STC14372-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14372-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02053-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Reinaldo Zarate, Vidal Llanos, Orlando Rodr\u00edguez, Blanca Maestre, Ricardo Henr\u00edquez, V\u00edctor Manuel P\u00e9rez, Ubaldo Meza, Eduardo Meza, Jos\u00e9 Gamarra, Eduardo Mercado, Jhony Zambrano, Edilberto Vargas, Wilson V\u00e1squez, Luis Caballero, Carlos Llerena, Alejandro Guti\u00e9rrez, Campo El\u00edas Fern\u00e1ndez, Emerson Rojas, David Mart\u00ednez, Antonio Jos\u00e9 Torre, Luis Barrios, Gladys Miranda, Jairo Visbal, Gregorio Mej\u00eda, Juan Torres, Javier Vega Guerrero, Edilberto P\u00e9rez, Olmedo Villanueva, Jhony Reyes, Carlos Barrios, Santander \u00c1vila Campo, Jhon Jairo Camargo, Fernando Bujato Alfonso, Fredy S\u00e1nchez Puello, Ricardo Rodelo, John Jairo Barba, Gerardo Ca\u00f1izares, Eder Hurtado, Rafael Polo, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez, Aldemar Blanco, Heber Villa, Edgardo Santiago, Edwin Manuel de la Rosa, Julio Borrelly, Javier Escobar, Nelson Romero, Yorbery Rafael Jim\u00e9nez, Luis Castillo y Jair Urueta frente a la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron a la Superintendencia de Sociedades y al Ministerio de Trabajo, extensiva a los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Pizano S.A. con radicado n\u00b0 28. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En esencia, los gestores pidieron que se ordene el \u00abpago inmediato\u00bb de sus acreencias laborales y pensionales. <\/p>\n
En sustento, adujeron que fueron trabajadores de la sociedad Pizano S.A. que fue admitida en proceso de liquidaci\u00f3n judicial por la Superintendencia de Sociedades (13 feb. 2018). Criticaron i). que la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite que conllev\u00f3 la terminaci\u00f3n de sus contratos laborales tuviera lugar en \u00abmenos de 15 d\u00edas\u00bb posteriores a su respectiva solicitud, ii). que el juicio llevara m\u00e1s de 3 a\u00f1os sin ser resuelto de manera definitiva, iii). que el Ministerio de Trabajo, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuradur\u00eda General de la naci\u00f3n y la Superintendencia accionada, en su sentir, no efectuaran un \u00abacompa\u00f1amiento m\u00e1s activo en este proceso\u00bb, iv). que la Superintendencia y el liquidador designado no suministraran informaci\u00f3n relativa a la variaci\u00f3n de los aval\u00faos de los activos de la sociedad, los haberes vendidos por el liquidador por considerarlos perecederos o con riesgo de deterioro, la cartera de venta de productos terminados, el da\u00f1o de servidores, la materia prima que fue dada de baja, la valoraci\u00f3n de las marcas de la compa\u00f1\u00eda, la cartera de la empresa en el exterior, la existencia de denuncias por parte del liquidador por los alegados hurtos sobre bienes sociales, el estado de deterioro del inmueble donde funcionaba la planta principal, la \u00abgesti\u00f3n constante\u00bb del liquidador para obtener la venta del referido predio y el cumplimiento de sus deberes, v). que en el proceso se desconocieran derechos de especiales sujetos de protecci\u00f3n constitucional, vi). que la Superintendencia de Sociedades diera su \u00abvisto bueno\u00bb para el pago de gastos de administraci\u00f3n, vii). la eventual enajenaci\u00f3n del principal fundo de la sociedad por un valor inferior al real o su adjudicaci\u00f3n a los acreedores, viii). que ocurrieran hurtos sobre el patrimonio de la sociedad a pesar de los contratos de vigilancia suscritos por el liquidador y, ix). que no se hubiesen pagado las acreencias laborales y pensionales. <\/p>\n
De lo anterior derivan la lesi\u00f3n a sus prerrogativas ius fundamentales. <\/p>\n
