STC14421-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14421-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01765-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderado, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, y defensa, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, \u00abcomo consecuencia de la indebida notificaci\u00f3n presentada en el oficio de fecha 26 de febrero de 2018, donde se corr\u00eda traslado a las partes para presentar alegatos dentro del proceso disciplinario No. 18- 001-11-02-001-2017-00079-00\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
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1. Nashely Catalina Lobo Hoyos promovi\u00f3 en contra del abogado Jos\u00e9 Alfredo Murcia S\u00e1nchez queja disciplinaria, asunto que fue tramitado en primera instancia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Caquet\u00e1, quien el 31 de octubre de 2017 dispuso la terminaci\u00f3n anticipada del proceso y orden\u00f3 el archivo de las diligencias. Determinaci\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n por parte de la quejosa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 11 de diciembre de 2017 avoc\u00f3 conocimiento y dispuso \u00abc\u00f3rrase traslado por el t\u00e9rmino legal al Ministerio P\u00fablico; hecho lo anterior f\u00edjese en lista\u00bb. <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
3. En cumplimiento de lo anterior, el Viceprocurador General de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 al respecto el 23 de febrero de 2018 solicitando que se revocara la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 26 de febrero de 2018 se fij\u00f3 en lista el referido proceso para que en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes los interesados presentaran sus alegatos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El 4 de agosto de 2021 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial dej\u00f3 sin efecto la determinaci\u00f3n recurrida y en consecuencia orden\u00f3 que se continuara con el tr\u00e1mite disciplinario en contra del abogado Jos\u00e9 Alfredo Murcia S\u00e1nchez. <\/p>\n
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6. El 29 de septiembre hoga\u00f1o Murcia S\u00e1nchez solicit\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado, argumentando que no fue enterado en debida forma del oficio que corri\u00f3 el traslado para formular los alegatos, no obstante, tal pedimento fue rechazado de plano en esa misma data, decisi\u00f3n contra la cual interpuso reposici\u00f3n, no obstante, fue resuelto desfavorablemente. <\/p>\n
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7. Inconforme con lo decidido, Murcia S\u00e1nchez formula la presente solicitud de amparo reiterando los argumentos aducidos en su solicitud de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se ordene a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u00abse retrotraigan los efectos del proceso y Permitan a la defensa del tutelante, defenderse en igualdad de condiciones observando las formalidades del Debido proceso y notificar en debida forma al tutelante para que pueda presentar alegatos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tras hacer un recuendo de las actuaciones adelantadas en virtud del asunto que origina el reclamo constitucional indic\u00f3 que \u00abpartiendo de los argumentos esgrimidos por el accionante, consistentes en que la notificaci\u00f3n del 26 de febrero de 2018 se dio en indebida forma, lo cual le impidi\u00f3 presentar alegatos de conclusi\u00f3n, que a su vez conllev\u00f3 la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, resulta pertinente aclarar que dicha actuaci\u00f3n se notific\u00f3, as\u00ed como recordar el tr\u00e1mite de segunda instancia de los procesos disciplinarios, pues el accionante parte de la premisa falsa de que se trataba de un auto por medio del cual se corr\u00eda traslado para alegar de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que al revisar el inciso final del art\u00edculo 107 de la Ley 1123 de 2007 se puede conclu\u00edr con claridad que \u00aben el tr\u00e1mite de la segunda instancia no existe una etapa de alegatos de conclusi\u00f3n, sino que por el contrario lo que corresponde es la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n o en dado caso, de considerar que se deban practicar unas pruebas, se proceda con su pr\u00e1ctica para luego s\u00ed dictar sentencia (\u2026) \u201cLa apelaci\u00f3n de providencias distintas del fallo ser\u00e1 desatada de plano\u2026\u201d (\u2026) frente a lo cual, no cabe duda de que no existe una etapa de alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reliev\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que a pesar de que conoci\u00f3 el auto del 11 de diciembre de 2017, desde el momento en el que se le comunic\u00f3 mediante los telegramas recibidos, as\u00ed como mediante el estado del 13 de febrero de 2021, esper\u00f3 dos a\u00f1os para indicar que no se le notific\u00f3 en debida forma dicho auto, que en ning\u00fan momento dispuso el traslado para alegar, lo cual conllevar\u00eda a la improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades accionadas transgredieron las prerrogativas invocadas por el gestor, al interior del juicio disciplinario n\u00ba 2017-00079 seguido en su contra por cuanto, supuestamente, no le notificaron en debida forma el \u00aboficio de fecha 26 de febrero de 2018, donde se corr\u00eda traslado a las partes para presentar alegatos dentro del proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
