STC14321-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14321-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Sebasti\u00e1n Corrales Narv\u00e1ez contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Por conducto de apoderada judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional querellada, dentro de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar iniciada en su contra por Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado, bajo el radicado N\u00b0 17001-31-10-006-2021-00247-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que se ordene al Juzgado Sexto de Familia de Manizales, \u00abdejar sin efectos la Sentencia No. 145 del 20 de agosto de 2021, y en consecuencia, sean valoradas \u00edntegramente las pruebas aportadas por [\u00e9l] (\u2026), [l]o anterior, en aras de que se consideren igualmente medidas de protecci\u00f3n en favor [suyo]\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, que sostuvo una relaci\u00f3n amorosa con Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado, fruto de la cual tuvieron dos hijas, hoy menores de edad; que dicha relaci\u00f3n ha atravesado \u00abpor una serie de controversias desde a\u00f1os anteriores, que han implicado acudir a diversas autoridades\u00bb, entre \u00e9stas, a la Comisar\u00eda de Familia de Dosquebradas, dados los hechos ocurridos el 26 de octubre y denunciados por su compa\u00f1era el 11 de noviembre de 2020; no obstante, esa entidad remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a su hom\u00f3loga de Villamar\u00eda por competencia territorial, asumiendo esta \u00faltima el conocimiento de la actuaci\u00f3n el 4 de diciembre posterior. <\/p>\n
Relata que el material demostrativo consisti\u00f3 en \u00abpruebas documentales, audios, valoraciones profesionales\u00bb y las declaraciones de las partes, quienes coincidieron en que la progenitora del tutelante y una de sus hijas, pod\u00edan testificar al respecto; advierte, as\u00ed mismo, que solicit\u00f3 la recepci\u00f3n de seis (6) versiones de testigos que apoyaban sus aseveraciones; empero, la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, el 8 de junio del a\u00f1o en curso resolvi\u00f3 el asunto advirtiendo la ausencia de pruebas sobre el maltrato denunciado por la all\u00ed querellante, y disponiendo \u00abpara evitar cualquier situaci\u00f3n que pueda presentarse a futuro, (\u2026) MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N DEFINITIVA conminando al se\u00f1or JUAN SEBASTIAN CORRALES y la se\u00f1ora ELIZABETH S\u00c1NCHEZ HURTADO cesar todo acto de violencia e intimidaci\u00f3n, amenaza y venganza de maltrato, ofensa de hecho o palabra, personalmente o por tel\u00e9fono o por cualquier otro medio contra el otro\u00bb, determinaci\u00f3n apelada por S\u00e1nchez Hurtado y revocada por el Juzgado Sexto de Familia de Manizales el 20 de agosto siguiente, incurri\u00e9ndose en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues se decretaron medidas de protecci\u00f3n s\u00f3lo en favor de la denunciante cuando \u00e9l tambi\u00e9n ha sido v\u00edctima de agresiones. <\/p>\n
Acota que la falladora convocada incursion\u00f3 en \u00aberror f\u00e1ctico\u00bb, toda vez que soslay\u00f3 parte del caudal demostrativo y apreci\u00f3 de manera irregular otras probanzas; como muestra de ello, asegura, la funcionaria accionada efectu\u00f3 una relaci\u00f3n de las pruebas remitidas a esa instancia, precisando que no valorar\u00eda las que daban cuenta de hechos posteriores a los denunciados, aun cuando en su fallo dej\u00f3 dicho que era imperiosa la revisi\u00f3n de \u00abantecedentes pasados, presentes y posteriores\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Con todo, explic\u00f3 que su determinaci\u00f3n se fund\u00f3 \u00aben el m\u00e9rito individual y en conjunto de las pruebas aportadas y solicitadas (\u2026), encontrando que evidentemente la Comisaria de Familia hab\u00eda desconocido la prueba pericial t\u00e9cnica elaborado por perito psic\u00f3logo forense del Instituto de Medicina Legal, la cual es de forzosa observancia conforme se establece en la Ley 1257 de 2008. Adicionando que la \u00fanica testigo directo de los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2020, fue la progenitora del presunto agresor LUZ MARINA NARV\u00c1EZ, quien fue escuchada en declaraci\u00f3n en el mes de diciembre de 2020 y luego en el mes de mayo del 2021, en el cual se encontraron evidentes contradicciones en sus dichos, aludiendo en la primera declaraci\u00f3n al problema originado en el evento del celular que luego fue convenientemente omitido en su segundo testimonio, igualmente la versi\u00f3n del encartado se analiz\u00f3 a partir de la entrevista que realizara la psic\u00f3loga de la Comisaria y que fuera ordenada a solicitud del se\u00f1or Procurador Judicial. Se analiz\u00f3 adem\u00e1s las pruebas documentales allegadas por la denunciante y que no fueron valoradas por la autoridad administrativa como la queja por violencia intrafamiliar instaurada en el a\u00f1o 2018 ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, y la misma denuncia instaurada en noviembre por la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ HURTADO. Pruebas que se consideran m\u00e1s que suficientes para determinar el riesgo a la vida e integridad personal en el que se encuentra la se\u00f1ora ELIZABETH S\u00c1NCHEZ HURTADO, no solo por las reiteradas amenazas de muerte de su expareja, sino porque los dem\u00e1s comportamientos del se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES a lo largo de la relaci\u00f3n se tamizaron con el test de prueba pericial t\u00e9cnica aludida, que determinaron el riesgo extremo en el que se