STC14323-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14323-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-01126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Drummond Ltda de Colombia contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga y la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Santa Marta, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente lesionados por la autoridad judicial convocada, dentro del asunto ordinario laboral iniciado en su contra por Ren\u00e9 Alfonso Monsalve Lopera, radicado bajo el No. 47189310500120110026601. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que se deje \u00absin valor y efectos la sentencia emitida por la Sala 4 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, SL2161 del nueve (9) de junio de 2020, y se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente (\u2026), sin incurrir en los defectos org\u00e1nicos y materiales o sustantivos [d]enunciados\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de sus reclamos asevera, que el demandante en el caso censurado, exigi\u00f3 que se declarara su despido sin justa causa y se le reconociera la indemnizaci\u00f3n correspondiente, as\u00ed como el pago de los salarios y dem\u00e1s prestaciones dejadas de percibir mientras fue separado de su empleo, junto con la sanci\u00f3n moratoria por el impago de sus cesant\u00edas, pretensiones que ciment\u00f3 en el desconocimiento, por parte de su empleador, de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2008-2010, suscrita con \u00abAGRETRITRENES\u00bb. <\/p>\n
En sentencia de 10 de septiembre de 2013, se acogieron los anteriores pedimentos, declar\u00e1ndose la existencia de un contrato a t\u00e9rmino indefinido entre las partes y que el despido se ejecut\u00f3 sin cumplirse el procedimiento establecido en la convenci\u00f3n mencionada; en consecuencia, se orden\u00f3 el reintegro del trabajador y se le impuso a la tutelante el pago \u00abde los derechos convencionales solicitados por el demandante, tales como bonificaciones\u00bb, as\u00ed como de las siguientes sumas: \u00abSALARIOS: $289.684.905.00 M\/L, CESANT\u00cdAS: $ 24.140.408.83 M\/L, INTERESES A LA CESANT\u00cdAS: $12.070.204.42 M\/L, PRIMAS DE SERVICIOS: $2.645.726.84 M\/L [e] INDEXACI\u00d3N: $ 49.643.133.35 M\/L SUMA QUE DEBE SER ACTUALIZADA AL MOMENTO DE LA LIQUIDACI\u00d3N FINAL\u00bb. <\/p>\n
Apelado el anterior pronunciamiento por la aqu\u00ed promotora, el ad quem, en fallo de 19 de diciembre de 2013, lo revoc\u00f3 en su integridad para, en su lugar, absolverla de todas las pretensiones del libelo, determinaci\u00f3n sustentada en \u00abque la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de AGRETRITRENES 2008-2010 en la que el demandante sustenta sus peticiones, no cuenta con el soporte de su dep\u00f3sito en tiempo y por ende no fue posible verificar la exigencia del art\u00edculo 469 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, de la que pende su validez, eficacia y exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Refiere que Monsalve Lopera recurri\u00f3 en casaci\u00f3n la anterior decisi\u00f3n, y agotadas las etapas correspondientes la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada en fallo SL2161-2020 de 9 de junio de 2020, resolvi\u00f3 casar la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, confirmar la proferida por el a quo el 10 de septiembre de 2013, veredicto con el cual, seg\u00fan la querellante, se violentaron sus garant\u00edas sustanciales, pues se releg\u00f3 la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en torno al presupuesto de \u00abacreditar el requisito de solemnidad del dep\u00f3sito en t\u00e9rmino de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, aun cuando no se haya discutido la validez de la misma en el proceso\u00bb, cuesti\u00f3n que se refuerza si en cuenta se tiene lo discurrido en el salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala aqu\u00ed acusada. <\/p>\n
