STC14378-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14378-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00339-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Alberto del Busto Torres contra los Juzgados Civil del Circuito de Funza y Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y, consultados los estados electr\u00f3nicos del Juzgado de Facatativ\u00e1, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante, junto a otras personas, fue demandado en un proceso de pertenencia promovido por Orlando Velandia Junca, asunto que fue asignado al Juzgado Civil del Circuito de Funza y remitido, por descongesti\u00f3n, al Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, bajo el radicado 2019- 00224-00. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 24 de septiembre de 2020 y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en favor del all\u00e1 demandante. <\/p>\n
2.3. El hoy accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, que fue concedido, mediante auto de 15 de octubre siguiente, en el que, adem\u00e1s, se otorgaron 7 d\u00edas al impugnante, para que sufragara el porte de ida y regreso del expediente, so pena de declarar desierto el recurso. <\/p>\n
2.4. El 16 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El actor asegur\u00f3 que, el 4 de febrero de 2021, \u00abse le hace ver al despacho tutelado que tanto el auto que concede el recurso con la condici\u00f3n del pago de copias para env\u00edo, como el que declara desierto el recurso son ilegales\u00bb; no obstante, el Juzgado demandado mantuvo su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Afirm\u00f3 que las decisiones censuradas \u00abvulnera[n] abiertamente el sentido, objetivo y finalidad del decreto 806 del 2020 que fue precisamente evitar que la prespecialidad (sic) provocara mayores contagios y la muerte de los usuarios de la justicia\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 hizo un breve recuento de los hechos ocurridos en el proceso de pertenencia y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, por no haber vulnerado los derechos invocados por el accionante y agreg\u00f3 que, a pesar de que el auto admisorio de la demanda se notific\u00f3 personalmente al accionado, este no la contest\u00f3 ni formul\u00f3 excepciones. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por incumplimiento del principio de inmediatez, toda vez que \u00ablos autos que desataron la suerte de la apelaci\u00f3n blandida contra el veredicto emitido, dentro de la pugna de pertenencia que involucr\u00f3 al accionante, fue asunto evaluado en la instancia de conocimiento hace m\u00e1s de 8 meses contados desde la interposici\u00f3n del auxilio pretendido; son as\u00ed las cosas porque el juez concedi\u00f3 y declar\u00f3 desierta aquella apelaci\u00f3n con los autos de 15 de octubre y 16 de diciembre de 2020, mientras que el escrito de tutela fue radicado el 17 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abla demanda de resguardo refleja el desacuerdo del accionante frente a la decisi\u00f3n del enjuiciador de tramitar su alzada con base en las preceptivas del C\u00f3digo General del Proceso y no con estribo en los designios del Decreto 806 de 2020, tensi\u00f3n de criterios que no puede solucionarse en este sendero excepcional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien manifest\u00f3 que el a quo no tuvo en cuenta que, con el memorial del 4 de febrero de 2021, reiterado el 25 del mismo mes, solicit\u00f3 la ilegalidad de los autos censurados y que, mediante auto de \u00ab1 de marzo del 2021\u00bb, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 indic\u00f3 no poderlos resolver, por haber perdido la competencia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ese mismo 1 de marzo de 2021 formul\u00f3 una petici\u00f3n ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza, \u00abpara que resuelva la solicitud de declarar ilegal los autos se\u00f1alados y ES SOLO HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2021, cuando el juzgado de conocimiento en una providencia llana, se abstiene de resolver el fondo de la solicitud y es precisamente all\u00ed donde radica la afectaci\u00f3n y vulneraci\u00f3n de mis derechos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, cuestion\u00f3 al Tribunal por \u00abcitar decisiones de la Corte Constitucional no aplicables al caso que ahora nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se protejan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se ordene a la autoridad judicial de Facatativ\u00e1 declarar la ilegalidad de los autos de 15 de octubre y 16 de diciembre de 2020 y, en su lugar, conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de pertenencia proferida en el proceso con radicado 2019-00224-00. <\/p>\n
