STC14418-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14418-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03788-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucila Isabel Herazo G\u00f3mez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio reivindicatorio radicado n\u00ba 2018-00140. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, y con coadyuvancia de Cesar Altamar Fontalvo1, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el \u00abClub de Leones Sincelejo Monarca\u00bb promovi\u00f3 proceso reivindicatorio respecto del inmueble del que afirma ser poseedora (ubicado en la \u00abcarrera 14 n\u00ba 16B-106 de Sincelejo, matr\u00edcula inmobiliaria 340-50174\u00bb). Refiere que el asunto lo tramit\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad que, el 4 de marzo de 2020, fall\u00f3 a favor de la sociedad demandante ordenando la entrega del bien y, al pago de \u00abfrutos naturales y civiles que hubiera podido percibir, en cuant\u00eda de $54\u2019000.000.\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, con sentencia del 21 de julio de 2021. <\/p>\n
Acusa las anteriores providencias y especialmente la proferida por el ad quem colegiado, de constituir v\u00edas de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, esto es, porque realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria y omiti\u00f3 apreciar pruebas que, seg\u00fan afirma, daban cuenta de su condici\u00f3n de poseedora del predio \u00abpor m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb, configur\u00e1ndose la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio. <\/p>\n
Alega tambi\u00e9n que, el bien que se orden\u00f3 reivindicar no corresponde al que posee dado que la nomenclatura y el folio de matr\u00edcula inmobiliaria son \u00abdiferentes\u00bb. Se\u00f1ala que, si bien se practic\u00f3 una prueba pericial a fin de establecer la identidad del predio, esta qued\u00f3 en firme por silencio de las partes, pero sostiene que, \u00abse trata de impartir justicia, de no apegarse al fr\u00edo texto de la ley, sino de reconocer los valores axiol\u00f3gicos de los derechos fundamentales, no se puede despojar de un inmueble a quien lo ha tenido en posesi\u00f3n [\u2026] con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, solo por un formalismo legal, el de no descorrer un traslado para objetar o modificar o corregir. En este dictamen pericial se dio por sentado de manera injusta y ama\u00f1ada, que el predio pretendido en reivindicaci\u00f3n de dominio, s\u00ed es el mismo que se encuentra en posesi\u00f3n de la suscrita, an\u00e1lisis que evidentemente configura un injusto penal de fraude procesal [\u2026] con esa conducta punible hicieron incurrir en error, tanto al a quo como al ad quem, para que estos en sus respectivas instancias profirieran decisiones contrarias a derecho\u00bb. <\/p>\n
Finalmente agreg\u00f3 que, como formul\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n denuncia penal contra quienes representan a la sociedad demandante por diversas conductas punibles, proced\u00eda que se decretara la suspensi\u00f3n del pleito reivindicatorio por prejudicialidad \u00abhasta que terminara la investigaci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb, pero dicha denuncia fue desconocida por los jueces de instancia. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende se ordene \u00abla revocatoria de los fallos judiciales, tanto de primera como de segunda instancia, reconoci\u00e9ndome a mi favor los derechos fundamentales conculcados y descritos en la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Quinta Civil del Circuito de Sincelejo, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en primera instancia y la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, la que \u00abno es susceptible de acci\u00f3n de tutela en este particular caso, pues no representa una v\u00eda de hecho como se denuncia, en tanto no se vislumbra violaci\u00f3n al debido proceso, si en cuenta se tiene que la parte tutelante cont\u00f3 con plenas oportunidades para ejercer su derecho de defensa, as\u00ed como, para aportar, solicitar y controvertir los medios probatorios\u00bb. <\/p>\n
2. Una magistrada de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, sostuvo que la sentencia que dict\u00f3 esa colegiatura en segunda instancia del proceso en cuesti\u00f3n estuvo suficiente justificada y fue \u00abel producto de un estudio cuidadoso de los preceptos legales existentes con respecto al tema bajo estudio, posici\u00f3n que no resulta insensata ni descabellada, pues atiende a fundamentos de orden normativo y a una interpretaci\u00f3n sana y equilibrada con los elementos de hecho que obraban en el plenario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la quejosa al disponer la entrega del inmueble objeto del proceso reivindicatorio radicado n\u00ba 2018-00140 promovido en su contra por la sociedad \u00abClub de Leones Sincelejo\u00bb, incurriendo con ello en supuesta v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria (desconocer pruebas que daban cuenta de su posesi\u00f3n durante \u00abm\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb), porque el inmueble reclamado \u00abes diferente al que se orden\u00f3 restituir\u00bb, y porque se omiti\u00f3 decretar la suspensi\u00f3n del juicio por \u00abprejudicialidad penal\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se formula contra los fallos de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 21 de julio de 2021 dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, que confirm\u00f3 el del a quo, en tanto que, fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 la providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la colegiatura convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