encuentra la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ HURTADO. Asunto que sobrepasa el simple conflicto de pareja o las presuntas agresiones mutuas a las que el accionante pretende reducir la vulnerabilidad y el peligro en el que se encuentra su excompa\u00f1era sentimental\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que expuso con suficiencia los motivos por los cuales no hab\u00eda lugar a valorar algunos elementos de juicio, concretamente, los suministrados con posterioridad a la alzada y otros que daban cuenta de ciertas desavenencias entre las partes, puestas en conocimiento de la especialidad penal y ocurridas luego de la apertura de la tramitaci\u00f3n denunciada. Memor\u00f3 que \u00abla medida de protecci\u00f3n debe adoptarse en un plazo m\u00e1ximo de 10 d\u00edas, pudiendo aplazarse 5 d\u00edas m\u00e1s bajo circunstancias justificadas, y es en ese contexto temporal debe interpretarse la cita legal, y no como ocurri\u00f3 en este caso donde la denuncia se recibi\u00f3 el 11 de noviembre de 2020, el tr\u00e1mite se avoc\u00f3 el 4 de diciembre, pero solo tuvo resoluci\u00f3n definitiva 7 meses despu\u00e9s\u00bb, razones, todas ellas, por las cuales, en su sentencia \u00abcompuls\u00f3\u00bb copias para que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n investigara a Comisaria querellada. <\/p>\n
b. la Defensora de Familia del ICBF -Centro Zonal Manizales- expres\u00f3, que, en su criterio, el pronunciamiento confutado se ajustaba a la normatividad aplicable y la situaci\u00f3n denunciada, m\u00e1xime si all\u00ed se tuvieron en cuenta los criterios jurisprudenciales establecidos constitucionalmente para la protecci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de maltrato. <\/p>\n
c. El Procurador 15 Judicial II de Familia relat\u00f3, que uno de sus \u00abcolegas\u00bb ante la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, expuso su criterio en torno al deber de proteger a la all\u00ed querellante, siendo que es \u00abel eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil del conflicto en estudio, punto no detectado por la deficiente labor desempe\u00f1ada por el equipo profesional de la comisar\u00eda\u00bb. Agreg\u00f3 que la falladora aqu\u00ed querellada efectu\u00f3 un estudio acertado y ponderado en orden a proteger los derechos de la v\u00edctima, siendo inexistente el error f\u00e1ctico endilgado, pues \u00abde una manera suficientemente pr\u00e1ctica y pedag\u00f3gicamente explicada, la funcionaria de instancia especific\u00f3 detalladamente las razones por las cuales valoraba unas pruebas y a otras no les otorg\u00f3 el necesario peso probatorio, en aplicaci\u00f3n del universalmente aceptado m\u00e9todo de apreciaci\u00f3n de las pruebas, el cual no es otro que las pruebas deben ser valoradas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, de tal manera que expuso razonadamente el m\u00e9rito que le asign\u00f3 a cada medio arribado en la etapa administrativa de la actuaci\u00f3n, as\u00ed como las arrimadas en el tr\u00e1mite de la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
d. La Comisaria de Familia de Villamar\u00eda -Caldas, demand\u00f3 su inclusi\u00f3n \u00abcomo parte en la presente acci\u00f3n (\u2026) con el fin de que se [le] tutelen los derechos al debido proceso, por indebida notificaci\u00f3n, derecho a la defensa y contradicci\u00f3n\u00bb y los dem\u00e1s amenazados por el juzgado accionado, pues con la orden contenida en el fallo criticado, dirigida a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda para que la investigaran, se lesionaron tales prerrogativas, comoquiera que actu\u00f3 de manera objetiva, imparcial, con \u00e9tica profesional y de acuerdo a la sana cr\u00edtica, dado que, entre otras cuestiones, debi\u00f3 ajustar el procedimiento de acuerdo a lo impuesto por otro juez, en sede de tutela, y como resultado de ello emiti\u00f3 la providencia cuestionada. Tras citar el informe rendido al Despacho atacado y advertir que la all\u00ed denunciante se neg\u00f3 a la realizaci\u00f3n de valoraciones psicol\u00f3gicas, manifest\u00f3 estar en desacuerdo con la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por parte de la funcionaria enjuiciada, pues \u00e9sta vituper\u00f3 la labor del equipo psicosocial de la entidad y desconoci\u00f3 las agresiones sufridas por el tutelante; sin embargo, a\u00f1ade, entiende que esa inconformidad suya con el fallo no puede generar investigaciones penales y disciplinarias, como de manera errada se decretaron en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales deneg\u00f3 el amparo solicitado, por cuanto no hall\u00f3 irregularidad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria, pues, en su criterio, el Despacho acusado \u00abno incurri\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico endilgado, luego que efectu\u00f3 el an\u00e1lisis del caso concreto en consonancia con los preceptos legales que rigen la materia y aplic\u00f3 el enfoque diferencial con perspectiva de g\u00e9nero que impon\u00eda el asunto, con observancia de los medios suasorios recaudados, haciendo un recuento de cada uno de los elementos probatorios obrantes en el plenario y clarificando cu\u00e1les de ellos no ser\u00edan valorados (\u2026) indicando que corresponden a hechos que deben ser evaluados en los tr\u00e1mites por reincidencia e incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n provisional o en la investigaci\u00f3n penal promovida por el se\u00f1or J.S.C.N. Incluso desde el inicio de la sentencia as\u00ed lo dej\u00f3 ver, cuando en el ac\u00e1pite \u201c4. CONSIDERACIONES\u201d expuso que los documentos, audios, denuncias, historia cl\u00ednica, etc., remitidos por la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, \u201ccorresponden a tr\u00e1mites conexos pero aut\u00f3nomos a la presente decisi\u00f3n\u201d, reprochando que la apoderada del se\u00f1or J.S.C.N. pretendiera adicionar pruebas y argumentos para incidir en la decisi\u00f3n, desconociendo la advertencia hecha en auto del 11 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que ning\u00fan desafuero se hallaba en la inobservancia de los testimonios soslayados por la Juzgadora querellada, toda vez que \u00e9stos correspond\u00edan a declaraciones \u00absumarias\u00bb no controvertidas por la all\u00ed denunciante y que, en el caso de la progenitora del accionante, no ofrec\u00edan certeza, dado que \u00e9sta hab\u00eda cambiado su relato. <\/p>\n