2. El material probatorio verificado evidencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, mediante auto de 15 de octubre de 2020, concedi\u00f3, en el efecto suspensivo y ante la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el apoderado del hoy accionante contra la sentencia de 24 de septiembre de 2020, que acogi\u00f3 la usucapi\u00f3n pretendida por el demandante; adem\u00e1s, otorg\u00f3 al apelante 7 d\u00edas para cancelar el porte de ida y regreso del expediente, \u00abso pena de declarar desierto el recurso, teniendo en cuenta que se remite el mismo en f\u00edsico, por determinaci\u00f3n adoptada por la mencionada Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dado que el recurrente incumpli\u00f3 la carga procesal impuesta, el Juzgado declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n el 16 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n que fue notificada por estado electr\u00f3nico del 18 de diciembre siguiente; por tanto, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -11 de agosto de 2021-, hab\u00edan trascurrido m\u00e1s de seis meses, de all\u00ed que no se cumpla con el presupuesto general de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al citado principio, ha de precisarse que, a pesar de no existir un t\u00e9rmino de caducidad propiamente dicho para invocar la protecci\u00f3n constitucional, debe promoverse en un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente al tema, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
<\/p>\n
Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible, por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras circunstancias v\u00e1lidas para no instaurar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo tales presupuestos, la Sala observa que no existe una justificaci\u00f3n frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Tal circunstancia desvirt\u00faa de entrada la urgencia alegada por el actor, quien tard\u00f3 m\u00e1s de los 6 meses estimados como razonables para solicitar la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora bien, en el escrito de impugnaci\u00f3n, el actor aleg\u00f3 que por auto del 1\u00ba de marzo de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 no resolvi\u00f3 la ilegalidad impetrada contra los autos censurados, por falta de competencia, y que la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales se concret\u00f3 el 29 de julio de 2021, cuando el Juzgado Civil del Circuito de Funza, \u00aben una providencia llana, se abstiene de resolver el fondo de la solicitud\u00bb de ilegalidad de los autos cuestionados elevada 1 de marzo de ese mismo a\u00f1o ante dicho Juzgado, siendo \u00abprecisamente all\u00ed donde radica la afectaci\u00f3n y vulneraci\u00f3n de mis derechos. Dado que no solo evitan resolver las solicitudes elevadas por mi apoderado, sino que para ello se toma ocho meses\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, asegura que el a quo constitucional dej\u00f3 de estudiar el fin de la acci\u00f3n propuesta y de \u00abverificar que los juzgados retuvieron la solicitud por m\u00e1s de ocho meses sin dar respuesta a la solicitud\u00bb de ilegalidad, con lo cual \u00abes que violenta los derechos fundamentales que vienen siendo vulnerados por los dos despachos judiciales tutelados\u00bb. As\u00ed mismo adujo que err\u00f3 el Tribunal al no encontrar acreditado el requisito de inmediatez, pues no tuvo en cuenta que \u00abfue solo hasta el 29 de julio del 2021, cuando el despacho de conocimiento toma una decisi\u00f3n respecto de la solicitud elevada por mi apoderado\u00bb, por tanto, la tardanza de los accionados en resolver sus peticiones no puede ser atribuida al tutelante. <\/p>\n
No obstante, como puede evidenciarse en el escrito de tutela, aquella tuvo por objeto dejar sin efectos a los autos del 15 de octubre y el 16 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 concedi\u00f3 y declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 24 de septiembre de 2020, tanto que, como se observa, en el ac\u00e1pite que el tutelante denomin\u00f3 \u00abPETICION\u00bb solicit\u00f3 al juez constitucional declarar la ilegalidad de los autos referidos y no el 29 de julio de 2021 que fue dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Funza. <\/p>\n
Para la Sala, lo tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el accionante en la impugnaci\u00f3n, en cuanto asegura que fue con la providencia del 29 de julio de 2021 que se afectaron y vulneraron sus derechos, que los accionados se abstuvieron de resolver de fondo sus solicitudes de ilegalidad y que tardaron 8 meses en pronunciarse sobre aquellas, son alegaciones nuevas, lo cual impide que se emita un pronunciamiento sobre el particular, en aras de preservar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab\u2026es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800)\u00bb (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Adicionalmente, el hecho de que con posterioridad a la ejecutoria de los autos cuestionados se presente una petici\u00f3n de ilegalidad en modo alguno revive la oportunidad para acudir a este mecanismo excepcional, puesto que, de ser as\u00ed, la interposici\u00f3n del amparo quedar\u00eda al arbitrio del tutelante, dado que podr\u00eda simplemente reanudar el t\u00e9rmino para impetrar la acci\u00f3n constitucional con la formulaci\u00f3n de una solicitud de ilegalidad posterior, cuesti\u00f3n que afectar\u00eda, sin duda, la seguridad jur\u00eddica y la firmeza que acompa\u00f1an y caracterizan a las providencias judiciales. <\/p>\n
4. Con fundamento en lo anterior, la decisi\u00f3n objeto de reclamo ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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STC14378-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC14378-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00339-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58715"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58715\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}