De cara a definir una de las principales censuras, esto es, que la nomenclatura y el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien que se pretendi\u00f3 reivindicar no concuerdan con los del que ejerce posesi\u00f3n, dijo el tribunal que, a partir el dictamen pericial ordenado por la juez de primer grado se estableci\u00f3 lo contrario, y que, en todo caso, frente a dicha experticia, la demandada guard\u00f3 silencio quedando en firme \u00abconforme lo indica el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. A\u00fan as\u00ed, recalc\u00f3 que del interrogatorio del perito top\u00f3grafo se extrajo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las dudas que surgen en la cognici\u00f3n de la apelante se explican, por una parte, en que comoquiera que la cabida y linderos del inmueble cuya data alboran del a\u00f1o 1952, pudieron variar con el paso del tiempo, pues aquello que anta\u00f1o fue de X o Y persona, hoy puede no serlo, con ocasi\u00f3n a la posible venta o cambio de titular de los predios colindantes, o incluso por nuevas construcciones que pudieron distorsionar el \u00e1rea adyacente de los mismos. Ante este tipo de escenario, el legislador contempl\u00f3 el proceso de deslinde y amojonamiento, a fin de subsanar dicho escollo con base en el estudio de los t\u00edtulos escriturarios que cada parte exhiba, no obstante, este no es el caso que nos ocupa. <\/p>\n
(\u2026) en conclusi\u00f3n, si bien al revisar el instrumento p\u00fablico puesto de presente en este asunto, se avizora que en efecto los linderos y medidas consignados en la escritura 380 ya mencionada, en su mayor\u00eda no coinciden con exactitud con los establecidos por el perito en el informe, s\u00ed se logr\u00f3 verificar la tesis planteada por este al absolver el cuestionario de rigor, por ejemplo, en el documento base se estipul\u00f3 que el lim\u00edtrofe norte del fundo, eran los terrenos de \u201cFrancisca V. viuda de Lenis\u201d, empero, el perito indic\u00f3 que en la actualidad dicho fundo es de propiedad de los sucesores de Antonio Lenis, es decir, al mutarse la titularidad del predio contiguo la misma suerte corre la determinaci\u00f3n del correspondiente lindero, pero las coordenadas con las que geogr\u00e1ficamente se ubica el predio le permitieron verificar que se trataba del mismo al que hace referencia la plurimencionada Escritura P\u00fablica 380 del 24 de septiembre de 1962. En s\u00edntesis, este tipo de diferencias, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, no tiene la capacidad de tumbar la individualizaci\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y luego, complement\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cuanto a la ubicaci\u00f3n del bien, tomada como base para la actividad probatoria en este proceso, considera el recurrente que es totalmente distinta a la que se indica en la demanda. Al respecto, ha de advertirse que, en efecto, en el cap\u00edtulo de memoria descriptiva del informe pericial, se indic\u00f3 como direcci\u00f3n la Carrera 14 n\u00ba 16B-166 interior, barrio La Pajuela de Sincelejo, que en la realidad corresponde al inmueble contiguo que se identifica con el FMI 340-35330 (lote 1). Sobre ese desatino, el experto en el interrogatorio, al ser indagado sobre el tema por la directora de la causa, \u00e9ste esclareci\u00f3 que se debi\u00f3 a dos razones a saber: (i) Que entre los dos lotes aleda\u00f1os (lote 1 y lote 2) no exist\u00eda ning\u00fan tipo de cerramiento o delimitaci\u00f3n; y (ii) que el fundo en cuesti\u00f3n no se encuentra distinguido con nomenclatura exacta. <\/p>\n
En ese orden, de lo anterior, se puede colegir que el perito ten\u00eda pleno conocimiento de que la direcci\u00f3n plasmada en el informe no pertenec\u00eda al predio a restituir, pero fue tomado como referencia de ubicaci\u00f3n al carecer el predio de inter\u00e9s de una nomenclatura exacta, empero, se itera, las conclusiones a las que arrib\u00f3 el mismo profesional en topograf\u00eda con base en el equipo tecnol\u00f3gico utilizado para ubicarlo geogr\u00e1ficamente, es que i) s\u00ed se trata del mismo predio perseguido en la demanda inicial, y que se describe en la antes citada Escritura 380 de 1962, y ii) es el que detenta la enjuiciada. <\/p>\n