Por \u00faltimo, acot\u00f3 la improcedencia de los reclamos aqu\u00ed ventilados por la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, toda vez que \u00ab[n]o pasan desapercibidos los inconvenientes que la operadora judicial debi\u00f3 sobrepasar para obtener el expediente \u00edntegro del tr\u00e1mite administrativo, sumado a la ausencia de un auto de pruebas de la Comisar\u00eda de Familia que permitiera dilucidar qu\u00e9 medios suasorios se hab\u00edan decretado y practicado, y la falta de motivaci\u00f3n que relumbra en el Acta No. 21 del 08 de junio de 2021, aspectos que impiden confrontar la supuesta valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 la autoridad administrativa, catalogada como razonable y acertada por el extremo accionante, con la estimaci\u00f3n del acervo probatorio que realiz\u00f3 la Judicial, a fin de constatar si se est\u00e1 ante un defecto f\u00e1ctico como se sostiene en el escrito percutor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, con argumentos similares a los expresados en el libelo introductor y se\u00f1alando que en primer grado se inobservaron todos sus reparos frente al Despacho acusado. Agreg\u00f3 que resultaba imperioso imponerle a la acusada la revisi\u00f3n de las pruebas relegadas, tales como su denuncia penal por violencia intrafamiliar frente a su excompa\u00f1era, realizada el 7 de febrero de 2021, y el dictamen de Medicina Legal que por tales hechos le prescribi\u00f3 siete (7) d\u00edas de incapacidad; ello, dado que la Comisar\u00eda de Familia de Dosquebradas, a donde se dispuso remitir el caso, se concentrar\u00e1 en las medidas decretadas en favor de S\u00e1nchez Hurtado y no en los agravios por \u00e9l padecidos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En este asunto, el ciudadano Corrales Narv\u00e1ez cuestiona, concretamente, la sentencia de 20 de agosto de 2021, mediante la cual la Juzgadora accionada en el caso criticado, revoc\u00f3 el fallo emitido por la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, donde se hab\u00eda ordenado a los all\u00ed involucrados abstenerse de agredirse entre ellos para, en su lugar, disponer medidas de protecci\u00f3n definitiva, s\u00f3lo, en favor de Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado, redirigi\u00e9ndose la ejecuci\u00f3n de las mismas y su seguimiento a la Comisaria de Familia de Dosquebradas y envi\u00e1ndose copias del expediente \u00aba la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Oficina de Asignaciones de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con la finalidad de que se investigue posibles conductas disciplinables y delictivas en las que haya podido incurrir la se\u00f1ora Comisaria de Familia del municipio de Villamar\u00eda por las irregularidades evidenciadas en el tr\u00e1mite administrativo\u00bb, pues, sostiene el tutelante, la Juez querellada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al omitir la valoraci\u00f3n de todo el caudal demostrativo aportado y relegar las medidas que debieron decretarse en beneficio suyo. <\/p>\n
3. Como lo determin\u00f3 el juez constitucional de primera instancia, la protecci\u00f3n impetrada no sale avante, por cuanto no se halla irregularidad manifiesta en la gesti\u00f3n de la falladora convocada que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado impuls\u00f3 el asunto administrativo objeto de amparo el 11 de noviembre de 2020 al ser v\u00edctima, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, el 26 de octubre anterior, de actos constitutivos de violencia intrafamiliar, por parte de Juan Sebasti\u00e1n Corrales Narv\u00e1ez. <\/p>\n
3.2. La Comisar\u00eda de Familia de Dosquebradas remiti\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3loga de Villamar\u00eda, al estimar que \u00e9sta era la autoridad competente, por cuanto los hechos denunciados ocurrieron en esa localidad. <\/p>\n
3.3. Ese \u00faltimo ente, en auto de 4 de diciembre de 2020, dio apertura al tr\u00e1mite y dispuso la recepci\u00f3n de algunas declaraciones, luego de lo cual emiti\u00f3 una decisi\u00f3n definitiva; no obstante, en raz\u00f3n de un fallo de tutela proferido por el\uf020Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda, renov\u00f3 y adecu\u00f3 su actuaci\u00f3n, y en providencia de 8 de junio de 2021, determin\u00f3 imponerles a las partes abstenerse de agredirse mutuamente. <\/p>\n