2. La Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia en la Superintendencia de Sociedades expuso que las particularidades del caso lo convierten en un asunto complejo que ha sido atendido con diligencia. Se\u00f1al\u00f3 que, conforme a las peticiones de los acreedores, \u00abha hecho todos los esfuerzos para lograr la venta\u00bb del inmueble cuyo valor aun es suficiente para sufragar la totalidad de acreencias laborales y pensionales, al respecto, destac\u00f3 que se ampli\u00f3 en varias ocasiones el t\u00e9rmino para que tuviera lugar la enajenaci\u00f3n del fundo, sin embargo, ello no hab\u00eda ocurrido a la fecha en que se rindi\u00f3 el informe. Adujo que de no lograrse la venta el procedimiento establecido por el legislador es la adjudicaci\u00f3n del predio. Cuestion\u00f3 que \u00ab[l]os accionantes ni siquiera han presentado recursos en el proceso y ahora presentan una serie de acusaciones temerarias y sin sustento alguno a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la informaci\u00f3n relativa al proceso \u00abse encuentra disponible a trav\u00e9s de los canales virtuales y f\u00edsicos y su seguimiento puede realizarse en cualquier momento (\u2026) a trav\u00e9s del canal de \u201cBaranda Virtual\u201d en el link https:\/\/servicios.supersociedades.gov.co\/barandaVirtual\/#!\/app\/radicaciones#verpdf en el que es posible consultar a trav\u00e9s del n\u00famero de radicaci\u00f3n del documento, por estados e, inclusive, la revisi\u00f3n de los expedientes de los procesos de insolvencia de manera digital\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el predio objeto de venta o adjudicaci\u00f3n fue atacado por m\u00e1s de 200 personas que lo desmantelaron y que los vigilantes asignados por la empresa de vigilancia contratada no pudieron contener la situaci\u00f3n, sin que ello signifique un actuar de la Superintendencia \u00aben detrimento del proceso\u00bb. Inform\u00f3 que comunic\u00f3 de la situaci\u00f3n a las autoridades respectivas tan pronto tuvo conocimiento del mencionado evento (5 ago. 2021) y que realiz\u00f3 inspecci\u00f3n judicial para determinar posibles efectos en la liquidaci\u00f3n judicial. Arguy\u00f3 que requiri\u00f3 al liquidador para que informe las gestiones ante la empresa de vigilancia \u00abrespecto de las p\u00f3lizas activas que permitan mitigar los da\u00f1os ocasionados y las dem\u00e1s que considere pertinentes\u00bb. Finalmente, pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo tras aducir que los gestores no han hecho uso de los mecanismos judiciales de defensa en los momentos procesales oportunos. <\/p>\n
El Procurador 12 Judicial para Asuntos Civiles inform\u00f3 que ha elevado \u00ablas peticiones que he estimado pertinentes, en aras de que se esclarezcan las m\u00faltiples quejas que, de manera reiterada desde hace 2 a\u00f1os han elevado extrabajadores y pensionados de la sociedad en liquidaci\u00f3n judicial\u00bb as\u00ed como \u00abanalizar desde el punto de vista t\u00e9cnico y jur\u00eddico, la procedencia de remover al se\u00f1or liquidador, de excluirlo de la lista de auxiliares de la justicia y de iniciar en su contra las acciones disciplinarias y de \u00edndole penal, si ha ellas hubiere lugar\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ablibr\u00f3 oficio al grupo de control interno disciplinario de la Superintendencia de Sociedades\u00bb para que determine si hay lugar a abrir investigaci\u00f3n disciplinaria a los funcionarios encargados del tr\u00e1mite liquidatorio. Indic\u00f3 que han hecho acompa\u00f1amiento a distintos ex trabajadores y fruto de ello se han hecho denuncias penales que han sido archivadas. Por dem\u00e1s, pidi\u00f3 denegar el amparo tras arg\u00fcir que \u00abes preciso agotar todas las etapas propias del proceso de liquidaci\u00f3n judicial establecido por el legislador, tr\u00e1mite que no puede ser sustituido o reemplazado por la acci\u00f3n de tutela, que, se itera es eminentemente subsidiaria\u00bb. <\/p>\n
Victor Adolfo Tamara Corena, liquidador designado, se\u00f1al\u00f3 que ha cumplido \u00abcon las cargas que [l]e fueron impuestas, garantizando los derechos de los pensionados, las personas amparadas con fuero de salud, con fuero sindical y los pre pensionados, pagando en la medida de lo posible y de acuerdo a la liquidez y disponibilidad de recursos y a lo autorizado por la Supersociedades, todos los salarios, seguridad social y prestaciones sociales de cada una de las personas que hacen parte del ret\u00e9n social y pensionados\u00bb. Predic\u00f3 que la informaci\u00f3n relativa al cumplimiento de sus deberes y a los gastos de administraci\u00f3n autorizados por la Superintendencia reposan en el expediente del tr\u00e1mite \u00abque es de acceso p\u00fablico\u00bb. Adujo que el proceso \u00abse encuentra en etapa de adjudicaci\u00f3n de bienes\u00bb y que en su interior se ha garantizado la \u00aboposici\u00f3n, contradicci\u00f3n y alegatos en cada una de las etapas procesales tal como lo establece la Ley 1116 de 2006\u00bb. Finalmente, pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo por subsidiariedad. <\/p>\n