De otro lado, no est\u00e1 dem\u00e1s anotar, que seg\u00fan se desprende del folio de matr\u00edcula inmobiliaria, el predio fustigado es de origen rural, cuya referencia locativa, desde el a\u00f1o 1962, es \u201cfinca La Mejor\u201d, al venir segregada de este que constituye la mayor extensi\u00f3n, sin que a la fecha se le haya asignado nomenclatura exacta como la que se deriva de los inmuebles de uso urbano, pues tal como lo ha definido la infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, en el Cat\u00e1logo de Objetivos Geogr\u00e1fico de Subdirecci\u00f3n de Catastro, la nomenclatura domiciliaria rural se define como la \u201cinformaci\u00f3n de referencia de la ciudad para predio, construcciones comerciales, recreacionales y habitaciones en general\u201d concepto que dista del referido para la nomenclatura urbana, que seg\u00fan esta misma instituci\u00f3n, es el \u201cidentificador alfanum\u00e9rico \u00fanico asignado a un predio\u201d constituido por la \u201cplaca-direcci\u00f3n asignada a un predio de acuerdo a su acceso\u201d. (\u2026) es claro que los inmuebles campestres, como el que es objeto de este juicio, para su ubicaci\u00f3n no requieren de la existencia de una conformaci\u00f3n alfanum\u00e9rica, sino que basta con que se indique la informaci\u00f3n de referencia, como se registr\u00f3 en el certificado de libertad y tradici\u00f3n de dicho fundo, de modo que, no es factible exigir tal presupuesto para reconocer el asiento de un bien\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que, adem\u00e1s de lo dilucidado por el perito top\u00f3grafo, cuyo dictamen no fue objetado, <\/p>\n
\u00ablas motivaciones con las que se pretende tumbar el fallo impugnado [\u2026] no tienen capacidad suficiente para ello, pues cada una de las aristas esbozadas por el censor encontraron explicaciones plausibles, incluso, en voces del mismo experto en la materia, quien, en uso de sus conocimientos y medios tecnol\u00f3gicos, concret\u00f3 el tan aludido inmueble pues la tarea con el equipo GPS la realiz\u00f3 en el predio ocupado por la parte pasiva, y as\u00ed qued\u00f3 sentado en la sentencia fustigada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, y no menos importante, tampoco puede echarse de menos que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, e inclusive la demanda de reconvenci\u00f3n instituida en ese mismo sentido por la demandada, seg\u00fan el criterio del M\u00e1ximo \u00d3rgano de esta Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, constituyen plena prueba para demostrar que el predio cuya reivindicaci\u00f3n se persigue es el mismo que se encuentra en manos del accionado, presupuesto exigido por la jurisprudencia para tallar la restituci\u00f3n de un bien a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, postura que qued\u00f3 sentada en la sentencia SC2805 del 2016 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y en lo atinente a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abno es factible que a estas alturas la recurrente insista en que no qued\u00f3 acreditada en debida forma la identidad bifronte de la heredad que aspita a recuperar la parte actora, cuando ella misma pidi\u00f3 que se le adjudicara\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con el argumento de que habr\u00eda acreditado lo necesario para adquirir por usucapi\u00f3n \u2013 propuesto como excepci\u00f3n y en demanda de reconvenci\u00f3n \u2013, puntualiz\u00f3 el tribunal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de los medios de convicci\u00f3n arrimados al plenario refulge di\u00e1fano que la se\u00f1ora Herazo G\u00f3mez detenta la tenencia del inmueble a trav\u00e9s de unos familiares que habitan presencialmente all\u00ed, pues as\u00ed lo manifest\u00f3 el perito en raz\u00f3n a la visita realizada, sin embargo, para esta colegiatura no hay claridad sobre el \u00e1nimo con el que ingres\u00f3 y desde qu\u00e9 momento empez\u00f3 a poseerlo con aptitud de propietaria, ya que seg\u00fan se desprende de su misma declaraci\u00f3n de parte, esta asegur\u00f3 repetidamente que penetr\u00f3 el fundo luego de pedirle al se\u00f1or Diego Calder\u00f3n Rodr\u00edguez que le abriera la puerta, siendo titular del bien contiguo y quien fue promitente comprador del que aqu\u00ed se persigue, posey\u00e9ndolo en teor\u00eda hasta el 2018, fecha en la cual se le restituy\u00f3 al Club de Leones Sincelejo Monarca [\u2026] en virtud de la transacci\u00f3n celebrada al interior de un proceso de resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa. <\/p>\n