Advierte que la Ley 1781 de 2016 permiti\u00f3 la creaci\u00f3n de las Salas de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n, empero consagr\u00f3 la imposibilidad de \u00e9stas para modificar la jurisprudencia de la Sala permanente, debiendo aqu\u00e9llas, de estimar procedente tal variaci\u00f3n, devolver el expediente a esta \u00faltima para su definici\u00f3n; por tanto, apoyada en tal preceptiva, demand\u00f3 la nulidad de lo actuado por la querellada al \u00abcarecer de competencia\u00bb para alterar las reglas jurisprudenciales, reclamo definido negativamente en prove\u00eddo de 12 de abril de 2021, con el cual \u00abla Sala accionada se mantuvo en su err\u00f3nea y parcializada interpretaci\u00f3n\u00bb de los fallos que constituyen el verdadero y pac\u00edfico criterio jurisprudencial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal convocado manifest\u00f3, ser ajeno a los reclamos de la solicitante, comoquiera que \u00e9sta no dirige acusaciones en su contra. <\/p>\n
b. Ren\u00e9 Alfonso Monsalve Lopera, a trav\u00e9s de apoderado, se opuso a la prosperidad del resguardo, al estimar acertadas las decisiones adoptadas por la autoridad querellada. <\/p>\n
c. El Magistrado Ponente de las determinaciones censuradas asever\u00f3, que no se lesionaron las garant\u00edas invocadas, pues contrario a lo sostenido por la tutelante, no se modific\u00f3 la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, dado que \u00ab[e]l criterio que se desarrolla en el fallo confutado, es que, cuando un hecho no es objeto de controversia, cuando toda cuesti\u00f3n litigiosa ha sido zanjada al momento de trabarse la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, no pueden los jueces avivar un conflicto que para las partes no existi\u00f3. <\/p>\n
En forma reiterada a sostenido la Sala Laboral Permanente de la Corte que a los jueces no les est\u00e1 permitido entrar a estudiar aquellos puntos en los que existe acuerdo entre los litigantes, a menos, que se advierta colusi\u00f3n o fraude. (Al respecto las sentencias CSJ: SL27633, 31 jul. 2006; SL27807, 13 mar. 2007; SL27806, 20 feb. 2007; SL9872, 12 ag. 1997; SL30105, 17 oct. 2008; SL36745, 16 mar. 2010; entre otras\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no es acertada la manifestaci\u00f3n de la censora relativa a que siempre \u00abse requiere la prueba solemne de la convenci\u00f3n para tomar la decisi\u00f3n de fondo\u00bb, toda vez que \u00abexisten m\u00faltiples decisiones en las que, en desarrollo del principio resaltado -solemnidad-, se ha sostenido la tesis seg\u00fan la cual si las partes durante las instancias no desconocen la existencia y vigencia de un precepto convencional y por ende el punto queda por fuera de la cuesti\u00f3n litigiosa, as\u00ed debe declararse por los juzgadores, sin que se requiera forzosamente la incorporaci\u00f3n del texto convencional correspondiente para poder acceder a derechos de esta estirpe. (Ver CSJ: SL37572, 22 ag. 2012; SL38830, 7 feb. 2012; SL660-2015, SL20748-2017, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no cometi\u00f3 desafuero alguno, pues \u00e9sta, de un lado, \u00abvalor\u00f3 si la empleadora cumpli\u00f3 con el procedimiento previsto en el art\u00edculo 6\u00ba de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2008-2010, para la imposici\u00f3n de sanciones y la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de REN\u00c9 ALFONSO MONSALVE LOPERA, evidenciando que no se hab\u00eda seguido el procedimiento prescrito en la Convenci\u00f3n de Trabajo que les reg\u00eda, por lo que cas\u00f3 la sentencia atacada\u00ab; y, de otro, \u00abal momento de resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, acudi\u00f3 al estudio de otras decisiones que, en esa Sala, ya hab\u00edan abordado el estudio de casos similares, entre ellas la sentencia CSJ SL20037-2017\u00bb, por lo cual no encontr\u00f3 el alegado desconocimiento del precedente, conforme lo advirti\u00f3 la solicitante. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante con aserciones similares a las expuestas en el libelo introductor; as\u00ed mismo, reliev\u00f3 que el a quo constitucional \u00absustent\u00f3 su decisi\u00f3n en lo que consider\u00f3 (erradamente) que era un fallo razonable y ajustado a derecho, pero no resolvi\u00f3 los argumentos planteados respecto de los defectos en que incurri\u00f3 la Sala accionada (\u2026). Adem\u00e1s, consider\u00f3 que como la decisi\u00f3n no es arbitraria, caprichosa o completamente infundada por estar basada en la sentencia CSJ SL20037-2017 (tambi\u00e9n argumento errado), no constituye un desconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que la solicitante reprocha (i) la providencia SL2161 de 9 de junio de 2020, mediante la cual la accionada cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem en el asunto criticado para, en su lugar, confirmar el fallo de 10 de septiembre de 2013, donde el Juzgado Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 a la aqu\u00ed tutelante al reintegro del all\u00ed demandante junto con el pago de los salarios y prestaciones adeudadas; y, (ii) el prove\u00eddo AL1640 de 12 de abril de 2021, en el que se neg\u00f3 la nulidad deprecada por la querellante, sustentada en la supuesta falta de competencia de la Sala de Descongesti\u00f3n atacada para modificar la jurisprudencia de la Sala permanente. <\/p>\n
2.1. Precisado lo anterior, pronto se advierte que el auxilio constitucional exigido no sale avante, por cuanto, respecto de la primera queja, se constata el incumplimiento del presupuesto de la prontitud que lo gobierna, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n criticada es la proferida el 9 de junio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 28 de mayo de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que la tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de once (11) meses de emitida tal decisi\u00f3n, aun cuando la misma cobr\u00f3 ejecutoria con independencia de la petici\u00f3n de nulidad elevada con posterioridad; por tanto, como dicho t\u00e9rmino supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, es claro su fracaso, tema sobre el cual la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora, en relaci\u00f3n con el prove\u00eddo AL1640 de 12 de abril de 2021, la protecci\u00f3n tampoco progresa al no evidenciarse en su contenido irregularidad manifiesta que imponga la intervenci\u00f3n de esta extraordinaria jurisdicci\u00f3n, como pasa a exponerse. <\/p>\n
2.3. En efecto, la nulidad invocada por la querellante con apoyo en argumentos similares a los aqu\u00ed planteados y que dio lugar al pronunciamiento censurado, se sustent\u00f3 en que la Sala de Descongesti\u00f3n acusada \u00abpese a citar la sentencia CSJ SL20037-2017, desconoci\u00f3 que all\u00ed, en esa providencia, se consign\u00f3 \u00abla imperiosa necesidad que se acredite el requisito de solemnidad del dep\u00f3sito en t\u00e9rmino de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, aun cuando no se haya discutido la validez de la misma en el proceso, contrario a lo concluido en la sentencia que se analiza\u00bb [y] (\u2026) adem\u00e1s, que la jurisprudencia de esta Corte, ha exigido que, \u00abcuando un derecho debatido en un juicio penda de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo la misma debe aportarse (aut\u00e9ntica o en copia), y, en todo caso, debe acreditarse que se cumpli\u00f3 con la exigencia del dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n, realizado en tiempo\u00bb (\u2026) [por lo] que, \u00abse desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la exigencia del dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, como carga de la prueba del demandante cuando pretende la aplicaci\u00f3n de derechos derivados de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb (\u2026) y, en que [la] Sala [denunciada] \u00abcarece de competencia para dictar un fallo a trav\u00e9s del cual se modifica la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, como ocurri\u00f3 en este proceso, por eso debe ser anulado con base en las causales enunciadas (\u2026) enmarcada[s] en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 133, numerales 1 y 2 del CGP, en armon\u00eda con el precepto 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 2 de la ley 1781 de 2016\u00bb. <\/p>\n
