STC14424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01307-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el ocho (8) de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha In\u00e9s Garc\u00eda Casas, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de dicha ciudad y BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y seguridad social, entre otros, presuntamente conculcados por los accionados en el proceso materia de resguardo. que inco\u00f3 contra, con la finalidad de obtener reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de sobreviviente por fallecimiento de su esposo Luis Jes\u00fas Romero (q.e.p.d.). <\/p>\n
2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
2.1. La aqu\u00ed gestora promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas, solicitando el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente por fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Luis Jes\u00fas Romero; proceso que correspondi\u00f3, por reparto, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien, mediante providencia de 30 de septiembre de 2008, neg\u00f3 las pretensiones invocadas, por no haberse cumplido con los requisitos del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, ni la fidelidad de cotizaciones exigidas en dicha norma. <\/p>\n
El 30 de agosto de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En sentencia SL1949 de 16 de mayo de 2018, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, decidi\u00f3 \u201cno casar\u201d el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En criterio de la promotora, las providencias proferidas en el decurso criticado tienen un <\/p>\n
\u201cenfoque ecl\u00e9ctico de arribar con la interpretaci\u00f3n de una norma (\u2026) que ve truncado su derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente, disponiendo los operadores judiciales en sus diferentes instancias, que no existe por manera alguna de salirse del encuadre dogm\u00e1tico de la ley 797 de 2003, porque acudir a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa le era imposible asomar a los designios de la favorabilidad que le abrigaba (\u2026) en el marco del Acuerdo 049 de 1990, aprobada por el Decreto 758 de 1990, siendo el causante un cotizante desde su otrora primigenio.\u201d. <\/p>\n
Esgrime que su compa\u00f1ero permanente, era quien le propiciaba su \u201cseguridad econ\u00f3mica\u201d as\u00ed como la de sus dos hijos, por tanto, ante el fallecimiento de aqu\u00e9l, debi\u00f3 radicarse en la ciudad de Los \u00c1ngeles \u2013 Estados Unidos -, con el fin de \u201cconseguir un trabajo bajo la f\u00e9rula de empresas que contratan mano de obra barata\u201d. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su pronunciamiento, pues el mismo se encuentra acompasado con el criterio jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de esta Corporaci\u00f3n, para la fecha en que se dict\u00f3 la providencia aqu\u00ed criticada y el cual se mantiene invariable hasta la actualidad en lo relacionado a la delimitaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a la norma inmediatamente anterior en pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s accionados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo implorado, tras advertir.: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no est\u00e1 al arbitrio de la parte tutelante acudir a la acci\u00f3n constitucional para exponer su tesis y obtener un resultado favorable, de ah\u00ed que superflua se torna la pretensi\u00f3n al invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, aspirando con ello a imponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n efectuada por las autoridades judiciales al asunto puesto a su consideraci\u00f3n, en donde con argumentos claros y ajustados al ordenamiento jur\u00eddico se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que puso fin al debate (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante insisti\u00f3 en los argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, y en determinadas hip\u00f3tesis de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de un \u00abproceder ileg\u00edtimo [que] no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 2001-00183-01); y, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto se advierte que la queja constitucional censura la interpretaci\u00f3n que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00b0 2 dispens\u00f3 al plexo normativo aplicable a la accionante para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente por muerte de su compa\u00f1ero permanente, en aplicaci\u00f3n del principio de \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d; pues aunque la Colegiatura accionada inicialmente cuestion\u00f3 las fallas t\u00e9cnicas de la demanda de casaci\u00f3n, finalmente emiti\u00f3 pronunciamiento sobre aquel aspecto. <\/p>\n
3. La pretensi\u00f3n pensional fue desestimada por la referida colegiatura en sentencia de 16 de mayo de 2018, al estimar que a la peticionaria le era aplicable, en el mejor de los casos, el ordenamiento jur\u00eddico \u201cinmediatamente anterior\u201d al vigente para el momento del fallecimiento de su consorte, sin poder emplear otro m\u00e1s a\u00f1ejo en tanto la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe tener l\u00edmite temporal. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEs criterio de esta Corporaci\u00f3n que, por regla general, el precepto que regula la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es el vigente para la fecha en que fallece el afiliado, pues no fue intenci\u00f3n del legislador implantar reg\u00edmenes de transici\u00f3n para esta clase de prestaciones. En ese sentido, y como lo coligi\u00f3 el Tribunal, la norma aplicable era el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante, se han determinado los par\u00e1metros para acudir a la norma anterior y salvaguardar a un grupo poblacional con expectativa leg\u00edtima, no con derecho adquirido, que goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, cual es, la acreditaci\u00f3n de las semanas m\u00ednimas que exige la reglamentaci\u00f3n derogada para acceder a la prestaci\u00f3n que cubre la contingencia por muerte del afiliado\u201d. