STC14292-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14292-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00422-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 7 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Argiro Hugo Arboleda Builis contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y la Secretar\u00eda de Gobierno del mismo municipio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante a trav\u00e9s de apoderada judicial reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abpropiedad privada\u00bb y al \u00abefectivo\u00bb acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo con garant\u00eda real que Juan de Jes\u00fas Ram\u00edrez Restrepo promovi\u00f3 frente a Carlos Arturo Ram\u00edrez Carmona, con rad. 2020-00134-00. <\/p>\n
Solicita entonces, en suma, i) \u00abdeclarar la nulidad de la diligencia de notificaci\u00f3n por conducta concluyente (\u2026) y de todas las actuaciones procesales realizadas con posterioridad a esta diligencia, incluyendo la relativa a la diligencia de secuestro que tuvo lugar el 19 de abril del a\u00f1o 2021 y consecuentemente se devuelvan l[o]s inmuebles afectados por los avances del proceso\u00bb; ii) ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, \u00abse abstenga de adelantar el secuestro y eventual remate del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 001 \u2013 815904, (\u2026), hasta tanto se hayan hecho parte, en debida forma y t\u00e9rminos, las personas que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico sobre el mismo (\u2026)\u00bb; y, iii) que se ordene a la secuestre \u00abdevuelva (\u2026) lo relativo a los c\u00e1nones de arrendamiento recibidos con ocasi\u00f3n al contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que celebr\u00f3 un contrato de permuta con el ejecutado respecto del \u00ablocal comercial\u00bb ubicado \u00aben la calle 49 No 48-28 de Itag\u00fc\u00ed\u00bb, y por detentar \u00abla posesi\u00f3n\u00bb de \u00e9ste procedi\u00f3 a arrendarlo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe, el 19 de abril de los corrientes secuestr\u00f3 la totalidad del citado inmueble, calenda en la que dej\u00f3 de percibir los c\u00e1nones mensuales de arrendamiento. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en el tr\u00e1mite de la referencia, no solo, no se le puede \u00abcondicionar (\u2026) la existencia de un justo t\u00edtulo cuando a toda luz se cumpli\u00f3 el contrato de permuta de bienes inmuebles (\u2026) [pues] transfiri\u00f3 el derecho real de dominio de los bienes que a este le correspond\u00eda\u00bb, sino que adem\u00e1s, se omiti\u00f3 que la notificaci\u00f3n por conducta concluyente del obligado se surti\u00f3 \u00aben medio de circunstancias confusas\u00bb, comoquiera que \u00abno es en nada coherente que (\u2026), quien en el citado proceso era abogado de la parte demandante, fuere tambi\u00e9n abogado del demandado o que si quiera hubiese una intervenci\u00f3n del demandado, actuando por s\u00ed mismo, en la que el escrito a trav\u00e9s del cual la hiciere, tuviese no solo las mismas cualidades que los escritos de los demandantes, sino tambi\u00e9n el mismo membrete\u00bb, razones todas que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Arango, quien dijo actuar como apoderado judicial de Gloria Cecilia, Juan Fernando y Carlos Alberto Ram\u00edrez Medina, sucesores procesales de Juan de Jes\u00fas Ram\u00edrez Restrepo, despu\u00e9s de referirse a los hechos objeto de queja, precis\u00f3 que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 llamada al fracaso, pues el actor no ha manifestado las inconformidades aqu\u00ed expuestas en el marco del juicio criticado. <\/p>\n
b. La Secuestre designado en la mentada diligencia puntualiz\u00f3, que \u00abrecaud[a] los arrendamientos que se generan del inmueble embargado y secuestrado, denunciados por el apoderado de la parte demandante, para ponerlos disposici\u00f3n del Juzgado Comitente\u00bb. <\/p>\n
c. La apoderada judicial del Municipio de Itag\u00fc\u00ed aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abha cumplido con las funciones y responsabilidades legales en cuanto a las competencias (\u2026) atribuidas\u00bb <\/p>\n
d. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mentada localidad indic\u00f3, que \u00abel proceso fustigado se ha tramitado con base en la norma procesal que lo rige y el debido proceso, actualmente el inmueble objeto del proceso se encuentra embargado y secuestrado y est\u00e1 pendiente de tramite la oposici\u00f3n presentada frente a dicha diligencia\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abpara resolver el reclamo del accionante es la oposici\u00f3n al secuestro que le confiere el ordenamiento al tercero poseedor que no hubiese estado presente en al practicarse el secuestro, para que dentro del t\u00e9rmino de 20 d\u00edas siguientes se le restituya su posesi\u00f3n pues, mientras no se acredite la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique un amparo transitorio o la falta de idoneidad de los medios dispuestos para reclamar que justifiquen la acci\u00f3n constitucional como medio definitivo, no hay lugar para la tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por el ciudadano Arboleda Builis es, en lo fundamental, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la \u00abnotificaci\u00f3n por conducta concluyente\u00bb del obligado, en el marco del coercitivo que Juan de Jes\u00fas Ram\u00edrez Restrepo promovi\u00f3 frente a Carlos Arturo Ram\u00edrez Cardona, pues seg\u00fan su dicho, ostenta la posesi\u00f3n del inmueble materia de garant\u00eda, y el citado enteramiento detent\u00f3 irregularidades. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada al Juez convocado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte de entrada que Argiro Hugo Arboleda Builis no son parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la nulitaci\u00f3n de actuaciones procesales, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.). <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo referente a las quejas dirigidas a la diligencia de secuestro, se advierte prematura la solicitud de amparo, toda vez que estando pendiente de resolverse precisamente la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a dicha actuaci\u00f3n el apoderado judicial del se\u00f1or \u00c1ngel Romero defendiendo los intereses adem\u00e1s del aqu\u00ed inconforme, luego, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
3.3. Y para ahondar en razones del fracaso del amparo, como lo pretendido por el gestor del amparo es, en \u00faltimas, que se reconozca la calidad de poseedor que asegura ostentar respecto del inmueble perseguido dentro de la ejecuci\u00f3n criticada, lo cierto es que, es ante el Juez natural, es decir, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed que debe comparecer en aras de obtener lo aqu\u00ed pretendido, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como este, no puede desplazar al funcionario a quien la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales. <\/p>\n
3.4. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de secuestro o entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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