3.4. Apelado el anterior pronunciamiento por la denunciante, el Despacho aqu\u00ed accionado, previo a resolver, requiri\u00f3 por diferentes v\u00edas al a quo para que aportara \u00abla totalidad de las diligencias\u00bb; as\u00ed mismo, el 2 de agosto de 2021, orden\u00f3, como pruebas, requerir al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas Risaralda para que informara el estado del proceso tramitado contra Corrales Narv\u00e1ez; y a la Comisar\u00eda de Villamar\u00eda adosar \u00abel informe de valoraci\u00f3n psicosocial realizada en su momento a las partes, y en caso de no haberse practicado, se llevara a cabo en un plazo perentorio de tres d\u00edas, haciendo uso de medios tecnol\u00f3gicos, y limit\u00e1ndose a evaluar lo que se refiere a los hechos acaecidos hasta octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3.5. Recepcionada la valoraci\u00f3n rese\u00f1ada, en auto de 11 de agosto siguiente, la Juez accionada se\u00f1al\u00f3: \u00ab[P]ese a los reiterados requerimientos efectuados a la autoridad administrativa, para que enviara el proceso administrativo de medida de protecci\u00f3n definitiva por violencia intrafamiliar completo y orden cronol\u00f3gico. Este cometido nunca se cumpli\u00f3; pues la Comisaria de Familia ha enviado de manera fraccionada y en desorden piezas procesales y pruebas que no corresponden a este tr\u00e1mite, sino al que pretend\u00eda hacer efectiva la sanci\u00f3n de la medida provisional de protecci\u00f3n, as\u00ed como tampoco se alleg\u00f3 auto que indique qu\u00e9 pruebas decret\u00f3 para tomar su decisi\u00f3n y lo que es m\u00e1s reprensible aun, es que en al acto administrativo de medida de protecci\u00f3n definitiva no indica qu\u00e9 pruebas valor\u00f3 y cu\u00e1les descart\u00f3. Circunstancia que obliga a advertir que, para analizar la legalidad de la decisi\u00f3n impugnada, se valorar\u00e1 las pruebas aportadas por las partes derivadas de la queja y denuncia inicial, formulada en el mes de octubre de 2020 por la se\u00f1ora [E.S.H.]\u00bb, en ese pronunciamiento, adem\u00e1s se corri\u00f3 traslado de \u00abla queja de reincidencia y desconocimiento de la medida de protecci\u00f3n provisional presentada el 03 de febrero de 2021\u00bb por la apelante. <\/p>\n
3.6. En sentencia de 20 de agosto de 2021, la Falladora acusada adopt\u00f3 las determinaciones aqu\u00ed cuestionadas, previas las siguientes precisiones: \u00abeste Despacho advierte las dificultad que se present\u00f3 para estudiar el proceso, por desconocimiento por parte de la autoridad administrativa- Comisaria de Familia Villamar\u00eda – de los reiterados requerimientos para que allegara el proceso ordenado cronol\u00f3gicamente y completo, por lo cual, pese a haberse enviado gran cantidad de documentos, audios, denuncias historia cl\u00ednica etc., estos corresponden a tr\u00e1mites conexos pero aut\u00f3nomos a la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se evidencia que la autoridad administrativa no obstante haber perdido competencia una vez profiere la decisi\u00f3n del 18 de junio de 2020, en un conducta anti procesal e irregular, cuestiona y debate tanto el recurso de impugnaci\u00f3n presentado por una de las partes, como el concepto del se\u00f1or Procurador judicial. <\/p>\n
De otro lado, el Despacho deja constancia que la apoderado judicial del se\u00f1or JUAN SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ, en escrito allegado el 17 de agosto de 2021, so pretexto de pronunciarse sobre la certificaci\u00f3n allegada por el Juzgado Segundo Penal Municipal, adiciona pruebas y argumentaciones que pretenden incidir en la decisi\u00f3n de esta juzgadora, desconociendo la advertencia efectuada en auto del 11 de agosto de 2021, en el que se indic\u00f3 expresamente que se tendr\u00eda en cuenta las pruebas relacionadas con los hechos que motivaron la denuncia realizada el 10 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 como marco jur\u00eddico las disposiciones de la Ley 294 de 1996 y su reforma por la Ley 575 del 2000, en torno a la intervenci\u00f3n de las autoridades frente a la violencia intrafamiliar y lo contenido en la ley 1257 de 2008, en cuanto a las normas de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres; as\u00ed mismo, destac\u00f3 el Decreto 652 de 2001, relativo a los criterios para adelantar y determinar las medidas de protecci\u00f3n peticionadas por las v\u00edctimas y la importancia de las pruebas periciales; adicionalmente, destac\u00f3 la postura de la Corte Constitucional en sus sentencias T-015 de 2018 y SU-080 de 2020, en cuanto a \u00abla violencia de g\u00e9nero psicol\u00f3gica\u00bb y la \u00abviolencia de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, relacion\u00f3 las pruebas que se tendr\u00edan en cuenta para definir lo concerniente a los maltratos denunciados por Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado el 11 de noviembre de 2020, entre \u00e9stas, el \u00abFormato de denuncia FISCAL\u00cdA URI DE PEREIRA- RISARALDA Y DE SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N fechada 2020-10-08 (\u2026) [el] INFORME DEL GRUPO DE VALORACI\u00d3N DE RIESGO ELABORADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA UNIDAD B\u00c1SICA DE PERERA, conforme evaluaci\u00f3n realizada por la psic\u00f3loga ERIKA TOBON, en la que se destaca como factores de riesgo de la v\u00edctima: estar desempleada y previas amenazas de muerte, factores de riesgo agresor: conductas agresivas, e impulsivas, conductas celotipias, factores detonantes: los celos, la resistencia de la usuaria a seguir la voluntad del denunciado, la necesidad del denunciado de tener control de las actividades cotidianas de la usuaria, factores predisponentes: antecedentes penales se desconocen los detalles, rasgos de personalidad agresivos, antecedentes violencia intrafamiliar en su familia de origen[, entre otras cuestiones; la] ACCI\u00d3N DE PROTECCI\u00d3N CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR NO. 855 del 11 de noviembre de 2020, radicada en la Comisaria Segunda de Familia de Dos Quebradas (\u2026);[el] ACTA CONCILIACI\u00d3N DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL, REGULACI\u00d3N VISITAS