STC14389-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Jean Marie Charles M\u00e1rquez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2013-00860. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, a la seguridad social, vida digna, al m\u00ednimo vital y a los derechos adquiridos. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante narr\u00f3 que, el 15 de noviembre de 1969, contrajo matrimonio con la se\u00f1ora Mar\u00eda Consuelo Garc\u00eda de M\u00e1rquez, conviviendo con ella durante m\u00e1s de 40 a\u00f1os, hasta el 26 de diciembre de 2009, fecha en la que falleci\u00f3. <\/p>\n
2.2. La se\u00f1ora Garc\u00eda de M\u00e1rquez \u00abefectu\u00f3 aportes para pensi\u00f3n al ISS entre el 11 de marzo de 1968 hasta el 1 de noviembre de 1991, para un total de 355 semanas cotizadas\u00bb y para el 1 de abril de 1994 \u00abcontaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad, dado que hab\u00eda nacido el 17 de noviembre de 1943, lo que la hizo beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que ante la Administradora Colombiana de Pensiones radic\u00f3 petici\u00f3n, solicitando el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la cual fue negada, mediante Resoluci\u00f3n 199805 del 5 de agosto de 2013, bajo el argumento de que a la causante se le hab\u00eda reconocido \u00abindemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n de vejez mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 025565 del 30 de junio de 2006 emitida por el ISS\u00bb. <\/p>\n
2.4. Inconforme con lo anterior, interpuso demanda ordinaria laboral, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que dict\u00f3 sentencia el 27 de enero de 2015, negando sus pretensiones. Apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.5. Por su parte, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario, no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia y dej\u00f3 en firme lo resuelto por el Tribunal. <\/p>\n
2.6. En criterio del promotor, la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en un error de hecho, \u00abal desconocer el precedente judicial ya sentado por la m\u00e1xima Corporaci\u00f3n Constitucional y por la propia Sala de Casaci\u00f3n Civil [\u2026] para resolver situaciones similares\u00bb; al respecto, hizo menci\u00f3n a las sentencias SU442-2016, SU005-2018 y STC11267-2019, en las que, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se consider\u00f3 que era \u00abposible aplicar un r\u00e9gimen anterior que consagre unos requisitos m\u00e1s beneficios (sic) para que el recurrente pueda acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que su situaci\u00f3n era precaria, toda vez que, \u00abal superar m\u00e1s de 76 a\u00f1os de edad, no tener pensi\u00f3n ni empleo y habi\u00e9ndose agotado sus recursos, [era] una persona vulnerable de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, que se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida el 28 de julio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, se le ordene a la accionada emitir una nueva decisi\u00f3n, teniendo en cuenta los precedentes anteriormente referidos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. adujo que, con la negativa de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no se vulner\u00f3 derecho alguno al actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al estimar que, \u00abal resolver el recurso de casaci\u00f3n propuesto, la Corporaci\u00f3n accionada aplic\u00f3 el precedente que en materia laboral tiene fijado hasta ahora, por lo que mal podr\u00eda calificarse su actuaci\u00f3n como una aut\u00e9ntica v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que, \u00abfrente a interpretaciones diversas y razonables de las Altas Cortes, el operador jur\u00eddico, ante la ausencia de criterios uniformes sobre el tema, puede adoptar la tesis que considere m\u00e1s ajustada al caso concreto, sin que ello convierta el pronunciamiento judicial atacado en una decisi\u00f3n judicial arbitraria o caprichosamente contraria a la Constituci\u00f3n, la ley y\/o el precedente sobre el tema\u00bb, por lo que estim\u00f3 que \u00abel hecho de que el juez plural demandado haya tomado una decisi\u00f3n con base en su jurisprudencia, que seg\u00fan su criterio, era la m\u00e1s acertada, no vulnera derecho fundamental alguno, pues ello obedece al criterio del fallador dentro de la competencia y autonom\u00eda constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial y en la obligatoriedad del precedente judicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el se\u00f1or Jean Marie Charles M\u00e1rquez pretende que, por v\u00eda constitucional, se deje sin deje sin valor ni efecto la sentencia SL2915-2020, proferida el 28 de julio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, se le ordene a la accionada proferir una nueva decisi\u00f3n, teniendo en cuenta los precedentes SU442-2016 y SU005-2018 de la Corte Constitucional y STC11267-2019 de la Sala Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, en torno a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que la Sala acusada dio por acreditado que: i) Mar\u00eda Consuelo Garc\u00eda de M\u00e1rquez falleci\u00f3 el 26 de diciembre de 2009; ii) que se encontraba afiliada al ISS; (iii) que no efectu\u00f3 cotizaci\u00f3n alguna dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os anteriores a su deceso y iv) que el demandante contrajo matrimonio con ella el 15 de noviembre de 1969, conviviendo durante m\u00e1s de 40 a\u00f1os. <\/p>\n
