STC14399-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14399-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por Ana Mercedes Tibavisco de Gonz\u00e1lez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a todos los interesados en el proceso ordinario laboral con radicado n\u00b0. 2011-00294. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el referido tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, indic\u00f3 que, el 16 de agosto de 1969, contrajo matrimonio con Luis Eduardo Gonz\u00e1lez. Precis\u00f3 que, si bien se divorci\u00f3 de este en 1996, volvi\u00f3 a convivir con \u00e9l como compa\u00f1era permanente, desde el 15 de junio de 1999 hasta el fallecimiento de aqu\u00e9l el 26 de mayo de 2006. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, aun cuando, por prescripci\u00f3n m\u00e9dica y por la enfermedad que padec\u00eda, Luis Eduardo debi\u00f3 aislarse y habitar con su hijo Fernando Gonz\u00e1lez en una casa distinta a la cual conviv\u00eda con la tutelante, ella fue la persona encargada de cuidarlo y de suministrarle los medicamentos y la atenci\u00f3n que requer\u00eda por su estado de salud. Con todo, una vez mostr\u00f3 mejor\u00eda, Luis Eduardo volvi\u00f3 a la casa de la actora y convivi\u00f3 con ella hasta el d\u00eda de su muerte. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que Luis Eduardo era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y cotiz\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales m\u00e1s de 2.000 semanas; por ello, despu\u00e9s de su fallecimiento, solicit\u00f3 a dicha entidad el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
No obstante, su reclamaci\u00f3n fue suspendida y posteriormente negada, por cuanto la prenombrada entidad reconoci\u00f3 ese derecho a la madre del causante, Mar\u00eda del Carmen Gonz\u00e1lez Vda. de Mart\u00ednez, quien, seg\u00fan asegur\u00f3, no depend\u00eda econ\u00f3micamente de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Por lo anterior, interpuso demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones-, pretendiendo el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n aludida; asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bogot\u00e1, que dict\u00f3 sentencia el 9 de agosto de 2013, en la que dispuso que la entidad demandada le reconociera el derecho pretendido a la progenitora del fallecido; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de la misma ciudad, en prove\u00eddo del 30 de abril de 2014. <\/p>\n
Por su parte, en sentencia de 7 de julio de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00famero 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte decidi\u00f3 no casar la providencia de segundo grado. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la decisi\u00f3n precedente desconoce el principio de primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal, pues \u00abprefiri\u00f3 el rigorismo del derecho procesal para con ello negar[le] el derecho a recibir la pensi\u00f3n de sobrevivientes, cuando ella es el \u00fanico sustento que t[i]en[e] puesto que depend\u00eda en un 100% de [su] esposo y compa\u00f1ero permanente\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la hom\u00f3loga Laboral omiti\u00f3 valorar \u00abm\u00faltiples piezas procesales\u00bb, las cuales, a su parecer, acreditaban \u00abla convivencia de la pareja y la protecci\u00f3n y beneficios para ella y desvirt\u00faa que la Sra. MARIA DEL CARMEN dependiera econ\u00f3micamente del causante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que el colegiado convocado desconoci\u00f3 lo establecido por la Corte en la sentencia SL14237-2015, reiterada en la SL6519-2017. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto el fallo de casaci\u00f3n cuestionado. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 1 de Casaci\u00f3n Laboral alleg\u00f3 copia de la sentencia censurada y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, aduciendo que all\u00ed expuso las razones por las cuales no era procedente valorar todos los medios de convicci\u00f3n aportados por la censora. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no pod\u00eda hacer pronunciamiento alguno de cara al fondo del asunto que se debate en el presente tr\u00e1mite constitucional, toda vez que ese Despacho solamente adelant\u00f3 la audiencia de conciliaci\u00f3n y adopt\u00f3 las decisiones sobre las excepciones previas, el saneamiento, la fijaci\u00f3n del litigio y el decreto de pruebas. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales -P.A.R.I.S.S.- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no tener injerencia alguna en el asunto debatido. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, al no hallar acreditada la ocurrencia del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ni el defecto f\u00e1ctico alegado por la tutelante, tras advertir \u00abque la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n dejados de lado en nada cambiar\u00eda el sentido de la decisi\u00f3n\u00bb, por cuanto las probanzas valoradas en el plenario: <\/p>\n
