STC14398-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14398-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00605-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por Gloria Matilde Jaramillo Valencia contra la Sala de Descongesti\u00f3n N. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral con radicado 2016-00369-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, la salud y el m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante narr\u00f3 que \u00abconvivi\u00f3 con el se\u00f1or RODRIGO R\u00cdOS OSPINA, desde el 14 de octubre del a\u00f1o 2010, y de quien dependi\u00f3 econ\u00f3micamente hasta el 7 de diciembre a\u00f1o 2015 cuando falleci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.2. A causa de la muerte de su pareja instaur\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que \u00abse le reconociera y pagara la SUSTITUCI\u00d3N PENSIONAL, debidamente indexada o ajustada con base al IPC o al por mayor (sic) y sus correspondientes intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 7 de julio de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales \u00abneg\u00f3 la prestaci\u00f3n aduciendo que la demandante no convivi\u00f3 con su esposo, durante los 5 a\u00f1os anteriores a su fallecimiento, argumentando mediante una apreciaci\u00f3n subjetiva, que no existi\u00f3 convivencia entre los esposos leg\u00edtimos [\u2026] por el hecho de que la se\u00f1ora GLORIA MATILDE JARAMILLO VALENCIA se refiri\u00f3 a su se\u00f1or esposo como, \u2018Don Rodrigo o el Se\u00f1or Rodrigo\u2019, al dar respuesta al interrogatorio de parte realizado por la A quo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, por pronunciamiento del 20 de febrero de 2018, confirm\u00f3 el fallo apelado, bajo la misma argumentaci\u00f3n del Juzgado de primera instancia, \u00abdesestimando las declaraciones extra juicio presentadas bajo la gravedad de juramento y que fueron aportadas por la se\u00f1ora GLORIA MATILDE, as\u00ed como el testimonio de LUIS FERNANDO RIOS OCAMPO, realizado bajo la gravedad de juramento, cuando afirm\u00f3 ser testigo de la convivencia de su se\u00f1or padre RODRIGO RIOS OSPINA con la se\u00f1ora GLORIA MATILDE JARAMILLO VALENCIA, por haber compartido con ellos, dado que era un hombre soltero, sin esposa, ni hijos y con dependencia econ\u00f3mica de su padre; quienes manifestaron en forma libre y espont\u00e1nea, que les constaba que los esposos RODRIGO RIOS OSPINA y GLORIA MATILDE JARAMILLO VALENCIA hab\u00edan compartido bajo el mismo techo, cama y mesa durante los \u00faltimos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento del se\u00f1or RODRIGO RIOS OSPINA\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 14 de octubre de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2.6. En criterio de la actora, las autoridades judiciales accionadas no valoraron adecuadamente el material probatorio allegado al proceso, mediante el cual pretendi\u00f3 acreditar la convivencia con el se\u00f1or R\u00edos Ospina, toda vez que, en su sentir, adoptaron \u00abuna decisi\u00f3n absolutamente discrecional no basada en derecho, sino en apreciaciones de tipo personal que no les es dada a los jueces, incurriendo en exigencias adicionales o requisitos de los cuales no habla la ley\u00bb; bajo esas circunstancias, \u00abse priva a la compa\u00f1era permanente que ha vivido por m\u00e1s de 5 a\u00f1os al lado del causante, con quien luego contrae nupcias, eligiendo continuar juntos con un mismo proyecto de vida, priv\u00e1ndola del derecho a la sustituci\u00f3n pensional con car\u00e1cter de derecho fundamental, por la caprichosa imposici\u00f3n de requisitos que las leyes que gobiernan el asunto no piden\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, precis\u00f3 que \u00aben los actuales momentos no tiene recursos para sobrevivir de una manera digna, por sus condiciones de pobreza, habiendo sufrido un deterioro mayor en su calidad de vida, desde el momento en que su esposo falleci\u00f3, que la hace sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales y que se revoquen las determinaciones proferidas por las autoridades judiciales acusadas y, en consecuencia, se \u00abordene a COLPENSIONES proferir el acto administrativo mediante el cual concede la SUSTITUCI\u00d3N PENSIONAL en favor de GLORIA MATILDE JARAMILLO VALENCIA [\u2026]\u00bb, y se le exonere del \u00abpago de costas y en su lugar se condene al pago de las mismas a la entidad COLPENSIONES y en su favor. <\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que su providencia fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley. As\u00ed mismo, destac\u00f3 que la actora pretende cuestionar una decisi\u00f3n judicial, sin precisar la supuesta vulneraci\u00f3n y sin argumentos distintos a los que fueron debatidos en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que no fueron ignorados los precedentes jurisprudenciales de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, dado que \u00ablos fallos citados en el escrito promotor de este tr\u00e1mite refieren supuestos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos completamente diferentes\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral objeto de estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al estimar que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral reiter\u00f3 la jurisprudencia de la Sala permanente vigente a la fecha de juzgamiento, la cual ten\u00eda car\u00e1cter vinculante y obligatorio, ya que la accionada no est\u00e1 habilitada para modificar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, y analiz\u00f3, con detalle y bajo la sana cr\u00edtica, las pruebas aportadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00ab[\u2026] la providencia censurada es acertada y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la accionante, quien pretende convertir la v\u00eda constitucional en una nueva instancia, trayendo a esta sede nuevamente los argumentos expuestos en el marco del proceso, lo cual escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la se\u00f1ora Gloria Matilde Jaramillo Valencia pretende que se revoquen las determinaciones proferidas por las autoridades judiciales accionadas y, en consecuencia, se \u00abordene a COLPENSIONES proferir el acto administrativo mediante el cual concede la SUSTITUCI\u00d3N PENSIONAL\u00bb a su favor, en raz\u00f3n a que, en su criterio, con los medios de prueba allegados al proceso acredit\u00f3 la convivencia por m\u00e1s de 5 a\u00f1os con el causante. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos tr\u00e1mites judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un juicio en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n N. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, que fue la que defini\u00f3 el asunto1, se observa que la Sala acusada dio por acreditado que: i) Gloria Matilde Jaramillo Valencia y Rodrigo R\u00edos Ospina contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 2015; ii) que el Instituto de los Seguros Sociales reconoci\u00f3 al se\u00f1or R\u00edos Ospina una pensi\u00f3n de vejez, mediante Resoluci\u00f3n 3054 de 2001 y iii) que el pensionado falleci\u00f3 el 7 de diciembre de 2015. <\/p>\n
Admitidos esos supuestos f\u00e1cticos, la Sala de Descongesti\u00f3n precis\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, se contrae a dilucidar si el fallador de segundo nivel err\u00f3 al concluir que la demandante no demostr\u00f3 haber convivido con el causante en los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003\u00bb; y, en esa medida, expuso que la recurrente se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00abconvivi\u00f3 con el causante por m\u00e1s de 5 a\u00f1os\u00bb y que el Tribunal \u00abdesestim\u00f3 la parte probatoria allegada por la demandante con su propia declaraci\u00f3n extra juicio y las declaraciones de las se\u00f1oras ROSALBA TABARES DE ACEVEDO y LUZ DARY BEDOYA C\u00c1RDENAS (\u2026), as\u00ed como el testimonio del se\u00f1or LUIS FERNANDO R\u00cdOS OCAMPO\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias, se pronunci\u00f3 sobre las pruebas allegadas, indicando que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el interrogatorio de parte solo es prueba calificada en casaci\u00f3n, cuando de \u00e9l se desprenda de confesi\u00f3n, es decir, que hubiese admitido sobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas a la confesante o que favorezcan a la parte contraria, tal cual lo consagra el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso. Por ello, en este asunto, la impugnante no puede pretender la obtenci\u00f3n de r\u00e9ditos procesales de su propia declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Desde luego, lo mismo acontece con el testimonio de Luis Fernando R\u00edos y las declaraciones extrajuicio de las se\u00f1oras Tabares de Acevedo y Bedoya C\u00e1rdenas, pues las mismas tampoco son pruebas aptas para estructurar un error de hecho evidente en casaci\u00f3n del trabajo y solamente pueden ser analizadas, cuando el error est\u00e1 demostrado con probanzas calificadas (CSJ SL1982- 2020). <\/p>\n
