STC14395-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14395-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 21 de septiembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por Jes\u00fas Mar\u00eda Vargas Cadena contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procur\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente trasgredida por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Que fungi\u00f3 como apoderado judicial de la parte demandada al interior del juicio ejecutivo de radicado 2015-00158. Sostuvo que por tratarse de \u00abpersonas de escasos recursos\u00bb, acordaron que sus honorarios se pagar\u00edan con las costas que llegaren a liquidarse producto del litigio. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que \u00abel proceso [\u2026] termin\u00f3 mediante auto del 20\/10\/2020 proferido por el Tribunal Superior de Neiva, previa revocatoria de la decisi\u00f3n de primera instancia que hab\u00eda sido favorable al Banco Agrario\u00bb. Posteriormente, \u00abel expediente fue devuelto [\u2026] al Juzgado accionado y luego de m\u00faltiples peticiones -5 en total- por secretar\u00eda se realiz\u00f3 la Liquidaci\u00f3n de costas mediante auto del 21\/5\/2021, Liquidaci\u00f3n que fue mal elaborada, siendo pues, oportunamente objetada, conforme se prueba con adjunci\u00f3n del correo pertinente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, elev\u00f3 \u00abcinco (5) peticiones dirigidas al Juez de conocimiento, solicit\u00e1ndole obre conforme lo ordena el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 366 del C.G.P. que [\u2026] no ha [\u2026] res[uelto]\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se \u00abordene al Juzgado accionado\u2026 rehacer la Liquidaci\u00f3n de costas objetadas, teniendo en cuenta los puntos en los cuales se fundament\u00f3 la objeci\u00f3n, conforme lo ordena el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 366 C.G.P. y consecuencialmente y sin m\u00e1s dilaciones la apruebe\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, luego de rememorar lo acaecido dentro del tr\u00e1mite debatido, solicit\u00f3 \u00abse deniegue la solicitud de amparo constitucional, como quiera que el actuar de este despacho judicial, se ajust\u00f3\u0301 a derecho, y en caso particular y concreto el despacho se ha pronunciado sobre los memoriales presentados por el accionante, notificando los mismos en el aplicativo TYBA JUSTICIA SIGLO XXI WEB, conforme lo dispuso el Consejo Seccional de la Judicatura para este despacho judicial a partir del 1 de julio de 2020\u00bb. Asimismo, remiti\u00f3 el enlace contentivo del proceso ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el resguardo por considerar que \u00ablo perseguido por el actor, a la luz de las ense\u00f1anzas vertidas por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-625 de 2016, carece de inter\u00e9s leg\u00edtimo, por cuanto no es el accionante el titular de los derechos debatidos en sede judicial al interior del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se opuso a lo dispuesto por el a quo constitucional. En concreto, expres\u00f3 que, \u00abel proceso t\u00e9cnica y jur\u00eddicamente ya termino\u0301, tal como se declar\u00f3\u0301 en la sentencia de Segunda Instancia, en el Ordinal Tercero y se \u201cmaterializo\u0301\u201d esa terminaci\u00f3n con la ejecutoria del auto del a-quo donde se manifest\u00f3\u0301 obedecimiento a lo decidido por el superior. O sea, ya no hay derechos litigiosos de ninguna de las partes sobre los cuales se pueda debatir; ya no hay tema a cuestionar; tampoco hay partes; por lo que tampoco hay proceso en si\u0301; tan s\u00f3lo queda la referencia del mismo, cual l\u00e1pida de un difunto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablo acordado con mis mandantes y estipulado en el p\u00e1rrafo Tercero del poder, es un mandato claro que no se podr\u00e1\u0301 desconocer por nadie y radica exclusivamente en cabeza del apoderado, o sea yo. Y por ello tengo la facultad o licencia para cobrar y adelantar cualquier gesti\u00f3n con respecto a las costas a fijar o liquidar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor se duele de la presunta mora del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva en resolver las solicitudes de reliquidaci\u00f3n de costas procesales y agencias en derecho, elevadas al interior del proceso ejecutivo debatido. Por ello, considera que dicho proceder configura una v\u00eda de hecho que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. De entrada esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del actor, pues no es el titular del derecho fundamental cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al estrado judicial enjuiciado. Adem\u00e1s, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para actuar en el presente asunto. <\/p>\n
3. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe se\u00f1alarse que, en torno al inter\u00e9s de los abogados respecto de los procesos en los cuales act\u00faan, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019, STC11675-2021). <\/p>\n
4. En consonancia con lo expuesto, se concluye que Jes\u00fas Mar\u00eda Vargas Cadena -accionante-, quien aduce ser el apoderado judicial de Misael Cort\u00e9s Vanegas, Luz Esther Olaya, Carlos Alberto Cortez Hern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Luis Cort\u00e9s S\u00e1enz y Asotrespasos1 -demandados dentro del tr\u00e1mite ejecutivo de radicado 2015-00158-, no es la persona directamente afectada de la prerrogativa fundamental alegada. Adem\u00e1s, se itera, no cuenta con poder especial para accionar ni para interponer en nombre de sus mandatarios la presente s\u00faplica constitucional. Sumado a ello, no se advierte su actuar como agente oficioso. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Asociaci\u00f3n Desuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de Peque\u00f1a Escala de Tres Pasos \u2013 Asotrespasos. <\/p>\n
<\/p>\n
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