(\u2026) esta historia se acompasa con las documentales glosadas por la se\u00f1ora Herazo G\u00f3mez en la contestaci\u00f3n de esta demanda, espec\u00edficamente de la acci\u00f3n de tutela presentada por ella [\u2026] contra la resoluci\u00f3n n\u00ba 3557 del 2017 expedida por la Alcald\u00eda de Sincelejo, en la que esta autoridad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tomada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Sincelejo, en el marco de una querella policiva en la que se decret\u00f3 el lanzamiento de la se\u00f1ora Lucila Herazo G\u00f3mez y personas indeterminadas que se encontraban en el inmueble (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, coligi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la recurrente ingres\u00f3 al inmueble en su presunta calidad de heredera, y de ah\u00ed viene la convicci\u00f3n bajo la cual se reputa due\u00f1a, lo hizo a partir del 12 de junio de 2017, reconociendo expresamente el dominio del mismo, antes de esa calenda, en cabeza del se\u00f1or Diego Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, por compraventa que le hubiere hecho al Club de Leones Sincelejo Monarca, de manera que de voces de la misma prescribiente, se advierte que s\u00ed tuvo la intenci\u00f3n de apropiarse del bien, pero este prop\u00f3sito apenas comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2017, desplom\u00e1ndose as\u00ed el cumplimiento del requisito temporal exigido por la legislaci\u00f3n, am\u00e9n del hecho de que la misma se\u00f1ora Herazo afirmara que entr\u00f3 en contacto con el predio litigado en calidad de heredera, que es otro tema que requiere de un presupuesto exacto cu\u00e1l es el demostrar qu\u00e9 momento mut\u00f3 su conciencia de que estaba en poder del inmueble como heredera al repeler el derecho de los otros coherederos en dicho bien\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) igualmente se echa de menos el requisito de la posesi\u00f3n pac\u00edfica, sin embarazo de ninguna otra persona, pues no se puede dejar a un lado el proceso de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n que entablara el Club de Leones Sincelejo Monarca y que culmin\u00f3 a favor de este sujeto procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n que coincida plenamente con el de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la magistratura tutelada apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, distinto a lo alegado por la demandada, aqu\u00ed accionante, el predio reivindicado de acuerdo al dictamen pericial practicado se encontraba adecuadamente individualizado y coincid\u00eda con el que aqu\u00e9lla ocupaba, y que adem\u00e1s, no reuni\u00f3 los requisitos legales para obtener el dominio a trav\u00e9s de la prescripci\u00f3n adquisitiva que propuso como excepci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, resulta evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada adujo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Y, en ese mismo sentido, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que concuerde con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta especial justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. La subsidiariedad. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la actora el hecho de que los accionados no hubiesen decretado la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite civil en raz\u00f3n de la prejudicialidad penal, a partir de la denuncia que contra los representantes de la sociedad demandante interpuso ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, entre otros, por el presunto punible de \u00abfraude procesal\u00bb; sin embargo, la accionante no acredit\u00f3 en estas diligencias haber invocado dicha figura jur\u00eddica en el propio escenario procesal a fin de que los juzgadores tuvieran la posibilidad de resolver lo pertinente. <\/p>\n
Es decir, sin haberse puesto de manifiesto tal alegaci\u00f3n, los jueces de la causa no estar\u00edan llamados a responder por un aspecto que no se les formul\u00f3, sino que vino a exponerse a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Entonces, aspirar a que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en cada una de las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna, lo que impide al juez de tutela inmiscuirse en las decisiones proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho que tuvieron lugar en el proceso o emprender debates que no fueron suscitados por los interesados en la etapa pertinente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda porque: <\/p>\n
5.1. La decisi\u00f3n atacada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al del tribunal tutelado en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. No es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse las alegaciones en torno a los presuntos vicios de los que pueda adolecer el proceso, puesto que la improcedencia del resguardo se advierte no solo por el concreto desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir en ellos los argumentos que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En memorial del 21 de octubre de 2021, inform\u00f3 que la diligencia de desalojo fue suspendida por 15 d\u00edas mientras se resuelve el tr\u00e1mite de tutela. <\/p>\n
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STC14418-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14418-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03788-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucila Isabel Herazo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}