Colpensiones aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sumario. Lo propio hizo el Ministerio del Trabajo tras indicar que no ha lesionado derecho alguno de los accionantes, tambi\u00e9n predic\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para obtener el pago de acreencias laborales. <\/p>\n
Fernando Bujato Alfonso, accionante, aport\u00f3 noticias de prensa relativas a \u00absaqueos y siniestros\u00bb en el predio de la sociedad en liquidaci\u00f3n. Ados\u00f3 tambi\u00e9n una historia cl\u00ednica del 24 de octubre de 2016, una \u00abnotificaci\u00f3n de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb del 16 de abril de 2012, recibos de servicios p\u00fablicos y copia parcial de un extracto de cr\u00e9dito hipotecario, todo ello a fin de demostrar su \u00abestado de salud\u00bb y su \u00absituaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Otros accionantes aportaron copias de las misivas en las que les informaron la terminaci\u00f3n de su contrato laboral, tambi\u00e9n allegaron escritos donde manifiestan ser objeto de requerimientos de pago por cr\u00e9ditos personales. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo fincado en que el asunto carec\u00eda de relevancia constitucional por tratarse del cumplimiento de obligaciones laborales a cargo de una empresa en liquidaci\u00f3n. Predic\u00f3 que el reclamo tutelar se fund\u00f3 en derechos inciertos y discutibles que no eran objeto de pronunciamiento constitucional. Agreg\u00f3 que no se advert\u00eda perjuicio irremediable que habilitara el resguardo y que el actuar de la Superintendencia se ajustaba a derecho. <\/p>\n
4. En la impugnaci\u00f3n se critic\u00f3 que no se tuvieran en cuenta las pruebas aportadas y el precedente que rige la materia. En lo dem\u00e1s se reiteraron algunos argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares se advierte que no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad ante el incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. Ciertamente, la pretensi\u00f3n medular de los actores se reduce a que se ordene el \u00abpago inmediato\u00bb de sus acreencias laborales y pensionales porque consideran que el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Pizano S.A. no ofrece garant\u00eda para la satisfacci\u00f3n de sus prerrogativas supra legales, sin embargo, revisado el escrito de tutela y el expediente objeto de revisi\u00f3n emerge ostensible la improcedencia de este auxilio como quiera que de la aspiraci\u00f3n planteada no puede ocuparse el juez constitucional, ya que, como lo ha indicado reiteradamente esta Sala en asuntos de contornos similares: <\/p>\n
(\u2026) por regla general la tutela no procede para exigir acreencias laborales, porque existen otros medios judiciales dise\u00f1ados para ese objetivo; es decir, que la procedencia de este amparo para la satisfacci\u00f3n de obligaciones de \u00edndole laboral es de car\u00e1cter restringido. Sin embargo, si el m\u00ednimo vital se encuentra de por medio se concluye que los mecanismos ordinarios no son efectivos y por lo tanto el amparo constitucional ser\u00eda procedente, pero este no es el caso, pues nada se demostr\u00f3 a este respecto. <\/p>\n
Entonces, es obvio que en las condiciones del asunto planteado no se puede acceder al amparo deprecado, ya que esa clase de derechos debe ser dilucidado en su escenario natural, que no es otro diferente a la justicia ordinaria; m\u00e1xime que en este asunto no est\u00e1 demostrada la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la actora, ni la eminencia de la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Por lo tanto, como la discusi\u00f3n queda en el terreno legal, respecto del cual, se ha dicho, no opera el mecanismo excepcional y restringido de la tutela, dado que se trata de discusiones prestacionales que tienen previsto tr\u00e1mites puntuales distintos ante el Juez natural, sin que sea posible obviarlos, porque se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter reservado que reporta el instrumento (\u2026). (CSJ STC, 29 abr. 2005, Rad. 00041-01, reiterada en STC9445-2014, STC2051-2015, STC7532-2016 y STC20676-2017). <\/p>\n