\u00abson pruebas documentales que gozan de un mayor poder de convencimiento que aquellas que extra\u00f1a la actora, y que solo tienen una capacidad probatoria parcial pues, seg\u00fan el dicho de ANA MERCEDES TIBAVIZCO DE GONZ\u00c1LEZ, las mismas solo pueden acreditar que el causante ten\u00eda v\u00ednculos con la direcci\u00f3n en donde ella viv\u00eda, que no es necesariamente lo mismo que hacer vida marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puso de presente a la actora que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00abno es una tercera instancia en la que pueda realizarse el mismo an\u00e1lisis amplio y flexible que se hace en sede de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que tampoco prosperaba la queja por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto la accionante \u00abno realiz\u00f3 mayores explicaciones tendientes a demostrar por qu\u00e9 dicho precedente le resulta aplicable a ella y por qu\u00e9 en el pronunciamiento cuestionado se desconocieron las reglas que est\u00e1n consignadas en aquel\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial, principalmente, reiter\u00f3 que la ausencia de valoraci\u00f3n de la totalidad de los medios probatorios obrantes en el plenario redund\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al respecto, adujo que \u00ab(\u2026) [\u00bf]C[\u00f3]mo es posible se\u00f1or Juez, que existan m[\u00e1]s de 15 documentos que dan cuenta de la direcci\u00f3n donde vivimos, que me hubiera tenido afiliada a la seguridad social en salud, que fuera beneficiaria de los servicios funerarios, de p\u00f3lizas, en medicina prepagada, los testigos declararon sobre la convivencia y pese a todas esas pruebas el Magistrado concluya que no demostr\u00e9 la convivencia? No se\u00f1or Juez, solicito se aplique Justicia en mi caso y se me protejan mis derechos fundamentales a tener una pensi\u00f3n, el derecho a constituir una familia, al m\u00ednimo vital pues depend\u00eda el 100% de mi compa\u00f1ero, exijo se respete el derecho sustancial sobre el derecho procesal como lo ordena la constituci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, tanto el colegiado accionado como el a quo constitucional, dieran m\u00e9rito probatorio a la escritura p\u00fablica en la cual el causante manifest\u00f3 que era soltero y sin uni\u00f3n marital de hecho, \u00ab(\u2026) cuando es sabido que la uni\u00f3n marital de hecho solo NACE A LA VIDA JURIDICA CUANDO UN JUEZ DE FAMILIAR ASI LO SENTENCIA, entonces si no existe una sentencia que declare tal uni\u00f3n, pues la misma no existe, entonces mal podr\u00eda el causante indicar en la escritura que ten\u00eda una uni\u00f3n marital cuando el Juez de familia no la hab\u00eda decretado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La gestora censura la sentencia SL2281-2020 de 7 de julio de 2020, a trav\u00e9s de la cual la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 la providencia de 30 de abril de 2014, en la que la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el fallo de primer grado que neg\u00f3 a la aqu\u00ed promotora el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por ella reclamada con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su \u00abesposo y compa\u00f1ero permanente\u00bb y, en su lugar, otorg\u00f3 dicha prestaci\u00f3n a la progenitora de \u00e9ste. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos tr\u00e1mites judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un juicio en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Revisada la decisi\u00f3n atacada, de entrada, se descarta la arbitrariedad alegada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
En el recurso extraordinario, la actora formul\u00f3 un \u00fanico cargo, acusando \u00abla sentencia de ser violatoria por la v\u00eda indirecta y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 46, 47 y 163 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1703 de 2002; Ley 828 de 2003; Ley 797 de 2006; 61 del CPTSS; 177, 194, 200, 217, 218, 251, 252, 268, 277 y 279 del CPC; y Ley 54 de 1990\u00bb. En ese orden, expuso unos errores de hecho, relacion\u00f3 unas pruebas que, en su criterio, fueron mal apreciadas y otras que fueron dejados de valorar. <\/p>\n