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n se ha explicado que es la norma inmediatamente derogada, m\u00e1s no cualquiera en el pasado que contenga una condici\u00f3n que pueda ser cumplida por quien alega que el mencionado principio le beneficie (Sentencia CSJ SL, 14 de ago. 2012, rad. 41671)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ello mismo, bajo ninguna circunstancia podr\u00eda acudirse a los art\u00edculos 6\u00b0 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para justificar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando el afiliado muere en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues la norma aplicable, en desarrollo de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa seria la Ley 100 de 1993 sin modificaciones, siempre y cuando se acrediten los supuestos definidos por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL4650-2017\u201d en la que se indic\u00f3:\u201d <\/p>\n
\u201c3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo\u201d <\/p>\n
\u201ca) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento del fallecimiento estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso\u201d. <\/p>\n
\u201c3.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo\u201d <\/p>\n
\u201ca) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede al fallecimiento\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Combinaci\u00f3n permisible de las situaciones anteriores\u201d <\/p>\n
\u201cA todas estas, tambi\u00e9n hay que tener presente, para otorgar la pensi\u00f3n de invalidez bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la combinaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis en precedencia, as\u00ed:\u201d <\/p>\n
\u201c4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleci\u00f3 no estaba cotizando <\/p>\n
La situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, se encontraba cotizando al sistema y hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo\u201d. <\/p>\n
\u201cSi el mencionado afiliado, adem\u00e1s, no estaba cotizando para la \u00e9poca del siniestro de la muerte – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe sobrevenir entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, pero ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior al fallecimiento, es dable la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este \u00faltimo supuesto, no aplica tal postulado\u201d. <\/p>\n
\u201cAunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo, no goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d. <\/p>\n
\u201c4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleci\u00f3 estaba cotizando\u201d. <\/p>\n
\u201cAc\u00e1, la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema pero hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la muerte – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe suceder entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el cualquier tiempo, igualmente se aplica el postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este \u00faltimo supuesto, no se aplica dicho principio\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido que en el caso delantero, y a\u00fan a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002, no existe una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d. <\/p>\n
Al aplicar el anterior criterio en el caso bajo estudio, la Sala de Descongesti\u00f3n tutelada, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]asa la Corte a establecer si el causante, Luis Jes\u00fas Romero, dej\u00f3 acreditada la pensi\u00f3n de sobrevivientes en desarrollo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa:\u201d <\/p>\n
\u201c1. Que al 29 de enero de 2003 el causante no estuviese cotizando: de acuerdo con la historia laboral de folio 84 del cuaderno principal, el fallecido, para dicha fecha no estaba cotizando\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002: el causante ten\u00eda 12,42 semanas de cotizaci\u00f3n entre las fechas mencionadas\u201d. <\/p>\n
\u201c3. Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006: el se\u00f1or Luis Jes\u00fas Romero falleci\u00f3 el 21 de octubre de 2004, es decir, dentro de las fechas indicadas\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Que al momento del deceso no estuviese cotizando: seg\u00fan historia laboral de folio 87 ib\u00eddem, el causante no estaba cotizando para la calenda del deceso, y\u201d <\/p>\n
\u201c5. Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede al fallecimiento: en dicho periodo el causante solo cotiz\u00f3 12.85 semanas\u201d. <\/p>\n
\u201cDe manera que el extinto no logr\u00f3 satisfacer las condiciones expuestas para aplicar en favor de sus beneficiarios el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y con ello emplear el art\u00edculo 46 original de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos, como se vio, tampoco satisfizo\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado acusado interpret\u00f3 las normas que rigen el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes requerida por ella y los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n reprochada, la cual, acogi\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial que tiene la Sala de Casaci\u00f3n Laboral respecto del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por ser innecesarias, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural, posici\u00f3n que mantendr\u00e1 en decisiones futuras a partir de esta fecha en que se presenta este cambio de posici\u00f3n frente a decisiones judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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