2.4. Frente a lo anterior, el Colegiado querellado comenz\u00f3 por resaltar que la providencia dictada en sede de casaci\u00f3n, se fund\u00f3, particularmente, en \u00abque la empresa demandada despidi\u00f3 al actor sin cumplir el procedimiento establecido en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb; conclusi\u00f3n \u00abque jam\u00e1s fue controvertida en las instancias por la demandada, es as\u00ed, que, ni al contestar la demanda, ni al fijarse el litigio, ni al apelar, se refiri\u00f3 a ello (f.\u00b0 79 al 84; 163 a 165 y 210 a 213), de donde refulge el error del Tribunal, al incursionar en un tema ajeno a la discusi\u00f3n propuesta en el recurso de apelaci\u00f3n, precisamente, por no estar acorde o en consonancia, con las materias objeto de la alzada (art\u00edculo 66A del CPTSS). <\/p>\n
Luego, tras memorar lo aducido por la aqu\u00ed promotora en sus diferentes intervenciones en el juicio refutado, reiter\u00f3 \u00abque ninguna inconformidad se present\u00f3 desde el nacimiento del proceso hasta el recurso de apelaci\u00f3n, sobre la existencia y validez de la CCT vigente para la \u00e9poca de los hechos\u00bb, pues, incluso, al sustentarse tal alzada, no se ventil\u00f3 argumento alguno en orden a controvertir la validez de la convenci\u00f3n y, por ello, sostuvo la accionada, \u00abfundada en [la] jurisprudencia (para el caso la sentencia CSJ SL20037-2017), arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que deb\u00eda casar el prove\u00eddo recurrido. As\u00ed lo adoctrin\u00f3 la Sala en la providencia citada: (\u2026) Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de dep\u00f3sito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el art\u00edculo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuaci\u00f3n incluso exigiendo que se haga en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas siguientes a la suscripci\u00f3n del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 \u2013 2014, SL4427 \u2013 2014 y SL 930 \u2013 2014, presupuesto que adem\u00e1s y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que el tema relativo a la validez de la Convenci\u00f3n Colectiva en que se ampar\u00f3 el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbr\u00f3 en el desarrollo del proceso, ni en la apelaci\u00f3n se adujo tal motivaci\u00f3n, por lo que puede decirse que su aplicaci\u00f3n fue un punto indiscutido por las partes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicaci\u00f3n 35685 \u00abal no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia\u00bb, la fuente normativa de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Y, si al recurrente le llama poderosamente la atenci\u00f3n que, \u00abesta Sala de Descongesti\u00f3n, mayoritariamente, haya omitido transcribir los p\u00e1rrafos siguientes de la sentencia que cit\u00f3 como base de su decisi\u00f3n (SL 20037- 2017), ya que, de haberlo hecho, hubiera quedado en evidencia lo que en realidad constituye la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia […]\u00bb, es decir, que, \u00aben todo caso, debe estar acreditado el requisito legal de la constancia de dep\u00f3sito en tiempo de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, cuando es la fuente del derecho debatido en un proceso […]\u00bb, forzoso es recordar, el texto de los ac\u00e1pites de la sentencia que echa de menos la demandada, esto, para constatar, si en efecto de all\u00ed se extrae, que siempre debe estar probada la constancia de dep\u00f3sito. As\u00ed lo dijo: (\u2026) De otra parte, con independencia de lo tenue que le pueda resultar a la censura el sello que se reporta a folio 343 del plenario en armon\u00eda con el que obra a folio 351, se infiere que la convenci\u00f3n colectiva con vigencia 2001 \u2013 2002 adosada, se suscribi\u00f3 el 11 de junio de 2001 y se deposit\u00f3 el 12 del mismo mes y a\u00f1o, y al d\u00eda siguiente se allegaron sus anexos como se describe en la respectiva nota de la Direcci\u00f3n Regional Bogot\u00e1 – Cundinamarca, es decir, dentro del t\u00e9rmino legal. (\u2026) De tal suerte que no solamente porque en el acontecer litigioso ECOPETROL no puso en duda que al demandante se le aplicara la normativa en que aquel fundaba sus s\u00faplicas, al punto que al esgrimir la defensa adujo que la liquidaci\u00f3n de las prestaciones se ajustaba a las directrices convencionales, sino tambi\u00e9n porque en el plenario obra la prueba que demuestra la satisfacci\u00f3n del requisito de solemnidad echado de menos, se concluye que el cargo carece de soporte y por ello se declarar\u00e1 infundado\u00bb. <\/p>\n