Y, en otra oportunidad se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) es de advertirse que en materia de derechos prestacionales no procede el amparo \u2018(\u2026) porque de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional. (CSJ. STC. 21 mar. 2012, Rad. 00297-01, reiterada en STC, 12 abr. 2013, Rad. 00070-01, STC9445-2014 y STC7532-2016) (Resaltado de ahora). <\/p>\n
De ah\u00ed que la pretensi\u00f3n encaminada a que se declare que se ordene el \u00abpago inmediato\u00bb de acreencias laborales y pensionales, no puede recibir el resguardo solicitado, dado que entra\u00f1a una discusi\u00f3n de \u00edndole legal, de suerte que el reconocimiento buscado debe perseguirse a trav\u00e9s del procedimiento previsto para tal fin y que se encuentra en curso. <\/p>\n
Con todo, no aparece en el plenario acreditado un perjuicio irremediable que justifique, en este momento, la exoneraci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n de los instrumentos establecidos por el legislador pues los libelistas se limitaron a exponer algunos hechos gen\u00e9ricos que a su juicio generaron afectaciones a su salud y a su patrimonio sin indicar de manera concreta los eventuales sujetos pasivos de tales menoscabos y mucho menos acreditaron el origen, relaci\u00f3n y actualidad de dichas circunstancias, pues las documentales que algunos de ellos adosaron se remontan a \u00e9pocas (24 oct. 2016) incluso antecedentes al inicio de la liquidaci\u00f3n reprochada (13 feb. 2018) como se dej\u00f3 visto en la recapitulaci\u00f3n de las intervenciones en este tr\u00e1mite. Al respecto, esta Colegiatura ha puntualizado que, <\/p>\n
(\u2026) no se demostraron las circunstancias necesarias para otorgarlo en esos t\u00e9rminos, es decir, no se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC 17 jul. 2015, Rad. 00264-02, reiterado en CSJ STC 23 jul. 2015, Rad. 00980-02 y STC3854-2016). <\/p>\n
3. En lo que respecta a la cr\u00edtica contra la providencia que admiti\u00f3 el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de Pizano S.A. y el t\u00e9rmino en que ella fue proferida, emerge con facilidad que desde la \u00e9poca de ese prove\u00eddo (13 feb. 2018) hasta la interposici\u00f3n del amparo (25 ago. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio frente a ese particular se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
4. Referente a la queja por el tiempo que ha durado el proceso cuestionado, se observa del dossier que la tardanza en resolver el asunto de manera definitiva no obedece a la desidia de la accionada sino a cuestiones meramente objetivas y racionales que han impedido la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite como son el n\u00famero de trabajadores que ten\u00eda Pizano S.A. para la \u00e9poca de inicio del liquidatorio, las particularidades de su patrimonio, sus gastos de administraci\u00f3n y las mismas solicitudes de los gestores tendientes a que se ampliaran los plazos para lograr la enajenaci\u00f3n del principal inmueble de la compa\u00f1\u00eda, entre otras; por tanto, es evidente el tropiezo del resguardo en este t\u00f3pico, pues como en similares ocasiones lo ha sentado esta Sala: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026) (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021, STC1747-2021, STC 4300-2021, entre otras). <\/p>\n
5. Frente al \u00absentir\u00bb de los gestores por la falta de \u00abacompa\u00f1amiento m\u00e1s activo\u00bb por parte de entidades como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n tampoco se abre paso el amparo, dado que emerge del dosier que esa entidad ha desplegado actuaciones tendientes a estudiar las quejas que, seg\u00fan su informe, han sido presentadas por los extrabajadores de Pizano S.A. durante el \u00faltimo bienio, dentro de las que se destacan la interposici\u00f3n de acciones penales y disciplinarias relativas al tr\u00e1mite objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, frente a las dem\u00e1s entidades enunciadas por los actores, se extra\u00f1a de su libelo la determinaci\u00f3n de hechos concretos que permitan colegir una lesi\u00f3n ius fundamental o, si quiera, que acudieron ante esas dependencias a fin de obtener pronunciamiento sobre los hechos de que se duelen. <\/p>\n