Con todo, las pruebas recaudadas y analizadas no generan certeza de una convivencia efectiva entre la pareja, ni de los extremos temporales en los que pudo darse. <\/p>\n
Tal cual lo dedujo el Tribunal al avalar el ejercicio anal\u00edtico del a quo, en su declaraci\u00f3n de parte, la se\u00f1ora Jaramillo Valencia us\u00f3 expresiones para referirse al causante, que hacen patente un trato distante y para nada com\u00fan entre personas que tienen una uni\u00f3n connubial. Si bien, las declaraciones extra proceso (fls. 22-23), dan cuenta del matrimonio celebrado entre el de cujus y la actora, no son [sic] precisaron los extremos temporales de la cohabitaci\u00f3n de la pareja antes de contraer matrimonio; tampoco revelan porqu\u00e9 conocieron de cerca la intimidad de la relaci\u00f3n de Rodrigo R\u00edos y Gloria Matilde Jaramillo, por manera que no son certeras a la hora de probar que, en efecto, la pareja sostuvo una vida en com\u00fan durante al menos 5 a\u00f1os (CSJ SL1399-2018). <\/p>\n
Igualmente, el testimonio de Luis Fernando R\u00edos Ocampo, no se observa espont\u00e1neo, en tanto se limit\u00f3 a insistir que la convivencia entre su padre y la se\u00f1ora Jaramillo se extendi\u00f3 por espacio de 5 a\u00f1os; adem\u00e1s, en principio, asever\u00f3 conocer a la demandante desde hac\u00eda 5 a\u00f1os y luego dijo que hac\u00eda 7 a\u00f1os. Tal cual lo corrobor\u00f3 el juzgador plural, el deponente respondi\u00f3 las preguntas, \u00abcomo si se tratara de una lecci\u00f3n aprendida\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que el cargo expuesto no prosperaba. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente a la presunta vulneraci\u00f3n de \u00abla prohibici\u00f3n de hacer m\u00e1s gravosa\u00bb la situaci\u00f3n de la apelante, \u00aben los t\u00e9rminos del numeral 2 del art\u00edculo 87 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo\u00bb, sostuvo que el cargo tampoco sal\u00eda avante, pues tal circunstancia no se configuraba, toda vez que \u00ablas sentencias de primera y segunda instancia fueron absolutorias. Lo \u00fanico que hizo el juzgador de segundo grado, fue incluir una raz\u00f3n adicional para reforzar los argumentos del fallador de la instancia inicial a favor de la negativa a conceder el derecho reclamado por la demandante. Por ello, desde ninguna perspectiva es admisible la propuesta de la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, mencion\u00f3 lo referido en la sentencia CSJ SL4802-2019, en la que indic\u00f3 que \u00absi la providencia que profiri\u00f3 el primer sentenciador absolutoria de las pretensiones del escrito de demanda, y en virtud del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte demandada el tribunal confirm\u00f3 dicha decisi\u00f3n, mal puede pregonarse que se configur\u00f3 una reforma en perjuicio del \u00fanico apelante en tanto la providencia que fue objeto de alzada qued\u00f3 tal cual como la emiti\u00f3 el a quo\u00bb. <\/p>\n
3.1. Revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada, al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n se invoca en la presente queja constitucional. <\/p>\n
3.2. En efecto, se vislumbra que se estudiaron los cargos expuestos y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible, que llev\u00f3 a la Sala a confirmar las decisiones emitidas en las instancias respectivas, que tambi\u00e9n negaron las pretensiones de la accionante. En concreto, sobre las pruebas recaudadas, esto es, el interrogatorio de parte, las declaraciones extra juicio y el testimonio del hijo del causante, la accionada analiz\u00f3 su contenido, concluyendo que no daban certeza de la convivencia continua durante los 5 a\u00f1os anteriores a la muerte del pensionado, requisito para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, de conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable, bajo un an\u00e1lisis razonado de las actuaciones surtidas, las probanzas allegadas y la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.1. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, como se pretende, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
4.2. Hechas las anteriores precisiones, se itera, la determinaci\u00f3n censurada se profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonado de la normativa aplicable, las actuaciones y elementos de juicio considerados, de manera que no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha definido la jurisprudencia que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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