Frente al cargo propuesto, la Sala accionada aclar\u00f3, en primer lugar, que, dada la v\u00eda de los hechos escogida, \u00abel censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 la Colegiatura en el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y su incidencia en la decisi\u00f3n impugnada, que lo llev\u00f3 a dar por probado lo que no est\u00e1 demostrado y a negarle evidencia lo que s\u00ed lo est\u00e1, yerros que surgen a ra\u00edz de la equivocada valoraci\u00f3n o falta de apreciaci\u00f3n de la prueba calificada, esto es, el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que no cualquier desacierto daba lugar a la anulaci\u00f3n de lo resuelto por el juez de segunda instancia, \u00aben tanto son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, es decir, que tenga la connotaci\u00f3n de manifiesto y abiertamente contrarios a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso, logran quebrar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala convocada empez\u00f3 precisando que la censura de la quejosa se enfil\u00f3 en la \u00f3rbita de lo f\u00e1ctico, acusando al Tribunal de err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de unas pruebas y falta de valoraci\u00f3n de otras y, consecuentemente, de incurrir en los siguientes yerros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) i) (\u2026) colegir que la demandante Ana Mercedes Tibavizco de Gonz\u00e1lez no convivi\u00f3 con el causante; y ii) (\u2026) inferir que la interviniente ad excludendum, Mar\u00eda del Carmen Gonz\u00e1lez Vda. de Mart\u00ednez, depend\u00eda econ\u00f3micamente de su hijo fallecido Luis Eduardo Gonz\u00e1lez y que, por consiguiente, le asist\u00eda derecho a disfrutar de la aludida prestaci\u00f3n de sobrevivencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.1. En punto a la supuesta convivencia entre Ana Mercedes Tibavizco de Gonz\u00e1lez y Luis Eduardo Gonz\u00e1lez, la Sala accionada refiri\u00f3 que, del an\u00e1lisis de cada una de las pruebas cuestionadas por la censora, no se advert\u00eda que el Tribunal hubiese incurrido en un error de hecho con car\u00e1cter ostensible, sino, por el contrario, que apreci\u00f3 en su correcta dimensi\u00f3n las documentales allegadas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las escrituras p\u00fablicas en las cuales el causante se identific\u00f3 como una persona soltera y sin uni\u00f3n marital de hecho, la Sala accionada sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) A folios 140 a 143 obra copia de la escritura 972 ante la Notaria Segunda del C\u00edrculo de Zipaquir\u00e1, y corresponde al poder general conferido por el se\u00f1or Luis Eduardo Gonz\u00e1lez a Liliana Gonz\u00e1lez Tibavizco y a Luis Fernando Gonz\u00e1lez Tibavizco, actuaci\u00f3n que se realiz\u00f3 el 10 de junio de 2004. All\u00ed, en lo que interesa a lo discutido en el proceso, el otorgante indica que es \u00absoltero sin uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
A folios 144 a 148 y 150 se encuentra copia de la escritura 973 efectuada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Zipaquir\u00e1 el mismo 10 de junio de 2004, la naturaleza jur\u00eddica del acto realizado es una donaci\u00f3n de nuda propiedad y reserva del derecho de usufructo efectuada por el afiliado Luis Eduardo Gonz\u00e1lez, quien respecto a sus condiciones civiles dijo que era \u00absoltero sin uni\u00f3n marital de hecho (divorciado)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, es claro que el Tribunal no se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n de la aludida documental, pues extrajo exactamente la informaci\u00f3n que all\u00ed se registra, esto es, que el causante se identific\u00f3 como una persona soltera y sin uni\u00f3n marital del hecho. Ahora bien, la circunstancia de que tales actuaciones (poder y donaci\u00f3n) se hiciera dentro del mismo grupo familiar no le quitan importancia o relevancia, como lo propone la impugnante, en tanto se trata de documentos p\u00fablicos. <\/p>\n