Y CUOTA ALIMENTARIA de la Comisaria Segunda de Familia de Dosquebradas, del 2 de diciembre de 2020 (\u2026)[; la] DENUNCIA CONTRAVENCIONAL No. 095 de 2018, radicada en la INSPECCI\u00d3N SEGUNDA MUNICIPAL DE POLIC\u00cdA el 7 de marzo de 2018,\uf020en la que fuera citado el se\u00f1or JUAN SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ (\u2026); [la] DECLARACI\u00d3N de LUZ MARINA NARV\u00c1EZ S\u00c1NCHEZ, quien es escuchada a solicitud de la denunciante y denunciado, rindi\u00f3 declaraci\u00f3n en varias oportunidades, la primera el 15 de diciembre de 2020, seg\u00fan referencia contenida en acta del 23 de febrero de 2020 la cual fue dejada sin efecto por decisi\u00f3n de tutela. Tambi\u00e9n se encuentra la declaraci\u00f3n rendida el 25 de mayo de 2021 ante Comisar\u00eda Villamar\u00eda (\u2026); [y un] DOCUMENTO SIN FECHA, que se adicion\u00f3 al documento de PDF de la declaraci\u00f3n del 25 de mayo, la se\u00f1ora LUZ MARINA NARV\u00c1EZ\u00bb. <\/p>\n
Y, en cuanto a las pruebas que no ser\u00edan objeto de valoraci\u00f3n, la Juzgadora advirti\u00f3 que ello \u00abse sustenta en que corresponden a hechos sobrevinientes a los denunciados el 10 de noviembre de 2020 y al proferimiento de la medida de protecci\u00f3n provisional. Sin embargo, como se ha establecido en la normatividad para determinar la necesidad de medidas de protecci\u00f3n se deben tomar en cuenta hechos antecedentes, presentes y posteriores a los denunciados\u00bb. Tales probanzas, en general, consistieron en denuncias penales entabladas por ambos extremos del litigio y audios que, seg\u00fan la denunciante, acreditaban el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n provisional resuelta en su favor. <\/p>\n
De otro lado, la funcionaria destac\u00f3, que tras las ordenes correspondientes en esa instancia, hab\u00edan sido allegados informes del Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Dosquebradas y Segundo Penal de esa misma ciudad, en torno a los procesos penales seguidos al aqu\u00ed accionante por violencia intrafamiliar respecto de Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado, tr\u00e1mites donde ninguna decisi\u00f3n se fondo hab\u00eda sido adoptada. A\u00f1adi\u00f3 que se contaba con \u00abla VALORACI\u00d3N PSICOSOCIAL DEL SE\u00d1OR JUAN SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ, realizada por el equipo psicosocial de la Comisar\u00eda de Familia por solicitud del se\u00f1or Procurador judicial, calendada 04 de agosto de 2021\u00bb; empero no as\u00ed con la de la denunciante, pues \u00e9sta se neg\u00f3 a ello, manifest\u00e1ndole a la Comisar\u00eda accionada \u00abhaber sido valorada por perito forense al momento de formular la denuncia\u00bb. <\/p>\n
A la luz del panorama descrito, la Juez censurada comenz\u00f3 por precisar \u00abque el Acta 21 del 8 de junio de 2021 que corresponde a la decisi\u00f3n para imponer las medidas de protecci\u00f3n, debe revocarse, ya que sin necesidad de realizar mayores elucubraciones es evidente que la decisi\u00f3n carece de motivaci\u00f3n, del an\u00e1lisis cr\u00edtico de pruebas, no aparece fundamento legal, ni las razones por las cuales la autoridad administrativa se apart\u00f3 del precedente jurisprudencial obligatorio respecto a la necesidad de adoptar decisiones con perspectiva de g\u00e9nero, ni se establecen las razones del porqu\u00e9 la se\u00f1ora Comisaria de Familia arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n mediante la cual se abstuvo de proteger a la se\u00f1ora ELIZABETH S\u00c1NCHEZ HURTADO y modificar la medida provisional de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque, de acuerdo con la denuncia origen del tr\u00e1mite, \u00abel \u00faltimo acto de violencia fue cuando se dio la ruptura definitiva, es decir, el 26 de octubre de 2020, pues conforme se deduce de la prueba pericial forense de Medicina Legal, prueba que dicho sea de paso tiene preeminencia demostrativa para resolver la contienda desde una perspectiva de g\u00e9nero, m\u00e1xime por que cumple con lineamientos t\u00e9cnicos establecidos por Medicina legal para la denuncia de violencia intrafamiliar, la cual no fue desvirtuada por ning\u00fan medio probatorio por el se\u00f1or JUAN SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ; prueba que permite inferir la idoneidad mental de la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ, no obstante, la afectaci\u00f3n emocional por su calidad de v\u00edctima, pues por m\u00e1s de 4 a\u00f1os ha estado sometida actos reiterados y continuos de todos los tipos de violencia intrafamiliar, agresiones que se han ido acentuado en intensidad y frecuencia en los \u00faltimos dos a\u00f1os, prueba pericial forense, que conforme par\u00e1metros objetivos y t\u00e9cnicos ubicaron a la se\u00f1ora ELIZABETH S\u00c1NCHEZ en riesgo extremo para su integridad personal e incluso la muerte, habida cuenta de la existencia de frecuentes amenazas de muerte proferidas por el se\u00f1or SEBASTI\u00c1N, por sus conductas celotipias, de dominio, imposici\u00f3n y apropiaci\u00f3n de su pareja sentimental\u00bb. <\/p>\n