Al punto, precis\u00f3 la accionada que en aquella decisi\u00f3n, contrario a lo interpretado por la tutelante, \u00ablo que dijo la Corte fue, que no solo por no haber puesto en duda el empleador la aplicaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva (normativa), sino tambi\u00e9n (l\u00e9ase con mayor raz\u00f3n), porque en aquel proceso estaba la prueba de la constancia de dep\u00f3sito, es que el cargo, por carecer de soporte probatorio, se declar\u00f3 infundado. <\/p>\n
Aqu\u00ed, en este juicio, basada la Corporaci\u00f3n en la ausencia de controversia sobre la validez del acuerdo colectivo, tal como se dijo en la providencia CSJ SL20037-2017, se avizor\u00f3 el error del Tribunal, por lo tanto, no se alej\u00f3 esta Sala del precedente de la Corte Suprema de Justicia, y por remate, se negar\u00e1 la nulidad solicitada. <\/p>\n
En lo atinente al salvamento de voto pronunciado en el sub lite, que le sirve de apoyo a la solicitud de nulidad que ocupa a la Sala, necesario es indicar que las sentencias all\u00ed relacionadas (CSJ SL378-2018, reiteradas en las SL5025-2019 y SL3587-2019), se enfocan en el punto concerniente a la constancia de dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y la necesidad de auscultar sobre este t\u00f3pico como generador de derecho, pero, no en lo relativo a la ausencia de discusi\u00f3n sobre la legalidad y vigencia de dicho acuerdo colectivo (que es lo que refiere la sentencia en la cual se apoy\u00f3 la Sala \u2013 SL20047-2017), cuando las partes as\u00ed lo aceptan expresamente, es decir, saben que la convenci\u00f3n est\u00e1 all\u00ed y surte plenos efectos legales, que fue lo sucedido en este caso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que los litigantes confesaron a trav\u00e9s de sus apoderados en la demanda y su contestaci\u00f3n (art. 193 del CGP), que el asunto sometido a discusi\u00f3n, estaba regulado por la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para los a\u00f1os 2008 \u2013 2010, y l\u00f3gicamente, ninguna controversia generaron entorno a este tema, como tampoco lo hizo el juez de primera instancia al momento de decretar las pruebas pertinentes para esclarecer lo debatido, es decir las conducentes y necesarias (art\u00edculo 77 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). <\/p>\n
No en vano el juez laboral est\u00e1 dotado de expresas facultades para dirigir el proceso, por el sendero que le permita salvaguardar el equilibrio entre las partes, pero, especialmente, la agilidad y rapidez en su tr\u00e1mite (art. 48 ibidem), de donde viene, que si existe una confesi\u00f3n sobre la vigencia y validez de la convenci\u00f3n que regula el derecho reclamado, era innecesario salir a buscar la que contiene la constancia de dep\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
3. Puestas de ese modo las cosas, y a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, no se halla arbitrariedad en la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, pues la alegada \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, no resulta palmaria, comoquiera que la Sala de Descongesti\u00f3n, tal como lo explic\u00f3, apoy\u00f3 su determinaci\u00f3n en la falta de contradicci\u00f3n, por parte de la demandada, aqu\u00ed tutelante, de la existencia y validez de la convenci\u00f3n colectiva referida, lo cual imped\u00eda proveer sobre tales t\u00f3picos como equivocadamente lo hab\u00eda hecho el ad quem en su sentencia; por tanto, lo concerniente a la prueba de la \u00abconstancia de dep\u00f3sito\u00bb del instrumento convencional, como criterio para refutar su validez, no le abr\u00eda paso al estudio de ese tema al no haber sido alegado por la ahora accionante, conforme lo determin\u00f3 la Corporaci\u00f3n convocada, cuesti\u00f3n que, en consecuencia, no evidencia el desconocimiento del precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, y menos, la viabilidad de la nulidad exigida. <\/p>\n
4. Queda claro entonces, que lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14323-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC14323-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-01126-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}