6. En lo que ata\u00f1e a los reproches por la falta de informaci\u00f3n relativa a la variaci\u00f3n de los aval\u00faos de los activos de la sociedad, los haberes vendidos por el liquidador por considerarlos perecederos o con riesgo de deterioro, la cartera de venta de productos terminados, el da\u00f1o de servidores, la materia prima que fue dada de baja, la valoraci\u00f3n de las marcas de la compa\u00f1\u00eda, la cartera de la empresa en el exterior, la existencia de denuncias por parte del liquidador por los alegados hurtos sobre bienes sociales, el estado de deterioro del inmueble donde funcionaba la planta principal, la \u00abgesti\u00f3n constante\u00bb del liquidador para obtener la venta del referido predio y el cumplimiento de sus deberes, basta con dirigirse al expediente cuestionado para vislumbrar los memoriales, informes, inventarios, datos contables y financieros, que revelan la informaci\u00f3n extra\u00f1ada por los precursores. <\/p>\n
Valga recordar que, tal como lo indic\u00f3 la Superintendencia accionada y se pudo constatar en esta instancia, el expediente del proceso de liquidaci\u00f3n judicial se encuentra a disposici\u00f3n de los intervinientes en \u00e9l y del p\u00fablico en general a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web https:\/\/servicios.supersociedades.gov.co\/barandaVirtual\/#!\/app\/procesos, sitio en el que reposa \u00abun total de 2.892 registros\u00bb relativos a los datos que los gestores extra\u00f1an. <\/p>\n
De todas maneras, no se aport\u00f3 a este sumario ninguna prueba tendiente a demostrar que los precursores acudieron primigeniamente ante los sujetos que, a su juicio, tienen tales datos, de lo que es dable concluir el desconocimiento excepcional y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
7. Sobre la censura consistente en que la Superintendencia accionada ha desconocido derechos de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, basta con remitirse al numeral segundo de estas considerativas como quiera que dicho evento no pas\u00f3 de ser una afirmaci\u00f3n gen\u00e9rica carente de sustento suasorio, por lo que frente a este particular tampoco florece el auxilio. <\/p>\n
8. Respecto del reproche contra las decisiones de la Superintendencia que autorizaron los gastos de administraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, se observa que algunos de esos pronunciamientos fueron emitidos durante los a\u00f1os 2019 y 2020, por lo que frente a ellos es evidente la falta de inmediatez rese\u00f1ada en el numeral tercero precedente. <\/p>\n
Ahora, frente a los autos que al respecto se han pronunciado durante los 6 meses anteriores a la radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, se advierte que revisados los \u00faltimos 1.150 registros del expediente que reposa en la p\u00e1gina web de la encartada y que corresponden al periodo se\u00f1alado, se encontr\u00f3 que ninguno de los recursos interpuestos ha sido impetrado por alguno de los aqu\u00ed promotores, salvo el radicado por el censor Ricardo Rodelo el 21 junio hoga\u00f1o contra el prove\u00eddo del 17 de ese mismo mes en el que se orden\u00f3 el desembargo de dineros con destino al pago de gastos de administraci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese panorama es manifiesto que los reproches contra las decisiones acusadas, con excepci\u00f3n del caso del auto en cita, carecen del presupuesto de subsidiariedad como quiera que no fueron oportunamente impugnadas ante el juez natural del asunto, de lo que se colige la desidia de los hoy censores frente a la posibilidad que tuvieron de atacar las determinaciones que por esta senda cuestionan. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el prove\u00eddo que se impugn\u00f3 por el accionante Ricardo Rodelo, se destaca que dicha reposici\u00f3n fue resuelta por la autoridad encartada el 29 de julio pasado y en ella se dispuso confirmar el auto atacado fincada en los siguientes argumentos: <\/p>\n
2. En el presente asunto, es cierto que existen contratos de trabajo vigentes, al ser trabajadores en reten social y deben pagarse sus salarios, que tienen la calidad de gastos de administraci\u00f3n al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, y, por consiguiente, gozan de prevalencia en su pago frente a las obligaciones sujetas al reconocimiento como cr\u00e9ditos dentro de la liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. No obstante, los gastos causados en el curso del proceso, cuyo desembargo se orden\u00f3 en la providencia impugnada, son imprescindibles para cumplir el prop\u00f3sito del proceso judicial y en este orden ciertamente deben atenderse, en la medida que tambi\u00e9n se causan en inter\u00e9s general de los acreedores. <\/p>\n