En torno a la experticia rese\u00f1ada, la funcionaria agreg\u00f3 que la misma ten\u00eda \u00abrelevancia para determinar la veracidad de la denuncia, el cual debe adem\u00e1s, interpretarse con la evidencia probatoria allegada por la denunciante ELIZABETH S\u00c1NCHEZ, respecto a la denuncia presentada en el mes de marzo de 2018, ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Dos Quebradas, cuyo objetivo de conminaci\u00f3n a su agresor result\u00f3 infructuoso, por la no comparecencia voluntaria y consciente del denunciado ante la referida autoridad, quien pese a ser debidamente notificado no quiso asistir; circunstancia que amerit\u00f3 seg\u00fan constancia obrante en el diligenciamiento el envi\u00f3 de las diligencias a la Fiscal\u00eda. Desconociendo la suerte del referido proceso, lo cual corresponder\u00e1 a la autoridad penal competente indagar\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 el Despacho que si bien la all\u00ed querellante refiri\u00f3 la existencia de una \u00abreconciliaci\u00f3n\u00bb, ello, \u00abno aten\u00faa, ni minimiza los hechos de violencia que se viv\u00edan al interior del hogar, incidentes de conflictividad que son reconocidos por el se\u00f1or SEBASTI\u00c1N en la entrevista que le hizo al equipo de psicosocial de la Comisaria de Familiar seg\u00fan informe del 4 de agosto de 2021, al describir su relaci\u00f3n como de altibajos, una relaci\u00f3n caracterizada por las separaciones y agresiones pero que sosten\u00eda por el \u00e1nimo de darles a sus hijas un hogar; con el agravante de calificar a su compa\u00f1era como bipolar, apreciaci\u00f3n que no puede interpretarse si no como uno de los tantos atropellos morales en los que incurre una vez m\u00e1s el se\u00f1or CORRALES NARV\u00c1EZ en contra de su pareja, ya que no existe dictamen psiqui\u00e1trico que haya diagnosticado un trastorno mental en la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ HURTADO, ni la valoraci\u00f3n pericial forense determin\u00f3 que la denunciante padeciera alguna enfermedad o trastorno que pudiera nublar su juicio o afectar la coherencia de su relato\u00bb. <\/p>\n
Frente a la valoraci\u00f3n realizada por los profesionales en psicolog\u00eda y desarrollo social de la Comisar\u00eda, la falladora reproch\u00f3 el hecho de haberse practicado la misma s\u00f3lo con ocasi\u00f3n de las \u00f3rdenes por ella emitidas en segunda instancia; as\u00ed mismo, anot\u00f3 que tal elemento de juicio no ten\u00eda \u00abmayor peso probatorio\u00bb porque adem\u00e1s de reducirse a los argumentos del aqu\u00ed actor frente a la denuncia, resultaba evidente que \u00abpor la existencia de procesos penales rec\u00edprocos entre las partes, estas se cuidan de decir algo que las incrimine, ello se patentiza en el caso del se\u00f1or SEBASTI\u00c1N, quien con su relato busca en todo momento mostrarse como v\u00edctima, por tanto, este relato se torna conveniente, poco sincero, incompleto sesgado, y de otro lado, la se\u00f1ora ELIZABETH se neg\u00f3 a ser valorada, solicitando que para su caso sea tenida en cuenta la prueba pericial psicol\u00f3gica de medicina legal, raz\u00f3n por lo cual y ante esta solicitud, hubiese sido importante que para cumplir medianamente el prop\u00f3sito de la prueba, que tanto la psic\u00f3loga, como la profesional en Desarrollo familiar de la Comisaria, profundizaran sobre el dictamen pericial psicol\u00f3gico de Medicina legal con el se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES para identificar la realidad del conflicto; pero como se observa, los referidos conceptos resultan superficiales, irrelevantes para la finalidad de la prueba, pues se limitaron a tener como soporte \u00fanicamente la entrevista del se\u00f1or SEBASTI\u00c1N y la afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica actual por la existencia de los procesos y el distanciamiento con sus hijas menores de edad. <\/p>\n
En la entrevista realizada al se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES, el 4 de agosto es enf\u00e1tico en negar el episodio de agresi\u00f3n que se deriv\u00f3 del hecho denunciado de que \u00e9ste intentaba revisarle el celular a su compa\u00f1era el d\u00eda 26 de octubre del 2020, y que marc\u00f3 un hito de la separaci\u00f3n definitiva, pues \u00e9ste arguye que acababan de almorzar que estaban bien, pero que intempestivamente y de manera irracional la se\u00f1ora ELIZABETH quiso irse al municipio de Dos Quebradas, comportamiento que ocurri\u00f3 porque ella es bipolar, relato que NO coincide con el de su progenitora LUZ MARINA NARV\u00c1EZ, en versi\u00f3n rendida en declaraci\u00f3n sin fecha, en la que indica respecto al d\u00eda de los hechos lo siguiente: \u201cel d\u00eda que ella refiere yo entre casualmente al cuarto de mi hijo y vi como seria a ELIZABETH y le pregunte que pasaba y me dijo que nada que Juan me iba a mirar el celular, que eran cosas de pareja y que no estaba pasando nada, en ning\u00fan momento se escucharon gritos, ni pelas de ning\u00fan tipo, de igual manera las ni\u00f1as estaban en el cuarto y ni siquiera estaban llorando, estaban tranquilas (\u2026)\u2019, adicionando en su relato episodios en la que se\u00f1ora ELIZABETH arrib\u00f3 o llamo a la polic\u00eda, para exigir la entrega de las menores\u00bb. <\/p>\n
En torno a esa \u00faltima declaraci\u00f3n, la Juez especific\u00f3 que Luz Marina Narv\u00e1ez, madre del denunciado, hab\u00eda cambiado su versi\u00f3n en la declaraci\u00f3n de 25 de mayo de 2021, \u00ab[c]omportamiento procesal que, para este Despacho, constituye un indicador de la veracidad del relato de la se\u00f1ora ELIZABETH, que permite confirmar entre otros eventos, el relato dado a la perito forense por la denunciante, respecto a los episodios de violencia psicol\u00f3gica que viv\u00eda con su compa\u00f1ero, de sus conductas celot\u00edpicas adem\u00e1s de agredirla verbalmente, insultarla, controlar sus actividades diarias, horarios, salidas: le controla su celular y redes sociales: contesta llamadas, mensajes y elimina contactos, le controla al tiempo que debe demorarse en llegar a un lugar a otro, le proh\u00edbe tener amistades y hablar con otras personas. La usuaria se\u00f1ala que el denunciado la acosa: la persigue y esp\u00eda afuera de su casa, del trabajo y en la v\u00eda p\u00fablica; la llama y le deja mensajes con insistencia cuando ella no puede o no quiere hablar con \u00e9l. As\u00ed como la amenaza siempre presente: \u201csi usted no es para m\u00ed, no es para nadie, le peg\u00f3 un pepazo en la cabeza y no me importa pagarla. <\/p>\n