Por otra parte, lo relativo a lo alegado en el ataque de que el afiliado no pod\u00eda aludir en la notar\u00eda a la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho despu\u00e9s del divorcio, porque ning\u00fan juez de familia a\u00fan no la hab\u00eda declarado y, por ende, se ci\u00f1\u00f3 simplemente a la verdad; para la Sala, esa aseveraci\u00f3n de la recurrente se constituye en una suposici\u00f3n de la censura, en la medida que no aparece demostrado que la manifestaci\u00f3n del causante de no tener uni\u00f3n marital obedeci\u00f3 precisamente a la falta de declaraci\u00f3n judicial. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al formulario de actualizaci\u00f3n al sistema general de pensiones del ISS, la hom\u00f3loga Laboral indic\u00f3 que, aun cuando <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]l citado documento fue radicado ante el ISS el 14 de febrero de 2001 y registra que la ocupaci\u00f3n del se\u00f1or Luis Eduardo Gonz\u00e1lez es la de jubilado, que su empleador es Cristaler\u00eda Peldar S.A. y all\u00ed se relaciona a la se\u00f1ora Ana Mercedes Tibavizco de Gonz\u00e1lez como beneficiaria[;] [d]icha probanza resulta insuficiente para colegir que la demandante hac\u00eda vida en com\u00fan con el afiliado fallecido bajo el mismo techo, pues en su contenido no hay constancia de ello (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para dar soporte a dicha afirmaci\u00f3n, cit\u00f3 los argumentos expuestos en la sentencia CSJ SL518-2020, de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en el sentido que \u00abla sola inscripci\u00f3n del c\u00f3nyuge o del compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente como beneficiarios de la seguridad social en salud o pensiones, o en otros beneficios econ\u00f3micos, no es prueba por s\u00ed misma de la convivencia ni de su lapso, en cuanto que la situaci\u00f3n debe ser analizada en cada caso en particular y de conformidad con los dem\u00e1s elementos demostrativos obrantes en el proceso\u00bb; y, a partir de ello, concluy\u00f3 \u00abque fue correcta la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 el ad quem\u00bb. <\/p>\n
Sobre el escrito de la se\u00f1ora Ana Mercedes Tibavizco de Gonz\u00e1lez a CODENSA, la Sala censurada advirti\u00f3 que carec\u00eda de fuerza persuasiva para acreditar la convivencia de la censora con el causante, pues, tal como ella lo reconoci\u00f3, dicho documento <\/p>\n
\u00ab(\u2026) fue elaborado por la propia accionante y hace relaci\u00f3n a una solicitud elevada a Codensa el d\u00eda 5 de septiembre de 2007, en donde informa que \u00abmi esposo Luis Eduardo Gonz\u00e1lez\u00bb falleci\u00f3 en mayo de 2006 y que no le es posible continuar cancelando un cr\u00e9dito por concepto de una lavadora; en ese orden de ideas, es claro que para los fines que persigue la recurrente, esto es, demostrar la convivencia efectiva, carece de fuerza persuasiva, en la medida que ello equivaldr\u00eda a avalar que la misma parte cree su propia prueba acorde a sus intereses (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, como sustento de su razonamiento cit\u00f3 lo consignado sobre el particular en las providencias CSJ SL, 4 sep. 2002, rad. 16168 y CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 31637. <\/p>\n
Finalmente, la hom\u00f3loga Laboral enlist\u00f3 varias probanzas, tales como: i) factura y recibo de Condensa; ii) comunicaci\u00f3n de la Dian; iii) factura de Comcel; iv) factura de compra de una lavadora y su manifiesto de importaci\u00f3n; v) comunicaciones y extractos de Davivienda; vi) formulario y certificado de afiliaci\u00f3n a la Eps Susalud; vii) certificaci\u00f3n de servicios funerarios Los Olivos; viii) orden de aislamiento expedida por salud Sura; ix) resumen de historia cl\u00ednica Fundaci\u00f3n Cardio Infantil y x) constancia de afiliaci\u00f3n a EPS y medicina prepagada Sura, que consider\u00f3 no constitu\u00edan prueba calificada, por cuanto correspond\u00edan a documentos declarativos emanados de terceros. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que no era dable el examen de los testimonios denunciados como err\u00f3neamente apreciados, por cuanto la censora no logr\u00f3 acreditar \u00abque el ad quem incurri\u00f3 en alguno de los yerros con el car\u00e1cter de manifiestos con base en las pruebas calificadas en casaci\u00f3n laboral\u00bb antes estudiadas. <\/p>\n
3.2. En lo atinente a la dependencia econ\u00f3mica de la interviniente ad excludendum, Mar\u00eda del Carmen Gonz\u00e1lez Vda. de Mart\u00ednez, respecto de su hijo fallecido, Luis Eduardo Gonz\u00e1lez, la Sala accionada aclar\u00f3, en primer orden, que el solo hecho de que la demandante no hubiera demostrado su condici\u00f3n de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobreviviente reclamada, seg\u00fan los reproches enfilados en sede de casaci\u00f3n, \u00abhace que no pueda desplazar a la madre del causante a quien el ISS le otorg\u00f3 el derecho, y por ende resultar\u00eda inane entrar a verificar si esta \u00faltima efectivamente depend\u00eda o no econ\u00f3micamente de su hijo