STC14290-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14290-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manpower de Colombia Ltda. contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Hatonuevo y Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales querelladas, dentro del amparo instaurado en su contra por Carlos Jes\u00fas Giraldo Manjarrez, bajo el radicado N\u00b0 2020-00022-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende, principalmente, se declare \u00abla NULIDAD de todo lo actuado al interior del tr\u00e1mite de tutela [criticado], auto admisorio inclusive, habida cuenta el vicio de nulidad insanable que fue cometido desde su inicio. Y, NOTIFICAR[LE] como corresponde\u00bb y, subsidiariamente, se revoquen los fallos emitidos por los juzgadores denunciados para, en su lugar, imponerle al Despacho del circuito censurado, \u00abexpedir una nueva decisi\u00f3n (\u2026) ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, que el demandante en la tramitaci\u00f3n criticada pidi\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas sustanciales, aduciendo como irregular la terminaci\u00f3n del contrato laboral celebrado con ella y ejecutado en el municipio de San Juan del Cesar -Guajira-, entre el 21 de junio de 2017 y el 29 de enero de 2020, y deprecando, en consecuencia, su reintegro al cargo all\u00ed desempe\u00f1ado. <\/p>\n
Advierte que el a quo incurri\u00f3 en distintas irregularidades, pues (i) asumi\u00f3 el asunto sin tener competencia territorial para ello, dado que la presunta vulneraci\u00f3n acaeci\u00f3 en San Juan del Cesar y no en Hatonuevo; (ii) omiti\u00f3 notificarle la admisi\u00f3n de la tutela a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica reportada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la compa\u00f1\u00eda, haci\u00e9ndolo \u00aba [la] siguiente rosa.caballero@manpower.com.co, siendo que, esta cuenta se encuentra deshabilitada (\u2026) al ser una funcionaria que ya no laboraba con la entidad, y que en todo caso nunca fue dispuesta como canal de notificaciones judiciales\u00bb; y (iii) resolvi\u00f3 conceder el auxilio arbitrariamente, reconoci\u00e9ndole al all\u00ed censor una estabilidad laboral \u00abinexistente\u00bb y orden\u00e1ndole, como accionada, reintegrarlo, equivoc\u00e1ndose, adem\u00e1s, en su denominaci\u00f3n social, toda vez que se refiri\u00f3 a \u00abManpowergroup\u00bb, cuando lo correcto es \u00abManpower de Colombia Ltda.\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que ante esa decisi\u00f3n desfavorable, \u00abimpugn\u00f3 la sentencia el 13 de marzo de 2020 v\u00eda correo electr\u00f3nico, teniendo conocimiento de la admisi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n el 30 de marzo de 2020\u00bb; no obstante, el fallador del circuito convocado, tres (3) d\u00edas despu\u00e9s -2 de abril de 2020-, emiti\u00f3 su decisi\u00f3n confirmando la providencia recurrida, sin permitirle \u00absustentar en debida forma su defensa\u00bb y soslayando enterarla de tal veredicto \u00aben su integridad, [por cuanto le envi\u00f3] (\u2026) \u00fanicamente el oficio que informaba sobre el mismo, vulnerando el principio de publicidad, m\u00e1xime cuando debido a las circunstancias sanitarias en las que todav\u00eda nos encontramos, los tr\u00e1mites judiciales estaban surti\u00e9ndose de manera virtual\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, asevera, los accionados lesionaron los derechos invocados, pues el tr\u00e1mite esta viciado de nulidad absoluta por los defectos descritos, hall\u00e1ndose, as\u00ed mismo, en las sentencias cuestionadas, \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, pues esa figura \u00abno solo es atribuible a los eventos en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales, sino que [\u00e9sta] haya sido producto de una interpretaci\u00f3n abiertamente contraria a los postulados constitucionales, as\u00ed como en completo desconocimiento de la ley\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en el caso controvertido; a\u00f1ade que no puede aducirse la improcedencia de sus s\u00faplicas por estar pendiente el remedio de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, como quiera que, al parecer, el despacho del circuito censurado no ha remitido el expediente, toda vez que \u00abconsultada la p\u00e1gina de [esa] Corporaci\u00f3n, no se encuentra sus registros. Adicionalmente, (\u2026) [solicit\u00e9 informaci\u00f3n] mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2020, y no se ha obtenido respuesta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite censurado le fue comunicado a la tutelante a las direcciones electr\u00f3nicas rosa.caballero@manpower.com.co y notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co y advirti\u00f3 que aqu\u00e9lla formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n correspondiente frente al fallo de primer grado, dictado el 25 de febrero de 2020, enter\u00e1ndosele de \u00abla admisi\u00f3n en segunda instancia\u00bb el 30 de marzo posterior y emiti\u00e9ndose la sentencia con la cual se defini\u00f3 la alzada el 2 de abril subsiguiente, \u00abnotificada a los correos electr\u00f3nicos aportados por el accionante\u00bb; agreg\u00f3 que el 30 de agosto de 2021 remiti\u00f3 las diligencias