Se encuentra adem\u00e1s, que el testimonio de la madre del denunciado por estas contradicciones carece de veracidad y se torna sospechoso, al comprobarse el \u00e1nimo que le asiste a la se\u00f1ora LUZ MARINA de favorecer a su hijo ocultando informaci\u00f3n; salvedad que se efect\u00faa necesaria, toda vez que esta omisi\u00f3n de verdad no podr\u00eda tener ninguna consecuencia jur\u00eddica para ella, por el hecho de que al investigarse paralelamente el delito de violencia intrafamiliar en contra de su hijo, ella no est\u00e1 obligada a declarar en su contra. No obstante, esta aclaraci\u00f3n, reiteramos que constituye un indicio que algunos de los detalles relatados, luego sean omitidos para adecuarlos a un solo libreto, pero que permiten inferir el riesgo a la integridad personal y a la vida de ELIZABETH S\u00c1NCHEZ HURTADO. <\/p>\n
Aunado a las anteriores consideraciones, la Juez accionada reiter\u00f3 el marco jur\u00eddico previamente enunciado, sobre los alcances de la normatividad y jurisprudencia aplicable a los casos de maltrato intrafamiliar y violencia contra la mujer, para advertir, en cuanto a \u00ablos factores de riesgo y protecci\u00f3n de la salud f\u00edsica y ps\u00edquica de la v\u00edctima\u00bb, que era evidente el padecimiento de los mismos por parte de la denunciante, sin concentrarse s\u00f3lo en el hecho del conflicto familiar, pues \u00abel riesgo que se ha demostrado, se acrecienta, precisamente cuando las v\u00edctimas se alejan definitivamente del lado de su agresor. (\u2026) Peligro que no se patentiza para el se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ, pues \u00e9l y su progenitora relataron un solo episodio de una presunta agresi\u00f3n ocasionado por la se\u00f1ora ELIZABETH en contra de su compa\u00f1ero, cuando la hija Juanita estaba reci\u00e9n nacida, y si bien se\u00f1alan que ella es la agresiva, no hay evidencia de episodios concretos donde se relaten circunstancias de tiempo, modo y lugar que establezcan perjuicios f\u00edsicos o el m\u00e1s m\u00ednimo riesgo para la vida o la integridad f\u00edsica del se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES\u00bb. Enseguida, sobre la evaluaci\u00f3n que debe realizarse \u00abdel maltrato, y del hecho de violencia intrafamiliar, as\u00ed como sus circunstancias, anteriores, concomitantes y posteriores\u00bb y el reiterado comportamiento del agresor, acot\u00f3: \u00abComo se determin\u00f3 la se\u00f1ora ELIZABETH desde el inicio de la relaci\u00f3n ha estado sometida a diferentes tipos de violencia, en el a\u00f1o 2018 hab\u00eda denunciado por violencia al se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES sin resultado alguno por la negativa del agresor de concurrir ante el Inspector de polic\u00eda. Adem\u00e1s, han estado presentes particularmente comportamientos de celos, control, dominaci\u00f3n y acoso, as\u00ed como la permanente manifestaci\u00f3n de amenazas de muerte en caso de que su excompa\u00f1era inicie relaci\u00f3n sentimental con otra persona. Igualmente se debe tener en cuenta que pese a existir una medida de protecci\u00f3n provisional en favor de la se\u00f1ora ELIZABETH de la cual fue debidamente notificado, esta fue desconocida poco tiempo y en dos ocasiones por el se\u00f1or SEBASTI\u00c1N CORRALES. Como se apreci\u00f3 en precedencia, el m\u00e9rito que se le dio a las pruebas que soportan esta decisi\u00f3n, adquiere, adem\u00e1s, importancia demostrativa las pruebas indiciarias, como lo se\u00f1ala la jurisprudencia constitucional, determinando que en casos similares al analizado, al ocurrir la violencia muchas veces en la intimidad del hogar, cualquier prueba directa se torna imposible y muchas veces riesgosa para la v\u00edctima. Adicionando que se ha hecho \u00e9nfasis al pilar interpretativo de que nunca habr\u00e1 par\u00e1metros de igualdad en el conflicto que se suscite entre hombre y mujer, por lo cual, estos casos deben ser analizados desde la perspectiva de g\u00e9nero, tal y como lo ordena la Corte Constitucional la sentencia T- 338 de 2018 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, para sustentar el mandato relativo a imponerle a la Comisar\u00eda de Familia de Dosquebradas la ejecuci\u00f3n y seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n adoptadas, reliev\u00f3 que la remisi\u00f3n del asunto a Villamar\u00eda hab\u00eda resultado inconveniente para la v\u00edctima, comoquiera que \u00abno ha sido posible garantizar la protecci\u00f3n y atenci\u00f3n integral a la se\u00f1ora ELIZABETH S\u00c1NCHEZ HURTADO, conforme el marco legal y convencional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la v\u00edctima se encontraba de paso en el referido municipio donde reside el agresor, siendo su domicilio principal y residencial el Municipio de Dos Quebradas Risaralda, por lo que resulta una carga desproporcionada para la v\u00edctima, exigirle que contin\u00fae el tr\u00e1mite en la Comisaria de Familia de Villamar\u00eda, ya que constituye una barrera que impide la atenci\u00f3n coordinada e integrada de las distintos actores que intervienen en la efectiva protecci\u00f3n de la se\u00f1ora ELIZABETH, aunado a lo gravoso e inefectivo que resultar\u00eda para ella trasladarse de municipio a exigir sus derechos. Circunstancia, que sumado a la presunta afectaci\u00f3n institucional a la que se vio sometida la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ HURTADO por la intervenci\u00f3n tard\u00eda, irregular y con absoluto desconocimiento de las garant\u00edas m\u00ednimas de un debido proceso por parte de la autoridad administrativa como se patentizo en este tr\u00e1mite de segunda instancia, pues pese a la informalidad y lo expedito del tr\u00e1mite, la medida definitiva debi\u00f3 imponerse en un plazo m\u00e1ximo de 10 d\u00edas. As\u00ed como tampoco existe evidencia de que se haya iniciado incidente alguno por el desconocimiento de la medida provisional de protecci\u00f3n conforme denuncia que realizara la se\u00f1ora ELIZABETH SANCHEZ el 3 de febrero, donde aporta unos audios de llamadas recibidas por el se\u00f1or JUAN SEBASTI\u00c1N CORRALES NARV\u00c1EZ, solicitud que no solo fue envidada oportunamente por el se\u00f1or Comisario Segundo del Municipio de Dos Quebradas, si no que requer\u00eda una intervenci\u00f3n inmediata por parte de la autoridad administrativa y que seguramente habr\u00eda impedido la ocurrencia de posteriores episodios de violencia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, apoy\u00f3 las investigaciones ordenadas frente a la Comisaria de Villamar\u00eda, en las evidentes irregularidades en el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar por parte de la autoridad administrativa que van desde el desconocimiento de los t\u00e9rminos para proferir la medida, como las irregularidades en el recaudo probatorio y observancia del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se advierte, en primer lugar, que las quejas del tutelante en relaci\u00f3n con las pruebas no valoradas por la funcionaria enjuiciada, as\u00ed como la inobservancia de otras que pretendi\u00f3 presentar, desconocen el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que el solicitante, de un lado, nada dijo ante la Comisar\u00eda cognoscente en primera instancia en relaci\u00f3n con los \u00abtestimonios\u00bb con los cuales contaba, y tampoco, inco\u00f3 apelaci\u00f3n frente al fallo de ese ente administrativo por omitir tales declaraciones. De otro lado, se constata la actitud pasiva y silente del querellante de cara al pronunciamiento de 11 de agosto de 2021, con el cual la Juez acusada expres\u00f3 los motivos por los cuales no valorar\u00eda las probanzas ajenas a los actos denunciados el 11 de noviembre de 2020, desaprovechando el tutelante, por tanto, la reposici\u00f3n a su alcance para lograr un pronunciamiento sobre el debate que plantea aqu\u00ed, en torno a la necesidad de atender al caudal demostrativo soslayado; por tanto, \u00ab(\u2026) es inadmisible (\u2026) tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
5. En segundo lugar, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la sentencia de la falladora atacada no contiene irregularidad lesiva de garant\u00edas supralegales, por lo cual el amparo exigido no sale avante. En efecto, la funcionaria valor\u00f3 de manera ponderada, los elementos de juicio de los cuales se extra\u00eda la comisi\u00f3n de los hechos denunciados el 11 de noviembre de 2020, evidenciando que el maltrato aducido por S\u00e1nchez Hurtado se hallaba comprobado, pues \u00e9sta hab\u00eda padecido no solo en esa oportunidad sino, en anteriores, agresiones verbales y psicol\u00f3gicas, conclusi\u00f3n extra\u00edda del dictamen de Medicina Legal, constat\u00e1ndose, adem\u00e1s que estaba sometida a un peligro inminente que requer\u00eda de medidas de protecci\u00f3n definitivas como las all\u00ed determinadas. <\/p>\n
La Juzgadora atendi\u00f3, igualmente, a la jurisprudencia y normatividad aplicable en torno a la violencia intrafamiliar y a las agresiones a las mujeres, marco que le permiti\u00f3 definir, con acierto, los mandatos necesarios para materializar la protecci\u00f3n que deb\u00eda otorg\u00e1rsele a la v\u00edctima; y en lo atinente a la deficiente labor de la Comisar\u00eda de Familia de Villamar\u00eda, nada puede reprocharse por las investigaciones ordenadas, pues adem\u00e1s de estar compelida, como autoridad, a efectuar tales denuncias, es ante las autoridades competentes y en los escenarios penales y disciplinarios del caso, donde la Comisaria investigada podr\u00e1 proponer su defensa y demostrar su apego a las disposiciones legales pertinentes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se impone confirmar el fallo impugnado, ante la inexistencia de arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la accionada, pues la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la simple discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria de los funcionarios accionados, no permite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir tal apreciaci\u00f3n, toda vez que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
6. Resta anotar, frente a las denuncias del precursor por la presunta violencia intrafamiliar de la que fue v\u00edctima el 7 de febrero de 2021, por parte de Elizabeth S\u00e1nchez Hurtado, que a su alcance tambi\u00e9n tiene los instrumentos de defensa contemplados en la Ley 294 de 1996 reformada por la Ley 575 del 2000, pudiendo demandar, de estimarlo pertinente, la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n en su favor, previo agotamiento del procedimiento establecido. <\/p>\n
7. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucradas menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar sus nombres, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14321-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC14321-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58692","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58692\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}