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3. El caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, habr\u00e1 de destacarse que el reclamo del gestor gravita en torno a la supuesta nulidad que se suscita al interior del juicio disciplinario n\u00ba 2017-00079 seguido en su contra, por la aparente ausencia de notificaci\u00f3n del \u00aboficio de fecha 26 de febrero de 2018, donde se corr\u00eda traslado a las partes para presentar alegatos dentro del proceso\u00bb, vulneraci\u00f3n en la que afirma incurri\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
No obstante, y conforme se acredit\u00f3 en precedencia, tal debate fue propuesto por el interesado en la audiencia llevada a cabo el 29 de septiembre de 2021 ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Caquet\u00e1, autoridad que en esa misma data rechaz\u00f3 de plano la nulidad alegada, decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume tras ser recurrida en reposici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 a dicho prove\u00eddo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por Jos\u00e9 Alfredo Murcia S\u00e1nchez, es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada en el prove\u00eddo de 29 de septiembre de 2021, que rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada por el aqu\u00ed accionante en virtud del precitado tr\u00e1mite disciplinario, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el accionante. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta en dicha providencia se ciment\u00f3 en que \u00ab(\u2026) \u00absi bien de conformidad con el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado que regula las causales de nulidad en el proceso disciplinario que se adelanten contra los abogados se\u00f1ala que son tres causales 1. la falta de competencia, 2. la violaci\u00f3n del derecho de defensa del disciplinable, 3. la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso; y teniendo quien la solicita la obligaci\u00f3n de sustentar y de manifestar cual es la causal que se invoca, si bien es cierto no la invoc\u00f3 de manera precisa, si se extrae de su argumentaci\u00f3n que lo hace por el numeral 2 la violaci\u00f3n del derecho de defensa del disciplinable y el numeral 3 la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, adujo que \u00abfrente a esta solicitud de nulidad (\u2026) preciso es se\u00f1alar como ya se dijo en el r\u00e9gimen de las nulidades que est\u00e1n contempladas de manera taxativa y que est\u00e1n regidas por unos principios (\u2026) de conformidad con el art\u00edculo 101 de la misma obra (\u2026) al abordar este tema de las nulidades y sus actuales desarrollo (sic) es necesario recordar que a partir de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 es parte de la estructura del debido proceso entender que no toda irregularidad tiene la entidad suficiente para nulitar una acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00ab(\u2026) el art\u00edculo 107 regula lo del tr\u00e1mite en segunda instancia (\u2026) la apelaci\u00f3n de providencias distintas del fallo ser\u00e1 desatada de plano, en los mismos t\u00e9rminos previstos en el inciso primero de este art\u00edculo (\u2026) entonces en este caso, reiteramos se trata de una decisi\u00f3n que no es un fallo, no fue una decisi\u00f3n que puso fin a la actuaci\u00f3n, sino que es una decisi\u00f3n distinta del fallo, entonces tal como lo se\u00f1ala la norma ser\u00e1 desatada de plano por la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3, que \u00abno es viable proceder a declarar nulidad alguna, tal como lo ha solicitado el se\u00f1or defensor atendiendo precisamente y de manera especial a esos principios de trascendencia (\u2026) debe acreditarse el perjuicio que se haya causado, es decir que de verdad afecte ese derecho de defensa (\u2026) no hay incidencia alguna ni en el derecho de defensa ni en el debido proceso (\u2026) tambi\u00e9n podemos considerar que en virtud del principio de convalidaci\u00f3n si la nulidad se dio en el tr\u00e1mite de la segunda instancia all\u00e1 era donde deb\u00eda haberse alegado no ahora que ya regres\u00f3 a la primera instancia, sin embargo nada se dijo ante la segunda instancia de alguna nulidad que hubiese podido vislumbrarse en esa instancia (\u2026) y tal como lo reiter\u00f3 el se\u00f1or procurador lo que sucede es que en segunda instancia no se da ning\u00fan traslado para alegato de las partes, simplemente se le da traslado al se\u00f1or procurador para que haga un pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, como ocurre en el presente asunto en cuanto a la controversia suscitada por indebida notificaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALV <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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