STC14316-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14316-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00533-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Karen Johanna Fontalvo Lara en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo XYXY, contra el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 el Defensor de Familia adscrito al prenombrado estrado, la Procuradora 6 Judicial II de Familia de aquella ciudad, las partes y los intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Por tal motivo, lo que se pretende a trav\u00e9s de esta senda constitucional, es que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abexcluir de los inventarios y aval\u00faos en el [precitado asunto], el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 041-145069 toda vez que de las pruebas resulta evidente que el mismo no fue adquirido antes de la cesaci\u00f3n definitiva de la unidad matrimonial, as\u00ed como tampoco que Nancy Pilar Palomino Mantilla haya contribuido con su ayuda, socorro mutuo a Oscar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez para la fecha en que fue adquirido el inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que desde el a\u00f1o 2009 convive con \u00d3scar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez en \u00abuni\u00f3n libre\u00bb, y en el 2010 \u00e9ste compr\u00f3 el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 041-145069, \u00aben vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, a\u00f1o desde el cual comenzaron a habitar el bien, contribuyendo con su esfuerzo al hogar que decidieron construir, dentro del cual, el 3 de marzo de 2017 tuvieron un hijo, que falleci\u00f3 el d\u00eda 6 del mismo mes, y, el 9 de enero de 2020 naci\u00f3 XYXY. <\/p>\n
Narra que antes de la uni\u00f3n con ella, \u00d3scar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez estuvo casado con Nancy Pilar Palomino Mantilla por matrimonio celebrado el 15 de junio de 1996, pero dejaron de convivir de forma permanente desde finales del a\u00f1o 2006, situaci\u00f3n que \u00e9sta confes\u00f3 en la demanda de divorcio que present\u00f3 contra aqu\u00e9l el 29 de agosto de 2018, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, juicio dentro del cual el 27 de agosto de 2019 se decret\u00f3 el divorcio y se declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal que hab\u00edan conformado los all\u00ed intervinientes. <\/p>\n
Finalmente asevera, que en el referido proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, se aprob\u00f3 como activo societario el mentado inmueble, pese a que, seg\u00fan la sentencia SC4027-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00abla sociedad conyugal termina por la cesaci\u00f3n definitiva e irrevocable de la vida matrimonial\u00bb, lo cual ocurri\u00f3 en este caso a finales del a\u00f1o 2006, por lo que el mencionado bien \u00abal ser adquirido con posterioridad a este hecho y en vigencia de una uni\u00f3n marital con efectos patrimoniales, no debi\u00f3 haber sido incluido por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga como un activo de la sociedad conyugal\u00bb, adem\u00e1s, Nancy Pilar Palomino Mantilla est\u00e1 reclamando por la mitad del activo m\u00e1s de lo que vale completo, situaciones \u00e9stas por las cuales considera se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Procuradora 6 Judicial para Asuntos de Familia de Bucaramanga estim\u00f3, que la protecci\u00f3n no tiene lugar porque \u00d3scar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez est\u00e1 en la posibilidad de formular objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados dentro del referido juicio, o en su defecto a la partici\u00f3n, para que el inmueble mencionado por la accionante no integre el activo social. <\/p>\n
b). La Defensor\u00eda de Familia, dijo atenerse a lo que resulte probado en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
c). Nancy del Pilar Palomino, por intermedio de apoderado judicial, pidi\u00f3 que no se acceda la protecci\u00f3n, por no estar presentes los requisitos generales para su procedencia. <\/p>\n
d). \u00d3scar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez indic\u00f3, que no cuenta con los medios econ\u00f3micos para pagar a la prenombrada lo que exige por el aludido inmueble, lo que pone en riesgo el sitio donde habita con su compa\u00f1era permanente y su hijo. <\/p>\n