4. Dichos rubros, se hacen necesarios para la preservaci\u00f3n de la masa liquidable, y en caso de desatenderlos, el activo o los pocos recursos que se obtienen, podr\u00edan estar en riesgo y perderse, y, por consiguiente, en un escenario as\u00ed, tampoco podr\u00edan cubrirse las reclamaciones de los trabajadores y otros acreedores. El proceso puede paralizarse y generar un mayor da\u00f1o a todos los acreedores, en tanto los ingresos que se logran obtener, tambi\u00e9n dependen de la atenci\u00f3n de los dem\u00e1s gastos. <\/p>\n
5. En consecuencia, dichos gastos que tambi\u00e9n se hacen estrictos para el avance del proceso, deben acogerse para su pago, pues de lo contrario, lo que se genera son efectos adversos para todos los acreedores, y esa es la raz\u00f3n por la cual se encuentra justificado que el deudor pague los mismos. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, la mejor situaci\u00f3n posible para los acreedores se deriva de la posibilidad de que la empresa pague los gastos de administraci\u00f3n que el liquidador en su calidad de representante legal y ordenador del gasto, considere necesarios, conforme el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, lo cual implica, naturalmente, el desembargo de los dineros ordenados en la providencia recurrida. <\/p>\n
7. Ahora bien, se advierte al liquidador que en la medida de las posibilidades y siempre que la suficiencia de recursos lo permita, deber\u00e1 atender el pronto pago de salarios atrasados, u organizar un plan viable para procurar el menor impacto negativo a los trabajadores, y atender, as\u00ed sea de manera parcial dichos gastos entre todos los implicados. <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que para el caso concreto, se tornaba imprescindible autorizar el desembargo de recursos cautelados con destino a pagar gastos de administraci\u00f3n que eran necesarios para continuar con el objeto de la liquidaci\u00f3n cuestionada y en salvaguarda de los derechos de los acreedores, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
9. De cara a la posible adjudicaci\u00f3n del predio pluricitado en lugar de su enajenaci\u00f3n, futuro evento del que los gestores invocan lesi\u00f3n a sus prerrogativas, no queda duda que el reproche recae sobre un hecho inexistente a\u00fan y que, en caso de acaecer, podr\u00e1 ser cuestionado al interior del escenario judicial previsto por el legislador, esto es, en el marco del proceso liquidatorio que ac\u00e1 se critic\u00f3. <\/p>\n
Con todo, valga indicar que ello comporta una situaci\u00f3n regulada por el legislador (Ley 1116 de 2006, art\u00edculo 58) quien para aquellos casos en que no fuese posible enajenar los activos, dispuso su respectiva adjudicaci\u00f3n a fin de cumplir las prestaciones de la sociedad liquidada: <\/p>\n
Los bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo anterior, ser\u00e1n adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada, de conformidad con las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con la adjudicaci\u00f3n, los acreedores adquieren el dominio de los bienes, extingui\u00e9ndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta concurrencia del valor de los mismos. (\u2026) <\/p>\n
En ese orden, sobre este punto tambi\u00e9n se percibe la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
10. Finalmente, en lo que respecta a la censura por la forma en que el liquidador ha actuado en su relaci\u00f3n contractual con la empresa de vigilancia que custodia el fundo de Pizano S.A. y que fue sujeto de saqueos, valga recordar que los tutelantes cuentan con diversos escenarios judiciales para cuestionar tales circunstancias, como son, el proceso mismo de liquidaci\u00f3n judicial, las autoridades disciplinarias, las instancias penales, entre otras, que por supuesto, ofrecen una senda apropiada para ventilar tales inconformidades. De all\u00ed que sobre este asunto tambi\u00e9n sucumba el amparo. <\/p>\n
11. En definitiva, por las consideraciones expuestas, no queda alternativa diferente a confirmar el fallo objetado, pero por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14372-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14372-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02053-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Reinaldo Zarate, Vidal Llanos, Orlando Rodr\u00edguez, Blanca […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}