fallecido, m\u00e1xime que quien tendr\u00eda la legitimidad para cuestionar su derecho ya reconocido ser\u00eda la entidad de seguridad social aqu\u00ed demandada, lo cual no hizo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, la dependencia econ\u00f3mica de los padres respecto de los hijos fallecidos \u00abno tiene que ser total y absoluta\u00bb y, adem\u00e1s, esta \u00absolo puede ser definida y establecida en cada caso concreto\u00bb. Seguidamente, refiri\u00f3 que, si bien en el asunto <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el afiliado fallecido no tuvo inscrita a su progenitora como beneficiaria en esos periodos, ello resulta insuficiente para desestimar o descartar que la aqu\u00ed demandante efectivamente dependiera econ\u00f3micamente de su hijo fallecido, si se tiene en cuenta que esa situaci\u00f3n no implica ni convierte a la peticionaria en una persona autosuficiente econ\u00f3micamente, m\u00e1xime cuando tal condici\u00f3n ya la hab\u00eda tenido por acreditada el ISS cuando le concedi\u00f3 el derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior a\u00f1adi\u00f3, que el periodo en que figura la interviniente ad excludendum como cotizante corresponde a seis a\u00f1os antes de la muerte del afiliado y que la dependencia econ\u00f3mica se analiza es de cara al momento del deceso del causante (SL853-2020). <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, aun cuando se hallaba probado que la progenitora del causante ostentaba la copropiedad de varios bienes, no estaba demostrado que dicha situaci\u00f3n le haya prove\u00eddo rentas o recursos propios, conforme lo exige la jurisprudencia para acreditar la autosuficiencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Finalmente, la Sala acusada se\u00f1al\u00f3 que no estaba habilitada para estudiar la supuesta confesi\u00f3n extrajudicial de Mar\u00eda del Carmen Gonz\u00e1lez Vda. de Mart\u00ednez en el tr\u00e1mite administrativo adelantado ante la entidad demandada, al no tratarse de \u00abuna prueba calificada dentro del recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
3.3. De lo anterior se vislumbra que la Corporaci\u00f3n accionada concluy\u00f3, razonada y objetivamente, frente al cargo invocado, que, se resalta, lo fue por la v\u00eda de los hechos, que el ad quem no cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico alguno, por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea o falta de valoraci\u00f3n de las pruebas; indicando, adem\u00e1s, por qu\u00e9 algunas probanzas no eran id\u00f3neas para acreditar lo pretendido y por qu\u00e9 no era posible examinar, en sede de casaci\u00f3n, todos los medios de convicci\u00f3n resaltados por la censora. <\/p>\n
Por el contrario, descart\u00f3 que el Tribunal hubiese incurrido en un error de hecho con car\u00e1cter ostensible, pues, bajo su examen, el ad quem apreci\u00f3 en su correcta dimensi\u00f3n las pruebas documentales adosadas, las cuales no daban certeza de que la demandante, Ana Mercedes Tibavizco de Gonz\u00e1lez, hubiera convivido con el causante. <\/p>\n
3.4. Ahora, en punto a la queja por el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala, concretamente, de la sentencia SL14237-2015 reiterada en la SL6519-2017, se observa que la decisi\u00f3n reprochada no cuestiona la interpretaci\u00f3n desarrollada en dichas providencias en torno a la noci\u00f3n de \u00abconvivencia\u00bb, toda vez que, al haberse encaminado la censura por la v\u00eda de los hechos, el an\u00e1lisis de la Sala estaba limitado a estudiar el acierto del Tribunal al valorar las pruebas en las que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n de negar lo reclamado, siendo cada caso un asunto particular y concreto. <\/p>\n
4. Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso concursal y de los elementos de juicio allegados, seg\u00fan lo expuesto en sede de casaci\u00f3n por la promotora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado frente a las probanzas aportadas -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, como se pretende, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
4.2. Hechas las anteriores precisiones, se itera, la determinaci\u00f3n censurada analiz\u00f3 el cargo enfilado por la v\u00eda indirecta y se profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonado de los aspectos reprochados en sede de casaci\u00f3n, de manera que no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14399-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14399-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00180-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}