a la Corte Constitucional, \u00abmediante env\u00edo n\u00famero 914294\u00bb y expuso que la protecci\u00f3n exigida no pod\u00eda salir avante, por cuanto la ahora censora no propuso las cuestiones aqu\u00ed aducidas en el decurso criticado; adem\u00e1s, han pasado m\u00e1s de diecisiete (17) meses desde que fue proferido el fallo en segundo grado y, con todo, advirti\u00f3, ante la Corporaci\u00f3n antes mencionada, puede \u00abenmendarse el error que se le enrostra a la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo exigido, al desconocerse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; el primero, por cuanto desde el fallo proferido en segunda instancia en el tr\u00e1mite criticado, ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y cinco (5) meses, y el segundo, dado que la accionante nada aleg\u00f3 sobre la invalidez aqu\u00ed pretendida ante los falladores denunciados; adem\u00e1s, seg\u00fan se expuso, \u00aba\u00fan resta que se agote la revisi\u00f3n ante la H. Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Con todo, y ante la falta de \u00abconstancia de que la acci\u00f3n de tutela rad. 2020-00022-00 ya hubiese sido remitida ante la H. Corte Constitucional\u00bb, le orden\u00f3 al juzgado del circuito censurado, proceder de conformidad en caso de no haberlo hecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad tutelante, reiterando los argumentos del escrito introductor y arguyendo haber demostrados las insuficiencias denunciadas sobre su notificaci\u00f3n en el decurso reprochado; acot\u00f3, adem\u00e1s, el cumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues formul\u00f3 este amparo el 2 de octubre de 2020; sin embargo, s\u00f3lo tras la interposici\u00f3n de \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb para establecer lo ocurrido con el libelo, consigui\u00f3 que se admitiera el mismo en septiembre de 2021. Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que el mecanismo de revisi\u00f3n aducido por el Tribunal \u00absolo ser\u00eda admisible en caso que la revisi\u00f3n fuera una etapa fija dentro del tr\u00e1mite de tutela y se surtiera con la misma celeridad propia de esta acci\u00f3n constitucional, pero por el contrario, es eventual, poco probable, y se extiende en el tiempo; de tal suerte que, no es l\u00f3gico que se exija como requisito de este tipo de tutelas el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n es sabido el tiempo que el mismo puede demorar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Auscultado el escrito introductor, de entrada, se advierte que debe confirmarse la providencia impugnada, por cuanto el amparo propuesto por Manpower de Colombia Ltda. no puede salir avante porque, en primer lugar, su queja se dirige frente a los fallos emitidos en la salvaguarda otrora presentada en su contra por Carlos Jes\u00fas Giraldo Manjarrez, pues, sostiene, los juzgadores enjuiciados erraron al tener por acreditado el derecho de aqu\u00e9l a la \u00abestabilidad reforzada\u00bb y disponer su reintegro al cargo que desempe\u00f1aba; por tanto, es clara la improcedencia de este auxilio al formularse respecto de otro de id\u00e9ntico linaje, siendo necesario memorar que esta Sala reiteradamente ha denegado resguardos como el presente, a fin de evitar \u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
4. En segundo t\u00e9rmino, el auxilio tambi\u00e9n fracasa frente a las alegaciones relativas a la falta de competencia de los falladores denunciados para resolver el amparo atacado y los supuestos errores en el enteramiento de las determinaciones all\u00ed adoptadas, pues, al margen de la ausencia de inmediatez esgrimida por el a quo constitucional, rebatida por la precursora al aportar el soporte que muestra la presentaci\u00f3n de la tutela actual el 2 de octubre de 2020, lo cierto es que el presupuesto de subsidiariedad s\u00ed se halla plenamente ausente, comoquiera que nada esgrimi\u00f3 la peticionaria en el decurso criticado, en torno a los dos aspectos antes anotados, quedando subsanado, incluso, lo concerniente a su notificaci\u00f3n, al haber impugnado el veredicto de primer grado en el tr\u00e1mite reprochado, sin exponer los vicios aqu\u00ed ventilados. <\/p>\n
Resta indicar, que tampoco se demostr\u00f3 el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, por cuanto no se halla acreditado un proceder ilegal de los jueces querellados, y menos una situaci\u00f3n de fraude auspiciada por esas autoridades, siendo inviable, en consecuencia, la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-627 de 2015 atr\u00e1s citada, al no configurarse ninguno de los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela respecto de otras de la misma estirpe. <\/p>\n
5. Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales a los cuales podr\u00e1 tener acceso la sociedad accionante cuando el asunto sea debidamente recepcionado por aqu\u00e9lla Colegiatura, conforme lo impuso el Tribunal en primera instancia, pues, en realidad, no hay constancia de tal env\u00edo, por lo que en caso de desatenderse ese mandato, la promotora -como ya lo hizo-, puede denunciar el posible \u00abdesacato\u00bb ante el a quo constitucional. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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