e). El Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso liquidatorio cuestionado, dentro de las cuales se resalta que en audiencia del 12 de agosto de 2020 las partes de com\u00fan acuerdo incluyeron como activo de la sociedad conyugal el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 041-146098, por lo que pidi\u00f3 se niegue la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo peticionado, tras considerar incumplido el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que la promotora \u00abteniendo la oportunidad de actuar en el proceso objeto de queja constitucional, a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n ad excludendum no lo hizo, de suerte que no solo desperdici\u00f3 la oportunidad para oponerse a las pretensiones de los extremos de la Litis en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, sino que cercen\u00f3 su posibilidad de controvertir las actuaciones all\u00ed surtidas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela\u00bb; adem\u00e1s, encontr\u00f3 que aqu\u00e9lla carece de legitimaci\u00f3n para pedir la presente protecci\u00f3n, ya que \u00aben trat\u00e1ndose de acciones de tutela enfiladas en contra de providencias judiciales, son las partes del proceso quienes se encuentran habilitadas para formular reparos a las actuaciones all\u00ed surtidas, y excepcionalmente, los terceros que demuestren un inter\u00e9s leg\u00edtimo en sus resultas, supuestos que no se advierten en el presente asunto, pues se insiste, la accionante pudo obrar directamente en el proceso censurado pero no lo hizo, de manera que para la hora de ahora los \u00fanicos legitimados para controvertir el juicio liquidatorio son NANCY PILAR PALOMINO MANTILLA y OSCAR MAURICIO SU\u00c1REZ RODR\u00cdGUEZ, quienes all\u00ed act\u00faan como demandante y demandado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora del amparo, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, a los que agreg\u00f3 que su legitimaci\u00f3n para presentar la tutela deriva de la afectaci\u00f3n que le genera la decisi\u00f3n cuestionada, sin que pudiera intervenir all\u00ed por la v\u00eda ad excludendum, por cuanto ello procede para juicios declarativos, adem\u00e1s, se enter\u00f3 de la existencia del asunto poco antes de solicitar la protecci\u00f3n, y a\u00fan de haberse enterado antes, no ten\u00eda posibilidad de obtener una decisi\u00f3n a su favor, \u00abpuesto que solo fue hasta la sentencia SC-4027-2021 proferida el 14 de septiembre de 2021 que la Corte Super\u00f3 la injusta desigualdad entre las sociedades conyugales y las sociedades patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por Karen Jhoanna Fontalvo Lara en nombre propio y en representaci\u00f3n de representaci\u00f3n de su menor hijo XYXY a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, es que se ordene al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga excluir el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 041-145069 de los inventarios y aval\u00faos presentados dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal adelantado entre Nancy Pilar Palomino Mantilla y su \u00abcompa\u00f1ero permanente\u00bb Oscar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez, pues en su criterio, el bien hace parte de la \u00absociedad patrimonial\u00bb que tiene con el prenombrado, porque fue adquirido por \u00e9ste cuando ya hab\u00edan iniciado la convivencia, y hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os desde la separaci\u00f3n de cuerpos con su ex c\u00f3nyuge. <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (STC1155-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando a trav\u00e9s de esta herramienta de salvaguarda de derechos fundamentales se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se tiene establecido que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
De este modo, seg\u00fan se extrae del an\u00e1lisis de la versi\u00f3n digital del expediente cuestionado, como la aqu\u00ed accionante no es parte ni tercera reconocida al interior del proceso liquidatorio objeto de revisi\u00f3n constitucional, no est\u00e1 facultada para cuestionar las decisiones judiciales all\u00ed emitidas, careciendo entonces de legitimaci\u00f3n en la causa para elevar la presente solicitud de protecci\u00f3n, pues, recu\u00e9rdese que, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (ib\u00edd.). <\/p>\n
3.2. Adem\u00e1s, si la gestora considera tener derecho sobre el inmueble antes identificado, porque hace parte de la \u00absociedad patrimonial\u00bb que afirma tener con Oscar Mauricio Su\u00e1rez Rodr\u00edguez, le corresponde exponer primero la situaci\u00f3n dentro del referido juicio a trav\u00e9s del mecanismo legal que considere procedente, para que sea el juez natural del asunto quien se manifieste frente a los argumentos que expone en este escenario, proceder que al no verificarse del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado, impide de entrada cualquier intervenci\u00f3n por parte del juez constitucional, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (STC2451-2021). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, el pre cedente citado por la actora es inaplicable al caso, primero, porque el supuesto de hecho aqu\u00ed mencionado se sale de l\u00edmite al estar en consonancia con los dos salvamentos y las dos aclaraciones del citado precedente, lo que lo hace inaplicable; y segundo, porque la participaci\u00f3n en la consecuci\u00f3n de los bienes como reclama la actora no es exigencia de la ley para pertenecer el bien a la sociedad conyugal, y bata para ello que hubiera sido adquirido antes de la correspondiente disolucui\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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