida de jubilaci\u00f3n legal, y que se causa por cumplir determinado tiempo y el retiro del trabajador, siendo la edad un presupuesto para su exigibilidad, luego entonces, con mucha m\u00e1s raz\u00f3n debe aplicarse en iguales condiciones a esta clase de pensiones proporcionales establecidas en un acuerdo\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, a diferencia de lo considerado por la empresa accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala permanente de esa especialidad, y el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de la tutelante con la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad encontr\u00f3 que para reconocer a la contraparte de la aqu\u00ed interesada el derecho pensional proporcional que reclam\u00f3, estaban dados todos los requisitos establecidos en el art\u00edculo 4.5.8 del Acuerdo 01 de 1977, los que se limitaban a una prestaci\u00f3n del servicio a la empresa por 10 o m\u00e1s a\u00f1os, y el despido injusto, lo que causar\u00eda la obligaci\u00f3n, donde el cumplimiento de los 50 a\u00f1os de edad definir\u00eda el hito de exigibilidad del derecho, lo que como se vio, estaba probado dentro del proceso. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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