3.1. Admitidos esos supuestos f\u00e1cticos, la Sala de Descongesti\u00f3n precis\u00f3 que \u00abla norma que rige los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante, como regla general. En ese contexto, es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 46 de la Ley 100 de 1993, el que gobierna el asunto, por encontrarse vigente al 26 de diciembre de 2009\u00bb, y que deb\u00eda tenerse en cuenta que \u00abel legislador no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para las pensiones de sobrevivientes, sino \u00fanicamente para las pensiones de vejez, raz\u00f3n por la cual el consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 no opera en el presente caso\u00bb, por tanto, precis\u00f3 que \u00abla calidad de beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la causante, contrario a lo esgrimido por el recurrente, no resulta relevante frente al derecho pensional solicitado por \u00e9l, toda vez que, se itera, este \u00fanicamente ser\u00eda aplicable frente a la pensi\u00f3n de vejez que habr\u00eda podido dejar causada en vida\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Sala ha indicado que la aplicaci\u00f3n de este principio resulta procedente \u00fanicamente frente a los fallecimientos ocurridos dentro de los tres a\u00f1os siguientes a la vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb y para el efecto hizo referencia a la sentencia CSJ SL124-2020, en la que la Sala de Casaci\u00f3n Permanente expuso: <\/p>\n
\u00abFrente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en los casos de pensi\u00f3n de sobrevivientes, se ha pronunciado esta Sala indicando la temporalidad en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Lo cierto es que el legislador no pretendi\u00f3 perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sino respetar los hechos gobernados por esta norma cuando se ten\u00eda una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Por tanto, para la Sala, el tiempo de permanencia en esa zona de paso entre estas dos leyes es de tres a\u00f1os. As\u00ed se se\u00f1al\u00f3 en la sentencia CSJ SL4650-2017 cuando dispuso: <\/p>\n
Pero, \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u00abzona de paso\u00bb entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n – 50 – y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que no era viable la aplicaci\u00f3n del postulado mencionado por el recurrente, dado que la causante \u00ab[\u2026] falleci\u00f3 el 26 de diciembre de 2009, y la fecha l\u00edmite para diferir los efectos jur\u00eddicos de la Ley 797 era el 29 de enero de 2006\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que \u00ab[\u2026] esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples ocasiones ha adoctrinado que la aplicaci\u00f3n ultraactiva de las normas de seguridad social, en virtud de este principio, \u00fanicamente se predica de la ley inmediatamente anterior a la actualmente vigente\u00bb, por lo cual resalt\u00f3 que, en el caso objeto de estudio, \u00abla norma aplicable [\u2026], es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente al momento del deceso, lo que querr\u00eda decir que la norma inmediatamente anterior, para efectos de contemplar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, como lo afirm\u00f3 la censura\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, mencion\u00f3 lo establecido en la sentencia CSJ SL1884-2020, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEn ese contexto, no es viable, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, acudir a los art\u00edculos 6\u00ba y 25 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que la ley aplicable es la vigente a la fecha del fallecimiento del afiliado y el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se predica en relaci\u00f3n con los cambios normativos inmediatamente anteriores y siempre que comporten sustituciones en los reg\u00edmenes o transformaciones en los esquemas que las soportan. Dicho en otras palabras, en virtud de este postulado no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes anteriores con el prop\u00f3sito de identificar la que se acomode m\u00e1s a la situaci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que \u00abno tiene raz\u00f3n el recurrente al acusar la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, toda vez que, como qued\u00f3 sentado, dichas disposiciones normativas no resultan aplicables en el caso\u00bb, aunado a que tampoco se desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues \u00abel Tribunal analiz\u00f3 la aplicaci\u00f3n de dicho principio, con sujeci\u00f3n al criterio jurisprudencial rese\u00f1ado\u00bb. <\/p>\n
3.2. Revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada, al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n se invoca en la presente queja constitucional. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente se encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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